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.........................................Gunther Zevallos, secretario general del pCUA y profesor de.. .......... ..................... ......... ...............................................................................Universidad
«Un acuerdo histórico» es el que se ha conseguido tras el acuerdo del PSOE con los sindicatos y la patronal. Al menos esas eran las palabras de Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración del gobierno de Rodríguez Zapatero. Aunque sería mejor referirse a este acuerdo como «la oportunidad perdida» para construir un sistema de pensiones viable a largo plazo. Mientras tanto, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP afirmaba que la reforma del sistema de pensiones «va en la buena dirección». ¿En la buena dirección?, ¿hacia dónde? ¿El PP aceptará la corresponsabilidad en el acuerdo sobre las pensiones, como quieren los sindicatos y el Gobierno?
A estas alturas ya no me sorprende nada de todos aquellos que se reparten el pastel, pues qué pueden decir. Pues eso, hay que mantener el sistema que es el que les da de comer. ¿Adelgazar el Estado?, ¡no hombre, no! Esa no es su prioridad ¿Es que no se ve que gracias a ello viven sindicatos y políticos? Lo de la patronal, eso si que me ha dejado de una pieza, se han tirado piedras sobre su propio tejado; aunque por supuesto, no creo que piensen igual los pequeños empresarios y los autónomos, colectivo que tendrán que cotizar como mínimo 25 años, una especie «pago revolucionario», que por qué, ¡por existir hombre, por existir! Ya saben los sindicatos y los políticos que muchos autónomos prefieren cotizar lo mínimo y compensarlo con un plan de pensiones, y eso a la izquierda no le gusta ¡hombre! Y a los sindicatos menos. Además, está eso de que no pueden meter representantes sindicales en los pequeños negocios. Por otra parte, si el PP acepta el acuerdo tal como está pactado, como parece que hará, su credibilidad para muchos ya no valdrá un pimiento, principalmente después de su «cacareo» sobre el rechazo a la ampliación de la edad de jubilación a los 67, aunque esto no sea lo más grave.
Pero, si queremos hablar de verdaderos perjudicados no podemos olvidar a nuestros jóvenes. ¡Sí señor!, el futuro de España. Los jóvenes cuya opinión no cuenta, porque según dicen: «pasan de la política». Para ser correctos los políticos han conseguido que los jóvenes «no molesten», cómo, pues sencillamente teniéndolos adormecidos con sus políticas subvencionadoras, proteccionistas e ideologizadoras. Muchos ni tan siquiera se plantean cómo les puede afectar una reforma del sistema de pensiones, ni del mercado de trabajo, ni de la educación, ni de nada. De esta manera consiguen aprovecharse de todos ellos, desde los empresarios sin escrúpulos a los sindicatos de clase, y los políticos ni qué decir. Muchos de nuestros jóvenes han llegado a ser tan dóciles que ni protestan, como lo demuestra el que aceptan fácilmente la precariedad y el desempleo. ¡Así nos va!
¿Acaso pensáis que a los sindicatos, o a los políticos, o a los grandes empresarios, les importan los jóvenes? ¿No es suficiente con que la tasa de paro juvenil en España esté situada en el 43%, para que nos demos cuenta que algo falla? Sin duda los sindicatos UGT y CCOO tienen una representatividad cada vez menor (según el propio Ministerio de Trabajo, las centrales sindicales han perdido en un año 270.000 afiliados); sin embargo, cada vez tienen mayores privilegios, y en la reforma de nuestras pensiones han participado y decidido por todos nosotros, incluyendo los jóvenes, que en su gran mayoría no están afiliados a ningún sindicato político. Además, deben saber ustedes que el 88% del presupuesto de estos sindicatos depende de las aportaciones del propio Gobierno, lo que les convierte en juez y parte, me atrevo a decir por ello, que tampoco representan a la mayoría de trabajadores de este país. ¿Cómo pueden entonces estas organizaciones estar presentes en una negociación, en donde se decide arbitrariamente la confiscación de nuestros ahorros (cotizaciones)?, ¿pueden alguien acaso justificar su neutralidad?
Los sindicatos han demostrado que solo les interesen los jóvenes para que se hagan cargo de las pensiones de los jubilados, y nada más. Lástima de país. Quiero poner el ejemplo de un grupo de jóvenes que me toca más cerca, los universitarios, a estos el Gobierno y los sindicatos los han condenado a no recibir la pensión máxima, o bien, a dejar de pensar en formarse, un verdadero lastre para la educación superior post universitaria, y también para la formación científica de España, y por ende, para la propia competitividad de nuestra economía de cara al exterior. Queridos jóvenes, y os lo digo con sinceridad, si hay alguien a quien más han perjudicado es a vosotros y, aunque el resto de españoles hayamos salido mal parados, no hay punto de comparación. Aunque pueda que haya todavía algunos de vosotros que no queráis daros cuenta, esta es vuestra triste realidad. Para empezar, vosotros nunca podréis jubilaros a los 65 años con la pensión completa, como tampoco lo harán probablemente todos los menores de 48 años, pues harían falta 38 años y medio cotizados, y tal como está el mercado sinceramente, a ver quién es el guapo, o la guapa, que consigue trabajar sin parar a partir de los 26 años y medio para tener derecho a la jubilación a los 65 años, o incluso a los 67 años. Y a ver quién puede conseguir la pensión máxima. Como diríais los jóvenes: ¡ni de coña! Desde mi punto de vista este es un atentado político y sindical contra la formación superior y contra todos los jóvenes de este país, además de una condena anunciada a la pobreza de los mismos.
Si consideramos la situación lamentable del actual mercado de trabajo para nuestra juventud y, a eso le añadimos que a partir de los 55 años pueda que a muchos la suerte no les acompañe y pierdan su trabajo, como le ocurre actualmente a muchas personas en edad madura que se quedan en situación de desempleo, y donde su probabilidad de volver a trabajar disminuye notoriamente. Si eso ocurre, ni tan siquiera podrán llegar a los 25 años cotizados en su vida laboral. Entendiendo que es lo mínimo para tener derecho a la pensión, salvo que se determine un mínimo distinto. Con lo cual, las cotizaciones obligatorias que se descontarán de sus nóminas mientras estén trabajando, se habrán tirado directamente a la papelera, y en el mejor de los casos, para quienes consigan trabajar más de 25 años, pero, no hayan contribuido los 38 años y medio, su jubilación se verá mermada notoriamente. Se que muchos de los jóvenes podrán pensar que eso está muy lejos y, por tanto, no les preocupa, pero el tiempo pasa muy deprisa y casi sin darnos cuenta este pacto entre Gobierno, sindicatos y patronal, asegurará el billete de nuestra juventud hacia la indigencia.
Lo justo hubiese sido que en vez de cotizar para pagar las pensiones de quienes se jubilan, en el conocido como sistema de reparto actual, seamos nosotros mismos quienes guardemos nuestros ahorros (cotizaciones) para gestionar nuestra propia jubilación, o bien, para ahorrarlo en activos rentables y conseguir sacar mayor rendimiento a nuestras cotizaciones, pues así al menos, nuestros jóvenes tendrían garantizada una pensión digna para cuando llegue el momento y, porqué no, obligando al Estado a que también garantice una pensión pública mínima, independientemente de las cotizaciones. Pero para ello habría que empezar por dejar de gastar el dinero público en tonterías y dejarse de tanta subvención. Y esto que digo no es una quimera, es posible. De hecho fue una solución para una crisis similar que ocurrió en Suecia en los años 90, gobierno socialdemócrata, casualmente. Si este sistema fuera el que se hubiera pactado e implantado, conocido como sistema de capitalización mixto, las cotizaciones al menos servirían para que los jóvenes no vean el futuro tan oscuro en España, para que se queden y no se vayan a buscar su futuro fuera. Pero para quienes se quedan, deberían empezar a pensar que el futuro también está en sus manos.Queridos jóvenes, ”no dejéis que otros decidan por vosotros, involúcraros, haceros oír, participad. Algunos luchamos por nuestros hijos, vosotros luchad por vosotros mismos”.
Los límites de la insolvencia y el corralito para confiscar el ahorro en España
Que el Gobierno de España está en situación de insolvencia es un hecho económico innegable, pues debe hacer frente a una serie de obligaciones importantes y no dispone de suficientes recursos financieros para conseguirlo. Ante esta situación la alternativa hasta ahora había consistido en incumplir algunos compromisos con la sociedad, en la que lamentable una parte importante de las familias españolas se han visto directamente afectadas. Así, el gobierno congeló las pensionistas y redujo el salario de los funcionarios públicos, pero también ha anunciado que eliminará los subsidios a los parados de larga duración. No obstante, lo peor está aún por llegar, el gobierno pretende confiscar los ahorros de los futuros pensionistas, todo con tal de no tener que incumplir el pago de intereses y el principal de la deuda pública contraída y para poder garantizarse la liquidez que a cambio le ofrece el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet. Esto sólo es comparable con el llamado «corralito argentino».
El déficit originado en el continuo endeudamiento del Estado y sus Autonomías ha comprometido todas las partidas del presupuesto público, incluyendo los ahorros de los trabajadores en forma de cotizaciones sociales. Si España no pudiera hacer frente al compromiso de la deuda el problema sería aún peor, pues significaría la ruina del país y también el caos económico para toda la Unión Europea, probablemente también la desaparición del euro. La prima de riesgo ha elevado significativamente el coste del endeudamiento y pone en serio riesgo la refinanciación de sus deudas que necesitan los bancos en España. Por eso Trichet quiere más medidas, tanto sobre el mercado de trabajo como sobre las pensiones, más a cambio de seguir comprando deuda española. Si España cae, probablemente arrastraría en cadena al resto de Europa. De aquí la preocupación del Banco Central Europeo y de los principales países de la Unión Europea.
Ante el descontrol del presupuesto público hay quienes desde la izquierda piden insistentemente elevar más impuestos para hacer frente a la insolvencia de España, aunque ellos dicen que es para garantizar el Estado del bienestar. No obstante, esta posición de los políticos de izquierda además de anacrónica es económicamente contraproducente, en estas circunstancias es probable que los contribuyentes ya hayan llegado al límite de su presión fiscal. Si el gobierno deseara ir más allá con el fin de conseguir mayores ingresos a través de impuestos, probablemente no lo conseguiría pues las propias personas y las empresas ajustarían su situación económica a su nueva realidad, reduciendo aún más el consumo como la inversión, lo que repercutiría evidentemente en una menor recaudación fiscal y en una profundización de la crisis; también es probable que en estas circunstancias sean las propias personas y las pequeñas empresas quienes busquen vías alternativas para evadir al fisco, dejando de producir o trabajar en la economía real y pasándose a la economía sumergida.
¿Cómo es posible que España haya entrado en insolvencia? La respuesta se puede resumir con dos argumentos: en primer lugar, gracias a las medidas usurpadoras del ahorro privado que ha practicado el gobierno mediante la venta de títulos de deuda en el mercado, y, en segundo lugar, porque nuestros conciudadanos durante muchos años no han ahorrado lo suficiente, probablemente debido a la penalización impositiva excesiva sobre los ahorros y a la mayor preferencia por el consumo de los mismos. Si a todo esto además sumamos que el Gobierno Central y sus Autonomías han gastado más de lo que han sido capaces de ingresar, cubriendo sus necesidades de financiación con nueva deuda pública año tras año, no nos debe extrañar haber llegado hasta aquí. En los tres últimos años, además, el gobierno ha terminado por secar la escasa liquidez que existía en la economía procedente del ahorro privado, condenando al sector bancario a endeudarse. Se ha hecho justo lo contrario a lo que debía hacer en política económica durante muchos años, pero también en los últimos años acrecentando el problema con una crisis fiscal. No hubo el más mínimo recato para generar el déficit más elevado de la historia de España.
¿Es cierto que los españoles hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades? Sí que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero lo que no es cierto, es que hayamos vivido por encima de nuestras necesidades. Si los sucesivos gobiernos de España, año tras año, no se hubieran apoderado conscientemente de la liquidez interna de la economía, condenando a la economía privada y productiva al endeudamiento externo primero y al estrangulamiento financiero y cierre después, no hablaríamos hoy de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hace ya bastante tiempo que la falta de ahorro en la economía, lo que ha obligado a nuestras empresas a cubrir sus necesidades de liquidez con crédito procedente del exterior y canalizados fundamentalmente a través del sistema bancario. Ahora la mayoría de nuestras empresas se han quedado sin nada, no hay manera de conseguir liquidez pues los bancos empiezan a tener como prioridad refinanciar sus propias deudas. Como sostiene el Banco Central Europeo (BCE), conseguir nuevos créditos en el exterior no va a ser tan fácil pues los bancos tendrán que competir con el sector público para captar fondos. Los bancos y cajas españoles tienen obligaciones por 220.000 millones de euros para los dos próximos años, tanto en deuda a medio como a largo plazo, por lo que es natural que prefieran pagar primero sus obligaciones que prestar dinero, lo que está estrangulando financieramente a las empresas, muchas de las cuales han tenido que cerrar por la falta de liquidez, pero podrían cerrar muchas más por el mismo problema en los próximos dos años.
¿Es posible en estas circunstancias un corralito económico, como ocurriera en Argentina? Exactamente una confiscación del ahorro de las cuentas privadas de los ciudadanos no lo creo, pero si otro tipo de corralito, que además ya está anunciado que se realizará en Enero de 2011, consistirá en que el gobierno confiscará nuestro ahorro, pero el que está fuera del sistema financiero, es decir, nuestro ahorro de toda nuestra vida laboral en forma de cotizaciones que se nos retienen de nuestro salario y que se utilizan para pagar las pensiones, precisamente aquel que está directamente gestionado por los políticos. Así, en la actual situación de insolvencia de España, el gobierno ha decidido que antes de reducir sus elevados gastos y recortar el tamaño del Estado y sus Autonomías, es preferible «confiscar el ahorro destinado a nuestras pensiones». Desgraciadamente nuestras pensiones han quedado en manos de unos gestores inútiles, lo que nos lleva hoy a hablar de futuros recortes de las pensiones. El gobierno utilizará nuestro ahorro en forma de cotizaciones para reducir el déficit público generado por ellos mismos, en vez de recortar el tamaño del Estado.
El gobierno y en general los políticos actuales cuando dicen que lo que quieren es garantizar la pervivencia del sistema, lo que realmente quieren decir es que quieren mantener su «status quo», la de su casta política. La confiscación de nuestro ahorro para las pensiones tiene un único fin: que los políticos puedan seguir viviendo del cuento como hasta ahora, exprimiendo cada vez más a su propio pueblo mientras estos callen y aguanten. Lamentablemente todo ocurre porque tanto los ingresos de nuestras cotizaciones sociales, como los pagos por el conjunto de las prestaciones sociales forman una parte importante del pastel del presupuesto público y, al estar comprometido por una mala gestión económica, el gobierno ahora quiere vendernos que el sistema es insostenible, pero no lo es, al menos no a corto plazo. La realidad en la práctica proviene de sus imperiosas necesidades de reducir el déficit público, y nada más.
El dinero de las pensiones no es en sí mismo dinero público, pues forma una parte de nuestro salario que se nos ha retenido, para que lamentablemente sean ellos, los actuales políticos, los que lo gestionen mediante un sistema poco exigente y donde nuestros gestores no necesitan demasiadas habilidades financieras, poco más que saber hacer la «cuenta de la vieja». Este sistema es conocido como el «sistema de reparto», que consiste en que los que se jubilan perciban una pensión procedente de las personas que cotizan a la seguridad social principalmente.
Nuestro gobierno saltándose a la torera el pacto sobre las pensiones conocido también como el «Pacto de Toledo», ha decidido arbitrariamente confiscar nuestros ahorros. Oiga, si los políticos piensan que el sistema no es sostenible, que nos dejen el dinero que nos lo gestionamos nosotros mismos, y así los políticos dejarán de meter mano en donde no les corresponde. Más les valdría empezar por reconocer los enormes problemas que tiene nuestro modelo de Estado Autonómico, claro que este ajuste no les gusta, no porque debería realizarse sobre su terreno de juego y perderían influencia, y eso no lo admitirán ni a regañadientes.
¿Pero entonces el sistema de pensiones goza de buena salud? Que las pensiones estén amenazadas por las zarpas de nuestros actuales representantes políticos, no es lo único que debería preocuparnos, pues el sistema de pensiones que hay montado es una verdadera bomba de relojería, y una verdadera estafa en sí mismo. Si se tratara de un servicio privado que se ofreciera al público estaría totalmente prohibida su comercialización, pues sería un «producto de base piramidal» cuya garantía de sostenimiento descansa en que haya suficientes inversores (léase personas que coticen), por no decir pardillos, que sean capaces de adquirir el producto. Así pues, si este sistema de reparto y piramidal fuera privado estaría seguramente prohibido por Ley, como lo está actualmente la venta de los productos piramidales según el artículo 23 de la Ley de ordenación del Comercio Minorista.
No es posible que nuestros representantes políticos no sientan el más mínimo rubor y se atrevan no sólo a promover este sistema, sino también a garantizarlo. Claro está que garantizarlo sólo hasta que el país llega a la situación de insolvencia, como ahora; entonces es cuando donde dije digo… y, unilateralmente cambian las reglas de juego justificándose en la adversa estadística demográfica para hacer reformas y «garantizar las pensiones». Así, plantean elevar el período de su cálculo de las mismas desde los 15 a los 25 años, lo que significa en la práctica confiscar alrededor de un 10% de nuestros ahorros. Pero ahí no queda la cosa, el gobierno pretende elevar paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años, de modo que a partir de 2013 en adelante, por cada año que nos quede para la jubilación tendremos que añadir dos meses más de cotización, hasta que en 2025 la edad de jubilación obligada alcance los 67 años. Esto significaría que cada año a partir de 2013 (si no es antes), la confiscación de nuestros ahorros en forma de cotizaciones que aportaremos y las pensiones que dejaremos de percibir supondrían además un 0,5% del PIB que este gobierno y el que le suceda, incautarían a quienes cotizamos para nuestra jubilación. Otra cosa sería que la jubilación a esa edad fuera voluntaria. Actualmente son muchas las personas que incluso se ven forzados a retirarse antes de los 60 años, ¿qué ocurrirá con todas estas personas?.Con un sistema de reparto de las pensiones los actuales trabajadores y los que se incorporen saldrán perdiendo. Si a largo plazo las predicciones no son muy optimistas, dado que el saldo neto entre nacimientos y defunciones acabará tornándose negativo a partir del 2020, no se puede garantizar el sistema. Para ello tendríamos que tener la suficiente población trabajadora necesaria para sustituir a quienes se jubilan, ampliando siempre la base de población activa trabajadora para que el sistema perviva. La pirámide poblacional, sin embargo, se estrecha y se seguirá estrechando, hasta que realmente no sea sostenible por más que se eleve la edad de jubilación hasta los 67 años. Pero, a corto plazo lo relevante del tema es que quienes cotizan actualmente al sistema de reparto son menos de los previstos, y no es precisamente por la evolución poblacional, sino debido al aumento desmesurado del desempleo cuyo origen es la desastrosa política económica del gobierno del PSOE, y los menores salarios que empiezan a percibir el resto de la población trabajadora fruto de sus desastrosas políticas económicas. No obstante, el sistema actual de pensiones tiene los días contados, por eso, si hay que hacer reformas estas no pueden ser las que nos están planteando.
Dos modelos para España: Unidad o Escisión
La victoria de España en el mundial de fútbol es el reflejo de un gran trabajo en equipo, de lo que carecen lamentablemente buena parte de nuestros responsables políticos. España ha hecho historia ganando el mundial limpiamente, pero lo más importante es que su gesta constituye un buen ejemplo de lo que podemos conseguir juntos todos los españoles. Unidad en la que no creen, para nuestra desgracia, buena parte de nuestra clase política en Cataluña y en el resto de España y, desafortunadamente también, una parte importante de los ciudadanos catalanes. Me refiero fundamentalmente a todos aquellos que se manifestaron a favor de la creación de la nación catalana y por su independencia, so pretexto de la defensa del Estatut.
Todos los españoles nos hemos sentido identificados con el triunfo de «nuestra selección», integrada por jugadores de las distintas Comunidades Autónomas españolas, incluyendo la catalana; aquella cuyos nacionalistas y socialistas catalanes se empeñan en desmembrar. A todos los españoles nos ha unido el fútbol y nuestros jugadores, y esto es una verdadera lección que debería aprender toda nuestra clase política. Por ello, ni la manifestación del Estatut, ni las diferencias que algunos catalanes se han empeñado en rebuscar, podrán acabar con los sentimientos de unidad que hemos demostrado todos los españoles. Con el nacionalismo separatista no vamos a ninguna parte, ni conseguiremos un mayor bienestar, ni seremos mejores.
La insistencia de los partidos nacionalistas catalanes por imponer su reconocimiento como nueva nación, el obligar a utilizar su lengua vernácula al resto de ciudadanos catalanes, o el intentar trasladar coactivamente su lengua a las Comunidades vecinas, con la ayuda del PSOE y otras formaciones políticas seudo nacionalistas, forman parte del desafío contra nuestra unidad nacional española. La máxima aspiración de la clase política nacional catalanista parece ser que es generar conflicto, con único fin de capturar los votos de sus ciudadanos con perturbaciones identitarias. La cuestión es si el resto de españoles estamos dispuestos o no a facilitarles el mecanismo para sigan tocándonos la moral.
No nos llevemos a engaño, la estrategia del nacionalismo para fundar esa nueva nación, es la imposición de una lengua distinta a la lengua común de todos los españoles en lo que ellos consideran sus territorios, y de la imposición de su doctrina a base de la coacción. Ha ocurrido así siempre en la historia, desde el nacimiento hasta fundación de las nuevas naciones. Lo verdaderamente absurdo de todo esto, es que un partido como el socialista que se considera de ámbito nacional, se haya sumado a ese espíritu reivindicativo de la nación catalana propuesta por el nacionalismo excluyente. No obstante, la indefinición socialista respecto a la unidad nacional, sin lugar a dudas también les pasará factura en estas próximas elecciones generales, como en las autonómicas, pues no se puede seguir manteniendo un estado de las autonomías cada vez más asimétrico e inestable, y donde Cataluña marque el devenir de la vida política e incluso económica del resto de los españoles.
La «furia española» de nuestra selección, es el mejor ejemplo de espíritu de sacrificio, de esfuerzo y superación, de trabajo en equipo, y de motivación española. Nuestra selección ha dado una verdadera lección a nuestros acomplejados políticos. Esos mismos que buscan la división y el enfrentamiento tanto en Cataluña como en el resto de España. Los catalanes son quienes sufren directamente la coacción empleada por algunas fuerzas políticas, como la de los nacionalistas y los socialistas catalanes, que se empeñan en trasladar todo su odio nacionalista identitario contra quienes se sienten identificados con la unidad del pueblo español. No obstante, deberán emplearse con mucho más fuerza y empezar a luchar con empeño por sus derechos para cambiar su propia situación. Es la única manera de conseguir frenar el embiste nacionalista, eso, y pasarles factura cuando llegue el momento de las elecciones. Pues el pueblo español empieza a estar muy harto de la indiferencia de muchos catalanes con su propio futuro.
Hay que entender que la estrategia ideológica nacionalista consistente en imponer la cultura nacionalista a través de la lengua como seña de identidad, y el resto de españoles también debemos saber que su estrategia no sólo es apoyada por los políticos catalanes, también lo es por el propio gobierno socialista español, y contra ellos también debemos luchar nosotros. Esto es lo verdaderamente absurdo, eso y que el partido socialista se haya sumado a ese espíritu reivindicativo, no sólo de la lengua, sino también manifestándose en apoyo del Estatut y contra la sentencia del Tribunal Constitucional, donde el partido socialista aparece apoyando empíricamente la creación de la nación catalana. El comportamiento del gobierno es verdaderamente peligroso para España, pues genera incertidumbre e inestabilidad en un estado de las autonomías cada vez más asimétrico, dejando patente además, de que quien marca el devenir de la vida política en el socialismo español no es el PSOE, sino más bien el PSC de José Montilla.
La crisis de los burócratas de Bruselas
La Comisión Europea ha lanzado el mensaje de que está dispuesta a sancionar a todos aquellos países cuyos niveles de déficit y de deuda, tanto pública como privada, sean considerados excesivos o que constituyan un serio peligro para la estabilidad económica del país. Así, la Comisión Europea ha decidido abandonar su posición laxa que mantenía hasta hace muy poco en materia de política fiscal para reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de los países pertenecientes a la Unión Europea, y empezar a exigir a todos ellos políticas económicas de ajuste en los déficits exteriores, pero fundamentalmente en el déficit público, cuya limitación anual no debería en ningún caso haber sobrepasado el 3% del PIB.
En palabras del Comisario Europeo “sin una consolidación fiscal, reformas estructurales y crecimiento sostenido, nuestro modelo de economía social de mercado estaría en serio peligro”. Pero, a qué se debe este cambio de actitud de la Unión Europea que hasta hace muy poco hacía la vista gorda con el crecimiento del gasto público y los déficits de los países miembros. Precisamente se debe a que algunos países de la Unión Europea han utilizado una serie de medidas inadecuadas para el estado de la situación que han empeorado la crisis. En el camino de su autodestrucción a la economía española la han acompañado otros países, que han seguido precisamente esas mismas y absurdas políticas keynesianas que se han utilizado en España. El resultado es que hoy la economía española y las de esos otros países siguen en recesión, o están en una fase de estancamiento económico. Mientras tanto, el resto del mundo crece actualmente como media en torno al 2,4% anual.
El agravamiento de la crisis financiera se debe a que se han seguido unas políticas absurdas que han empeorando la situación respecto a la liquidez. Y me explico. En la economía hay tres fuentes de ahorro: el ahorro privado proveniente de las familias, el ahorro público materializado a través del presupuestario público (déficit = desahorro, superávit = ahorro), y el ahorro externo, materializado en la balanza de pagos ya sea a través de las posiciones deudoras o acreedoras (déficit o superávit). Los economistas deberíamos saber que para resolver los efectos de una crisis de liquidez lo que no se dede hacer es elevar el déficit público, transfiriendo recursos del sector privado al sector público como se ha hecho en España y en otros países, pues sería hacer justo lo contrario a lo que manda la lógica económica y, como se ha comprobado, estrangula la liquidez que necesita el sector privado de la economía para desarrollarse con normalidad. Igualmente, un país no puede ser tan poco previsor y mantener un déficit exterior tan alto, pues esta dependencia de recursos monetarios externos es el reflejo de su falta de competitividad y de sus elevados costes empresariales, que le impiden vender más bienes y servicios en el exterior. Si España hubiera hecho los deberes y hubiera equilibrado las cuentas de su balanza de pagos, mejorando la productividad y competitividad de su economía, no tendríamos porqué atravesar la grave crisis actual. Supongo que tampoco tendríamos la crisis actual si la Unión Europea no hubiera dejado al arbitrio de cada país, la posibilidad de conseguir con la política fiscal mejorar sus cifras económicas.
España ha elevado los déficits hasta niveles insostenibles. Y aunque el ahorro privado haya aumentado y el déficit exterior haya disminuido algo últimamente, no ha sido precisamente porque el Gobierno se haya empleado a fondo en reducirlos, sino simplemente porque ha sido la reacción natural de ajuste propio de una economía en recesión. Para que haya crecimiento sostenido hoy más que nunca son necesarias otro tipo de políticas. Las únicas políticas que nos permitirán ver la luz al final del túnel son las políticas liberales, pese a quien le pese. Y aunque dichas políticas no concuerden con las propuestas propias del socialismo, las políticas liberales para nuestra situación de inminente colapso económico son necesarias y urgentes. Además, cuanto más se tarden en aplicar, más perversos serán los efectos sobre la economía, con lo que España seguirá perdiendo posiciones de ventaja respecto al resto del mundo, pero principalmente respecto a los países emergentes.
Sin embargo, las políticas que está aplicando actualmente el Gobierno no son medidas totalmente liberales, como algunos creen, porque para un liberal, por ejemplo, una reforma de reducción coactiva del déficit no se entiende sin una reforma estructural que reduzca el excesivo tamaño del Estado. Y es por esta razón también que en la actual situación económica los liberales no sólo somos necesarios sino imprescindibles. Los economistas liberales tenemos el deber de explicar por qué no se están haciendo las cosas correctamente y qué ventajas existen con la aplicación de las políticas liberales en España. Como el tema además de polémico es muy extenso, permitidme que me centre en un aspecto concreto de medidas intervencionistas, en este caso en la mediadas de intervención europea que afectan a algunos países que forman parte del euro, entre ellos España. Me refiero a la intervención monetaria del Banco Central Europeo. Lo que pretendo es explicar aspectos poco analizados hasta el momento, sobre cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es el papel que han jugado tanto el gobierno español, como nuestras propias autoridades económicas europeas en esta crisis.
Casi todos los economistas reconocemos que la crisis empezó con un problema financiero que afectó a las principales economías mundiales, pero sepan ustedes que las políticas fiscales de estímulo de la demanda a través del gasto público han convertido la crisis financiera en una crisis fiscal, y fueron hasta hace muy poco, amparadas por los burócratas de Bruselas. Lo que quizás pocos saben es que no todos los países se vieron afectados de la misma manera, y que sólo aquellos países que estimularon la demanda a través de una mayor intervención y gasto público, mientras tenían desequilibrios importantes como los anteriormente señalados, son los que hoy en día continúan soportando esta crisis. El Gobierno socialista, como otros gobiernos de izquierdas, lo que han hecho es generar un elevado déficit público a través de un mayor endeudamiento. En España el déficit alcanzó casi el 12% del PIB. Con este tipo de políticas España ha terminado por secar definitivamente la liquidez del sistema. El asunto es que la Unión Europea ha consentido que las cosas lleguen a este nivel. No todo lo que está sucediendo en la economía es consecuencia de la aplicación de políticas keynesianas inconsistentes e inútiles, aunque buena parte de culpa tienen, claro está. Pero, lo que los ciudadanos deberían saber es que también la política monetaria europea estubo detrás de todo este desaguisado económico. Otros países, como EE.UU. actualmente siguen empecinados en mantener un elevado déficit público, como así ha quedado patente en la reciente reunión del G-8, el grupo de las ocho principales potencias económicas del mundo.
La corresponsabilidad de la crisis debe ser compartida con la Unión Europea, en primer lugar, por no haber avanzado hacia una verdadera unidad económica. Para hacerlo, se debió considerar no sólo la unidad monetaria, sino también la unidad fiscal. Además, la Comisión Europea debió haber sido muy clara desde el inicio de la crisis respecto al déficit y a determinadas políticas de desequilibrios exteriores. No nos engañemos, la política de relajamiento inicial respecto al déficit es culpa también de los burócratas y políticos de Bruselas, pues ellos permitieron que países europeos como España, incentivaran la demanda mediante un mayor gasto público, emulando la política económica estadounidense. Naturalmente, esto no puede ser excusa para hacer lo que hicimos en nuestra propia casa, pero dice mucho de por dónde van los tiros en la Unión Europea.
Para entender el papel que los burócratas de Bruselas en esta crisis, empecemos por situarnos antes del estallido de la crisis, no desde su inicio que viene de más atrás. Ubiquémonos a finales del 2006, principios de 2007, en pleno «boom inmobiliario» español. La economía crecía e iba a toda máquina, requiriéndose más factores: capital y trabajo básicamente, para poder seguir alimentando el insaciable aumento en el consumo privado y público. No obstante, todo ese crecimiento que fue propiciado por un aumento artificial de la demanda, intervinieron dos elementos importantes: por un lado la política monetaria del BCE, sumamente expansiva y de bajos tipos de interés, y por el otro, un crecimiento en el consumo y la inversión propiciado por ese impulso del dinero barato. Que no es otra cosa que un estímulo sobre la demanda, pero esta vez no de carácter fiscal sino monetario. Este estímulo originó un fuerte aumento de la demanda privada fundamentalmente, aunque también pública, ambas a base de endeudamiento externo.
La economía española llegó a necesitar, por aquel entonces, del orden de los 100.000 millones de euros más de lo que disponía internamente para poder financiar su crecimiento durante los años 2007 y 2008. Por tanto, la economía española en su conjunto necesitaba endeudarse para seguir manteniendo el ritmo de las crecientes necesidades de su demanda interna, tanto privada como pública. Identifiquemos en detalle el problema: una política monetaria que mantuvo los tipos de interés bajos: en el 2% hasta mediados de 2005, ascendiendo ligeramente hasta septiembre de 2008, y a partir de ahí nuevamente con un descenso muy rápido hasta alcanzar el 1%.
La idea de abaratar el dinero por parte del Banco Central Europeo se realizó para favorer a países como Alemania y Francia que se encontraban en fase de estancamiento económico hasta mediados del 2000, pero perjudicó a España, que se encontraba en fase de expansión. La economía española crecía a un ritmo superior al 3% , y en 2007 alcanzó el 3,6%. El dinero barato expandió la demanda y favoreció el endeudamiento privado y público, pero también generó la burbuja inmobiliaria y, hasta 2008 elevó el déficit exterior. A partir de aquí, el mal diagnóstico de la situación de nuestro enfermo y las políticas que se aplicaron en España por parte del gobierno socialista, hicieron el resto. La crisis que se ha repetido en todos aquellos países que utilizaron los estímulos fiscales y keynesianos sobre la demanda, y que olvidaron que vivimos en un mundo global, en donde los mercados financieros penalizan cualquier exceso. Pero, como hasta antes de la crisis financiera parecía que podían endeudarse en el exterior eternamente, algunos países se creyeron inmunes, y algunos gobiernos como el español, llevaron a su economía a esta situación de casi inelegibilidad. La catarsis económica que estamos viviendo actualmente, de la que probablemente no saldremos en algunos años, es el resultado de todo este cúmulo de errores monetarios y fiscales.
Para la economía española, las consideraciones de política monetaria en 2005 no hubieran aconsejado unos tipos de interés tan bajos. Es decir, de haber dispuesto de una moneda propia lo más probable es que los tipos de interés no habrían disminuido, sino que por el contrario, habrían aumentado. ¿Que por qué razón?, porque la misión del Banco Central es precisamente controlar el crecimiento de los precios y, porque un aumento de la demanda que no es capaz de absorber la oferta de bienes y servicios de la economía, tarde o temprano genera inflación. Si a esto añadimos la inacción del Gobierno para corregir la escalada de precios a través de la reducción de la demanda pública, es decir, a través de la política fiscal de reducción del gasto público, lo que tenemos es una verdadera bomba de relojería a punto de estallar, como así fue, cuando el Gobierno del partido socialista decidió ampliar la intervención pública en la economía.
España forma parte de la Unión Europea y ya no dispone del control sobre la política monetaria, porque ésta se encuentra cedida al BCE, y por tanto, no podía elevar el tipo de interés para controlar la situación de exceso de demanda de la economía como sería menester. Lo único que podía frenar un exceso de demanda en la economía era y es la política fiscal, y si acaso la capacidad legislativa para realizar reformas estructurales y regular las ineficiencias competitivas de algunos sectores de nuestra economía. De otro lado, España necesitaba desinflar controladamente la burbuja inmobiliaria, y el creciente endeudamiento exterior, pero lamentablemente, ni el gobierno del PP ni el gobierno del PSOE hicieron nada en absoluto, muy al contrario, se dejaron llevar por el crecimiento ficticio del ciclo expansivo de la economía animado en buena medida por el sector de la construcción, y como sus ingresos crecían, cuando llegó el gobierno del PSOE al gobierno, decidieron añadir más presión si cabe a la economía, fundamentalmente a través del consumo corriente del sector público, es decir, más gasto público improductivo y más burocracia. La olla a presión en que se había convertido la economía española tarde o temprano estallaría sin remedio, como así fue.
El liberalismo en el punto central de la diana electoral
Los liberales hemos vivido con verdadero pavor durante estos últimos años cada una de las medidas económicas que se han ido implantando desde el gobierno socialista, porque los liberales sabíamos perfectamente hacia dónde nos conducían. Y aunque en su momento intentamos advertir que determinadas políticas, y la falta de toda previsión económica nos arrastrarían al abismo más profundo, nuestra débil voz a nivel político se veía diluida porque el liberalismo ciertamente no está debidamente representado en España, lo que nos impide trasladar adecuadamente nuestra alternativa liberal a los medios de comunicación. Todo ello se debe a la lamentable, entre otras cosas, desunión existente entre los liberales, pero también a los errores que cometieron los liberales clásicos en el pasado.
Tras el primer Congreso Liberal de Palma de Mallorca que protagonizamos tanto el PLIE como el pCUA, la unidad de los liberales de España está en marcha y creemos que es posible empezar a cambiar las cosas, a remozar el patio. Hemos pasado de ser algunos liberales aislados, a ser un grupo sólido y con un gran empuje. Los liberales tendremos mucho que decir en un futuro no muy lejano. Sin embargo, todo depende de lo que cada uno de nosotros aportemos en esta causa. Nuestra capacidad para transmitir el mensaje liberal es pequeña, y nuestros enemigos políticos muy grandes. No obstante, estoy convencido que la suma de todos nuestros esfuerzos empezará a dar sus frutos y llegaremos finalmente a ser, más temprano que tarde, no sólo una referencia para otras agrupaciones liberales de España, sino también una verdadera alternativa al bipartidismo existente.
El futuro del liberalismo en España pasa necesariamente por la unidad de los liberales, y no sólo me refiero a nosotros mismos, PLIE y pCUA, sino también a todas aquellas agrupaciones españolas que se dicen liberales, y a todas aquellas personas que nos han mostrado su simpatía y que están dispuestos a apoyar este proyecto. Los liberales podemos acabar con los problemas de España, sí, pero sólo si somos capaces de apartar nuestras lícitas ambiciones para salir victoriosos en esta nueva oportunidad que nos ofrece la historia. Debemos empezar por dar la batalla ideológica, convertirnos en los cruzados del liberalismo, enfrentarnos a la arbitrariedad intervencionista de la izquierda y, al dogmatismo intolerante del conservadurismo.
España está sumida en el desastre económico y político, y para llegar hasta aquí se han tenido que cometer muchos y grandes errores. Haciendo autocrítica, también considero que nosotros los liberales en España hemos tenido buena parte de culpa, porque no hemos sabido superar nuestras discrepancias, lo que nos ha llevado a tener una escasa representación política, contrariamente a lo que ocurre en los países de nuestro entorno europeo. Sin embargo, nosotros los nuevos liberales del siglo XXI, sabremos aprovechar esta segunda oportunidad que nos ofrece la historia. Lo que está sucediendo nos ha puesto en punto de la diana electoral y los ciudadanos sabrán apreciar lo que hacemos, siempre y cuando todos nosotros estemos dispuestos a constituir una renovada y verdadera alternativa liberal. No es la hora de protagonismos inútiles, es la hora de salir de nuestro caparazón, de nuestras pequeñas parcelas de influencia, con el fin de rehabilitar y reconstruir el nuevo liberalismo español.Probablemente nada de lo que hoy estamos sufriendo en España sucedería si hubiésemos hecho bien las cosas, porque nuestras propuestas liberales son las únicas que permitirán reconducir la situación, y esto lo saben bien tanto los conservadores como los socialistas, pero sobre todo lo saben los ciudadanos. Sólo nosotros, los liberales, somos capaces de entrar en la batalla ideológica y enfrentarnos a las políticas inconsistentes e inútiles del socialismo. El conservadurismo es incapaz de asumir dicho papel, porque no creen en la evolución de las personas, ni de las instituciones. Este es nuestro momento, y para hacerlo realidad hay que empezar por renovar el liberalismo español, sacudirse el conservadurismo, y así, como ocurre en el resto de Europa, convertirnos en la nueva y verdadera alternativa «liberal» para la sociedad.
¿Dónde radica el infortunio?
Rodríguez Zapatero se ha convertido en la personificación mesiánica de la ideología de socialista, así como de buena parte del pensamiento de izquierdas. Gracias a su «optimismo antropológico» ha logrado conectar fácilmente con los sentimientos de muchos españoles, fundamentalmente con los más inocentes y pacíficos ciudadanos, quizás también con los menos ilustrados y con los más ideologizados. Nuestro presidente, incluso antes de llegar a la Moncloa, iba por ahí con supuestas buenas intenciones para arreglar el mundo. La oposición no le tomaba en serio, hasta que fue ascendiendo en el partido socialista, un partido desorientado que buscaba urgentemente un líder carismático, pero a la vez, que tuviera la suficiente habilidad política como para poder desbancar a su adversario, Mariano Rajoy. Quizás por su la buena fortuna, el «bueno» de Rodríguez Zapatero acabó siendo elegido presidente. El mal cálculo político del líder del PP, José María Aznar, y la incursión del terrorismo, hizo el resto. Muchos de los votantes del PP no perdonan, ni perdonarán nunca los errores del PP, pues gracias a ello, el actual presidente, el desastroso José Luís Rodríguez Zapatero consiguió engatusar a la sociedad española y ganar las elecciones.
Pero, lo que nadie ni tan siquiera intuía, es que dentro de esa afable y bondadosa apariencia externa del líder socialista, habitaba un verdadero «lobo político». Un presidente que confeccionó su propio perfil del líder que los españoles querían en ese momento, y cuyos valores eran: el compromiso con la paz y la justicia social. Valores que son compartidos, dicho sea de paso, por muchos españoles. Rodríguez Zapatero, de espíritu aparentemente tolerante y pacífico de cara a la galería, en el fondo es justamente lo contrario: poco modesto y controlador, con ínfulas de superioridad, soberbia manifiesta e intolerancia contenida. Pero eso sí, un líder con las ideas muy claras, tan claras que empezaría por construir una fantástica fórmula de identificación identitaria: la alianza de civilizaciones, la doctrina feminista de la igualdad, la adhesión a la teoría del cambio climático, la utilización partidaria de la cultura y la ciencia, el adoctrinamiento educativo de nuestra juventud, el defensor de los valores republicanos de la guerra civil, entre otros.
Rodríguez Zapatero que se presentó como el pacificador de las civilizaciones, planifica conscientemente cómo transformar la sociedad española a través de un estudiado modelo ideológico; que pretende empezar por controlar todos los resortes del poder. Para ello, contempla la decisiva importancia que debían adquirir algunos de sus polémicos ministerios, como el de Educación, el de Cultura y el de Igualdad, y todo con el único fin de perfilar y perpetrar un cambio de modelo sociedad, por uno que permita al socialismo mantenerse en el poder «sine díe». No es casualidad, que en las actuales circunstancias económicas, lo único a lo que el presidente se resiste a renunciar, es precisamente a los ministerios de Cultura e Igualdad. Sin ellos Rodríguez Zapatero no tendría hoy la más mínima posibilidad para continuar con su aventura de control social, menos aún después de haber fracasado con su modelo ideológico en el ámbito de la economía, como era de esperar para todos los economistas más liberales.
La utilización partidaria del poder a través de los ministerios mencionados y algunos otros más, van de la mano de las cuantiosas y sustanciosas subvenciones que garantizan la extensión de su doctrina: la del nuevo socialismo. Ayudas a los cineastas para que cautiven a los incautos con sus proclamas; subvenciones al Instituto de la mujer, o las innumerables asociaciones feministas que han surgido y que consumen como rémoras el dinero público; subvenciones para los acólitos del cambio climático, que se lucran con el dinero público mediante ayudas a la investigación o a la implantación de las energías renovables, y sello garantía del compromiso del líder para con la preservación de la naturaleza; la extensión del adoctrinamiento para la juventud mediante la implantación de la asignatura de educación para la ciudadanía, y la recientemente aprobada Ley del aborto; las ayudas a la propagandística Ley de la memoria histórica; el dominio de la mayor parte de los medios de información, fundamentalmente televisivos, etc., etc., etc. La característica común de toda esta intervención del socialismo, es su utilidad, pues teóricamente sirve para garantizar la ramificación ideológica del modelo, con el único fin de conseguir éxito electoral y la perpetuación en el poder.
El comportamiento bondadoso y desprendido de Zapatero, no es más que una buena interpretación de un tipo de líder que busca llegar a la sociedad. El actor ha de mostrar su espíritu pacífico y afable, aparentemente preocupado por el bienestar general de su población, mediador en los conflictos, aquel en el que supuestamente el pueblo puede confiar. Esa era la imagen que Rodríguez Zapatero quería transmitir, pero además, el presidente se ha caracterizado por tener las ideas muy claras, tanto, como oscuras son sus intenciones. Y aunque ha sido muy positivo para el partido socialista durante los años de bonanza económica, ha sido finalmente profundamente nefasto para la mayoría de los españoles. A un líder así, con tan elevada inteligencia emocional que es capaz de hacer de sus errores virtud, no se le puede menospreciar y menos minusvalorar. Y es que en general, en estos últimos años el socialismo en España, ha conseguido con sus variopintas propuestas hacerse con el control político de la justicia, de los medios de información, de los sindicatos, de los cineastas, etc. Ha sido capaz, hasta hace muy poco, de comerle el terreno político a su principal adversario en la oposición, en unas ocasiones camelándoselos para que votaran conjuntamente sus leyes de control de la sociedad, en otras poniéndolos en apuros, entre la espada o la pared, como cuando el PP avaló la «discriminación positiva» en la Ley de Violencia de género. Sus propuestas y proclamas, excepto probablemente las económicas, llegan y vencen, y son capaces de anestesiar no sólo a la aturdida oposición, sino también a toda la población.
Capaz de moverle el suelo de sus valores e ideales al más pintado, hasta hacerle caer, como con la Ley de igualdad, o la de la economía sostenible; o haciendo ver al conjunto de la sociedad que no son ellos sino la oposición, la que se resiste a amparar políticas en beneficio de todos, con un único argumento: la oposición, y en especial el partido popular, es retrógrado y rancio. Rodríguez Zapatero y el partido socialista han sido capaces de inmovilizar a la oposición, atribuyéndoles determinadas conductas, y de generar contiendas absurdas con el fin de dividir y enfrentar a la población. Es la fuerza de la ideología psicopática de la izquierda personificada en su líder. Con esta ideología quienes no aceptan los cambios corren el riesgo de sucumbir, de ser marcados para siempre por la sociedad, por su nuevo orden social. Mientras tanto, la oposición no es capaz de darse cuenta que es necesario rebatir ideológicamente a su adversario con todos sus argumentos y, no solamente con los económicos. Lamentablemente son pocos los que pueden dar la talla, porque en el fondo el conservadurismo del PP carece de argumentos ideológicos, porque forman parte de la otra España, la de la derecha enconada con la izquierda.
El infortunio de España radica ni más ni menos en la polarización de las alternativas políticas, y el carácter de un país, que no arriesga buscando otras alternativas políticas. Hay una resistencia a dejar de votar doctrinalmente conservador o socialista. No obstante, en las actuales circunstancias surge la oportunidad de un cambio, sólo falta una verdadera propuesta de valor electoral con futuro, una alternativa que nos permita construir la tercera España, una España liberal. Es necesario saber luchar en la contienda no únicamente con argumentos estrictamente económicos, si fuera así, habría que esperar cada vez a que haya una «gran crisis» para conseguir una victoria electoral sobre el socialismo, aunque seguramente tampoco esto lo garantizaría un cambio de gobierno, pues los retrocesos democráticos que impone la izquierda cada vez que gobierna podrían hacer inviable el retorno a un régimen de libertades. Es más importante enfrentarse a la «batalla ideológica» hoy, y para ello hace falta verdaderos argumentos que nos respalden, y todo esto solamente es posible con un partido liberal, pues un partido mayoritariamente conservador buscará siempre mantener el estado de las cosas, apartándose de la evolución natural de la sociedad y de sus instituciones. También es preciso, en el ámbito personal, reiniciar nuestro complejo mecanismo mental y empezar por evitar el enconamiento permanente en el que nos ha sumido la izquierda para dividir a la población en dos bandos enfrentados. Esto es realmente lo que hace falta en España, eso y la unidad de los liberales para enfrentarse al conservadurismo y al socialismo y la izquierda mesiánica reinantes.
En Reino Unido los «Liberales Demócratas» representan el cambio, ¿y en España qué?
La campaña de las elecciones británicas llega a su recta final, antes del 6 de mayo fecha en que, sin embargo, existe un principal protagonista para una buena parte de británicos: se trata del candidato Liberal demócrata Nick Clegg. El carismático líder de los liberales representa la ilusión y el cambio, en un sistema electoral que prima el bipartidismo. Aunque Clegg pueda quedar relegado a un tercer lugar en número de escaños, el porcentaje de votos que puede alcanzar ya dice mucho de lo que un partido Liberal bien implantado puede conseguir. Los liberales podrían obtener el 31% de los votos arrebatando el protagonismo a los conservadores liderados por David Cameron, que temen el ascenso de los liberales, pues no les quedaría más remedio que formar Gobierno con ellos, lo que forzaría a aceptar la reforma del sistema electoral que proponen. Los conservadores alcanzarían el 32% de los votos.
Puede que el escándalo de los gastos innecesarios de los parlamentarios hayan pasado factura tanto a los conservadores como a los laboristas, y que el partido liberal al no haberse visto envuelto en estos casos, haya conseguido la atención del electorado y eso tal vez le haya ayudado a estar en la pensamiento de los electores, pero lo cierto es que, la mayor parte del desencanto hacia la clase política tradicional proviene precisamente de que los británicos están cansados de la «clase política tradicional». Los liberales quieren ganarse las simpatías de una parte de quienes votan al laborismo e intentan convencer a sus votantes para que ejerzan el voto estratégico y así derrotar al candidato conservador. No obstante, el líder laborista Gordon Brown, más próximo a las ideas socialdemócratas e interventoras, ha empezado a criticar duramente la política fiscal liberal, así como su política migratoria, y empieza a recurrir también a los ataques personales contra Clegg. Ante la evidente derrota Brown quiere arrancar algún puñado de votos a los liberales, y así menguar sus esperanzas de formar gobierno.
El juego sucio de Brown se asemeja cada vez más a las políticas del miedo que emplea tradicionalmente la izquierda española. No obstante, como ocurre en una mayoría de países europeos gobernados por la izquierda, los laboristas en Reino Unido son señalados como los grandes culpables de la prolongación de la crisis económica. Los liberales demócratas, sin embargo, han pasado a convertirse en la esperanza del cambio. Con un discurso mucho más realista, han elaborado un programa económico mucho más minucioso incluso que el propuesto por los propios conservadores, aunque ambos sean partidarios de recortar los presupuestos. En su programa electoral, los liberales explican la situación real de la economía que heredaría el próximo gobierno en materia fiscal, con unos ingresos públicos que han disminuido por la recesión que experimenta la economía británica del 6% en los últimos 12 meses, y un aumento del gasto público que representa el 60,2% del PIB. Hace tan sólo dos años era del 35%.
Y es que Reino Unido no escapa, como ocurre en España al problema del excesivo déficit público, que ya equivale al 11,8% del PIB, y el paro que alcanza el 8% con 2,5 millones de trabajadores, eso sí, aún muy lejos de ese 20,05% alcanzado en España. Para los británicos, sin embargo, estas cifras son una tragedia, de allí que la propuesta de los liberales les haya llevado al centro de la escenario. Los liberales no dejan títere sin cabeza y hablan también de reformas del sistema bancario que, ni los conservadores, ni los laboristas han siquiera considerado. El discurso conservador consiste en recortar subsidios del desempleo y en premiar el trabajo, aunque no suelen entrar en el fondo de la cuestión, lo que puede ser interpretado como que trasladan la solución del problema del empleo fundamentalmente al trabajador, como si los parados desearan estar desempleados porque les resultara rentable gracias al sistema de subvenciones.
Igual que ocurre en España, donde resulta penoso observar que la clase política sigue a lo suyo, dedicándose a cuestiones baladíes que no interesan a la mayoría de los ciudadanos, despilfarrando el dinero público mientras dure, y en algunos casos enriqueciéndose ilegalmente a costa de los sufridos contribuyentes, mientras se hace muy poco por evitar el desastre económico en el que la economía está cayendo. Allí, en Reino Unido también el electorado está desencantado con los partidos políticos tradicionales, con la diferencia de que allí los casos de corrupción no son nada, ni tan descarados, comparándolos con lo que sucede en España. Los electores británicos han visto en la alternativa liberal la oportunidad para cambiar las cosas, y los principales diarios lo saben. Algunos de estos diarios apuestan por favorecer una alianza entre conservadores y liberales, mientras otros, los menos, por una alianza entre laboristas y liberales.
Aunque aún nada está dicho, el problema fundamentalmente para los laboristas está en que no han sido capaces de trasladar a la opinión pública una política económica creíble, ni de explicar cómo pretenden reformar el sistema fiscal sin que el peso de la reforma recaiga como siempre sobre los más débiles. El electorado en general necesita recuperar la esperanza y la credibilidad en su clase política, que les permita al mismo tiempo salir de la crisis. El último trimestre su economía creció sólo un 0,4%. Por eso las esperanzas se han depositado en buena medida en el partido liberal demócrata, por eso, y porque Clegg es el símbolo del cambio, un cambio que también incluye una reforma electoral del sistema, un cambio que recoge una posición más europeísta y más tolerante con la inmigración, de la que el 80% proviene de Europa. Gordon Brown y David Cameron criticaron duramente la propuesta liberal de regularizar a los ilegales que llevan años en el país. Casualidades de la vida, se da el caso que el propio Nick Clegg está casado con una española de Valladolid, que podría convertirse, «todo es posible», en la primera dama británica.
Como hemos mencionado, la situación electoral británica puede parecerse en algunos aspectos a la española: desencanto político debido al mal uso del dinero público, crisis económica por la falta de políticas económicas eficaces, desempleo, inmigración, etc. Y quizás nos pueda dar una idea de por dónde irían las cosas de tener en España un partido liberal. Aunque no es del todo comparable, porque en España tenemos un problema añadido e igualmente importante que no se nos puede olvidar, y que tiene que ver con el modelo de Estado que estamos construyendo y el desarrollo desigual de nuestras Autonomías. Y es que en España tenemos un serio problema de identidad nacional que no se da ni por asomo con la misma magnitud en el Reino Unido. En España algunas comunidades autónomas no se sientan identificadas dentro del marco de desarrollo Constitucional de 1978, y eso imposibilita entre otras cosas, la aplicación incluso de medidas económicas coherentes para todo el país y que las reformas necesarias de austeridad puedan tener éxito.
Igualmente, y sin ir más lejos, en España las Autonomías van desarrollando sus propias normativas que en ocasiones favorecen la desintegración del mercado común, lo que hace aún más difícil mejorar la competitividad de nuestra economía que es lo que finalmente crea crecimiento y empleo.
Las Administraciones Públicas de las distintas Autonomías también son responsables de la actual crisis fiscal, pues han hecho oídos sordos a la austeridad en un momento de urgente necesidad. No se entiende, por ejemplo, que mientras la Administración Central redujo en 23.800 personas el número de empleados públicos, las comunidades autónomas hayan incrementado sus empleados en más de 80.000 personas, según datos de este último año desde el primer trimestre de 2009 al del 2010. El problema es de difícil solución, lamentablemente, y el bipartidismo que divide las «dos Españas» se ha mostrado incapaz hasta hoy de reformar el modelo de Estado, por ello haría falta no sólo un partido liberal, sino también una reforma electoral.
Si algún día llegara a plantearse una alternativa liberal real, como muchos de nosotros quisiéramos, y como ocurre en Reino Unido, probablemente muchos españoles podrían empezar a pensar en que otra España es posible, pero, de momento, para que eso llegue será necesario primero conseguir la «unidad del liberalismo». Lamentablemente, las distintas opciones liberales se encuentran hoy más que nunca dispersas en pequeños partidos, o bien sufriendo la desnaturalización dentro del partido popular. El «Proyecto Liberal español» nace con la pretensión de conseguir la verdadera unidad de los liberales; no obstante, para que esta alternativa prospere, hace falta un elevado grado de generosidad por parte de los distintos partidos liberales, además de personas con sólidos principios liberales y no simplemente oportunistas. Sólo así se podrá conseguir en el futuro una buena representación liberal en España, y que la situación económica y social actual de un vuelco a favor de todos los españoles.
Entre la insensatez y la desfachatez
Qué ágil estuvo nuestro presidente, que fue uno de los primeros en anunciar que España saldría al rescate de Grecia. Lástima que los 3.673 millones, el 12,24% del total que se tiene previsto ofrecer pueda empeorar las necesidades de liquidez de nuestra economía. Lo que no sabe nuestro astuto presidente es que la generosa e imprudente oferta es altamente contraproducente en la actual situación de nuestra economía. Como si ya no fuera suficiente el irresponsable drenaje de deuda pública que el gobierno socialista está perpetrando, para terminar de estrangular la liquidez de nuestra economía y de todo nuestro sistema financiero. ¿Cómo piensa conseguir el Gobierno español este dinero en caso de que Grecia lo reclame?, ¿quizás con más deuda pública que a la larga significará que tengamos que pagar más impuestos?, o tal vez directamente con más impuestos. Por supuesto, todo ello sin contar que, de ejecutarse, España no podrá reducir su déficit al 3% en 2013. Bueno, en realidad es un objetivo casi imposible, incluso si Grecia no necesita finalmente el dinero del rescate.
Menos mal que desde Bruselas los responsables de los asuntos económicos y monetarios, ya han llamado al orden a los países con déficit, pues éstos, los nostálgicos de la izquierda interventora, lo habían convertido en una banal excusa para que pudieran seguir ganando terreno a su favor. Ya era hora, porque no sólo hay que evitar a toda costa la crisis financiera, sino también la «crisis fiscal». Crisis que actualmente sufre no sólo Grecia, también España gracias a nuestro Gobierno socialista. Hay que tomar cartas en el asunto, claro que sí, porque una Unión Europea que no tenga el control de toda la política económica, incluyendo la política fiscal, es un barco a la deriva. Bruselas está en la obligación de fiscalizar cualquier exceso de gasto en los presupuestos públicos de los diferentes países, si lo que se quiere es que sigamos creyendo en Europa y que el Euro subsista. La ortodoxia económica debe de prevalecer para evitar el intento de vigilancia del Gobierno de España y de algunos otros países. Si queremos un futuro para Europa debemos tener una política fiscal coordinada y única. Y por ello las medidas de política fiscal, y no únicamente las monetarias, deben estar bajo el control estricto de Bruselas. Esa es nuestra única garantía para evitar hoy la sangría económica en las que estamos inmersos, garantizar el progreso y poder avanzar con Europa. Ya veremos; sin embargo, cuál es la reacción de nuestro Gobierno en el Parlamento Europeo, y en qué queda la propuesta de Bruselas para reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Y es que todos hemos presenciado que el gasto público se ha destinado a obras innecesarias e insostenibles, subvenciones a sectores improductivos, o lo que es peor aún, para justificar posicionamientos ideológicos promovidos fundamentalmente por ministerios dedicados al culto a la ignorancia y/o al ignorante. Toda una serie de supuestas «ideas geniales» que no son otra cosa que la apoteosis misma del despilfarro del dinero ajeno. Ideas estúpidas las ha habido en España y, en una abundancia tal, que son para ilustrar cualquier manual de lo que no se debe hacer si no se quiere correr el riesgo de destruir cada uno de los pilares de la economía.
La insistencia de políticas despilfarradoras nos está llevando rápidamente a desaparecer del escenario económico mundial. De una economía considerada entre las ocho más importantes del mundo hacia una economía en decadencia, que es sobrepasada en términos de producción, por Rusia, Brasil, y también por Italia. Y todo como consecuencia de la dilapidación del dinero público y las insensatas políticas fiscales aplicadas por el ejecutivo, con el único fin ideológico: generar una sociedad cautiva. Ya lo dijo nuestro presidente Rodríguez Zapatero, él quiere ser recordado como el único presidente que se mantuvo fiel a sus principios, es decir, ideológicamente incólume. Lo que aún no parece entender el presidente, es que la política de intervención socialista es totalmente incompatible con los buenos resultados económicos, y en vez de garantizar que España se mantenga, como él desea, en la primera división de los países desarrollados, de seguir empeñándose tozudamente con sus políticas lo único que conseguirá es más empobrecimiento y el descrédito de nuestro país en el ámbito mundial.
Desde luego, con cursillos feministas para que nuestras hijas descubran las bondades de sus genitales no vamos a salir de la crisis, tampoco vamos a salir de la crisis con vallas publicitarias que valen más que las propias obras, o creando empresas públicas ineficientes y deficitarias, ni por supuesto garantizando el derroche autonómico. Y es que, no todo es culpa del Gobierno de la nación, en nuestras comunidades y ayuntamientos también existen pequeños tiranos del gasto. Aquellos que son capaces de despilfarrar el dinero ajeno y de gestionar no buscando precisamente la eficiencia económica, sino más bien, su propio beneficio o el de su grupo político, de multiplicar el tamaño de la administración y sus instituciones. Uno de los muchos ejemplos del despilfarro lo tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, con su carísimo tranvía, con sus exposiciones, sus juegos de invierno y demás paparruchadas, aprovechándose de la ilusión de ciudadanos incautos, a quienes venden una serie de eventos, trabajándose al personal psicológicamente al sentimiento, a la vez que se pide barra libre para no dar cuentas de nada a nadie, pero eso sí, todo siempre con el dinero de nuestros impuestos.
Como si abriendo zanjas por las mañanas y cubriéndolas por la noche fuera suficiente para resolver los graves problemas de nuestra economía. Si fuera así, la situación económica ya se habría resuelto hace muchísimo tiempo. Aún tengo la esperanza que con todo lo que hemos vivido tras la obsoleta aplicación de las políticas keynesianas, al menos haya quedado bastante claro a una buena mayoría, lo poco que funcionan algunas medidas interventoras socialistas, al menos como para no volver a tropezar en la misma piedra. Aunque ya se sabe, hay quienes se empecinan justificar la economía socialista, aunque siempre acabe en el «despilfarro y la ineficacia». Los hay además, quienes a sabiendas, les viene de perlas este tipo de argumentos del keynesianismo, pues así continúa la fiesta, «se funden todo y se enriquecen», mientras «otros lo pasan mal y se empobrecen».
En otros casos, la desfachatez de algunos políticos no tiene límites, como en el caso de la alcaldesa de La Muela en Zaragoza, que incluso estando imputada por presunta comisión de once delitos económicos tiene la cara dura de presentarse para seguir rigiendo la alcaldía, como si aquí no hubiera pasado nada. Mientras el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR) consiente y esconde la cabeza, inhibiéndose de solicitar la disolución de la corporación municipal al Consejo de Ministros. Un Gobierno de Aragón que intuimos tiene mucho que decir a este respecto y en muchos otras cosas también. Un Gobierno autonómico que no actúa con transparencia, que no da cuentas de la situación de sus empresas públicas que ha creado a mansalva. Lo extraño de todo esto, que se repite en muchas Comunidades Autónomas, es que durante todos estos años nadie haya hecho nada para evitarlo. ¿Cómo es posible que campe la impunidad?
De momento hay quien no se quiere dar por enterado, aún no le es suficiente, no es suficiente con el sufrimiento de las familias, e insisten y reclaman más derroche nacional y autonómico. Las consecuencias de tanto despilfarro es más que evidente: «más desempleo y más crisis». El punto de no retorno para nuestra economía ya tiene nombre: «la burbuja de la deuda». O lo que es lo mismo, la burbuja del despilfarro y la ineficiencia públicas, que ha conseguido convertir la «crisis financiera» en una «crisis fiscal» en la que estamos inmersos con el crecimiento del gasto público, y de la que será muy difícil salir si seguimos empecinándonos en el mal camino de la política económica emprendida por nuestros Gobiernos nacional y autonómicos. De continuar negando la evidencia, cada vez será mayor el sacrificio y mayor el empobrecimiento de las familias españolas. Lo peor de todo este asunto es que nuestros gobiernos son así porque se lo permitimos, y porque buena parte de los españoles se toman las cosas con bastante indiferencia, quizás con aquella indiferencia del que se sabe protegido.
El problema de fondo de nuestra economía también está en nuestro propio modo de pensar y actuar, pasando de todo, y eso es aún más difícil de cambiar. Mientras nadie asuma su responsabilidad, mientras queden cargos públicos corruptos y con tan poca vergüenza que no estén dispuestos a asumir sus propias responsabilidades, mientras queden partidos políticos que no sean capaces de limpiar y desinfectar sus propias cloacas, mientras existan ciudadanos que exculpen a sus representantes para culpar a los contrarios, mientras ya no quede gente con principios, y con valores éticos sólidos, mientras no queden intelectuales capaces de salir a la palestra, de personas dispuestas a defender el futuro de sus hijos, nada podremos hacer para poner freno a esta barbarie de corrupción, ni al despilfarro público, ni a la ineficiencia de nuestras administraciones, ni a la incompetencia de nuestros políticos. Para atribuir responsabilidades previamente hay que reconocer lo poco que hacemos por cambiar la realidad, hay que hacer análisis crítico, y hay que tener un criterio propio. Luego, todos tenemos una pequeña parcela de influencia en las urnas que deberíamos utilizar, pues aunque mínima, si la consideramos para el conjunto de ciudadanos ésta es verdaderamente muy poderosa, capaz de darle un vuelco a la situación actual. Si no lo hacemos por nosotros mismos, al menos intentémoslo por nuestros hijos.
La ineficiencia de la Administración Sanitaria
Si algo nos dice nuestra experiencia en economía es que el gasto público en España ha sido todo menos eficiente. Con un crecimiento muy por encima de nuestras rentas, el gasto público no ha sido la panacea para resolver los males de nuestra economía, muy al contrario, ha servido solo para empeorarlos. Es en plena crisis es donde se hace más evidente lo poco que aporta a nuestras cifras macroeconómicas una economía basada fundamentalmente en la actividad pública. El mayor gasto ha traído más problemas añadidos si cabe a nuestra economía. Hablamos de reducción de la inversión, expedientes de regulación de empleo, morosidad, cierres de empresas, etc. Pero hay un asunto que merece también nuestra atención: los problemas de la eficiencia sanitaria.
Incluso antes de que sucediera la crisis, el crecimiento continuado del gasto público no había destacado precisamente por aportar grandes cifras al crecimiento de la economía, de hecho está demostrado que nunca una economía con mayor participación pública ha logrado grandes éxitos. Así, el esfuerzo monetario realizado no compensa, pues es posible conseguir más del sector privado de la economía. Lo que sí ha quedado demostrado en el transcurso de la historia, es que una mayor intervención pública en la economía no solo no es una garantía de éxitos económicos, sino que acaba siempre por imponer un tipo de sociedad cada vez menos libre, una sociedad cada vez más cautiva del poder político, y que vive cada vez más pendiente de las subvenciones y del empleo público. El gasto público y las ineficiencias que genera en la economía son asuntos muy conocidos y estudiados por todos los economistas liberales. En España estas ineficiencias del sector público se han ido acumulando con cada vuelta de tuerca de la aplicación de la política económica socialista, pero también con la degradación moral y la escala de valores y principios democráticos de nuestra sociedad.
De todo esto saben mucho los estadounidenses, donde la mayor parte de su población se resiste a elegir una alternativa distinta para la sanidad, encontrándose dividida sobre las ventajas o desventajas de la reforma sanitaria, y aunque la ley ha sido aprobada por el Congreso estadounidense con un resultado muy ajustado (219 votos a favor, pero con 212 en contra), las suspicacias del pueblo americano les llevan a pensar que está en juego algo más importante: su «libertad de elegir». Algo de lo que parece ser no están dispuestos a renunciar, ni tan siquiera para garantizar su derecho a una sanidad universal. Para quienes aún no lo sepan, en EEUU no existe una sanidad pública generalizada y gratuita, como la que conocemos en España, salvo para las personas mayores de 65 años o aquellos que no tienen recursos económicos. Finalmente los congresistas estadounidenses han tenido que suavizar la ley y hacerla menos ambiciosa de lo tenían previsto, con el fin de lograr los apoyos necesarios para su aprobación parlamentaria. Los republicanos lo tienen claro y no dan la batalla por perdida frente a los demócratas, como señalaba Ted Poe, congresista republicano: «Tenemos que elegir entre la libertad del individuo para elegir su propia sanidad o entre la tiranía del Gobierno», o las palabras del representante republicano de Winsconsin, Paul Ryan, para quien «Esta ley es antidemocrática, un Frankenstein legislativo que quita el poder de decidir sobre su salud a los pacientes y sus doctores y se lo da a los tecnócratas del Estado». Está claro que a lo que realmente temen los estadounidenses es a la posibilidad de ceder a favor del Estado parte de sus libertades. Quizás esto no se entienda ni en España ni en Europa, pero en EEUU, las libertades individuales son la esencia misma de su democracia. Ni tan siquiera el que la ley pueda o no traerles mayores impuestos es tan importante como la propia libertad, porque todo se reduce a los valores democráticos de una sociedad verdaderamente libre.
Pero, ¿cómo están las cosas por casa? Veamos, según datos publicados por el diario El País, la sanidad pública española tiene pendientes de pago 3.000 millones de euros en material y 2.700 millones en fármacos. Ante la imposibilidad de hacer frente a estos gastos la sanidad pública está retrasando el pago a sus proveedores, llegando a los dos años en algunas Comunidades Autónomas. En España el gasto sanitario se ha disparado, como el resto del gasto público, ha crecido de forma tan desmedida y ha habido tanto despilfarro, que ahora no hay para lo que realmente importa: «la atención sanitaria»; no quedando más remedio que recortar gastos. Si los estadounidenses conocieran lo que es verdaderamente un sistema de salud público como el español, seguramente tendrían aún más argumentos para pensar que este sistema no es el que precisamente más les conviene, a pesar de los defectos que pudiera tener su propia sanidad en EEUU.
El problema es que las Comunidades Autónomas son incapaces de hacer frente a más del 40% de las facturas sanitarias, y aquellos que lo han originado pretenden ahora resolver el problema financiero que han creado en la sanidad pública obligando a los ciudadanos a asumir una parte adicional del gasto por visita a los servicios sanitarios. Un equipo económico dirigido por Elena Salgado prepara una gran reforma de la sanidad para 2011. Lo que persigue es reducir las visitas de los enfermos a los médicos, a través del «pago por visita», conocido también como «copago». Los partidarios del copago argumentan, por ejemplo, que en Suecia la implantación del pago adicional de 16 euros por visitas a urgencias hicieron que estas disminuyeran un 64%. La aplicación de este sobrecoste para los pacientes, según nos dicen, no originó un aumento de la tasa de mortalidad, faltaba más. Sin embargo, nada se dice sobre el agravamiento de ciertas patologías, ni sobre sus repercusiones sobre la calidad de vida o sobre las repercusiones sobre la economía. Sólo se miden contablemente las ventajas de reducir los costes a corto plazo, nada se dice sobre la repercusión en el gasto a largo plazo, que también podría ser contraproducente, ya que resulta mucho más caro resolver los problemas de salud, cuando los pacientes al no ser atendidos en el momento oportuno y de la forma adecuada, sus problemas de salud se hayan agravado. Además, el sistema se puede mostrar sobretodo nefasto para aquellas personas con escasos recursos, que son los que realmente sufrirían las consecuencias de este tipo de política sanitaria.
Lo que no se puede, es aplicar una medida de contención del gasto sanitario sólo teniendo en cuenta los costes a muy corto plazo, pues una inadecuada atención sanitaria podría suponer además para la economía, la pérdida temporal o permanente de parte de sus recursos humanos que en el mejor de los casos dejarían de utilizarse eficientemente, debido a bajas médicas más largas y permanentes, y/o, a la disminución de su productividad. Y todo ello sabiendo que en España pagamos entre toda la población trabajadora más del 21% del gasto sanitario, mientras que en otros países como Francia, por ejemplo, aunque tienen un pago adicional por paciente para las consultas en atención primaria y especializada, tan sólo asumen los trabajadores directamente el 7% del total del gasto sanitario, independientemente de su utilización. Por este motivo, la solución para reducir el gasto sanitario no puede consistir en que los enfermos paguen por ser atendidos, porque ya lo hacen, y con creces.
La solución al problema del elevado gasto sanitario consiste en optimizar la utilización de sus recursos, como personal, medios de diagnóstico, inversiones en infraestructuras y equipos, etc., y mejorar la eficiencia, reduciendo el gasto farmacéutico que es controlado por las empresas farmacéuticas, utilizando medicinas genéricas y que las recetar los facultativos médicos, organizando mejor la estructura administrativa, reduciendo la burocracia, etc. Por todos es sabido que en la sanidad también se conceden muchos privilegios, y que además, la dotación monetaria para cubrir los gastos en sanidad no es equitativa en toda la geografía nacional, pues varía según las Comunidades Autónomas. Recursos que muchas veces son empleados para pagar sobreprecios a proveedores que luego venden esos mismos servicios en otras Comunidades a precios ridículos. Una clara política de dumping económico con el fin de favorecer ciertos intereses o, con la intención de permitir que algunas empresas se hagan con el mercado local, gracias a que sus ingresos se encuentran amparados con dinero público, porque obtienen un precio más alto por sus servicios en la Comunidad de origen, vulnerando además claramente la Ley de la Competencia.
La reacción de numerosos aragoneses y españoles ante la mala atención, debido al tiempo que los facultativos pueden dedicar a sus pacientes en las consultas, y las largas listas de espera para poder visitar al especialista, y peor aún, para realizarse alguna intervención, les ha llevado a optar por pagar un seguro médico alternativo, o bien acuden directamente de modo privado a las consultas médicas, sencillamente porque nuestro sistema público, a pesar de las inversiones realizadas, no ha conseguido mejorar substancialmente la calidad del servicio. Al respecto, hay estudios sobre distintas alternativas que contribuirían a reducir ese ineficaz gasto sanitario y que además contribuirían a reducir también las listas de espera. Una de estas soluciones consistiría en desviar en el corto plazo parte de la atención pública sanitaria a instituciones privadas, sin que además ello signifique un sobrecoste para los contribuyentes ni para los pacientes, además de contribuir a resolver buena parte de los problemas urgentes de salud de nuestra población. Es curioso que a pesar de ello haya quienes se empecinen en querer reformar la sanidad, obligando a la mayoría a los pacientes a realizar un esfuerzo adicional de pago. Mucha gente fundamentalmente de izquierdas, cuando oyen hablar de desviar pacientes al sistema sanitario privado, pegan el grito en el cielo, curioso, porque muchos ellos funcionarios disfrutan de un sistema sanitario «sin esperas», y se encuentran muy contentos con un sistema que les permite «elegir» cada año la compañía sanitaria privada o pública que quieran, entre las distintas ofertas existentes, asistir a los médicos especialistas que deseen.
Está claro que lo realmente importante que habría que plantearse hoy, la verdadera prioridad en España respecto al gasto sanitario, es que este sea lo suficientemente eficiente como para poder solucionar los problemas de salud de la población, y si para ello hay que contar con la colaboración de la sanidad privada, bienvenida sea. Y añadido a todo esto, si el sistema sanitario es ineficiente será porque nuestros políticos y quienes lo gestionan no han sabido resolver el problema, y son a ellos a quienes habría que pedir responsabilidades, porque entre otras cosas, no han sabido acabar con los privilegios de algunas empresas proveedoras que hacen que el gasto sanitario se haya disparado, y porque no han sabido gestionar adecuadamente los recursos, y para ello también hay soluciones eficientes: las urnas. Tenemos unos recursos monetarios escasos y hay que optimizarlos, más aún en este momento de aguda crisis.
La catastrófica influencia ideológica
Dicen que los economistas estamos acostumbrados a mirar al pasado para intentar explicar el comportamiento de la economía. Efectivamente, los economistas utilizamos los sucesos que ocurren en el pasado para desarrollar teorías que sirvan para analizar el presente y realizar predicciones en el futuro. Naturalmente de los hechos pasados aprendemos mucho y es sumamente importante hacerlo así. No obstante, muchas veces damos por válidas algunas viejas teorías que quizás no debiéramos, o bien actuamos con prejuicios aceptando las mismas, y muchas veces a pesar de que nuestras teorías pueden ser un lastre que nos lleven a tomar decisiones equivocadas. Naturalmente existen otros argumentos bastante importantes que nos conducen a tomar decisiones equivocadas y que tienen que ver con la propia influencia que ejerce nuestra ideología para aceptar determinados modelos, porque probablemente no estamos dispuestos a dejar a un lado buena parte de nuestras ideas preconcebidas.
En muchas otras ocasiones, las teorías económicas de los economistas son utilizadas como excusa, o como armadura intelectual e ideológica para poder influir en la sociedad, tal es el caso de la teoría keynesiana que ha sido asumida de buen grado por buena parte de los ideólogos de la izquierda, o la teoría neoclásica con la que también se han desarrollado teorías igualmente incoherentes y donde todo responde a un ajuste de equilibrio perfecto pero irreal de los mercados. Ambos desarrollos han resultado nefastos para resolver la crisis actual y los resultados saltan a la vista, de hecho lo estamos padeciendo todos por partida doble. Por este motivo, muchas de las manifestaciones públicas de «destacados economistas» son más bien declaraciones políticas e ideológicas y por tanto interesadas, por no decir inconsistentes.
Lo que no entienden probablemente algunos políticos y probablemente tampoco muchos economistas, es que hemos creado dos superestructuras teóricas superficiales e inútiles para resolver nuestros problemas económicos, y que solo son utilizadas hábilmente para defender las posiciones ideológicas contrapuestas. Desde mi punto de vista probablemente tengan más utilidad para un político que quiera hacer frente a su adversario ideológico, pero para poco más. Particularmente soy de la opinión de que los economistas deberíamos hacer «borrón y cuenta nueva» con nuestras teorías y desechar aquellas que se han mostrado ineficientes. Ni se puede pensar que los mercados siempre están en equilibrio, ni por supuesto que su alternativa sea simplemente el control de los mismos. Por supuesto las teorías intermedias que buscan utilizar lo mejor de ambas posiciones, por ejemplo la neokeynesiana tampoco me acaban de convencer. Desde mi punto de vista hace falta un cambio en el desarrollo de la teoría económica actual.
Hasta hoy, que yo sepa, los economistas han fallado a la hora de analizar seriamente cuáles pueden ser las causas de la anunciada decadencia de nuestra economía y la de muchos países occidentales, aunque hayan acertado en relación con la crisis que se estaba engendrando, fundamentalmente por parte de los economistas de la escuela austriaca. Y en lo que respecta a los responsables políticos aún peor, unos han achacado la crisis exclusivamente a las políticas económicas llevadas a cabo por los gobiernos, otros al capitalismo y la especulación sobre los mercados. Lo cierto es que la quiebra del sistema financiero no es debido exclusivamente ni a uno ni a otro argumento, sino a una suma de circunstancias. O los responsables en su mayoría carecen de una visión real del asunto, o esconden, cuando no manipulan aquello que no desean dar a conocer con fines políticos.
Para quienes están ajenos a la ciencia económica advertirles que los economistas nos equivocamos al hacer predicciones porque muchas veces no consideramos todos los comportamientos inconexos de los mercados, porque son las decisiones imprevisibles de cientos de miles, sino millones de personas y empresas que muchas veces se ven influenciadas por las declaraciones de expertos e incluso de los propios líderes políticos, aunque también por otras causas más profundas y que tienen que ver fundamentalmente con la intervención de la política monetaria y no únicamente la política fiscal, pero que no forman parte de este artículo. Lo que tiene que entender el público es que en ocasiones los mercados reaccionan de manera distinta a la prevista, a veces con una fuerza inusitada porque hay distintas variables que en un momento inesperado adquieren suficiente relevancia, o bien, porque no han sido tenidas en cuenta realmente. Una intervención pública equivocada también puede ser el origen de cambios profundos en la economía.
Un científico puede y debe aislar las condiciones que afectan a un fenómeno para poder predecir correctamente un comportamiento, pero por extraño que parezca, los economistas no estamos ajenos a determinadas influencias externas, entre ellas hoy más que nunca la ideológica, lo que lleva a algunos responsables económicos a multiplicar sus errores y a convertirlos en unos pésimos gestores de la crisis. Y si nosotros los economistas, aun conociendo bastante mejor el comportamiento de los mercados claramente no hemos hecho lo suficiente para advertir que este camino nos conducía a la debacle, por una razón u otra, imagínense ustedes a alguien que desconozca por completo cómo es el comportamiento de los mercados y de la economía y que su idea de sociedad se basa única y exclusivamente en argumentos puramente ideológicos creyendo además tener el suficiente conocimiento para controlarlo todo, como si su actuación no fuera a tener la más mínima consecuencia sobre la economía y los mercados, como si pudiera controlar cada uno de nuestros comportamientos como consumidores o como empresarios. Parece, que en algunos casos algunos no han aprendido nada de la historia, y de los numerosos intentos fracasados por controlar el sistema de precios o también llamado de mercado, por qué iba a ser hoy de distinta manera.
Si hay algo que un economista sabe es que la reacción de los mercados es, por lo general, en exceso. Es decir, un comportamiento que la mayoría de las veces es histérico y busca anticiparse a las expectativas que determinadas informaciones generan. Por eso, no solo las cifras económicas, sino también la información política sobre la economía que algunos líderes políticos transmiten es sumamente importante, pues de ella dependen las reacciones del mercado, compuestos por personas y empresas reales dispuestas a mejorar su satisfacción y a conseguir mayores beneficios. Aunque por lo general, tarde o temprano estas reacciones en exceso de los mercados suelen suavizarse y seguir un cauce más racional. La respuesta de los mercados y sus reacciones excesivas también son debidas a manifestaciones incoherentes que lanzan algunos dirigentes en distintas direcciones, sobretodo cuando multiplican sus barbaridades o cuando abundan en optimismo o pesimismo con la mayor alegría, o con la escasa sensatez. En algunos casos son también el pecado de algunos economistas influyentes, que adolecen, por tratarse de seres humanos e imperfectos, de los mismos defectos que el resto de seres humanos, anteponiendo muchas veces sus propias ambiciones personales al beneficio de la sociedad.
Nuestros representantes políticos deben saber igualmente cuáles pueden ser los efectos de sus propias declaraciones. Cuando un Presidente de Gobierno arremete en sus críticas contra los especuladores diciendo: «no deja de ser una paradoja que, como consecuencia de hacer un gasto público fuerte, ahora los mercados a los que acudimos a salvar sean exigentes y nos examinen e intenten poner dificultades», hay que decirle que un Presidente representa a toda la sociedad y que no puede anteponer su ideología al bienestar de todos los ciudadanos; porque, aunque quizás no se haya enterado o no se quiera enterar, afortunadamente hoy vivimos en una sociedad de mercado, y que salvo que el tenga en mente otros planes para nosotros, tal vez un tipo de sociedad distinta, una sociedad intervenida, de momento la sociedad española tiene otros planes: seguir viviendo en una economía de mercado y de la información. Esperemos que a tenor de las experiencias de otros países, los españoles hayamos tomado consciencia de que el tipo de sociedad intervenida que pregona nuestro Presidente en casi todas sus declaraciones ideológicas, no es precisamente la que más nos conviene a todos.
Mientras tanto nosotros seguiremos buscando nuestro mayor bienestar, a pesar de las nefastas declaraciones que perturban los mercados, a pesar de su intención de algunos por satanizar al mercado, es decir, a todos nosotros sus conciudadanos, porque el mercado en definitiva somos todos los españoles que hemos luchado por vivir en un país libre y moderno con una economía de mercado floreciente. Por otra parte, los economistas pensamos que no se puede satanizar al mercado y a quienes participamos en el llamándonos especuladores. Quizás no sepa el señor Presidente que: «todos somos especuladores». Saben ustedes por qué, porque aunque con alguna que otra restricción amamos la libertad, porque al menos de momento podemos decidir libremente; elegir qué hacer con nuestro dinero, si invertirlo en vivienda, comprar fondos de inversión, hacernos un plan de pensiones, o gastarnos el dinero hoy; porque todos especulamos al perseguir la mayor rentabilidad que nos permita mejorar nuestro bienestar; porque todos especulamos al buscar unos mejores salarios y un mejor empleo; porque todos buscamos mejorar nuestro nivel de vida y el de nuestros hijos, qué le vamos a hacer, ¿no es esto suficiente señor Presidente?
Se consuma la traición del PSOE y CHA contra Aragón
La historia y los electores tendrán que juzgar una de las mayores traiciones que pudiera recibir Aragón. Sus señorías, los señores y señoras diputados de las Cortes Aragonesas, tanto del partido Socialista como de Chunta aragonesista, son los únicos responsables a título individual por haber aprobado finalmente una Ley de Lenguas como la actual, que incluye al catalán como lengua «propia e histórica» de nuestra Comunidad Autónoma. La afrenta hacia Aragón sólo puede ser entendida desde la ignorancia más absoluta, o desde la entrega propia de un traidor.
El querer equiparar hoy lo que es el catalán normalizado por el ingeniero catalán, Pompeu Fabra i Poch, a principios del siglo XX, considerando básicamente el dialecto Barceloní para elaborar la gramática de la lengua catalana; con todas aquellas modalidades lingüísticas que forman parte de nuestra riqueza cultural aragonesa desde la edad media hasta nuestros días, y que lamentablemente se perderán para siempre, debido a la normalización que esta Ley de Lenguas impondrá, constituye un verdadero latrocinio. Pero, la pérdida de nuestro acervo cultural aragonés no es lo único a lo que tendremos que hacer frente los aragoneses en el futuro. Ejemplos los tenemos, y muy próximos, tanto en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad Balear. El primer paso para allanar el camino es suplantar la lengua, le sigue suplantar la cultura y posteriormente la historia de Aragón, no lo duden. Se multiplicarán todo tipo de actividades para favorecer la expansión del catalán y aplastar definitivamente nuestra identidad aragonesa, empezando en el Aragón Oriental y, una vez rota la barrera de nuestra autoestima, penetrando en el resto del territorio aragonés.
La Ley de Lenguas utiliza la Constitución española de 1978 como justificación para «proteger las culturas, las tradiciones, lenguas e instituciones». No obstante, nuestros diputados diluyendo toda su responsabilidad personal en su propio grupo (PSOE o CHA), interpretan a su antojo cuáles son las lenguas que tienen que defender. Nuestros representantes en las Cortes se ve que consideran que debería «defenderse el catalán» en Aragón en vez de nuestras propias modalidades lingüísticas aragonesas en peligro de desaparición. Y siendo así, naturalmente sus señorías que han votado esta Ley, avalan que la lengua catalana sea una lengua histórica de nuestra Comunidad, como si en Aragón se hubiera hablado desde la edad media el catalán normalizado de principios del siglo XX. Lástima de interpretación, y todo por el puro empecinamiento de nuestro presidente Marcelino Iglesias considerado a sí mismo catalano parlante y por anhelos nacionalistas y pro catalanistas de Chunta, aliada de Ezquerra Republicana de Cataluña como lo demuestra su alianza electoral en las elecciones europeas. Pero, todo este problema es fruto de la deriva autonómica que estamos viviendo en España y, por la falta de voluntad de una buena parte de nuestros propios conciudadanos por defender su propia identidad cultural.
Los problemas que generará esta Ley de Lenguas empezarán a mostrarse en nuestras propias Instituciones, porque la Ley prevé que los ciudadanos se puedan dirigir a las mismas en catalán. Además, al garantizar la Ley la extensión del catalán por todo el territorio aragonés, abre las puertas a las pretensiones del nacionalismo secesionista catalán más radical, aquel que utiliza el idioma catalán como punta de lanza para conseguir sus fines expansionistas y alcanzar el sueño secesionista de los «países catalanes». Ese sentimiento profundo del nacionalismo catalán que brota de la exaltación de las diferencias culturales, el idioma, y el odio a lo español. Los nacionalistas entienden que la lengua es la esencia misma de su nacionalidad, por eso se empeñan en resaltar su identidad y su lengua, y por eso están contentos con que se haya aprobado el catalán en Aragón, pues esta Ley no hace más que avalar su tesis sobre su forma de interpretar la historia, en referencia a la corona «Catalana-aragonesa» que ellos utilizan sin el más mínimo pudor.
La estrategia del nacionalismo separatista catalán consiste en unificar el catalán, porque ellos saben que las fronteras de su nación catalana sólo serán estables y se consolidarán, si prevalece una única unidad lingüística. Para el nacionalismo catalán una nación sólo perdurará si consigue su unidad e identidad cultural, reforzando su idioma, sus costumbres y sus leyes. De aquí el interés del nacionalismo catalanista por quebrar la unidad lingüística y cultural aragonesa, con el fin de ir incorporando nuevo territorio de sus Comunidades vecinas. En Aragón, para ampliar sus dominios han promocionado artificialmente el idioma catalán y han intentado devastar la cultura aragonesa en el Aragón Oriental, porque consideran que estos territorios forman parte de su nación, los «países catalanes». El conflicto del arte sacro, por ejemplo, es un conflicto geopolítico que sólo se entiende por esta razón.
En las zonas de nuestro Aragón oriental, donde ya sufren la presión del nacionalismo catalán, sus propios habitantes mayoritariamente (más del 99%) actualmente afirman que no identifican su lengua local con la lengua catalana y así se puede demostrar si examinamos los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2004, o el Estudio Sociolingüistico elaborado por la Universidad de Zaragoza en 1995, donde sólo un 10% de la población de la zona definió a su lengua como catalán. Esto significa, que sólo 1.256 personas del total de la población aragonesa (aproximadamente 1.326.918 habitantes) consideran que lo que hablan es catalán, lo que en porcentaje supone menos del 0,01% de la población aragonesa. Por este motivo, no se entiende que «sus señorías» consideren igualmente que el catalán sea una lengua propia, pues por el mismo criterio tendrían que incluir el chino, que lo hablan más de un 3% de la población, o el árabe y otros idiomas que se hablan también en Aragón. Y si el catalán no es una lengua ni histórica ni propia de Aragón, entonces ¿qué pinta en Aragón una Ley de semejante desatino?
Gunther Zevallos, secretario general de pCUA y profesor de.Universidad
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