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.........................................Gunther Zevallos, secretario general del pCUA y profesor de.. .......... ..................... ......... ...............................................................................Universidad

Dos modelos para España: Unidad o Escisión

La crisis de los burócratas de Bruselas

El liberalismo en el punto central de la diana electoral

¿Dónde radica el infortunio?

Pero, lo que nadie ni tan siquiera intuía, es que dentro de esa afable y bondadosa apariencia externa del líder socialista, habitaba un verdadero «lobo político». Un presidente que confeccionó su propio perfil del líder que los españoles querían en ese momento, y cuyos valores eran: el compromiso con la paz y la justicia social. Valores que son compartidos, dicho sea de paso, por muchos españoles. Rodríguez Zapatero, de espíritu aparentemente tolerante y pacífico de cara a la galería, en el fondo es justamente lo contrario: poco modesto y controlador, con ínfulas de superioridad, soberbia manifiesta e intolerancia contenida. Pero eso sí, un líder con las ideas muy claras, tan claras que empezaría por construir una fantástica fórmula de identificación identitaria: la alianza de civilizaciones, la doctrina feminista de la igualdad, la adhesión a la teoría del cambio climático, la utilización partidaria de la cultura y la ciencia, el adoctrinamiento educativo de nuestra juventud, el defensor de los valores republicanos de la guerra civil, entre otros.

Rodríguez Zapatero que se presentó como el pacificador de las civilizaciones, planifica conscientemente cómo transformar la sociedad española a través de un estudiado modelo ideológico; que pretende empezar por controlar todos los resortes del poder. Para ello, contempla la decisiva importancia que debían adquirir algunos de sus polémicos ministerios, como el de Educación, el de Cultura y el de Igualdad, y todo con el único fin de perfilar y perpetrar un cambio de modelo sociedad, por uno que permita al socialismo mantenerse en el poder «sine díe». No es casualidad, que en las actuales circunstancias económicas, lo único a lo que el presidente se resiste a renunciar, es precisamente a los ministerios de Cultura e Igualdad. Sin ellos Rodríguez Zapatero no tendría hoy la más mínima posibilidad para continuar con su aventura de control social, menos aún después de haber fracasado con su modelo ideológico en el ámbito de la economía, como era de esperar para todos los economistas más liberales.

La utilización partidaria del poder a través de los ministerios mencionados y algunos otros más, van de la mano de las cuantiosas y sustanciosas subvenciones que garantizan la extensión de su doctrina: la del nuevo socialismo. Ayudas a los cineastas para que cautiven a los incautos con sus proclamas; subvenciones al Instituto de la mujer, o las innumerables asociaciones feministas que han surgido y que consumen como rémoras el dinero público; subvenciones para los acólitos del cambio climático, que se lucran con el dinero público mediante ayudas a la investigación o a la implantación de las energías renovables, y sello garantía del compromiso del líder para con la preservación de la naturaleza; la extensión del adoctrinamiento para la juventud mediante la implantación de la asignatura de educación para la ciudadanía, y la recientemente aprobada Ley del aborto;  las ayudas a la propagandística Ley de la memoria histórica; el dominio de la mayor parte de los medios de información, fundamentalmente televisivos, etc., etc., etc. La característica común de toda esta intervención del socialismo, es su utilidad, pues teóricamente sirve para garantizar la ramificación ideológica del modelo, con el único fin de conseguir éxito electoral y la perpetuación en el poder.

El comportamiento bondadoso y desprendido de Zapatero, no es más que una buena interpretación de un tipo de líder que busca llegar a la sociedad. El actor ha de mostrar su espíritu pacífico y afable, aparentemente preocupado por el bienestar general de su población, mediador en los conflictos, aquel en el que supuestamente el pueblo puede confiar. Esa era la imagen que Rodríguez Zapatero quería transmitir, pero además, el presidente se ha caracterizado por tener las ideas muy claras, tanto, como oscuras son sus intenciones. Y aunque ha sido muy positivo para el partido socialista durante los años de bonanza económica, ha sido finalmente profundamente nefasto para la mayoría de los españoles. A un líder así, con tan elevada inteligencia emocional que es capaz de hacer de sus errores virtud, no se le puede menospreciar y menos minusvalorar. Y es que en general, en estos últimos años el socialismo en España, ha conseguido con sus variopintas propuestas hacerse con el control político de la justicia, de los medios de información, de los sindicatos, de los cineastas, etc. Ha sido capaz, hasta hace muy poco, de comerle el terreno político a su principal adversario en la oposición, en unas ocasiones camelándoselos  para que votaran conjuntamente sus leyes de control de la sociedad, en otras poniéndolos en apuros, entre la espada o la pared, como cuando el PP avaló la «discriminación positiva» en la Ley de Violencia de género. Sus propuestas y proclamas, excepto probablemente las económicas, llegan y vencen, y son capaces de anestesiar no sólo a la aturdida oposición, sino también a toda la población.

Capaz de moverle el suelo de sus valores e ideales al más pintado, hasta hacerle caer, como con la Ley de igualdad, o la de la economía sostenible; o haciendo ver al conjunto de la sociedad que no son ellos sino la oposición, la que se resiste a amparar políticas en beneficio de todos, con un único argumento: la oposición, y en especial el partido popular, es retrógrado y rancio. Rodríguez Zapatero y el partido socialista han sido capaces de inmovilizar a la oposición, atribuyéndoles determinadas conductas, y de generar contiendas absurdas con el fin de dividir y enfrentar a la población. Es la fuerza de la ideología psicopática de la izquierda personificada en su líder. Con esta ideología quienes no aceptan los cambios corren el riesgo de sucumbir, de ser marcados para siempre por la sociedad, por su nuevo orden social.  Mientras tanto, la oposición no es capaz de darse cuenta que es necesario rebatir ideológicamente a su adversario con todos sus argumentos y, no solamente con los económicos. Lamentablemente son pocos los que pueden dar la talla, porque en el fondo el conservadurismo del PP carece de argumentos ideológicos, porque forman parte de la otra España, la de la derecha enconada con la izquierda.

El infortunio de España radica ni más ni menos en la polarización de las alternativas políticas, y el carácter de un país, que no arriesga buscando otras alternativas políticas. Hay una resistencia a dejar de votar doctrinalmente conservador o socialista. No obstante, en las actuales circunstancias surge la oportunidad de un cambio, sólo falta una verdadera propuesta de valor electoral con futuro, una alternativa que nos permita construir la tercera España, una España liberal. Es necesario saber luchar en la contienda no únicamente con argumentos estrictamente económicos, si fuera así, habría que esperar cada vez a que haya una «gran crisis» para conseguir una victoria electoral sobre el socialismo, aunque seguramente tampoco esto lo garantizaría un cambio de gobierno, pues los retrocesos democráticos que impone la izquierda cada vez que gobierna podrían hacer inviable el retorno a un régimen de libertades. Es más importante enfrentarse a la «batalla ideológica» hoy, y para ello hace falta verdaderos argumentos que nos respalden, y todo esto solamente es posible con un partido liberal, pues un partido mayoritariamente conservador buscará siempre mantener el estado de las cosas, apartándose de la evolución natural de la sociedad y de sus instituciones. También es preciso, en el ámbito personal, reiniciar nuestro complejo mecanismo mental y empezar por evitar el enconamiento permanente en el que nos ha sumido la izquierda para dividir a la población en dos bandos enfrentados. Esto es realmente lo que hace falta en España, eso y la unidad de los liberales para enfrentarse al conservadurismo y al socialismo y la izquierda mesiánica reinantes.

En Reino Unido los «Liberales Demócratas» representan el cambio, ¿y en España qué?

Y es que Reino Unido no escapa, como ocurre en España al problema del excesivo déficit público, que ya equivale al 11,8% del PIB, y el paro que alcanza el 8% con 2,5 millones de trabajadores, eso sí, aún muy lejos de ese 20,05% alcanzado en España. Para los británicos, sin embargo, estas cifras son una tragedia, de allí que la propuesta de los liberales les haya llevado al centro de la escenario. Los liberales no dejan títere sin cabeza y hablan también de reformas del sistema bancario que, ni los conservadores, ni los laboristas han siquiera considerado. El discurso conservador consiste en recortar subsidios del desempleo y en premiar el trabajo, aunque no suelen entrar en el fondo de la cuestión, lo que puede ser interpretado como que trasladan la solución del problema del empleo fundamentalmente al trabajador, como si los parados desearan estar desempleados porque les resultara rentable gracias al sistema de subvenciones.

Igual que ocurre en España, donde resulta penoso observar que la clase política sigue a lo suyo, dedicándose a cuestiones baladíes que no interesan a la mayoría de los ciudadanos, despilfarrando el dinero público mientras dure, y en algunos casos enriqueciéndose ilegalmente a costa de los sufridos contribuyentes, mientras se hace muy poco por evitar el desastre económico en el que la economía está cayendo. Allí, en Reino Unido también el electorado está desencantado con los partidos políticos tradicionales, con la diferencia de que allí los casos de corrupción no son nada, ni tan descarados, comparándolos con lo que sucede en España. Los electores británicos han visto en la alternativa liberal la oportunidad para cambiar las cosas, y los principales diarios lo saben. Algunos de estos diarios apuestan por favorecer una alianza entre conservadores y liberales, mientras otros, los menos, por una alianza entre laboristas y liberales.

Aunque aún nada está dicho, el problema fundamentalmente para los laboristas está en que no han sido capaces de trasladar a la opinión pública una política económica creíble, ni de explicar cómo pretenden reformar el sistema fiscal sin que el peso de la reforma recaiga como siempre sobre los más débiles. El electorado en general necesita recuperar la esperanza y la credibilidad en su clase política, que les permita al mismo tiempo salir de la crisis. El último trimestre su economía creció sólo un 0,4%. Por eso las esperanzas se han depositado en buena medida en el partido liberal demócrata, por eso, y porque Clegg es el símbolo del cambio, un cambio que también incluye una reforma electoral del sistema, un cambio que recoge una posición más europeísta y más tolerante con la inmigración, de la que el 80% proviene de Europa. Gordon Brown y David Cameron criticaron duramente la propuesta liberal de regularizar a los ilegales que llevan años en el país. Casualidades de la vida, se da el caso que el propio Nick Clegg está casado con una española de Valladolid, que podría convertirse, «todo es posible», en la primera dama británica.

Como hemos mencionado, la situación electoral británica puede parecerse en algunos aspectos a la española: desencanto político debido al mal uso del dinero público, crisis económica por la falta de políticas económicas eficaces, desempleo, inmigración, etc. Y quizás nos pueda dar una idea de por dónde irían las cosas de tener en España un partido liberal. Aunque no es del todo comparable, porque en España tenemos un problema añadido e igualmente importante que no se nos puede olvidar, y que tiene que ver con el modelo de Estado que estamos construyendo y el desarrollo desigual de nuestras Autonomías. Y es que en España tenemos un serio problema de identidad nacional que no se da ni por asomo con la misma magnitud en el Reino Unido. En España algunas comunidades autónomas no se sientan identificadas dentro del marco de desarrollo Constitucional de 1978, y eso imposibilita entre otras cosas, la aplicación incluso de medidas económicas coherentes para todo el país y que las reformas necesarias de austeridad puedan tener éxito. Igualmente, y sin ir más lejos, en España las Autonomías van desarrollando sus propias normativas que en ocasiones favorecen la desintegración del mercado común, lo que hace aún más difícil mejorar la competitividad de nuestra economía que es lo que finalmente crea crecimiento y empleo.
Las Administraciones Públicas de las distintas Autonomías también son responsables de la actual crisis fiscal, pues han hecho oídos sordos a la austeridad en un momento de urgente necesidad. No se entiende, por ejemplo, que mientras la Administración Central redujo en 23.800 personas el número de empleados públicos, las comunidades autónomas hayan incrementado sus empleados en más de 80.000 personas, según datos de este último año desde el primer trimestre de 2009 al del 2010. El problema es de difícil solución, lamentablemente, y el bipartidismo que divide las «dos Españas» se ha mostrado incapaz hasta hoy de reformar el modelo de Estado, por ello haría falta no sólo un partido liberal, sino también una reforma electoral.

Si algún día llegara a plantearse una alternativa liberal real, como muchos de nosotros quisiéramos, y como ocurre en Reino Unido, probablemente muchos españoles podrían empezar a pensar en que otra España es posible, pero, de momento, para que eso llegue será necesario primero conseguir la «unidad del liberalismo». Lamentablemente, las distintas opciones liberales se encuentran hoy más que nunca dispersas en pequeños partidos, o bien sufriendo la desnaturalización dentro del partido popular. El «Proyecto Liberal español» nace con la pretensión de conseguir la verdadera unidad de los liberales; no obstante, para que esta alternativa prospere, hace falta un elevado grado de generosidad por parte de los distintos partidos liberales, además de personas con sólidos principios liberales y no simplemente oportunistas. Sólo así se podrá conseguir en el futuro una buena representación liberal en España, y que la situación económica y social actual de un vuelco a favor de todos los españoles.

Menos mal que desde Bruselas los responsables de los asuntos económicos y monetarios, ya han llamado al orden a los países con déficit, pues éstos, los nostálgicos de la izquierda interventora, lo habían convertido en una banal excusa para que pudieran seguir ganando terreno a su favor. Ya era hora, porque no sólo hay que evitar a toda costa la crisis financiera, sino también la «crisis fiscal». Crisis que actualmente sufre no sólo Grecia, también España gracias a nuestro Gobierno socialista. Hay que tomar cartas en el asunto, claro que sí, porque una Unión Europea que no tenga el control de toda la política económica, incluyendo la política fiscal, es un barco a la deriva. Bruselas está en la obligación de fiscalizar cualquier exceso de gasto en los presupuestos públicos de los diferentes países, si lo que se quiere es que sigamos creyendo en Europa y que el Euro subsista. La ortodoxia económica debe de prevalecer para evitar el intento de vigilancia del Gobierno de España y de algunos otros países. Si queremos un futuro para Europa debemos tener una política fiscal coordinada y única. Y por ello las medidas de política fiscal, y no únicamente las monetarias, deben estar bajo el control estricto de Bruselas. Esa es nuestra única garantía para evitar hoy la sangría económica en las que estamos inmersos, garantizar el progreso y poder avanzar con Europa. Ya veremos; sin embargo, cuál es la reacción de nuestro Gobierno en el Parlamento Europeo, y en qué queda la propuesta de Bruselas para reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Y es que todos hemos presenciado que el gasto público se ha destinado a obras innecesarias e insostenibles, subvenciones a sectores improductivos, o lo que es peor aún, para justificar posicionamientos ideológicos promovidos fundamentalmente por ministerios dedicados al culto a la ignorancia y/o al ignorante. Toda una serie de supuestas «ideas geniales» que no son otra cosa que la apoteosis misma del despilfarro del dinero ajeno. Ideas estúpidas las ha habido en España y, en una abundancia tal, que son para ilustrar cualquier manual de lo que no se debe hacer si no se quiere correr el riesgo de destruir cada uno de los pilares de la economía.

La insistencia de políticas despilfarradoras nos está llevando rápidamente a desaparecer del escenario económico mundial. De una economía considerada entre las ocho más importantes del mundo hacia una economía en decadencia, que es sobrepasada en términos de producción, por Rusia, Brasil, y también por Italia. Y todo como consecuencia de la dilapidación del dinero público y las insensatas políticas fiscales aplicadas por el ejecutivo, con el único fin ideológico: generar una sociedad cautiva. Ya lo dijo nuestro presidente Rodríguez Zapatero, él quiere ser recordado como el único presidente que se mantuvo fiel a sus principios, es decir, ideológicamente incólume. Lo que aún no parece entender el presidente, es que la política de intervención socialista es totalmente incompatible con los buenos resultados económicos, y en vez de garantizar que España se mantenga, como él desea, en la primera división de los países desarrollados, de seguir empeñándose tozudamente con sus políticas lo único que conseguirá es más empobrecimiento y el descrédito de nuestro país en el ámbito mundial.

Desde luego, con cursillos feministas para que nuestras hijas descubran las bondades de sus genitales no vamos a salir de la crisis, tampoco vamos a salir de la crisis con vallas publicitarias que valen más que las propias obras, o creando empresas públicas ineficientes y deficitarias, ni por supuesto garantizando el derroche autonómico. Y es que, no todo es culpa del Gobierno de la nación, en nuestras comunidades y ayuntamientos también existen pequeños tiranos del gasto. Aquellos que son capaces de despilfarrar el dinero ajeno y de gestionar no buscando precisamente la eficiencia económica, sino más bien, su propio beneficio o el de su grupo político, de multiplicar el tamaño de la administración y sus instituciones. Uno de los muchos ejemplos del despilfarro lo tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, con su carísimo tranvía, con sus exposiciones, sus juegos de invierno y demás paparruchadas, aprovechándose de la ilusión de ciudadanos incautos, a quienes venden una serie de eventos, trabajándose al personal psicológicamente al sentimiento, a la vez que se pide barra libre para no dar cuentas de nada a nadie, pero eso sí, todo siempre con el dinero de nuestros impuestos.

Como si abriendo zanjas por las mañanas y cubriéndolas por la noche fuera suficiente para resolver los graves problemas de nuestra economía. Si fuera así, la situación económica ya se habría resuelto hace muchísimo tiempo. Aún tengo la esperanza que con todo lo que hemos vivido tras la obsoleta aplicación de las políticas keynesianas, al menos haya quedado bastante claro a una buena mayoría, lo poco que funcionan algunas medidas interventoras socialistas, al menos como para no volver a tropezar en la misma piedra. Aunque ya se sabe, hay quienes se empecinan justificar la economía socialista, aunque siempre acabe en el «despilfarro y la ineficacia». Los hay además, quienes a sabiendas, les viene de perlas este tipo de argumentos del keynesianismo, pues así continúa la fiesta, «se funden todo y se enriquecen», mientras «otros lo pasan mal y se empobrecen».

En otros casos, la desfachatez de algunos políticos no tiene límites, como en el caso de la alcaldesa de La Muela en Zaragoza, que incluso estando imputada por presunta comisión de once delitos económicos tiene la cara dura de presentarse para seguir rigiendo la alcaldía, como si aquí no hubiera pasado nada. Mientras el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR) consiente y esconde la cabeza, inhibiéndose de solicitar la disolución de la corporación municipal al Consejo de Ministros. Un Gobierno de Aragón que intuimos tiene mucho que decir a este respecto y en muchos otras cosas también. Un Gobierno autonómico que no actúa con transparencia, que no da cuentas de la situación de sus empresas públicas que ha creado a mansalva. Lo extraño de todo esto, que se repite en muchas Comunidades Autónomas, es que durante todos estos años nadie haya hecho nada para evitarlo. ¿Cómo es posible que campe la impunidad?

De momento hay quien no se quiere dar por enterado, aún no le es suficiente, no es suficiente con el sufrimiento de las familias, e insisten y reclaman más derroche nacional y autonómico. Las consecuencias de tanto despilfarro es más que evidente: «más desempleo y más crisis». El punto de no retorno para nuestra economía ya tiene nombre: «la burbuja de la deuda». O lo que es lo mismo, la burbuja del despilfarro y la ineficiencia públicas, que ha conseguido convertir la «crisis financiera» en una «crisis fiscal» en la que estamos inmersos con el crecimiento del gasto público, y de la que será muy difícil salir si seguimos empecinándonos en el mal camino de la política económica emprendida por nuestros Gobiernos nacional y autonómicos. De continuar negando la evidencia, cada vez será mayor el sacrificio y mayor el empobrecimiento de las familias españolas. Lo peor de todo este asunto es que nuestros gobiernos son así porque se lo permitimos, y porque buena parte de los españoles se toman las cosas con bastante indiferencia, quizás con aquella indiferencia del que se sabe protegido.

El problema de fondo de nuestra economía también está en nuestro propio modo de pensar y actuar, pasando de todo, y eso es aún más difícil de cambiar. Mientras nadie asuma su responsabilidad, mientras queden cargos públicos corruptos y con tan poca vergüenza que no estén dispuestos a asumir sus propias responsabilidades, mientras queden partidos políticos que no sean capaces de limpiar y desinfectar sus propias cloacas, mientras existan ciudadanos que exculpen a sus representantes para culpar a los contrarios, mientras ya no quede gente con principios, y con valores éticos sólidos, mientras no queden intelectuales capaces de salir a la palestra, de personas dispuestas a defender el futuro de sus hijos, nada podremos hacer para poner freno a esta barbarie de corrupción, ni al despilfarro público, ni a la ineficiencia de nuestras administraciones, ni a la incompetencia de nuestros políticos. Para atribuir responsabilidades previamente hay que reconocer lo poco que hacemos por cambiar la realidad, hay que hacer análisis crítico, y hay que tener un criterio propio. Luego, todos tenemos una pequeña parcela de influencia en las urnas que deberíamos utilizar, pues aunque mínima, si la consideramos para el conjunto de ciudadanos ésta es verdaderamente muy poderosa, capaz de darle un vuelco a la situación actual. Si no lo hacemos por nosotros mismos, al menos intentémoslo por nuestros hijos.

La ineficiencia de la Administración Sanitaria

Incluso antes de que sucediera la crisis, el crecimiento continuado del gasto público no había destacado precisamente por aportar grandes cifras al crecimiento de la economía, de hecho está demostrado que nunca una economía con mayor participación pública ha logrado grandes éxitos. Así, el esfuerzo monetario realizado no compensa, pues es posible conseguir más del sector privado de la economía. Lo que sí ha quedado demostrado en el transcurso de la historia, es que una mayor intervención pública en la economía no solo no es una garantía de éxitos económicos, sino que acaba siempre por imponer un tipo de sociedad cada vez menos libre, una sociedad cada vez más cautiva del poder político, y que vive cada vez más pendiente de las subvenciones y del empleo público. El gasto público y las ineficiencias que genera en la economía son asuntos muy conocidos y estudiados por todos los economistas liberales. En España estas ineficiencias del sector público se han ido acumulando con cada vuelta de tuerca de la aplicación de la política económica socialista, pero también con la degradación moral y la escala de valores y principios democráticos de nuestra sociedad.

De todo esto saben mucho los estadounidenses, donde la mayor parte de su población se resiste a elegir una alternativa distinta para la sanidad, encontrándose dividida sobre las ventajas o desventajas de la reforma sanitaria, y aunque la ley ha sido aprobada por el Congreso estadounidense con un resultado muy ajustado (219 votos a favor, pero con 212 en contra), las suspicacias del pueblo americano les llevan a pensar que está en juego algo más importante: su «libertad de elegir». Algo de lo que parece ser no están dispuestos a renunciar, ni tan siquiera para garantizar su derecho a una sanidad universal. Para quienes aún no lo sepan, en EEUU no existe una sanidad pública generalizada y gratuita, como la que conocemos en España, salvo para las personas mayores de 65 años o aquellos que no tienen recursos económicos. Finalmente los congresistas estadounidenses han tenido que suavizar la ley y hacerla menos ambiciosa de lo tenían previsto, con el fin de lograr los apoyos necesarios para su aprobación parlamentaria. Los republicanos lo tienen claro y no dan la batalla por perdida frente a los demócratas, como señalaba Ted Poe, congresista republicano: «Tenemos que elegir entre la libertad del individuo para elegir su propia sanidad o entre la tiranía del Gobierno», o las palabras del representante republicano de Winsconsin, Paul Ryan, para quien «Esta ley es antidemocrática, un Frankenstein legislativo que quita el poder de decidir sobre su salud a los pacientes y sus doctores y se lo da a los tecnócratas del Estado». Está claro que a lo que realmente temen los estadounidenses es a la posibilidad de ceder a favor del Estado parte de sus libertades. Quizás esto no se entienda ni en España ni en Europa, pero en EEUU, las libertades individuales son la esencia misma de su democracia. Ni tan siquiera el que la ley pueda o no traerles mayores impuestos es tan importante como la propia libertad, porque todo se reduce a los valores democráticos de una sociedad verdaderamente libre.

Pero, ¿cómo están las cosas por casa? Veamos, según datos publicados por el diario El País, la sanidad pública española tiene pendientes de pago 3.000 millones de euros en material y 2.700 millones en fármacos. Ante la imposibilidad de hacer frente a estos gastos la sanidad pública está retrasando el pago a sus proveedores, llegando a los dos años en algunas Comunidades Autónomas. En España el gasto sanitario se ha disparado, como el resto del gasto público, ha crecido de forma tan desmedida y ha habido tanto despilfarro, que ahora no hay para lo que realmente importa: «la atención sanitaria»; no quedando más remedio que recortar gastos. Si los estadounidenses conocieran lo que es verdaderamente un sistema de salud público como el español, seguramente tendrían aún más argumentos para pensar que este sistema no es el que precisamente más les conviene, a pesar de los defectos que pudiera tener su propia sanidad en EEUU.

El problema es que las Comunidades Autónomas son incapaces de hacer frente a más del 40% de las facturas sanitarias, y aquellos que lo han originado pretenden ahora resolver el problema financiero que han creado en la sanidad pública obligando a los ciudadanos a asumir una parte adicional del gasto por visita a los servicios sanitarios. Un equipo económico dirigido por Elena Salgado prepara una gran reforma de la sanidad para 2011. Lo que persigue es reducir las visitas de los enfermos a los médicos, a través del «pago por visita», conocido también como «copago». Los partidarios del copago argumentan, por ejemplo, que en Suecia la implantación del pago adicional de 16 euros por visitas a urgencias hicieron que estas disminuyeran un 64%. La aplicación de este sobrecoste para los pacientes, según nos dicen, no originó un aumento de la tasa de mortalidad, faltaba más. Sin embargo, nada se dice sobre el agravamiento de ciertas patologías, ni sobre sus repercusiones sobre la calidad de vida o sobre las repercusiones sobre la economía. Sólo se miden contablemente las ventajas de reducir los costes a corto plazo, nada se dice sobre la repercusión en el gasto a largo plazo, que también podría ser contraproducente, ya que resulta mucho más caro resolver los problemas de salud, cuando los pacientes al no ser atendidos en el momento oportuno y de la forma adecuada, sus problemas de salud se hayan agravado. Además, el sistema se puede mostrar sobretodo nefasto para aquellas personas con escasos recursos, que son los que realmente sufrirían las consecuencias de este tipo de política sanitaria.

Lo que no se puede, es aplicar una medida de contención del gasto sanitario sólo teniendo en cuenta los costes a muy corto plazo, pues una inadecuada atención sanitaria podría suponer además para la economía, la pérdida temporal o permanente de parte de sus recursos humanos que en el mejor de los casos dejarían de utilizarse eficientemente, debido a bajas médicas más largas y permanentes, y/o, a la disminución de su productividad. Y todo ello sabiendo que en España pagamos entre toda la población trabajadora más del 21% del gasto sanitario, mientras que en otros países como Francia, por ejemplo, aunque tienen un pago adicional por paciente para las consultas en atención primaria y especializada, tan sólo asumen los trabajadores directamente el 7% del total del gasto sanitario, independientemente de su utilización. Por este motivo, la solución para reducir el gasto sanitario no puede consistir en que los enfermos paguen por ser atendidos, porque ya lo hacen, y con creces.

La solución al problema del elevado gasto sanitario consiste en optimizar la utilización de sus recursos, como personal, medios de diagnóstico, inversiones en infraestructuras y equipos, etc., y mejorar la eficiencia, reduciendo el gasto farmacéutico que es controlado por las empresas farmacéuticas, utilizando medicinas genéricas y que las recetar los facultativos médicos, organizando mejor la estructura administrativa, reduciendo la burocracia, etc. Por todos es sabido que en la sanidad también se conceden muchos privilegios, y que además, la dotación monetaria para cubrir los gastos en sanidad no es equitativa en toda la geografía nacional, pues varía según las Comunidades Autónomas. Recursos que muchas veces son empleados para pagar sobreprecios a proveedores que luego venden esos mismos servicios en otras Comunidades a precios ridículos. Una clara política de dumping económico con el fin de favorecer ciertos intereses o, con la intención de permitir que algunas empresas se hagan con el mercado local, gracias a que sus ingresos se encuentran amparados con dinero público, porque obtienen un precio más alto por sus servicios en la Comunidad de origen, vulnerando además claramente la Ley de la Competencia.

La reacción de numerosos aragoneses y españoles ante la mala atención, debido al tiempo que los facultativos pueden dedicar a sus pacientes en las consultas, y las largas listas de espera para poder visitar al especialista, y peor aún, para realizarse alguna intervención, les ha llevado a optar por pagar un seguro médico alternativo, o bien acuden directamente de modo privado a las consultas médicas, sencillamente porque nuestro sistema público, a pesar de las inversiones realizadas, no ha conseguido mejorar substancialmente la calidad del servicio. Al respecto, hay estudios sobre distintas alternativas que contribuirían a reducir ese ineficaz gasto sanitario y que además contribuirían a reducir también las listas de espera. Una de estas soluciones consistiría en desviar en el corto plazo parte de la atención pública sanitaria a instituciones privadas, sin que además ello signifique un sobrecoste para los contribuyentes ni para los pacientes, además de contribuir a resolver buena parte de los problemas urgentes de salud de nuestra población. Es curioso que a pesar de ello haya quienes se empecinen en querer reformar la sanidad, obligando a la mayoría a los pacientes a realizar un esfuerzo adicional de pago. Mucha gente fundamentalmente de izquierdas, cuando oyen hablar de desviar pacientes al sistema sanitario privado, pegan el grito en el cielo, curioso, porque muchos ellos funcionarios disfrutan de un sistema sanitario «sin esperas», y se encuentran muy contentos con un sistema que les permite «elegir» cada año la compañía sanitaria privada o pública que quieran, entre las distintas ofertas existentes, asistir a los médicos especialistas que deseen.

Está claro que lo realmente importante que habría que plantearse hoy, la verdadera prioridad en España respecto al gasto sanitario, es que este sea lo suficientemente eficiente como para poder solucionar los problemas de salud de la población, y si para ello hay que contar con la colaboración de la sanidad privada, bienvenida sea. Y añadido a todo esto, si el sistema sanitario es ineficiente será porque nuestros políticos y quienes lo gestionan no han sabido resolver el problema, y son a ellos a quienes habría que pedir responsabilidades, porque entre otras cosas, no han sabido acabar con los privilegios de algunas empresas proveedoras que hacen que el gasto sanitario se haya disparado, y porque no han sabido gestionar adecuadamente los recursos, y para ello también hay soluciones eficientes: las urnas. Tenemos unos recursos monetarios escasos y hay que optimizarlos, más aún en este momento de aguda crisis.

La catastrófica influencia ideológica

El querer equiparar hoy lo que es el catalán normalizado por el ingeniero catalán, Pompeu Fabra i Poch, a principios del siglo XX, considerando básicamente el dialecto Barceloní para elaborar la gramática de la lengua catalana; con todas aquellas modalidades lingüísticas que forman parte de nuestra riqueza cultural aragonesa desde la edad media hasta nuestros días, y que lamentablemente se perderán para siempre, debido a la normalización que esta Ley de Lenguas impondrá, constituye un verdadero latrocinio. Pero, la pérdida de nuestro acervo cultural aragonés no es lo único a lo que tendremos que hacer frente los aragoneses en el futuro. Ejemplos los tenemos, y muy próximos, tanto en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad Balear. El primer paso para allanar el camino es suplantar la lengua, le sigue suplantar la cultura y posteriormente la historia de Aragón, no lo duden. Se multiplicarán todo tipo de actividades para favorecer la expansión del catalán y aplastar definitivamente nuestra identidad aragonesa, empezando en el Aragón Oriental y, una vez rota la barrera de nuestra autoestima, penetrando en el resto del territorio aragonés.

La Ley de Lenguas utiliza la Constitución española de 1978 como justificación para «proteger las culturas, las tradiciones, lenguas e instituciones». No obstante, nuestros diputados diluyendo toda su responsabilidad personal en su propio grupo (PSOE o CHA), interpretan a su antojo cuáles son las lenguas que tienen que defender. Nuestros representantes en las Cortes se ve que consideran que debería «defenderse el catalán» en Aragón en vez de nuestras propias modalidades lingüísticas aragonesas en peligro de desaparición. Y siendo así, naturalmente sus señorías que han votado esta Ley, avalan que la lengua catalana sea una lengua histórica de nuestra Comunidad, como si en Aragón se hubiera hablado desde la edad media el catalán normalizado de principios del siglo XX. Lástima de interpretación, y todo por el puro empecinamiento de nuestro presidente Marcelino Iglesias considerado a sí mismo catalano parlante y por anhelos nacionalistas y pro catalanistas de Chunta, aliada de Ezquerra Republicana de Cataluña como lo demuestra su alianza electoral en las elecciones europeas. Pero, todo este problema es fruto de la deriva autonómica que estamos viviendo en España y, por la falta de voluntad de una buena parte de nuestros propios conciudadanos por defender su propia identidad cultural.

Los problemas que generará esta Ley de Lenguas empezarán a mostrarse en nuestras propias Instituciones, porque la Ley prevé que los ciudadanos se puedan dirigir a las mismas en catalán. Además, al garantizar la Ley la extensión del catalán por todo el territorio aragonés, abre las puertas a las pretensiones del nacionalismo secesionista catalán más radical, aquel que utiliza el idioma catalán como punta de lanza para conseguir sus fines expansionistas y alcanzar el sueño secesionista de los «países catalanes». Ese sentimiento profundo del nacionalismo catalán que brota de la exaltación de las diferencias culturales, el idioma, y el odio a lo español. Los nacionalistas entienden que la lengua es la esencia misma de su nacionalidad, por eso se empeñan en resaltar su identidad y su lengua, y por eso están contentos con que se haya aprobado el catalán en Aragón, pues esta Ley no hace más que avalar su tesis sobre su forma de interpretar la historia, en referencia a la corona «Catalana-aragonesa» que ellos utilizan sin el más mínimo pudor.

La estrategia del nacionalismo separatista catalán consiste en unificar el catalán, porque ellos saben que las fronteras de su nación catalana sólo serán estables y se consolidarán, si prevalece una única unidad lingüística. Para el nacionalismo catalán una nación sólo perdurará si consigue su unidad e identidad cultural, reforzando su idioma, sus costumbres y sus leyes. De aquí el interés del nacionalismo catalanista por quebrar la unidad lingüística y cultural aragonesa, con el fin de ir incorporando nuevo territorio de sus Comunidades vecinas. En Aragón, para ampliar sus dominios han promocionado artificialmente el idioma catalán y han intentado devastar la cultura aragonesa en el Aragón Oriental, porque consideran que estos territorios forman parte de su nación, los «países catalanes». El conflicto del arte sacro, por ejemplo, es un conflicto geopolítico que sólo se entiende por esta razón.

En las zonas de nuestro Aragón oriental, donde ya sufren la presión del nacionalismo catalán, sus propios habitantes mayoritariamente (más del 99%) actualmente afirman que no identifican su lengua local con la lengua catalana y así se puede demostrar si examinamos los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2004, o el Estudio Sociolingüistico elaborado por la Universidad de Zaragoza en 1995, donde sólo un 10% de la población de la zona definió a su lengua como catalán. Esto significa, que sólo 1.256 personas del total de la población aragonesa (aproximadamente 1.326.918 habitantes) consideran que lo que hablan es catalán, lo que en porcentaje supone menos del 0,01% de la población aragonesa. Por este motivo, no se entiende que «sus señorías» consideren igualmente que el catalán sea una lengua propia, pues por el mismo criterio tendrían que incluir el chino, que lo hablan más de un 3% de la población, o el árabe y otros idiomas que se hablan también en Aragón. Y si el catalán no es una lengua ni histórica ni propia de Aragón, entonces ¿qué pinta en Aragón una Ley de semejante desatino?

El desencanto del proyecto del Partido Popular

Los episodios protagonizados recientemente por Cataluña y su Estatuto, muestran claramente una crisis constitucional sin precedentes que puede alterar el panorama político de las próximas elecciones en España. Todo empieza durante el Gobierno de Felipe González que derogó el artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde se establecía que previamente a ser aprobado cualquier cambio en los Estatutos de cualquier comunidad autónoma, estos deberían pasar necesariamente por la aprobación del Tribunal Constitucional. Además, que una vez aprobados por las Cortes, según el artículo 151.2 y 151.3, debían ser sometidos a referéndum dentro de la correspondiente comunidad autónoma. Si no se hubiere derogado el artículo 79 hoy no habría problemas de inconstitucionalidad del Estatuto catalán, pues previamente habría superado aquellos requisitos para obtener su validez. Aunque hay que decir que con toda probabilidad tampoco se tendría dicho Estatuto.

El problema tiene su origen en la falta de memoria por parte del partido socialista con la rica historia de la nación española y de su compromiso con la España indivisible. «De esas aguas, tenemos estos lodos». Ante las exigencias crecientes de los nacionalismos, las distintas Comunidades Autónomas, pero principalmente la catalana y la vasca, los nacionalismos van adquiriendo cada vez más protagonismo, en parte también propiciadas por una Ley electoral que hace difícil garantizar una mayoría necesaria para gobernar, pero también por la falta de otras fuerzas políticas que sustituyan a los nacionalismos, hoy por hoy los apoyos de los nacionalismos vasco y catalán son imprescindibles para gobernar. Así, los sucesivos gobiernos de España van otorgando a algunas comunidades autónomas cada vez más y más soberanía, y cediendo cada vez más y más competencias, a la par que los partidos más nacionalistas van adquiriendo cada vez más y más protagonismo, mientras que los partidos de ámbito nacional van perdiendo representación.

El Estatuto de Cataluña refleja la deriva autonómica en la que está sumergida España entera. Por eso en Cataluña, partidos como el PSC no quieren perder protagonismo y se alinean con las tesis más reivindicativas del nacionalismo catalán. Puede que incluso hoy estén pensando en desligarse de su matriz, el PSOE. Y es que parece que ha llegado ese momento en que las piezas del puzzle español empiezan a no encajar, y donde los partidos políticos de ámbito tradicionalmente «nacional», como es el Partido Popular, empiezan a perder fuerza y a comprender que no ha jugado bien la partida cuando tuvieron la ocasión, porque cuando disfrutaron de mayoría parlamentaria no se atrevieron a modificar la ley electoral, ni tan siquiera se molestaron en afianzar convenientemente la constitucionalidad de los Estatutos, al menos volviendo al punto de partida o introduciendo mecanismos de salvaguarda con el fin de garantizar la constitucionalidad de los Estatutos y con ello la unidad de España. El miedo del Partido Popular a ser castigado electoralmente si modificaba las leyes finalmente le empieza a pasar factura, lo que le podría suponer perder algunas de sus piezas definitivamente. Las cifras no engañan, en la elecciones generales del 2000 el PP obtuvo en el País Vasco 323.235 votos (28,26 %), mientras que las pasadas elecciones generales de 2008 apenas llegó a los 206.702 votos (18,50 %), en Cataluña otro tanto de lo mismo, el partido popular pasó de los 763.982 votos (22,79 %) en 2000, hasta los 604.964 votos (16,39 %) de 2008.

La situación ha llevado al Partido Popular a seguir una estrategia errónea, e intentar seguir los pasos del PSOE, después de todo, parte de la victoria socialista estuvo en manos del PSC en Cataluña. El PP con el fin de no seguir perdiendo electores parece querer imitar a los socialistas, al menos eso es lo que parece al preparar distintos proyectos en algunas Comunidades Autónomas. Si esta estrategia llega a consolidarse originaría un verdadero desencanto en los simpatizantes del Partido Popular, que tampoco están muy de acuerdo con la forma de abordar los problemas políticos por sus actuales representantes. El PP tuvo en sus manos la posibilidad de cambiar el panorama actual cuando obtuvo mayoría absoluta y no lo hizo y en general sus posibles votantes lo saben. A esto se añade que hoy los ciudadanos creen que el Partido Popular es más de derechas que hace un año según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Lo que se traduce en que es más conservador y ante estas circunstancias una estrategia de tipo federal no serviría de nada, salvo para seguir perdiendo simpatizantes y restar posibilidades de conseguir vencer con mayoría en estas próximas elecciones, a pesar del aumento en la intención del voto debido al grave problema económico que estamos viviendo. A estas alturas, si el PP hubiera jugado sus cartas correctamente tendría una ventaja abrumadora respecto del PSOE, pero no es así.

Los electores populares perciben una clara pérdida de identidad de las siglas PP, cada vez que va dejando de ser un partido nacional para convertirse en un partido similar a los nacionalistas de CIU o del PNV en determinadas autonomías, al conceder ciertos privilegios a algunas ejecutivas territoriales que le van quitando autoridad como partido nacional, propiciando así el descontento. Probablemente por el cariz que va adquiriendo el problema autonómico se hayan planteado que un discurso único no les beneficia, pero se equivocan. Al ser un partido mucho más conservador tiene un electorado mucho más rígido, lo que le impide mudar de estrategia o de espacio político, por contra, otros partidos como UPyD seguirán alimentándose de su electorado descontento, pero ellos también pueden tener fecha de caducidad, porque además de no tratarse de un partido liberal, sino más bien de un partido claramente de izquierdas, con un discurso más propio del nacionalismo español. Si sus antiguos simpatizantes caen en ello, se darán cuenta de que están pescando en el mismo espacio electoral que el PP, con la diferencia que su ideología es socialdemócrata, más aún después del absurdo e innecesario Congreso que UPyD protagonizó para aupar a su lider, y machacar a sus oponentes.

El PSOE le ha marcado los tiempos al PP y la propia deriva autonómica está haciendo el resto, mientras tanto las rémoras revolotean. Con el fin de conseguir más electores, el PP está cosechando justo lo contrario a lo pretendido, porque es más lo que puede perder que lo que puede ganar en estas circunstancias. Además, podemos comprobar también que para las comunidades más nacionalistas y las nuevas que van surgiendo al amparo de esta deriva, sus posibles «nuevos electores» no acaban de creerse que el PP vaya a convertirse en los nuevos defensores de su identidad nacional. Hecho que sólo aparentemente parece haberles funcionado a los socialistas, aunque a costa de apoyar posiciones cada vez más beligerantes, como en el caso del PSC de José Montilla en Cataluña, que a la larga podría pasarles también factura. Por este motivo tampoco debe extrañarnos que el PSC acabe por desvincularse definitivamente del PSOE. Tal vez si el electorado del PP no fuera tan conservador tendría alguna posibilidad, pero, hoy por hoy no la tiene. Sólo un partido verdaderamente liberal (no sólo en lo económico) podría cambiar las tornas, y conseguir algo muy parecido a lo que ha ocurrido en Alemania y cambiar el panorama al que lamentablemente nos está conduciendo hoy el Gobierno socialista.

Gunther Zevallos, secretario general de pCUA y profesor de.Universidad
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