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Perdone que no me levante

...........................................Manuel Sarachaga, economista manuelsarachaga@hotmail.es
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Ni gobierno ni oposición (14-07-2010)

Hastío y rabia podrían ser los mejores calificativos para describir el estado de ánimo que provocan en quien escribe los discursos del debate sobre el estado de la nación del Presidente del gobierno y del líder de la oposición. Sus intervenciones de hoy han sido tristemente reveladoras del desprecio hacia los ciudadanos y hacia la nación (me refiero a España) que subyace en la defensa de sus posiciones y que se desprende de las actitudes partidistas y miopes de ambos que, lejos de dirigirse a afrontar los muchos y graves problemas a los que nos enfrentamos desde hace demasiado tiempo, no son sino el fruto de miserables y calculadas estrategias electoralistas.

El Sr. Rodríguez Zapatero, como recién llegado a la responsabilidad de gobierno y ajeno por completo a lo ocurrido en la nación en los últimos años, despliega un discurso irreal, arremete contra el principal partido de la oposición –ahora que la crisis financiera internacional y los especuladores han dejado de cumplir su misión de escudo protector- y habla de todo menos de la tozuda realidad que se empeña en desmentirle y del resultado de sus erráticas medidas de gobierno o de futuras acciones que contribuyan a torcer el brazo a la recesión.

Ahora que, superado el amargo y obligado trago de reconocer la gravedad de la crisis tantas veces negada, ha abandonado aparentemente la política Alicia y ha iniciado un proceso de necesarias reformas, se confirma sin embargo su incapacidad para admitir que estamos ante cambios tímidos, cobardes e insuficientes que no responden a la gravedad de los problemas, y que por tanto no van a producir las mejoras esperadas: una consolidación fiscal para poner remedio a la nefasta gestión del gasto público que se basa en irreales previsiones de crecimiento económico y que será inviable sin involucrar en el esfuerzo a las CCAA mediante la utilización de los mecanismos legales a su disposición o la aprobación de nuevas normas que lo permitan; una reforma laboral que no ataja de raíz los problemas de nuestro mercado de trabajo (dualidad, negociación colectiva y movilidad laboral); una mal llamada reforma del sistema financiero –en absoluto se ve reformado- que no es más que un politizado plan de fusiones de Cajas y una modificación de la LORCA cuyos efectos prácticos sobre los defectos de estas entidades (politización, desprofesionalización y dificultad para recapitalizarse) quedan a expensas de las decisiones de quienes controlan en la actualidad sus órganos de gobierno (que son precisamente los representantes políticos); una reforma del Estado del Bienestar –Pensiones, Sanidad y Dependencia- para la cual falta valor político y sentido de Estado; una fracasada reforma de la Educación; una “reforma fantasma” de la Justicia; una urgente reforma de las AAPP que ni está ni se le espera; una camaleónica reforma del modelo energético que genera permanente incertidumbre; una necesaria reforma del modelo territorial que camina en la dirección equivocada tras el histórico error del Estatuto de Cataluña y los que le han seguido; una reforma del injusto sistema electoral que ni siquiera se plantea, en un desprecio completo a la esencia de la democracia…

En definitiva, un país que camina a la deriva en medio del desastre mientras su Presidente sólo es capaz de ofrecer una autocomplaciente lectura de esta triste realidad.

Por otra parte, el principal partido de la oposición mantiene una oposición cicatera, temerosa y acomplejada, calculando cada uno de sus pasos en términos aun más electoralistas, sin alternativa conocida ni tangible que ofrecer a los ciudadanos; preocupada únicamente por las encuestas y por provocar el mayor daño posible al gobierno a toda costa, en una cobarde actitud cuya única propuesta ha sido la de pedir un adelanto electoral en estos momentos en que posiblemente el diferencial a su favor en la intención de voto ha alcanzado sus máximos, y que podría resumirse en un simple “quítate tú para ponerme yo”.

Y mientras tanto un país que se desangra, una economía que zozobra sin timón ni capitán, unos ciudadanos a quienes se les niega la realidad y no se les dice la verdad: que la recuperación requiere de un lento proceso de reducción de la deuda pública y, sobre todo, de la privada (empresas, familias y entidades financieras) que permita un nuevo crecimiento acompasado de la demanda agregada y de la actividad productiva. Proceso que ha de acelerarse con las llamadas reformas estructurales pero que es insalvable, y para el cual la actitud que mantienen los representantes de ambos grupos políticos es la peor de las posibles y se ha convertido en un lastre demasiado pesado.

Esta es la tragedia que nos toca vivir. Pero hay soluciones, hay alternativas a esta realidad y hay futuro. Los ciudadanos conscientes de esta realidad tenemos la obligación de actuar como tales. Hagan algo por favor.

Socialismo empobrecedor (10-06-2010)

“Cuando los hechos hablan, las razones sobran”. Esta sencilla frase, pronunciada hace ya meses en un conocido medio de comunicación por un ciudadano anónimo para manifestar su indignación ante la gestión desarrollada por el gobierno central, es la mejor expresión del fracaso político y económico del ejecutivo socialista.

Tras la sistemática negación de la evidencia, la utilización del optimismo irracional como medida anticrisis, el derroche de recursos y la improvisación como único método de trabajo, el viaje a través de esta suicida senda por la que nos ha conducido al Sr. Rodríguez Zapatero está llegando a su fin.  

Se acabó. El abismo está en el siguiente paso.

Es hora de retroceder. Durante demasiado tiempo, el gasto público se acomodó al aluvión de ingresos procedentes de una insostenible actividad económica inflada a base de crédito barato, fomentando la ineficiencia, la elefantiasis burocrática, el clientelismo, la corrupción y el descontrol político. Gobiernos de uno y otro color asistieron complacientes al desmantelamiento del Estado y su sustitución por el actual reino de taifas, en medio de un auténtico mercadeo de alianzas, competencias y millones, donde los enemigos del Estado hicieron caja y fortuna por un puñado de votos.

Entre la espada y la pared, noqueado y sin entender todavía qué ha pasado, el gobierno central se ve obligado a aceptar una férrea dirección asistida que, aunque humillante, se revela como la única vía posible para evitar el colapso del Estado ante la manifiesta incapacidad de nuestros gobernantes.

Ni se gobierna ni se defiende el Estado del Bienestar levantando el puño en un mitin, gritando en la cabecera de una manifestación o repitiendo tópicos demagógicos en Rodiezmo. La auténtica y única defensa de los servicios públicos pasa por acometer las reformas que adecuen el gasto público a las posibilidades reales sin estrangular la actividad privada.

Pero los reinos de taifas de todos los colores mantienen su discurrir autista, ajenos a la debacle económica que nos asola. En una respuesta desde la izquierda a la crisis, los gobiernos autonómicos socialistas han decidido que no adaptarán sus gastos a los recursos disponibles, sino que exprimirán más a los ciudadanos, especialmente a “los ricos”, tal como demuestran los planes de ajuste recientemente presentados. La torpe miopía de estos gobernantes les impide admitir que el nivel de gasto alcanzado en la época de bonanza es insostenible, y que por tanto sólo mediante urgentes y valientes medidas que recorten dramáticamente el gasto superfluo e ineficiente podrán salvaguardar los servicios públicos que gestionan –nada menos que sanidad, educación, servicios sociales y justicia, entre otros-, y no a través de demagógicas medidas que asfixiarán aun más al sector privado por la vía tributaria. Su incompetencia será el principal lastre para cualquier atisbo de reactivación económica y una vacuna contra la iniciativa empresarial, el ahorro o la competitividad.

Y ahora, ¿qué dicen los keynesianos? (17-05-2010)

Ahora que la realidad le ha estallado en la cara, sería un error pensar que el diseño de la nefasta política económica desarrollada en España durante los dos últimos años es fruto únicamente de la irresponsabilidad o la estupidez de nuestro Presidente o su equipo de gobierno.

Durante todo este tiempo, una parte no desdeñable de los economistas, premios Nobel y gurús de diverso pelaje incluidos, tras cargar contra el malvado mercado, defendieron que había llegado “el momento del sector público”, que “el gasto público rescatará a la economía”, que eran necesarios “estímulos fiscales” y afirmaciones semejantes. Desafortunadamente, nuestros mediocres gobernantes, sin entender nada de lo que pasaba, siguieron a pies juntillas estos mantras, convertidos en una especie de verdad única que de tanto repetirla han terminado por creerse, sin tener la menor idea de lo que hacían y sin haber leído ni una sola página escrita por el economista inglés que supuestamente ha inspirado esta firme determinación salvadora.

Muchos de los siempre hemos pensado que es un error tomar medidas de política económica bajo criterios miopes basados en que “a largo plazo todos estaremos muertos” o que la mejor solución ante una crisis de deuda no es gastar más, ni basta con infundir optimismo y confianza, hemos soportado más de dos años de desafortunadas declaraciones y equivocadas actuaciones, en una aberrante carrera suicida hacia el abismo.

No es ningún secreto que el excesivo gasto privado, espoleado por tipos de interés reales negativos, junto con nuestra alarmante falta de competitividad, nos enterraron en un fangal de deuda hasta ahogar nuestra capacidad de crecimiento que, en conjunción con la crisis financiera internacional, pusieron fin al festival español de gasto privado. No es menos cierto que en el actual sistema financiero –liderado por el oligopolio de bancos centrales y entidades de crédito, con la connivencia de los reguladores públicos- está el germen de este desastre. Pero es preciso recordar que esa obsesión por incentivar el consumo, castigar el ahorro y reducir los tipos de interés al mínimo posible –una lacra del pasado que el dinero fiduciario algún día superará-, tan propia del economista inglés, y que ha sido asumida por tantos economistas e incluso bancos centrales, forman parte de la esencia de un modelo de crecimiento autodestructivo, injusto e insostenible. Pues bien, agotado el ciclo expansivo, la deformada lógica keynesiana imperante, decidida a evitar lo inevitable y chistera en mano, sacó el gasto público como el conejo que mantendría la demanda agregada y nos evitaría el tránsito por una dura resaca de sangre, sudor y lágrimas. Así, apostando por comportamientos infantiles e irresponsables, presididos por un optimismo irracional –como si negando la crisis ésta pudiera desaparecer- el despropósito ha seguido guiando las decisiones de nuestros gobernantes hasta que el sueño se ha terminado y la realidad ha aparecido ante sus narices como la peor de sus pesadillas.

La confusión entre las filas progreses tal que ya no saben si las medidas que se toman son para evitar una debacle pública, para salir de la crisis o para el cacareado cambio de modelo. Los supuestos grandes defensores de los servicios públicos han hecho la política más adecuada para machacarlos. Por si esto no fuera poco, cargan contra las presas fáciles, como ellos mismos dirían: “esta crisis la van a pagar los de siempre”. Y tienen razón, pero en este caso son ellos los verdugos. Perdidos por completo en medio de un socialismo empobrecedor.

En medio de este marasmo, sería deseable que el actual equipo de gobierno dejara paso a quien fuera capaz de articular una estrategia con un triple enfoque:

- La consolidación fiscal, que es imprescindible para evitar la quiebra del Estado a la que nos han abocado la política económica del gobierno. Es necesario acomodar el gasto público al ingreso disponible, para lo que todas las Administraciones, especialmente las CCAA, han de aumentar la eficiencia en el gasto, reducir el gasto superfluo y las duplicidades, y acometer valientes medidas de austeridad. Por el lado de los ingresos, la lucha contra el fraude y la economía sumergida ha de ser el eje central, más que el repetido castigo sobre los que tienen nómina o el incremento contraproducente de la presión fiscal sobre actividades generadoras de empleo y riqueza. Hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada, y de los 85.000 millones que supone el ajuste pendiente, apenas se sabe cómo lograr unos 30-40.000 millones…

En este punto es necesario insistir en que aquellos que se autodefinen como grandes defensores de los servicios públicos, pero reniegan de cualquier reforma para mejorar su eficiencia, son en realidad sus mayores enemigos.

- Afortunadamente, siempre se ha salido de una crisis. Siempre. El fin del actual colapso económico, por mucho que nos digan, pasa ineludiblemente por la reducción de la deuda de todos los agentes, públicos y privados, que supone más del 350% del PIB, todo un record mundial. Este proceso supone indudablemente un menor gasto y el reconocimiento de facto de que somos en realidad más pobres de lo que aparentaba la artificial bonanza de los últimos años, cimentada sobre un gran pufo. Un ajuste inevitable que nos hará retroceder a niveles de riqueza similares a los que disfrutábamos a comienzos de la década, antes de iniciarse la fase más expansiva del boom crediticio. Una devaluación interna nos permitirá recuperar parte de la competitividad perdida y nos situará en posición de volver a crecer.

- Por duro y difícil que parezca lo anterior, lo más complicado son los cambios que hemos de acometer para cambiar el rostro de nuestro futuro económico, que son aquellas reformas correctoras de nuestra esencia como país y como estructura productiva que nos permitan avanzar de forma equilibrada. Sin ánimo exhaustivo, estos cambios incluyen una reforma nacional e internacional del marco regulatorio del sistema financiero, una rápida y valiente reforma laboral, un cambio en nuestra política energética, una radical reforma educativa, un rediseño de la estructura institucional, competencial y administrativa de España, una recuperación de la unidad de mercado dentro de las fronteras nacionales y el establecimiento de la garantía de que únicamente la libre competencia y la excelencia serán las guías que determinarán la supervivencia y el éxito de cualquier actividad económica.

Situados frente al abismo y con la caja finalmente vacía, yo me pregunto: y ahora ¿qué dicen los keynesianos?

La agonía del euro (09-05-2010)

Hoy se cumplen 60 años del famoso discurso del ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman, considerado oficialmente como el primer paso en la construcción de la actual Unión Europea (UE).

No es éste un aniversario feliz para la UE. La crisis económica amenaza con llevarse por delante uno de sus principales emblemas: el euro.

A pesar de toda la parafernalia desplegada por los representantes de los países pertenecientes a la eurozona, la realidad es tozuda: la Unión Económica y Monetaria fue creada con graves y conocidos defectos, se cometieron serios errores de política monetaria, no se ha respetado la necesaria disciplina fiscal, no existe la necesaria unión política para afrontar el reto planteado, y por el momento no hay mecanismos ni medios suficientes para garantizar su supervivencia.

Y Grecia está quebrada.

La enorme deuda pública que ha acumulado y las crecientes primas de riesgo que ha de soportar para financiarse –a pesar del préstamo conjunto de sus socios y del FMI-, le impedirán afrontar sus compromisos de pago en los próximos años, pues el superávit primario que sería necesario es sencillamente imposible de alcanzar, a pesar de la ayuda y del draconiano plan de ajuste. El plan conjunto de la UE y del FMI no es más que un intento de retrasar lo inevitable y una injusta e incobrable pantomima para rescatar a los bancos franceses y alemanes que han prestado a Grecia, que son a la vez los mayores acreedores de los países europeos con problemas.

http://www.nytimes.com/interactive/2010/05/02/weekinreview/02marsh.html

Hace meses explicaba por qué a mi juicio esta Unión Monetaria no es viable. Los acontecimientos parecen indicar que cada vez hay menor cabida para una salida airosa del euro. Negar lo evidente –que Grecia está quebrada y que su deuda debe reestructurarse, renegociando plazos y estableciendo quitas- agravará la solución para el conjunto de la eurozona. Las primas de riesgo exigidas a países en situación de riesgo no van a reducirse por mucho plan que se ponga en marcha, sino todo lo contrario, especialmente a aquellos que están dilatando la puesta en marcha de las urgentes medidas, como es nuestro caso. Cuando llegue el momento de reconocer la situación real de Grecia es posible que sea demasiado tarde, y no habrá capacidad financiera ni voluntad política de rescatar a todo hijo de vecino.

La única oportunidad que le queda al euro es que los países que todavía tienen algo de autoridad en esta torre de babel impongan criterios claros y exigentes que pasen, a corto plazo, por exigir creíbles planes de ajuste y expulsar de forma ordenada a aquellos miembros que no garanticen su propia estabilidad financiera en el periodo establecido y, a medio plazo, por avanzar hacia una mayor integración fiscal.

De nada le servirá a la eurozona seguir la política del avestruz como la que se está practicando. Crear un ineficaz e insuficiente fondo de rescate genérico, obligar al Banco Central Europeo a comprar deuda basura y a generar inflación -en contra de lo que establece su propio reglamento-, crear una agencia de rating europea para que otorgue a la deuda soberana de los países europeos las calificaciones máximas, acusar a los inversores de ser malvados especuladores cuando desconfían de la solvencia financiera de algún país, no exigir con firmeza reformas estructurales a todos los miembros o renunciar a una dura reforma de las normas de Basilea, son claros ejemplos de la falta de timón al mando del euro que, de persistir, le conducirá a una inevitable agonía y desaparición tal como hoy existe.

En España esta política se ha llevado a sus extremos, y tras negar la crisis, obviarla y minusvalorarla, nuestro gobierno afirma que ya se ha acabado la recesión y que la desconfianza en nuestro país se debe a los malvados especuladores, en un ejercicio de estulticia difícilmente superable.

Es difícil imaginar cómo se podría haber hecho peor. Ahora que el sector público ha pasado de ser la esperanza a ser el problema (¿dónde están ahora los fanáticos keynesianos?), que el paro se ha desbocado, que nos hemos endeudado hasta las cejas, que los mercados desconfían de nuestra capacidad de pago, que todos los organismos nos urgen a actuar y reaccionar para no seguir los pasos helenos… nuestro Presidente afirma que no tiene prisa para reducir el déficit, un déficit que ha de recortarse en 3 años un 8,2% del PIB, más de 80.000 millones...

Y no tiene prisa…

Es difícil creer que pueda existir tanta falta de visión en el máximo dirigente de un país. Es lamentable e irritante. Sólo la más pura especulación política y la absoluta irresponsabilidad pueden explicar tal actitud. Ante el largo periodo que nos resta hasta las próximas elecciones, demasiado para lo que puede resistir nuestra economía, la única esperanza que nos resta a los españoles es que nuestros socios europeos sean conscientes del peligro que este gobierno supone para la supervivencia del euro –no habría plan que pudiera rescatar a España- y le obliguen a cumplir con su obligación.

A ver si así le entran las prisas.

Basilea III (o la crisis que está por venir) (26-04-2010)

A pesar del consenso alcanzado entre los expertos acerca del papel clave que el exceso de crédito ha desempeñado como factor causante de la crisis, sin embargo las urgencias del momento presente están impidiendo prestar la debida atención a los cambios y reformas que son imprescindibles para evitar una nueva tragedia económica en el futuro.

El asunto de la reforma del sistema financiero, que en su momento suscitó gran interés, parece haber quedado en un segundo plano, y a duras penas logra un pequeño titular en los medios de comunicación. Pero esto no es algo nuevo, se trata de una vieja historia. Una maldición que se repite una y otra vez desde que comenzamos a jugar con la mágica posibilidad de multiplicar el dinero por la vía del crédito. Excesos y purgas, días de vino y rosas seguidos de sangre, sudor y lágrimas. Una historia de ganadores y perdedores que siempre vuelve, como el día de la marmota.

Desde que el dinero fiduciario y el sibilino sistema de reserva fraccionaria, cada vez más perfeccionados y sofisticados, permitieran monetizar el ahorro futuro y estirar casi sin límite el crédito, las crisis financieras son inevitables. La permanente obsesión por reducir los tipos de interés a toda costa, los errores de bulto de los bancos centrales, la connivencia de los reguladores públicos, el imparable apalancamiento de las entidades financieras, los nuevos instrumentos financieros y el cada vez mayor desajuste de plazos entre activos y pasivos de las entidades de crédito conducen inevitablemente a acentuados ciclos de auge y recesión.

Sin embargo, ninguna de las crisis financieras parece haber sido lo suficientemente grave como para que nos planteemos seriamente corregir los fallos estructurales de un sistema defectuoso, aunque intentos siempre los ha habido, pero ninguno con verdadero éxito y, por lo que se ve, andamos de mal en peor. O puede ser, más bien, que no nos enteremos de qué va la fiesta y quien lo sabe no tiene mucho interés en contárnoslo.

La ciudad suiza de Basilea representa desde 1974 –año en que se aprobó el primero de los acuerdos que toman su nombre, cuya finalidad es la de regular a nivel internacional la capacidad de expansión del crédito- la aparente lucha de poder para recortar antiguos privilegios, librada entre el oligopolio de entidades de crédito y los reguladores quienes –curiosamente- siempre terminan por ponerse de acuerdo para que nada cambie. Lo que allí se debate ahora no es la solución a esta crisis, sino más bien la profundidad de la siguiente crisis financiera. La propuesta que está encima de la mesa pretende elevar los requisitos mínimos de capital propio y liquidez que han de cumplir las entidades en función del riesgo asumido, así como reducir el desfase entre los largos plazos a los que prestan y los cortos plazos a los que se endeudan. Un acertado planteamiento para un camino que será difícil de recorrer.

Estos acuerdos, de alcance internacional, no son asunto baladí para las entidades españolas. Bancos y Cajas ya se han puesto en pie de guerra para diluir las nuevas exigencias. La amenaza está clara y se harán oír: el crédito será menor y más caro, y la recuperación será más lenta.
Los secuestradores no sueltan fácilmente al rehén.

Pero es que precisamente de eso se trata. El crédito no puede fluir sin límite como si saliera de la nada, porque el desajuste que esto provoca entre inversión y ahorro real termina siendo insostenible y, además de distorsionar la estructura productiva por completo –haya burbujas o no-, provoca un sobreendeudamiento de los agentes económicos y un colapso general de la economía que será mayor cuanto más animado haya estado el festival crediticio previo. Y, por otra parte, el crédito tampoco puede ser gratis, porque lo que así es percibido se demanda sin límite -algo que los bancos centrales y los reguladores parecen olvidar con facilidad-, sino que su coste ha de responder al equilibrio entre oferta y demanda de ahorro real en la economía.

En cualquier caso, los bancos españoles ya se están preparando para nadar y guardar la ropa:
mientras se organizan para la dura batalla de amenazas y resistencia, buscan vías para recapitalizarse y poder así cumplir requisitos más exigentes sin morir en el intento.

Pero las Cajas lo tienen crudo.

 Además de no tener capacidad legal para captar recursos propios conforme a la nueva regulación internacional -lo que les llevará a una muerte segura si no se reforma su marco legal nacional-, están sometidas a una politizada gestión que tarde o temprano también acabará con todas ellas –muchas ya han sido víctimas de estos desmanes- si no son capaces de librarse cuanto antes de este yugo político autonómico.

Así pues, su gran problema no es sólo cómo sobrevivir a la grave crisis de hoy, sino sobre todo cómo hacerlo bajo las condiciones regulatorias de mañana.

La visión política tiene –en el mejor de los casos- un horizonte temporal de cuatro años, y a estas alturas de la película electoral no tiene ni eso. Pero es que las Cajas no van a poder permitirse el lujo de soportar visiones cortoplacistas, porque, en su caso, la miopía mata.

Basilea III puede ser un capítulo más en esta lamentable crónica de privilegios históricos, un paripé para que nada cambie. Pero es la única vía factible que nos queda para procurar que la crisis que está por venir sea menor que ésta.

http://www.bis.org/press/p091217.htm

ZP en FT (12-04-2010)

El presidente del Gobierno ha decidido calmar a los mercados. Él solito. Con un par.

Haciendo una parada en su viaje a la cumbre nuclear de los EEUU –en una especie de “si la montaña no viene a Mahoma” o “mi reino por una foto”-, el presidente ha realizado unas contundentes declaraciones al Financial Times para explicar al mundo que España cumplirá sus compromisos de reducción del déficit presupuestario "al coste que sea", y que “España no bajará a la segunda división". Faltaría más.

Por si a alguno no le ha quedado claro, el presidente ha afirmado que “he sido fiel a mis principios y supongo que así me gustaría ser recordado. Por lo que se nos juzgará es por si conseguimos aplicar de forma gradual los diferentes puntos de este plan. Tengo la certeza de que lo haremos, cueste lo que cueste”. La cosa no se ha quedado ahí. Además, ha dado pistas para los incrédulos: “Tenemos un plan creíble que estamos cumpliendo de forma impecable, y si tenemos hacer más recortes y es necesario más austeridad, los haremos”.

Supongo que el presidente ha ido a decirlo a un medio extranjero porque aquí esto suena un poco a coña marinera. Después del exitazo de los estímulos fiscales (léase 400 euros, cheque bebé, cheque emancipación, supresión impuesto Patrimonio, sendos planes “E”, nueva financiación para las CCAA…) que, ayudando al desplome de ingresos, han dejado un roto en las cuentas públicas del 11,2% en 2009 (deuda del sector público empresarial aparte) sin impedir que la economía haya caído un 3,6% y el paro roce el 20%, ahora las barbas de Grecia, las amenazas de Bruselas y la de los mercados han desatado una hiperactividad normativa que nos está saliendo por un pico.

Y no sé por qué, pero todo se logra cuando el presidente dice “ésta la pago yo”. Haciendo un breve repaso de las medidas estrella de los últimos días, no hay una que se salve sin tirar de la chequera pública: la pantomima de Zurbano, la ley de economía ¿sostenible?, el plan Pepiño, la pseudo-reforma laboral, la generosa ayuda a Grecia...

Eso sí, también se han tomado valientes medidas sobre los ingresos. Concretamente, se subirá el IVA, que con suerte proporcionará un ingreso adicional equivalente al 0,3% del PIB. Ahí es nada.

¿Y esas duras medidas de austeridad? Para empezar, se reduce la oferta de empleo público. Bien, ¿más? Bueno, el sueldo de los empleados públicos casi no sube. ¿Más? En fin, se ha pedido a las Comunidades Autónomas que rehagan sus Presupuestos para que al menos dejen de falsear los ingresos en la parte que corresponde a las entregas a cuenta del Estado -el resto es cosa suya-, y también se les ha rogado que ahorren 10.000 millones antes de 2013, para lo cual el Estado les ha dado ya 11.000 millones en el nuevo sistema de financiación. Lo justo es justo. Estupendo. ¿Hay algo más? Bueno, pues se confía en la divina providencia para que el ciclo económico mejore antes de que cante un gallo y crezcamos el 1,8% en 2011 y el 3% en 2012 y 2013, y así se reduzca el déficit. ¿Eso es todo? No. También se habla de un plan de austeridad del 5% del PIB que nadie conoce.

Genial. Este es el plan creíble, como dice nuestro presidente.

Ahora veamos si, como también dice el fenómeno, lo estamos cumpliendo de forma impecable (recordemos que el compromiso es reducir el déficit un 2,5% este año). Pues si nos fiamos de los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la ejecución del Presupuesto del Estado en términos de caja a Febrero refleja una caída de ingresos de casi el 4% y un aumento del 22,8% de los gastos respecto al mismo periodo de 2009, con lo que el déficit ya ha aumentado respecto al pasado ejercicio en más de 7.000 millones en sólo dos meses (un 0,7% del PIB adicional). Todo eso sin contar con la receta que pasen las CCAA y las entidades locales. Si el año pasado finalizó con un agujero del 11,2% ¿dónde va a situarse este año?

Tengo la sensación de que los ciudadanos no perciben completamente la verdadera gravedad de la situación y la amenaza que se cierne sobre el “Estado del bienestar”. Pero lo que es más preocupante, la impresión que transmite el Gobierno es la misma. No sé si esto es así o, lo que es más probable, realmente son conscientes de la que se avecina y prefieren disimular y aplicar la patada a seguir confiando en la baraka de ZP.

El respiro que nos han dado los mercados, Bruselas y hasta el Financial Times, será sólo un breve alivio temporal si se mantiene esta senda. No sé exactamente cuáles son los principios de nuestro presidente, pero empiezo a creer que son los mismos que profesaba el admirado Marx (Groucho) -a quien dedico este blog-, y que efectivamente, como él mismo afirma, será largamente recordado por su fidelidad a los mismos.

Endeudamiento y ciclo económico (22-03-2010)

No hay diagnóstico correcto –ni por tanto, soluciones acertadas- sin un enfoque global de los problemas. Durante el largo periodo de aparente bonanza económica, las optimistas conclusiones que se extraían del crecimiento del PIB -análisis económico- no se acompañaban del imprescindible balance de la realidad que reflejaba nuestro endeudamiento -análisis financiero-, auténtica clave de lo que ha ocurrido.

Durante ese periodo de milagro económico, en el cual la economía crecía, creaba empleo, se controlaba el IPC y el déficit público se tornaba en superávit, la deuda de los agentes económicos españoles crecía como en ningún otro lugar del mundo. El ritmo medio de crecimiento de la misma entre 2000 y 2008 fue del 7,4%, una auténtica aberración que sólo podía terminar de una forma –mal- y que no resiste la comparación con otros países desarrollados, como Alemania (0,3%), Japón (0,5%), Italia (3,1%), EEUU (3,5%), Francia (3,9%)… Solamente el Reino Unido, mantuvo un ritmo lejanamente parecido (5,2%), que también está pagando con una dura recesión.

Este insostenible ritmo de endeudamiento disparó la deuda bruta total desde poco más del 120% del PIB a principios de los 90 hasta casi el 350% en 2009.

Endeudarse no es más que disponer hoy de nuestro ahorro futuro. Es birlar al futuro recursos para utilizarlos en el momento presente. Este mecanismo, que las entidades de crédito hacen posible y que el dinero fiduciario permite exprimir casi sin límite, tiene grandes ventajas siempre que el flujo de rentas generadas con esos recursos supere al necesario para atender a su devolución. Si, por el contrario, el caudal de crédito es excesivo y no revierte en mejoras de productividad, termina por estrangular la capacidad de consumo e inversión de empresas y familias, con lo que habremos cavado nuestra tumba financiera. En España, el proceso no fue moderado, ni se destinó a mejorar la capacidad productiva de los sectores más competitivos, sino que básicamente impulsó la demanda interna de forma insostenible, y en consecuencia, también los ingresos y gastos públicos.

Solamente podrá remontar la actividad productiva cuando los agentes económicos nacionales se encuentren en condiciones de reactivar su demanda de bienes y servicios, una vez liquidada una parte sustancial de su deuda. Sólo así podrá fluir de nuevo el crédito -por razones de oferta y de demanda-, podrán las empresas volver a invertir y las familias a consumir. Por otra parte, la recuperación de las economías del entorno será una ayuda impagable para la recuperación de nuestras exportaciones.

Dicho de otra forma: no nos queda más remedio que reajustar a la baja nuestra demanda privada –consumo e inversión- y nuestro gasto público para poder hacer frente a toda la deuda pendiente, nos pongamos como nos pongamos y por mucho que algunos digan que esto es un mero problema de confianza. Es cierto que el fuerte endeudamiento de la década fue de básicamente privado (no sólo de empresas y familias, sino también, y de forma importante, de entidades financieras) y que durante ese tiempo la deuda pública se redujo notablemente, pero ello no debe hacernos pensar que es posible sostener lo insostenible endeudando ahora al sector público para compensar el gasto que el sector privado ya no se puede permitir, en lo que sería una ronda más para el alcohólico con resaca. El ajuste puede ser en todo caso menos abrupto -aunque más duradero- si el gasto público amortigua el golpe, pero se producirá igualmente.

La historia nos demuestra que efectivamente existe una íntima relación entre crecimiento y deuda. Tras un periodo de 10 años de fuerte crecimiento, logrado a costa de endeudarnos hasta las cejas, como el que hemos vivido, la experiencia indica que se produce una primera fase de aproximadamente 2 años de ralentización y finalmente de estancamiento, sin que la deuda se reduzca apenas. Superada la inflexión, se inicia un largo periodo de entre 6 y 8 años en el que los agentes se ven forzados a reducir su endeudamiento. En esta dilatada fase de sangre, sudor y lágrimas, la economía retrocede durante 2-3 años, cada vez con menor intensidad, hasta que se inicia un lento crecimiento, durante otros 4-5 años, hasta que se purgan los excesos crediticios y es posible recuperar los ritmos productivos previos a la crisis.

La lenta fase de recuperación que se inicie en 2011 no se completará probablemente hasta más allá de 2015. Su duración, así como la posibilidad de evitar que se transforme en un largo estancamiento, junto con la capacidad para sostener posteriormente un crecimiento sólido, dependerán de la rapidez del ajuste de la deuda total, tanto privada como pública, y también de otros factores esenciales, entre los que destacan las repetidamente demandadas reformas estructurales que nos permitan mejorar nuestra capacidad competitiva –especialmente las relativas al mercado laboral, sistema financiero, modelo energético y sistema educativo-, y las no menos importantes reformas institucionales que nos permitan ser viables como país -la imprescindible racionalización del insostenible Estado autonómico y la unidad del mercado interior entre ellas-.

Conviene no olvidar el pasado ni confiar en una todopoderosa capacidad del gasto público o en el optimismo irracional de incautos gobernantes como forma de eludir la realidad. No vaya a ser que así consintamos que se sigan retrasando las urgentes medidas que son necesarias, y con ello se dilate y se agrave en exceso el inevitable impacto que el proceso descrito conlleva.

¿Es acertado subir el IVA? (14-03-10)

Han pasado ya 6 meses desde que el Gobierno aprobó la subida del tipo de gravamen del IVA –de 2 puntos en el tipo general y 1 en el reducido- con efectos a partir del 1 de Julio de este año, y el debate sobre esta medida no ha hecho sino acrecentarse.

No es ningún secreto que el único objetivo que persigue el Ejecutivo es contribuir a la reducción del enorme déficit público, que en 2009 alcanzó el nivel histórico del 11,4% del PIB, causado por el desplome de los ingresos -que se situaron en el 34,6% del PIB- y el fuerte incremento de los gastos –que se auparon al 46% del PIB, espoleados por los fallidos estímulos fiscales, el desempleo y otros estabilizadores automáticos-. La obligación impuesta por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE de reducir el déficit hasta el 3% en 2013 y los negativos efectos de este fiasco sitúan al Gobierno entre la espada y la pared, sin posibilidad de continuar con la huida hacia delante mediante su festival de gasto, noqueado, falto de ideas y sin margen de tiempo para poner en marcha una creíble estrategia de consolidación fiscal.

Tras haber dilapidado miles de millones en inútiles medidas, el inmenso roto en las finanzas públicas sólo encontrará alivio parcial en la recuperación económica –cuando se produzca y en la medida de su fortaleza– y en la eliminación de dichos estímulos. Pero será insuficiente. El hercúleo esfuerzo adicional que se necesita para detener esta hemorragia equivale nada menos que al 6% del PIB, algo prácticamente imposible en poco más de 3 años.

La subida del IVA forma parte de este esfuerzo de consolidación fiscal, y con ella el Gobierno pretende obtener un 0,7% del PIB (unos 7.000 millones). Conocidas las intenciones y los precedentes, cabe preguntarse si la medida es adecuada y oportuna.

No cabe duda de que es preciso reducir el enorme déficit. Un desequilibrio de este calibre genera una deuda creciente de tal magnitud que dificulta la financiación de los agentes privados -pues absorbe ingentes recursos financieros y eleva su coste-, pone en riesgo la propia capacidad de pago del Estado, es un factor autogenerador de deuda, conduce a una mayor presión fiscal y lastra el crecimiento económico. Es cierto además que la subida del IVA es un método de recaudación rápido y sencillo, con una amplia base impositiva, que no tendrá un efecto sustancial sobre la inflación tal como está el panorama y que el tipo de gravamen es de los más bajos de la UE.

Pero eso no es todo.

La subida en el IVA supondrá un encarecimiento de los productos y, por tanto, una menor capacidad de consumo de las familias, justo cuando el paro alcance sus máximos. Además del incentivo que implica para la economía sumergida que se pretende combatir, la parte del incremento que las empresas no puedan repercutir a sus clientes a causa de la debilidad del consumo se detraerá del margen y la inversión empresarial, dificultando aun más la supervivencia empresarial, y por tanto, la propia recuperación económica. Por otra parte, el hecho de que estemos ante un impuesto proporcional e indiscriminado hace que esta medida sea regresiva y poco aconsejable desde el punto de vista social.

En cuanto a su capacidad de recaudación adicional, incluso suponiendo que la actividad en 2010 apenas retroceda –lo que es mucho suponer-, difícilmente alcanzará el 0,5% del PIB. Y no es descartable que el negativo efecto en el tercer y cuarto trimestre sobre el consumo, la inversión y la actividad económica en general, junto con un aumento del fraude fiscal, supongan que el incremento en los ingresos a corto plazo sea mínimo. No parece por tanto que la medida pueda tener efectos positivos a corto teniendo en cuenta que todavía no se atisban síntomas de una recuperación sólida.

Pretender recaudar más cuando la actividad ni siquiera ha comenzado a recuperarse implica arriesgarse a provocar el efecto contrario al deseado. Ésta es la hipótesis que le falla al Gobierno: 2010 no será el año de la recuperación. Por tanto, el grueso del ajuste no cíclico -que no puede esperar- no podrá lograrse por la vía del ingreso, sino del gasto. Ninguna estrategia de consolidación fiscal tendrá éxito si no parte de esta premisa. Pues bien, no se conoce hasta la fecha ningún paquete de medidas de verdadero calado y verosímil que permita recortar el gasto en la cuantía necesaria –más de 50.000 millones-, mucho menos cuando las CCAA, que gestionan cerca del 40% de los recursos, se han declarado en rebeldía fiscal, alguna de forma explícita y el resto por la vía de los hechos.

Por otra parte, y en un análisis de más largo plazo, si ha habido un elemento característico en la gestación de esta crisis, además del endeudamiento, ha sido el desmesurado crecimiento de nuestra demanda interna –consumo e inversión- a lo largo de esta década, muy por encima de lo que razonablemente nos podíamos permitir. La manifestación más palpable de esta situación ha sido nuestro abultado déficit de ahorro, del orden del 10% del PIB, insostenible desequilibrio que se mantuvo un tiempo gracias a la capacidad de endeudamiento que el euro nos aportó a partir de 1999. Una razonable política fiscal anticíclica habría aconsejado subir los impuestos indirectos hace años –el IVA entre ellos- para contener el desbocado crecimiento de la demanda interna y, por el contrario, mejorar el tratamiento fiscal del ahorro y de las actividades innovadoras, exportadoras y relacionadas con pymes y autónomos. Inevitablemente, nuestra demanda interna tenía que sufrir un duro ajuste, que todavía no hemos completado, dado que nuestra necesidad de financiación exterior es aun cercana al 5% del PIB.

Por ello, la anunciada subida del IVA solamente tendría sentido y sería admisible como parte de una estrategia coherente para dotar de credibilidad a la estabilización a medio plazo de nuestras finanzas públicas, que considerara al menos los siguientes aspectos:

- Plan verosímil de recorte del gasto público hasta 2013 de todas las Administraciones, con especial atención a las CCAA, apoyado en medidas concretas y detalladas que permitan racionalizar el propio modelo de Estado.

- Ambicioso plan de lucha contra el fraude fiscal.

- Aprobación urgente de las necesarias reformas estructurales sin pretender contentar a todas las partes implicadas, especialmente las relativas al mercado de trabajo, al sistema financiero (Cajas de Ahorro) y al sistema de pensiones.

Lo que en última instancia se precisa es coherencia y credibilidad por parte de este Gobierno. Sin embargo, y lamentablemente, pedir algo semejante podría no ser más que un ejercicio de ingenuidad.

Otro más.

La pantomima del Pacto (8-03-2010)

El tiempo suele poner las cosas en su sitio.

Hemos necesitado casi dos años para admitir que esta crisis no la causaron las hipotecas subprime, -algo que, por ignorancia o por interés, muchos defendieron durante demasiado tiempo-, y que éstas no eran más que un síntoma del exceso de crédito que inundó durante varios años a los países desarrollados. No se habla en España ya de “crisis importada”, ni se pone en duda que, al margen de la restricción crediticia internacional, nuestro país cuenta con profundos defectos estructurales propios, larvados y agravados durante el largo periodo de bonanza.

Han sido necesarios más de cuatro millones de parados, una economía en estado de coma y rozar el desastre en las finanzas públicas para que el gobierno admita que son necesarias profundas reformas en nuestra estructura económica.

Un mercado de trabajo injusto, segmentado e ineficaz, que destruye empleo con una velocidad inusitada; un sistema financiero mal regulado, partícipe activo de la fiesta crediticia que finalmente ha estrangulado a nuestra economía, y con la mitad de sus entidades politizadas; un sistema educativo deteriorado que anticipa un largo periodo de dificultades; un modelo de descentralización que multiplica el gasto y amenaza la equidad; una Sanidad y unos Servicios Sociales divididos en 17 sistemas difícilmente sostenibles; un sistema de pensiones en riesgo para las generaciones futuras; un caro modelo energético que lastra la competitividad de nuestras empresas; un mercado inmobiliario que tras un desorbitado y perjudicial crecimiento especulativo ha terminado por derrumbarse; un mercado interior que dificulta las actividades económicas…son razones más que suficientes para aparcar la propaganda y empezar a gobernar.

En el tercer año de la crisis, y tras haber dilapidado los recursos de forma ineficiente, el ejecutivo se encuentra ante un obligado cambio de rumbo. Las fallidas políticas de “estímulo” fiscal han de abandonarse y la tozuda realidad se impone. La reacción del gobierno se ha materializado en el proyecto de la Ley de Economía Sostenible (ridículo nombre para un rosario de medidas de carácter menor), un inverosímil Plan de Estabilidad (basado en unas irreales previsiones de crecimiento económico, y en el que destacan la subida del IVA y un inconcreto programa de austeridad que será inalcanzable sin el recorte en el gasto de unas Comunidades Autónomas que ya se han declarado en rebeldía) y un gran pacto: “El Pacto de Zurbano”.

Si la Ley de Economía Sostenible destaca por el poco calado de sus medidas y el Plan de Estabilidad por ser completamente irreal, el “Pacto de Zurbano” es ante todo un gran acto de propaganda política y directamente un insulto a la inteligencia de los ciudadanos españoles.

Un Pacto entre todos los partidos políticos que pretenda emular al firmado en La Moncloa en 1977 no puede prescindir de absolutamente todas las reformas importantes y ofrecer a cambio, como medidas estrella, una rebaja en el IVA de la rehabilitación de viviendas y una línea de préstamos directos del ICO.

Sin entrar en la discutible eficacia de las medidas para alcanzar los objetivos planteados, no es tolerable que el gobierno monte este circo mediático para ofrecer a los ciudadanos una falsa imagen de acuerdo, y menos aun cuando lo que se negocian son medidas secundarias que, como tales, deberían haberse planteado directamente en el Congreso en un ejercicio normal de eso que se llama gobernar.

Después de tanto tiempo de destrucción continuada de empresas y puestos de trabajo, con unas finanzas -pública y privada- en estado de emergencia, y sin ninguna de las grandes reformas en marcha, no es tolerable que el ejecutivo y el principal partido de la oposición se dediquen a hacer posturitas en clave electoral, jugando con la esperanza de los ciudadanos. Ni uno ni otro tienen intención de alcanzar un acuerdo que siquiera vagamente se asemeje a un Pacto de Estado, pues únicamente mueven sus fichas en una estrategia política ajena por completo a las verdaderas necesidades de este país.

Por qué es imposible sin las CCAA (28-02-2010)

Ahora que la situación de las finanzas públicas es poco menos que dramática, el gobierno de la nación se ha visto obligado a aceptar que no es posible seguir dilapidando más recursos públicos y que es urgente corregir el rumbo. El Plan de Estabilidad presentado en enero tiene por objetivo reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) desde el actual 11,4% del PIB (primera estimación de 2009) hasta el 3% en 2013, cumpliendo de esta manera con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Esta impresionante reducción del déficit, equivalente al 8,4% del PIB (unos 85.000 millones de euros), pretende ser lograda en parte por el ajuste automático que la mejora en el crecimiento económico ejerce sobre ingresos y gastos (2,7%), quedando el grueso de la reducción a expensas de las actuaciones discrecionales de las AAPP (5,7%). La mayor parte de este esfuerzo corresponderá al Estado (un 5,2%), mientras que las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales deberán poner en marcha medidas para reducir el resto (0,5%).

Analicemos brevemente si este Plan es verosímil.

En cuanto a la primer parte de la reducción –la proveniente de los efectos positivos que la mejora económica tendrá sobre ingresos y gastos (2,7%)-, obviamente sólo será posible si se cumple el escenario económico que la sustenta. Según las proyecciones del Plan, nuestra economía crecerá en términos reales el 2,9% en 2012 y el 3,1% en 2013 (4,9% y 5,2% en términos nominales). Sin entrar ahora en la complejidad de las bases de nuestro crecimiento económico en los próximos años, esta previsión no deja de ser un nuevo e increíble ejercicio de optimismo, especialmente cuando el propio gobierno reconoce que el avance de la productividad apenas se situará en el 1% y el desempleo se mantendrá por encima del 15% al final de este periodo.

Respecto al segundo capítulo de la reducción –ajuste discrecional del déficit de las diferentes AAPP-, el Plan contempla, en la parte correspondiente al Estado (5,2%), unos mayores ingresos (1,1%) y una reducción del gasto a través de unos inconcretos planes de austeridad (4,1%).

Al margen de las dudas que suscita el incremento previsto en los ingresos, lo más difícil de asumir es la previsión de ajuste del gasto. Dejando a un lado a la Seguridad Social (cuyo superávit se verá reducido del 0,8% del PIB al 0,2% en el periodo 2010-2013), comprobamos que la Administración General del Estado apenas controla el 25% del total de recursos públicos (casi un 12% del PIB). Siendo conscientes de que tiene un escaso margen de maniobra sobre una buena parte de los mismos, no es difícil concluir que será imposible minorar sus gastos en tres años en un importe equivalente al 4,1% del PIB, incluso aunque se tomen medidas como recortar de forma drástica el presupuesto inversor o reducir la masa salarial de los empleados públicos estatales.

El resto del ajuste discrecional ha de provenir de las Entidades Locales y a las CCAA. Las primeras se encuentran en tal grado de dificultades financieras que es una quimera pensar que van a poder contribuir a mejorar las finanzas públicas. Y a las segundas el gobierno de la nación les ha solicitado que pongan en marcha planes de austeridad para reducir el gasto público en 10.000 millones (1% del PIB), lo cual no es mucho pedir, dado que gestionan aproximadamente un 36% del gasto público total (un 17% del PIB), y teniendo en cuenta además que el propio Estado les va a aportar a través del nuevo sistema de financiación una cantidad adicional aun mayor (11.000 millones adicionales). Pues bien, así y todo, la mayor parte de ellas ya han manifestado su intención de no contribuir al esfuerzo solicitado en la contención del gasto. Todo un ejercicio de responsabilidad.

Que el Plan de Estabilidad sea papel mojado es grave, pero lo verdaderamente preocupante son los profundos defectos que al respecto muestra nuestra estructura económica institucional, que a la luz de la crisis podemos observar con claridad.

Por una parte, hemos constatado que nuestro Estado descentralizado es financieramente insostenible. El propio análisis que contiene el Plan de Estabilidad demuestra que nuestras finanzas públicas cuentan con un déficit estructural superior al 5%, que en la fase expansiva se encontraba oculto por la avalancha de ingresos obtenidos. Esta realidad va a obligar a reestructurar a corto plazo la arquitectura del gasto público en todas las AAPP, y a acometer serias y profundas reformas a medio y largo plazo que permitan ganar en eficiencia en el gasto y rectificar su tendencia de crecimiento.

Por otra, es indudable que el imprescindible ejercicio de disciplina fiscal no será posible sin el concurso activo de las CCAA. Resulta absurdo perseguir un “Pacto de Estado” al margen de quien también es parte del Estado y gestiona más de un tercio de los recursos. El gobierno de la nación debe hacer uso de los mecanismos de coordinación y control que legalmente tiene a su alcance para recuperar las riendas del país, actualmente en manos de 17 insaciables reinos de taifas. Éste ha de ser un primer paso tras el cual debe redefinirse el reparto competencial de forma que, partiendo de la experiencia de los últimos 30 años, nos permita seguir avanzando como nación.

El drama de las Cajas de Ahorro (21-02-2010)

Dentro de todas las instituciones que componen nuestro sistema financiero, las Cajas de Ahorro ocupan sin duda un lugar destacado. A través de estas entidades se gestiona el 50% del crédito y el 53% de los depósitos de las empresas y los hogares, lo que deja bien claro su papel clave en la economía española.

Revisando la evolución reciente, podemos comprobar que las Cajas han tomado parte activa en el acelerado proceso de expansión del crédito registrado entre los años 2001 y 2007, especialmente en el relacionado con el sector de la vivienda. Así, en ese periodo su inversión en este sector se multiplicó por 3, liderando claramente este mercado con un 58% del crédito total, 3 puntos más que a comienzos de la década.

El final del ciclo expansivo ha puesto de manifiesto la deficiente gestión realizada. Entre 2006 y 2009 los préstamos de las Cajas de Ahorro a los hogares se redujeron un 53%, mientras los Bancos los recortaban un 44%. En ese mismo periodo, los préstamos de las Cajas a las empresas retrocedieron un 10% (los Bancos sólo los redujeron un 2%). Es decir, las Cajas son las entidades financieras que más están contribuyendo a la restricción crediticia que estrangula a nuestra economía, a nuestras empresas y familias.

Por otra parte, una buena parte de las Cajas se han situado en los últimos puestos en términos de solvencia, liquidez y morosidad en el conjunto de entidades crediticias, y su resultado se está viendo seriamente afectado. Por tanto, y dado que no hay diferencias notables en el negocio realizado por Cajas y Bancos, todo parece indicar que sí lo hay en cuanto a su gestión. El estudio realizado en noviembre de 2009 sobre este asunto por Garicano y Cuñat (London School of Economics) concluye que las Cajas que obtienen peores resultados son aquellas cuyos órganos directivos están más politizados y menos profesionalizados, lo que provoca que las decisiones de inversión estén guiadas por criterios más políticos que técnicos.

Nos encontramos por tanto con que la mitad de nuestro sistema crediticio ha de enfrentarse no sólo a los problemas derivados de la aguda crisis financiera, sino a deficiencias estructurales propias que empeoran su gestión y agravan los efectos de aquella. Si analizamos el origen de tales deficiencias (politización y desprofesionalización de sus gestores), comprobamos que es precisamente la normativa legal la que propicia tal situación. En efecto, la Ley que regula los órganos rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) es el origen de este defecto, que se combina con una regulación autonómica que lo agrava, ya que el actual reparto competencial deja en manos de las Comunidades Autónomas (CCAA) el control de estas entidades.

La lamentable situación en que se encuentra una buena parte de las Cajas y la irresponsable utilización política a que están siendo sometidas ponen de manifiesto la urgente necesidad de modificar este marco normativo para poner fin a lo que es un verdadero drama para todos los ciudadanos. Las Cajas, en teoría fundaciones privadas creadas para favorecer el crédito a las familias y a las pequeñas empresas, y para revertir sus beneficios a la sociedad, se han convertido en un vergonzoso instrumento político.

El espectáculo que estamos viviendo en todo el territorio español ante la oleada de fusiones no parece afectar al regulador del sistema financiero -el Banco de España-, ni mucho menos al gobierno, que además aporta fondos públicos para apoyar el proceso (el FROB) sin exigir a cambio ninguna enmienda de los citados problemas. Ambos parecen asistir impasibles y consienten que la reestructuración del sector se realice en función de criterios políticos y territoriales, y no sobre la base de criterios técnicos y de mercado. La culminación de este proceso supondrá consolidar y perpetuar en el tiempo el germen de lo que será la destrucción de estas entidades tarde o temprano.

Sólo un pequeño partido (UPyD) ha sido capaz de levantar la voz ante este drama, y ha propuesto en el Congreso modificar la normativa que regula las Cajas de Ahorro para despolitizar y profesionalizar su gestión, devolver el control al Banco de España, ampliar y mejorar sus vías de capitalización, y frenar así este auténtico despropósito. La respuesta de todos los partidos ha sido unánime: nadie (salvo un diputado del PP que oprimió el botón erróneo) apoyó la proposición. Todos ellos sin excepción han quedado retratados, pues todos ellos tienen algo que perder si los actuales privilegios son abolidos.

Es descorazonador comprobar cómo los partidos dan la espalda a los ciudadanos y están de acuerdo en preservar sus cuotas de poder -en esto sí hay un gran pacto-, repartidas a lo largo de los 17 reinos de taifas, aunque esto suponga consentir serios desmanes y causar un grave perjuicio para la economía, las familias y las empresas, así como firmar la sentencia de muerte a medio plazo para estas importantes instituciones.

Este drama se suma a otros muchos que estamos viviendo y que caminan en la misma dirección, que no es otra que degradar desde todos los puntos de vista –económico, social y especialmente político e institucional- a lo que va quedando de este país. Los ciudadanos españoles estamos abocados a una única solución si queremos evitarlo, que es la de despertar y apartar cuanto antes al grupo de irresponsables y mediocres que nos gobiernan o están esperando para hacerlo.

¿Es viable esta unión monetaria? (15-02-2010)

La teoría original que sustentaba la creación de un área monetaria común dentro de la UE indicaba que podrían obtenerse resultados óptimos siempre que los ciclos económicos de los países participantes estuvieran acompasados y que hubiera una plena movilidad de factores productivos. De esta forma sería posible aplicar una política monetaria común sin provocar los denominados “shocks asimétricos” y las posibles divergencias de crecimiento entre los Estados provocarían desplazamientos de mano de obra y capital que redundarían en beneficio de todos.

Había otro elemento esencial al que sin embargo no se le prestó -a mi juicio- la debida importancia, como era el factor fiscal y presupuestario. Con el fin de evitar serios problemas de esta naturaleza que pudieran poner en riesgo el proyecto, no sólo se exigieron unas condiciones de partida (en términos de inflación, tipos de cambio, tipos de interés, déficit público y deuda pública), sino que se establecieron unas normas de disciplina fiscal aplicables a todos los Estados miembros de la UE, plasmadas en el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), cuyo elemento más visible es la obligación –bajo sanción- de no superar unos niveles de déficit y deuda pública del 3% y 60 % del PIB respectivamente.

El periodo transcurrido desde el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1999 hasta el inicio de la presente crisis ha coincidido con una fase alcista del ciclo económico que en términos generales no ha puesto la estabilidad del proyecto en serios apuros. Durante la mayor parte de este periodo el Banco Central Europeo desarrolló una política monetaria expansiva, guiado por las necesidades de los principales países (básicamente Alemania y Francia), sin que esto generara aparentemente graves inconvenientes al resto. Por otra parte, el incumplimiento de los límites establecidos por el PEC a mitad de esta década por parte de los citados “grandes” -que se negaron a ser sancionados- se solventó con una “flexibilización” de los criterios, lo que fue un mal presagio y un peor precedente para lo que estaba por venir. En cualquier caso, la tónica general fue la de un crecimiento económico sostenido, creación de empleo y un saneamiento de las finanzas públicas fruto de los crecientes ingresos públicos. Una satisfacción generalizada que parecía confirmar sin ninguna duda las bondades del proyecto y de su planteamiento.

Veamos qué ha ocurrido en realidad, ahora que tenemos la suficiente perspectiva.

La política monetaria desarrollada por el BCE tiene como objetivo situar la inflación en un nivel cercano e inferior al 2%, utilizando como referencia los indicadores medios de la UEM, sobre los que tiene gran peso la situación de las economías de los “grandes”. Durante este periodo, los avances de la productividad, la competencia y las baratas importaciones permitieron mantener bajo control los precios -en los que no se incluyen los de activos, como los inmuebles o los financieros-, a pesar de que los bajos tipos de interés que fijaba el BCE provocaban aumentos de la masa monetaria muy por encima de su propio objetivo del 4,5%. Esta política desencadenó también un fuerte crecimiento del crédito que en algunos países era claramente insostenible, especialmente en aquellos donde los tipos reales eran incluso negativos (en España llegó a crecer al 20% anual). Como es sabido, el exceso de crédito y las expectativas alcistas sobre el precio de un bien son los dos elementos necesarios para desencadenar una burbuja, algo que pudimos experimentar en territorio nacional con la vivienda y todo lo que a su alrededor giraba, ingresos públicos incluidos.

Los excesos crediticios provocaron a su vez un inusitado aumento de la demanda interna ante un insuficiente ahorro, lo que se tradujo en un fuerte desequilibrio de la balanza exterior y un consecuente endeudamiento externo de elevadas proporciones. Este cóctel explosivo mediante el que dilapidábamos el ahorro futuro -hipotecando la demanda y los ingresos públicos del futuro-, permitió que el gasto público creciera desmesuradamente sin causar alarma, acomodándose a los abultados ingresos y desembocando finalmente en un descontrolado déficit cuando llegó el inevitable desplome de la demanda privada, y con éste el de la recaudación. Los ineficaces planes de “estímulo” agravaron el problema, dilapidando recursos sin efecto permanente alguno, y la larga ausencia de reformas en nuestra economía junto con un inviable Estado de las Autonomías han terminado por situarnos en una auténtica ratonera de la que nos va a costar salir sangre, sudor y lágrimas, y en la que, por mucho se argumente, sólo un milagro permitirá reducir en 3 años el déficit del 11,4% al 3%, máxime cuando el gobierno apenas tiene capacidad de control sobre el gasto público total.

En resumen, hemos sufrido el “shock asimétrico” que tan remoto parecía, en el cual somos víctimas -de la política monetaria desarrollada por el BCE-, pero fundamentalmente culpables -por una irresponsable política fiscal y presupuestaria, una inadecuada respuesta de nuestro Banco Central, una ausencia de reformas durante demasiado tiempo, y sobre todo, por haber construido este despilfarrador Estado descentralizado, actualmente en manos de la peor generación de políticos que este país ha tenido desde la restauración de la democracia-.

Comprobamos ahora que compartir moneda con los más fuertes tiene su parte menos positiva -no contamos con la posibilidad de devaluar ni de adaptar la política monetaria a nuestras necesidades, por lo que nos espera una devaluación interna, es decir, una pérdida de riqueza vía costes, precios y salarios-, y que la unión monetaria requiere una mayor unión económica, mientras observamos con incredulidad cómo algunos países amenazan con la quiebra en sus finanzas –las barbas del vecino- y el PEC aparece como un viejo juguete roto.

Pero, ¿qué ha ocurrido? La respuesta necesita tanto un enfoque monetario como fiscal.

Por una parte, la política monetaria del BCE ha sido y sigue siendo equivocada –no me refiero a las recientes actuaciones ante la contracción crediticia- y necesita una rectificación en sus objetivos, en su definición de inflación y en sus controles sobre el crédito y la masa monetaria, al tiempo ha quedado demostrado que los “shocks asimétricos” derivados de una política común no sólo son posibles, sino que son probables en ausencia de mecanismos compensatorios y de responsables políticas fiscales por parte de los Estados miembros.

Y por otra, como ha quedado de manifiesto, la UEM no es viable sin una mayor integración fiscal. Es evidente que los Estados son reacios a ceder más competencias en este ámbito, pero es indudable que, sin una mayor disciplina fiscal, la UEM como ahora la conocemos corre el riesgo de terminar existiendo sólo en los libros de Historia en no mucho tiempo. La armonización fiscal practicada hasta la fecha no ha sido suficiente y el PEC no ha servido como instrumento de garantía de la estabilidad fiscal. La UEM ha de dar un paso más en el terreno fiscal y presupuestario o prepararse para su desintegración en cómodos plazos a medida que haya de enfrentarse a nuevas crisis. Sin unos auténticos compromisos de disciplina fiscal, plasmados en normas de obligado cumplimiento y que autoricen a Bruselas a intervenir llegado el momento –lo que sería una bendición para más de un país-, todo lo demás será una huida hacia adelante que tarde o temprano terminará por quebrar el actual diseño de la eurozona.

El modelo alemán y la reforma laboral (11-02-2010)

Dentro de las propuestas que el gobierno ha realizado a los interlocutores sociales para reformar el mercado de trabajo se incluye el fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal del empleo mediante el llamado “kurzabeit” o modelo alemán.

La propuesta plantea aumentar la flexibilidad interna de las empresas para que, a través del acuerdo entre empresarios y trabajadores, puedan reducir la jornada de trabajo para adaptarla a una situación de menor actividad económica, de forma que el consecuente ajuste laboral no se traduzca con tanta intensidad en destrucción de empleo. Esta medida estaría acompañada de una compensación parcial por parte del Estado a los trabajadores por la parte del sueldo que dejan de percibir, así como de bonificaciones en las cotizaciones sociales.

El gobierno entiende que se trata de una propuesta eficaz que ha evitado despidos masivos en Alemania y que ha logrado que fuertes caídas en la actividad no se hayan materializado en elevadas tasas de desempleo. Se trataría por tanto de una fórmula que sería incluso beneficiosa en términos económicos para las arcas públicas, dado que ahorraría una importante cantidad en pagos por prestaciones de desempleo.

Hasta aquí la visión del gobierno. Veamos ahora la realidad.

Lo primero que es preciso aclarar es una obviedad: España no es Alemania, ni nuestra economía o nuestros problemas son los mismos que los suyos. En la economía alemana los sectores con mayor productividad tienen más peso que en la nuestra (por tanto su economía emplea por término medio menos trabajadores para obtener el mismo valor de producción) y es mucho más exportadora. Esto implica, por una parte, que una caída equivalente del PIB en Alemania supone una menor destrucción de empleo que en España (especialmente si se trata de los sectores más competitivos, como los destinados a la exportación), lo que explica en parte la menor caída de la ocupación en el mercado alemán. Y, en segundo lugar, permite comprender que el descenso de su actividad, que proviene fundamentalmente de la caída de la demanda externa (exportaciones), es recuperable y no supone necesariamente ajustes permanentes a medio plazo en los sectores afectados, mientras que en nuestro caso estamos ante un desplome en toda regla de la demanda interna que implica un fuerte ajuste de carácter permanente de determinados sectores de baja productividad, como la construcción residencial. Es decir, en España una buena parte de los trabajadores expulsados del mercado laboral no podrán reintegrarse al sector de origen, sino que tendrán que recolocarse en otro diferente cuando alguno tenga capacidad de generar empleo.

Para tener la visión completa hemos de ser conscientes de que aunque la ocupación seguirá cayendo en España, lo hará con menor intensidad, habiéndose completado ya el grueso de la destrucción de empleo, que se acerca a los dos millones de puestos de trabajo.

Con todo ello no es difícil alcanzar algunas conclusiones. La primera y más importante es que este modelo no es adecuado ni será eficaz en España. El modelo propuesto está diseñado para ajustes temporales de empleo tras los cuales las empresas son capaces de retomar sus anteriores niveles de actividad, y por tanto los empleados pueden volver a completar sus jornadas laborales, pero no tiene sentido para ajustes permanentes como los que estamos viviendo en España. Incluso si así fuera no parece sensato aplicarlo una vez que el ajuste se ha realizado en su mayor parte.

Cabe recordar además que ya existe la posibilidad legal de ajuste temporal en la jornada a través de los expedientes de regulación de empleo, a pesar de lo cual las empresas apenas han hecho uso de la misma, lo que es bastante significativo. Este mecanismo adicional de ajuste que ahora se plantea vendría a propiciar un uso innecesario de fondos públicos, e incluso podría incentivar el fraude, dado que invita a las empresas a reducir costes sin tener que afrontar a cambio una contraprestación presente o futura, lo que beneficiaría a aquellas que lo utilicen frente al resto sin penalidad alguna.

Si lo que se pretende es reducir el volumen de destrucción de puestos de trabajo en periodos recesivos es prioritario, además de una urgente rectificación de la política educativa y formativa -requisito imprescindible para el ansiado “cambio de modelo productivo”-, afrontar una auténtica reforma de la contratación laboral, cuyos puntos básicos serían los siguientes:

• Contrato único que termine definitivamente con la dualidad y la temporalidad laboral, que respete los derechos adquiridos y que ofrezca una indemnización creciente, partiendo de un nivel superior al que actualmente disponen los empleados temporales (entre 10-12 días) y alcanzando de forma progresiva, en un plazo no inferior a 10 años, un nivel máximo de entre 30 y 36 días por año trabajado. Este derecho podría incluso conservarse tras un cambio de empleo si se implementa mediante aportaciones individualizadas cuyo titular sea el trabajador, conforme al modelo austriaco. Estos cambios aportarían una mayor estabilidad personal y profesional, al tiempo que una mayor flexibilidad para cambiar de empresa, y en consecuencia permitiría una mejor formación de los trabajadores a lo largo de su vida laboral, elementos básicos para una evolución hacia un modelo económico más productivo.

• Transición hacia un sistema de negociación colectiva que permita a empresarios y trabajadores alcanzar acuerdos que verdaderamente se adapten a su realidad específica sin coste para las arcas públicas. De tal manera que si el empresario realmente desea mantener su capital humano ante una crisis con la intención de retomar posteriormente el nivel productivo -y no simplemente de reducir costes a cargo del Estado-, ajustará salario y jornada conforme a sus necesidades y de acuerdo con los propios trabajadores.

• Si aun así la empresa se ve obligada a prescindir de trabajadores, es entonces cuando debe intervenir el Estado a través de las prestaciones por desempleo y de unas políticas activas de empleo gestionadas más eficazmente para facilitar un rápido reintegro en el mercado laboral, permitiendo la participación de agencias privadas en este proceso.

En consecuencia, el resultado práctico de esta propuesta y de la reforma en su conjunto no será el perseguido, sino en todo caso el de perder una gran oportunidad para abordar una de las reformas estructurales pendientes más importantes y necesarias, y el de deteriorar aun más las cuentas públicas. Todo ello con la connivencia de patronal, sindicatos y oposición, pues en definitiva el único perjudicado, que es el Estado -que somos todos-, está representado precisamente por quien realiza la propuesta.

El gobierno de los mediocres (05-02-2010)

Seis años han bastado. El país se tambalea y no aguanta mucho más. Cuatro años de aparente bonanza económica que dulcificaron graves errores, algunos de ellos de lenta y difícil reparación, que sentaron las bases de una deriva de disgregación territorial y de la pérdida de un mínimo sentido de país que han conducido a este insostenible y centrifugado Estado autonómico, a la degradación de las instituciones básicas del Estado, al deterioro de los servicios públicos más apreciados y a poner de rodillas a nuestra economía. Cuatro años de vacío, de ridículo internacional, de imposibles e infantiles alianzas de civilizaciones, de pactos con quienes no creen en el Estado. Cuatro años de talante. Cuatro años de falta de respeto a los ciudadanos, de pura propaganda. Cuatro años de mala gestión, de inconsciencia e inacción que allanaron el camino a la depresión económica que ya entonces se nos venía encima.

A cuatro años siguieron otros dos. Dos años que comenzaron con promesas de pleno empleo, con 400 dulces euros, con rentas de emancipación, con dinero para todos. Dos años de error tras error, a cual más grave. Dos años de negación de la realidad, de “antipatriotas”, de improvisaciones, de continuas rectificaciones. Dos años de frases hechas, del marketing al poder. Dos años de insensatos “estímulos fiscales” y despilfarradores planes “E”, de más recursos para los 17 insaciables reinos de taifas, de rechazos continuos a toda propuesta razonable de reforma. Dos años de absoluta politización de la vida diaria, dos años de una demagógica y vergonzosa oposición, que no aporta nada y se opone a todo, dos años en los que ni uno ni otro se han preocupado de forma responsable por el presente y el futuro de este país. Dos años de continuas incoherencias y contradicciones por ambas partes. Dos años en que los ciudadanos han perdido la esperanza porque no ven alternativa.

El largo gobierno de los mediocres no ha causado la crisis económica, pero ha sido un colaborador eficiente y necesario en su gran capacidad destructiva, por acción y sobre todo por omisión, al igual que lo han sido los mediocres que les precedieron en la tarea. Ni siquiera entienden muy bien qué ha sucedido, ni cómo es posible que hayamos llegado a esta situación, ni alcanzan a comprender qué ha fallado, ni mucho menos qué se debía hacer entonces ni qué se ha de hacer ahora. Pero el largo gobierno de los mediocres sí ha causado las otras crisis: la institucional, la política, la crisis de España como nación y como Estado viable. Al gobierno de los mediocres el país se le escapa entre las manos sin saber qué hacer, vacías ya las arcas de recursos para malgastar, “estimular” y “alcanzar acuerdos”. Vacíos de su propaganda y perdidos sin rumbo.

Pero la realidad empuja. Un déficit aplastante, un país desprestigiado y sin crédito, un horizonte oscuro y más de cuatro millones de personas son ya razones suficientes para intentar hacer algo. Hacer algo. La tarea es ahora hercúlea y apabullante. Y el gobierno de los mediocres nos dice que tiene un plan, que va a hacer reformas, pero lo cierto es que a este paso no sabemos si les quedará algo parecido a un país que reformar. Demasiado tiempo de no hacer nada, de fracasos escolares, de politización absoluta, de pura propaganda, discursos vacíos y cálculo electoral, de cesiones de poder, de tirar de chequera ajena, de aumento sin límites del crédito y el endeudamiento, de sindicatos adocenados, de pactos y más pactos traicionando al país. Demasiado tiempo sin gobernar y demasiado tiempo con una oposición perdida en el medio de la nada, tan mediocre como el gobierno. Demasiado tiempo de la más absoluta mediocridad mires a donde mires.

Dijo Jovellanos que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos y errores del gobierno al que han votado. Quizás entonces la única esperanza que le quede a este país no esté tanto en dar paso a otros mediocres en el gobierno, sino en que el pueblo tome conciencia de su capacidad para echar del gobierno a todos los mediocres y de su enorme responsabilidad en esta tarea, porque de ella depende su futuro.

Es hora de obtener conclusiones (27-01-2010)

Formar parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde sus inicios fue un éxito indudable para España. Fuimos capaces de superar el reto de las exigencias de Maastricht y de abandonar el tradicional retraso que nos caracterizaba cuando de incorporarse a avances junto con nuestros vecinos europeos se trataba.
 
Desde entonces hasta la profunda recesión actual, los españoles hemos disfrutado de años de gran crecimiento económico, de importantes avances y de un incuestionable progreso en nuestro nivel de vida. Pero fueron también los años en los que se gestaron los grandes desequilibrios que nos han traído hasta aquí.

El fuerte ritmo de expansión económica y la insuficiencia de ahorro nacional durante ese periodo provocaron un elevado flujo de crédito proveniente de nuestros socios en la UEM, cuyas contrapartidas más visibles han sido un creciente endeudamiento, un constante diferencial de inflación respecto a los países de nuestro entorno y, en consecuencia, una acusada pérdida de competitividad exterior.

Este inmenso caudal de crédito barato -incentivado por los bajos tipos de interés establecidos por el BCE y posibilitado por la casi ilimitada capacidad de expansión crediticia del sistema financiero-, junto con otros factores -legislativos y demográficos, entre otros-, determinaron un desarrollo desequilibrado nuestra estructura productiva, potenciando sectores de baja productividad que acapararon ingentes recursos productivos y lastraron el desarrollo de otros sectores con más futuro pero menos favorecidos por los réditos especulativos que el crédito abundante y barato favorecía.

Este proceso no sólo impulsó determinadas ramas de actividad y elevó el precio de ciertos activos, como inmuebles o activos financieros, sino que toda la economía española terminó por convertirse en una gran “burbuja” en la que los españoles disfrutábamos de una renta per cápita insostenible y basada en un tremendo nivel de endeudamiento. También las administraciones públicas se expandieron al calor de unos ingresos públicos insostenibles. Vivimos durante un tiempo por encima nuestras posibilidades y, lo que es peor, hipotecamos nuestra capacidad de consumo, inversión y generación de ahorro neto en el medio plazo. Una insensatez.

Pero no fue sólo ése nuestro gran pecado. Nuestro país comenzó a fallar en muchos más aspectos esenciales. Un desarrollo autonómico descoordinado, despilfarrador y suicida, una educación en retroceso, un sistema de investigación e innovación casi abandonado, un mercado de trabajo dual y cada vez más rígido, una politización que ha terminado por invadirlo y pervertirlo prácticamente todo… fueron elementos necesarios para agravar la situación en la que nos encontramos y para ensombrecer el futuro que nos espera.

Y no es cierto que esto no se supiera entonces. Nada hicieron quienes estaban entonces en el poder y nada hacen quienes ahora están. Unos nos dijeron que España iba bien y otros nos negaron la crisis mientras nuestro país se nos caía encima, tachando de “antipatriotas” a quienes alertaban de lo que estaba ocurriendo. Ambos nos prometieron el pleno empleo cuando estábamos al borde del abismo. Ambos siguieron y siguen peleando por mantener sus cuotas de poder allí donde lo detentan, a costa de lo que sea.

Reconocida la crisis, quienes ahora nos gobiernan quisieron tomar medidas cuando ya era demasiado tarde y se equivocaron en casi todo. No hace falta más que recordar los 400 euros o el despilfarrador Plan E, que sólo sirvieron para crear un efímero empleo y para terminar con la poca capacidad de reacción del Estado residual que nos queda, ahogado ya en un mar de deuda. La gestión de los recursos públicos ha sido nefasta y nos ha llevado a una situación de déficit  insostenible que será un pesado lastre para salir de la crisis.

No son capaces siquiera de hablar con franqueza a los ciudadanos. Incapaces de decirnos que la única vía para salir de la misma será reconocer la realidad de nuestro empobrecimiento y aplicar, en ausencia de moneda propia, una dura pero imprescindible “devaluación interna”, que pasa por reducir precios, costes empresariales y gasto público, como única vía para mejorar nuestra competitividad externa ante una demanda interna que permanecerá estancada mucho tiempo. Incapaces de realizar urgentemente una reforma laboral eficaz que dinamice nuestro mercado de trabajo, de reformar nuestro sistema educativo como piedra angular sobre la que descansa el futuro de nuestro país, de reformar consecuentemente nuestros sistemas de protección social, de reformar nuestro sistema de apoyo a la investigación y a la innovación, de reformar la normativa que regula nuestras politizadas cajas, de reordenar nuestro fallido “Estado de las autonomías”, de definir un creíble plan energético nacional, de poner en práctica un verdadero plan de austeridad pública.…

Hace ya tiempo que los actuales gestores públicos y los que esperan serlo son incapaces de aportar soluciones, porque ellos mismos se han convertido en parte del problema. Y hace ya tiempo que por todo ello los ciudadanos deberíamos ser capaces de obtener conclusiones y de actuar en consecuencia.

Manuel Sarachaga
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