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Perdone que no me levante

...........................................Manuel Sarachaga, economista manuelsarachaga@hotmail.es
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Hay que actuar rápido (16-10-2011)

En pocas semanas tendremos un nuevo gobierno en España. No tendrá una fácil tarea, pues la envenenada herencia recibida y la complicada coyuntura económica pesarán como una losa sobre su labor y condicionarán los resultados en el corto plazo. Tampoco contará con mucho margen de tiempo para poner en marcha todas las reformas que son cada día más urgentes, por lo que tendrá que actuar, además de bien, rápido.

Creo que ya nadie discute –afortunadamente, aunque muy tarde- que esta recesión es fruto de modelo de crecimiento basado en el creciente endeudamiento, lo que ha causado que buena parte de las rentas, y por ello del ahorro, se hayan visto atrapadas por el crédito concedido en el pasado y no puedan destinarse ni a financiar nuevas actividades ni a sostener la demanda agregada.

Pues bien, el nuevo gobierno tendrá que acometer la tarea de facilitar que se produzca una liberación de recursos atrapados en actividades que se vieron sobredimensionadas en los años expansivos, pues sostener esta agonía –como se ha hecho hasta ahora- sólo retrasa la recuperación, proceso que al mismo tiempo debe incrementar la competitividad de nuestros factores productivos. Ello implica, entre otras cosas, admitir que aquellos que han proporcionado el exceso de crédito –las entidades financieras- deban asumir su parte del ajuste, junto con las empresas y familias que situaron sus niveles de gasto e inversión por encima de sus niveles de ingresos sostenibles. Algo que no facilitan ni los bajos tipos de interés que el BCE está manteniendo artificialmente para ayudar a las entidades de crédito, ni tampoco las intervenciones de los Estados en ayuda de estos sectores productivos y financieros.

Esta difícil tarea requiere, además de valentía política y apoyos suficientes, una claridad de ideas y un orden de prioridades definido, algo que está por ver a la luz de lo hasta ahora transmitido por parte de los aspirantes al poder.

Como elemento de partida, es imprescindible que se reduzcan las cargas fiscales y regulatorias existentes sobre los factores productivos –capital y trabajo-, compensando la menor recaudación con un incremento en la presión fiscal sobre la demanda –consumo e inversión- y las rentas. En otras palabras, deben reducirse las cuotas a la SS que penalizan al factor trabajo y el tipo del impuesto de sociedades (lo que no implica necesariamente que se reduzca el tipo efectivo en todos los casos si se ordenan adecuadamente los múltiples y a veces ineficientes beneficios fiscales) y, a cambio, deben incrementarse el tipo general del IVA y los tipos máximos sobre la renta general y del ahorro del IRPF.

La aberrante regulación sobre la actividad empresarial debe simplificarse, unificando los 17 sistemas existentes en las CCAA y facilitando la labor de los empresarios, dando paso al mismo tiempo a una transposición real y efectiva de la Directiva europea de Servicios.

Por otra parte, y aunque sea un tópico, es preciso terminar de una vez con el ajuste del sistema financiero, permitiendo que las entidades insolventes sean absorbidas por las que hayan sido más eficientemente gestionadas, eliminando toda ayuda regulatoria y financiera que retrase el saneamiento real y efectivo de los balances.

En este mismo sentido, debe realizarse una verdadera reforma del mercado de trabajo que sustituya a los erráticos intentos registrados hasta ahora, en especial en lo concerniente a la contratación (con un contrato único de indemnización creciente) y a la negociación colectiva, para que los acuerdos empresa-trabajadores primen sobre otros de ámbito superior.

Para poder afianzar a medio y largo plazo las ganancias en competitividad, y al margen de los innegables beneficios sociales que este cambio produciría, nuestro país necesita una urgente reforma del sistema educativo que acabe con el mal entendido igualitarismo y prime el esfuerzo de los estudiantes y la excelencia educativa en todo el sistema. Esta tarea no puede dejarse en manos de las CCAA, de forma que ha de ser el Estado quien asuma esta competencia, sin perjuicio de que su ejecución esté descentralizada.

El sector público debe drenar la menor cantidad de recursos posibles del sector privado para sostener su actividad –no sólo porque deba cumplirse un objetivo de déficit, sino para permitir ganancias reales de competitividad como país- , aprovechando al máximo las potenciales economías de escala, eliminando gastos superfluos y duplicados, acabando con la cultura del subsidio, elevando la eficiencia en la prestación de servicios y preservando la igualdad territorial entre ciudadanos, lo que pasa entre otras cosas por reducir el sector público empresarial, ajustar plantillas a las necesidades esenciales y por que el Estado recupere la capacidad normativa en competencias básicas como la Sanidad, los Servicios Sociales o la Justicia. Sólo así se podrá preservar un modelo de Estado del bienestar que, tal como está diseñado en la actualidad, es injusto e insostenible.

No obstante lo anterior, los inevitables esfuerzos de austeridad en el sector público deben afectar lo menos posible a los recursos destinados a potenciar las bases del crecimiento futuro y nuestra capacidad de competir a escala global, como los relacionados con la formación profesional, investigación básica y la innovación empresarial, sin permitir que estas ayudas incentiven la búsqueda espuria de rentas públicas, para lo cual el apoyo habrá de evolucionar en muchos casos desde las subvenciones a fondo perdido hacia diversos mecanismos de financiación.

Por desgracia es difícil que los intereses políticos y los intereses reales de una nación confluyan en un mismo proyecto. Sin embargo, esta vez resulta vital que el grado de coincidencia sea muy elevado si no queremos que España retroceda de forma drástica en su camino de progreso.

Ceremonia de confusión en el impuesto sobre el patrimonio (17-09-2011)

Al margen de los muy discutibles efectos económicos positivos y su dudosa constitucionalidad, la recuperación por parte del Estado del Impuesto sobre el Patrimonio en la parte final del ejercicio -con una finalidad principalmente electoralista y con una escasa capacidad recaudatoria- no ha podido estar más llena de confusión.

A las declaraciones previas de diferentes miembros del gobierno sobre la posibilidad de rescatar el congelado impuesto siguieron otras, igualmente contradictorias, respecto al mínimo exento y el colectivo de contribuyentes afectados.

Cuando estos dos puntos finalmente fueron aclarados y el Consejo de Ministros decidió efectivamente recuperarlo y dejar fuera el primer millón de euros (considerando 300.000 euros de vivienda habitual –sólo para los propietarios de este tipo de inmuebles,  discriminando de esta forma a quienes hayan materializado sus ahorros en otro tipo de bienes- y otros 700.000 euros para el resto de bienes patrimoniales), la confusión ha ido en aumento en relación a su impacto en las cuentas del Estado y de las Comunidades Autónomas (CCAA).

A pesar de que el candidato socialista, bajo cuyas órdenes actuó sorprendentemente el gobierno de la nación, continúa afirmando demagógicamente que utilizará la nueva recaudación para fomentar el empleo juvenil, la realidad es que este impuesto se encuentra cedido a las CCAA y por tanto serán éstas quienes reciban la recaudación adicional, y decidan si efectivamente se aplica o no, y en qué medida, pues ostentan también la capacidad normativa sobre el tipo de gravamen, el mínimo exento y las bonificaciones aplicables. Así que difícilmente el gobierno del Sr. Pérez Rubalcaba –en el hipotético caso de que ganara las elecciones del 20 de noviembre- va a poder utilizar ni un euro de esta recaudación para impulsar el empleo juvenil ni para ninguna otra finalidad. Al menos de momento.

La disposición transitoria sexta de la ley 22/2009 (ley que regula el actual sistema de financiación de las CCAA de régimen común) establece que las CCAA recibirán una compensación estatal entre los años 2009 y 2011 equivalente a la recaudación transferida por este impuesto en el año 2008 (último de aplicación, sobre el patrimonio de 2007), que será incluida en el Fondo de Suficiencia Global. De ahí que este Decreto-ley ahora aprobado (pero no ratificado aún por las Cortes), norma de momento de rango inferior a la anterior, no pueda evitar que al menos durante este año las CCAA sigan recibiendo la compensación (lo que supone que recibirán ambas cantidades, la compensación y la nueva recaudación, un auténtico disparate), ni tampoco que el gobierno pueda penalizar con no seguir compensando a las CCAA “rebeldes” que se nieguen a aplicar el impuesto, como algún miembro del gobierno afirmó durante estos días, al menos este año.

Por otra parte, quedan por resolver otras dudas de no poco calado para las CCAA, como es la aplicación a partir de 2012 (¿seguirá habiendo compensación?), qué va a ocurrir cuando se liquide 2011 si se modifica posteriormente la ley (¿deberán devolver la diferencia entre lo efectivamente recaudado y lo recibido vía compensación cuando se practique la liquidación de este ejercicio?) y qué va a hacer el PP con este Decreto-ley sin convalidar si resulta vencedor en noviembre.

A día de hoy el correspondiente Decreto-ley no ha sido publicado, así que tendremos que esperar unos días más para conocer algunos de estos extremos. En todo caso, con la que está cayendo y la cantidad de problemas que debe enfrentar España, resulta cuando menos entristecedor que todo el debate económico gire durante estos días en torno a un impuesto que a duras penas conseguirá recaudar un 0,1% del PIB.

Esperemos que el gobierno resultante tras los próximos comicios tenga un orden de prioridades más claro, al menos en el terreno económico, y no se deje llevar por debates ideológicos, muy alejados de lo que nuestra economía necesita.

Cuatro años para la historia (14-08-11)

Hace tan sólo cuatro años que el término anglosajón subprime irrumpió en la actualidad. En aquel agosto de 2007 los medios de comunicación informaban de unas turbulencias financieras internacionales, cuyo origen parecía estar en unas extrañas hipotecas norteamericanas, que estaban siendo atemperadas mediante intervenciones coordinadas de los principales bancos centrales. Mientras el lejano rumor que llegaba del otro lado del atlántico apenas causaba inquietud, la economía española crecía a ritmos del 4% -tasa de crecimiento del 2º trimestre, sólo superada en la UE por Grecia, ironías de la vida-, el paro se situaba en el 8% y la inflación apenas superaba el 2%.

Todo estaba controlado. El mínimo atisbo de recesión se descartaba por completo, e incluso los más optimistas hablaban del pleno empleo. Las caídas en las bolsas europeas eran interpretadas como un simple problema de falta de confianza que rápidamente se superaría y el sólido crecimiento español no se vería afectado. Las previsiones oficiales apuntaban a un crecimiento del 3,8% para 2007 y del 3,3% para 2008.

Sin embargo, algo no iba bien en la economía española. No estábamos ante un mero asunto de eventual contagio por activos infectados norteamericanos ni de falta de confianza. Algo nuestro iba mal, algo demasiado grave y evidente como para pasar desapercibido. Las familias y las empresas alcanzaban niveles récord de endeudamiento, la renta disponible para el consumo disminuía, los precios de la vivienda alcanzaban cotas insostenibles, el déficit por cuenta corriente alcanzaba el 10% del PIB, el crédito acumulado en los balances de las entidades financieras era colosal…

¿Qué pasó? ¿No lo vimos o quizás no quisimos verlo? Lo cierto es que los datos estaban ahí y algunos sí que avistaron el peligro. Sin embargo, tantos años de vino y rosas no habían dejado hueco para avisos de agoreros. Intereses políticos, previsiones demasiado bellas como para permitir que la realidad las estropeara, una academia económica perdida e incapaz de leer la realidad -más obsesionada con sus modelos matemáticos que preocupada por aprender de la Historia-, unos organismos internacionales inoperantes, unos reguladores financieros que fallaron estrepitosamente… demasiados factores en contra como para reconocer la que se nos venía encima.

Aun con todo, lo peor no fue no anticipar el desastre que nos esperaba a la vuelta de la equina, pues al fin y al cabo ya habíamos superado el punto de no retorno. La actuación dolosa vino después. Tras negar muchas más de tres veces la crisis -retrasando así una reacción que era urgente desde el primer momento- y cuando la suave desaceleración  se había transformado ya en una tormenta económica devastadora, los responsables de afrontar la tempestad buscaron la salida más fácil. No la más adecuada. En este viaje contaron con muchos amigos que aplaudieron -una detrás de otra- tantas medidas equivocadas. Buena parte de la academia económica, utilizando a un redivivo y malinterpretado Keynes como bandera, respaldó una política que combatía una crisis de deuda privada con más gasto y deuda pública, lo que constituía un camino directo hacia el abismo, como lamentablemente estamos comprobando. Las lecciones que fueron grabadas a fuego en la mente de los economistas de los años 70 se habían olvidado al cabo de poco más de 30 años, tras una narcotizante década final de excesos crediticios y monetarios.

Cuatro años así son demasiado densos como para ser analizados en un breve artículo. Sin embargo, merece la pena insistir en que, a pesar del duro camino recorrido, seguimos sin aprender muchas de las lecciones que, una vez más, una crisis financiera nos enseña y que no deberíamos olvidar para la próxima.
 
Por mucho que algunos insistan en decir lo contrario en medio de la enorme confusión reinante, no fueron los mercados, ni las subprime, ni la codicia, ni los especuladores, ni las agencias de calificación quienes engendraron la crisis, sino un sistema financiero mal regulado que -con la connivencia de los poderes políticos- provoca cíclicamente crecimientos desordenados del crédito, bajo el liderazgo de unos bancos centrales que aplicaron unas suicidas políticas monetarias, cuyas consecuencias están ahora japonizando la recesión. A pesar del logro de Basilea III, poco de esto hemos cambiado.

Quizás la más evidente de las enseñanzas es que una crisis de endeudamiento –que eso y no otra cosa es lo que estamos viviendo- no puede solucionarse con más crédito, más deuda, ni más gasto -ni público ni privado-, sino que es preciso sanear la situación financiera de todos los agentes y retornar a unos niveles de deuda agregada que permitan una recuperación de la demanda. Este doloroso tránsito implica necesariamente un periodo de restricción crediticia, empobrecimiento relativo y reordenación de factores de producción -capital y trabajo- que incremente la eficiencia y la competitividad de la oferta productiva y pueda dar paso a una nueva etapa de prosperidad.

Resulta por otra parte lamentable constatar que la Unión Monetaria Europea cuenta desde su nacimiento con profundos y conocidos fallos de construcción que ahora se han puesto de manifiesto en toda su extensión. La crisis propia de la eurozona confirma que cualquier posibilidad de futuro para la moneda única pasa por avanzar hacia una mayor unión fiscal y política, algo difícil de vislumbrar en estos momentos.

El último aspecto a destacar por su importancia y que no hemos terminado de asimilar es que el sistema de protección social que disfrutamos se encuentra en una encrucijada. Su supervivencia exige profundas reformas que pasan, entre otras cuestiones, por priorizar gastos, ganar en eficiencia y acometer cambios en la arquitectura del modelo territorial que lo sustenta. No tenemos mucho tiempo: podemos afrontar sin dilación y con valentía política este reto, apostando por su futuro o, por el contrario, podemos permitir que el acelerado proceso de deterioro que ya ha comenzado siga su curso, lo que conduciría a este sistema hacia su desaparición tal y como hoy los conocemos.

A esta crisis todavía le resta un importante trecho por recorrer, y muy probablemente aún no nos haya mostrado todas sus amargas caras. Y sin embargo, nuestra capacidad para cometer errores permanece intacta. El futuro no está escrito, y dentro de otros cuatro años podremos juzgar de nuevo si hemos sido capaces de aplicar las lecciones aprendidas o finalmente hemos escrito otros desgraciados cuatro años para la Historia.

¿Un castigo justificado? (03-08-2011)

Ayer fue otro día al borde de un ataque de nervios en los mercados de deuda pública y de renta variable. El diferencial con el bono alemán superaba por momentos los 400 pb y el fantasma de un hipotético rescate para España sobrevolaba los parqués. En pocos días hemos pasado de una situación de infundado optimismo -tras el nuevo acuerdo sobre cómo digerir el inevitable impago griego- a la cruda realidad.

A la caída de la rentabilidad de los bonos alemanes se unía la subida del coste de los títulos de los países periféricos, ensanchando la prima de riesgo hasta niveles insospechados hace muy poco tiempo. El amigo americano no ha sido una gran ayuda precisamente, aunque también hemos puesto lo nuestro para alimentar a la bestia. El acuerdo in extremis para evitar una suspensión de pagos de EEUU no ha frenado la ya descontrolada incertidumbre sobre las finanzas públicas de determinados países, y el capital ha volado literalmente en Europa hacia las tierras más seguras. Y mientras tanto, desde España los mensajes que hemos lanzado por el mundo últimamente no han sido lo que se llama esperanzadores: los datos de paro baten récords, la temporada estival no ha proporcionado el alivio esperado a nuestra anémica economía, el descontrol autonómico se muestra en todo su esplendor, una entidad financiera de gran tamaño es intervenida… y para guinda de este pastel, un gobierno acorralado que claudica y convoca elecciones anticipadas, con nada menos que 4 meses de anticipación, lo que augura un largo periodo de inacción y mayor deterioro para nuestro país en todos los sentidos.

Desde luego, a ojos de cualquier inversor, el panorama es desolador, como para echar a correr y aplicar de inmediato el flight to quality, ahora que la red de seguridad del BCE se debilita. Sin embargo, ante la pregunta clave, que es si España sigue siendo un país capaz de hacer frente a sus compromisos de pago, creo que la respuesta únicamente puede ser afirmativa. Incluso a pesar de que el coste de nuestra deuda se haya encarecido sustancialmente, la carga que supone el servicio de la deuda sobre los presupuestos públicos es todavía soportable. Todavía.

No obstante, si la tendencia de estos días continúa y los inversores –por las razones que sean- comienzan a creer con mayor firmeza que efectivamente no podremos devolver lo que nos prestan (y no somos capaces de hacerles pensar de otra manera), posiblemente estaremos ante un caso de profecía autocumplida, pues sin duda unos mercados prácticamente cerrados o abiertos a precios desorbitados son condición suficiente para que un país suspenda pagos por la vía rápida.

Una nación sin rumbo (27-07-2011)

Cuando Solbes y Zapatero presentaron los Presupuestos Generales del Estado para 2009, hace ya casi 3 años, ambos sabían perfectamente que eran del todo irreales. Las ficticias perspectivas económicas sustentaban unas absurdas previsiones de ingresos públicos que nunca se materializarían, como lo denunciaron todos los partidos de la oposición, la abrumadora mayoría de los economistas y cualquier persona con un mínimo de conocimiento y de sentido común. Por aquel entonces el gobierno aún negaba la gravedad de la crisis y hasta su misma existencia. Ya en plena debacle económica el presidente del gobierno incluso evitaba utilizar la palabra tabú para referirse a lo que él denominaba como un “crecimiento débil en un marco económico complicado”. Por su parte, las CCAA aceptaron encantadas participar en esa suicida pantomima siendo conscientes de la falsedad de las previsiones, y elevaron sus gastos incluso por encima del ficticio nivel de recursos que proporcionaban los pagos a cuenta que fluían del inagotable maná estatal, sabiendo que ello generaría en un par de años una abultada liquidación en su contra, en la seguridad de que en su momento podrían exigir al Estado más recursos que compensaran ese roto, algo que siempre habían logrado. 

De aquellos polvos vienen estos lodos, y aquel desfase se ha materializado en una deuda de 18.739 millones que, junto con el desliz de 2008 (5.514 millones), deja un pufo de 24.251 millones que las CCAA tendrán que devolver al Estado entre 2011 y 2016.

Durante estos años de profunda crisis las CCAA se han comportado como si la cosa no fuera con ellas. Las continuas mejoras en el sistema de financiación nunca se han visto correspondidas con un responsable comportamiento por parte de las administraciones autonómicas a través de medidas de incremento en la eficiencia de la gestión de los servicios públicos, de supresión de gastos superfluos o de eliminación de duplicidades que permitieran mantener sus finanzas públicas en un estado saludable. Más bien al contrario, una irresponsable gestión y la vorágine keynesiana arrasaron las arcas de las administraciones, traduciéndose en un impresionante déficit público y en una deuda autonómica que ya en el primer trimestre de este año superaba –incluyendo a las empresas públicas- los 152.000 millones.

Ahora que esta huida hacia delante toca a su fin, las CCAA exigen nuevas mejoras y aplazamientos, como si no se les hubieran concedido ya demasiadas durante todo este tiempo en el que la responsabilidad de encauzar las cuentas públicas parecía corresponder únicamente al gobierno central.

Y mientras el PP se presenta hipócritamente como el adalid defensor del modelo autonómico en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sus representantes en Cataluña flirtean con CIU para avanzar en la consecución de un pacto fiscal similar al concierto vasco o el convenio navarro, lo que directamente dinamitaría el actual sistema autonómico. Tras conseguir imponer al Estado y al resto de CCAA un nuevo sistema de financiación –vía estatut- en el que esa Comunidad ha salido claramente beneficiada (recibe más recursos por habitante que la media, justo en la misma proporción que su peso en el PIB, el 18,7%, que es curiosamente el mismo criterio que también impuso para las inversiones estatales en su territorio), ahora este partido nacionalista se plantea dar un paso más en detrimento de un modelo que preserve la equidad y la igualdad entre españoles. Suma y sigue, esta vez con los populares como aliados en lugar de los socialistas. Un agravio comparativo que irracionalmente el resto de españoles ya hemos consentido sin necesidad al País Vasco y a Navarra –es preciso recordar que la Constitución no define un sistema foral que otorgue más recursos por habitante a esas comunidades- y al que el actual gobierno catalán pretende sumarse.

Así pues, los hechos nos demuestran que ninguno de los dos grandes partidos ha tenido ni tiene la mínima intención –más bien al contrario- de reformar el agonizante modelo autonómico para garantizar su viabilidad económica, dotarlo de estabilidad política y garantizar la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, lo que afectaría no solamente a la financiación sino también al fallido esquema de reparto competencial entre el Estado y las CCAA.

18 falacias sobre la crisis (17-07-2011)

Uno de los aspectos más desoladores y desesperanzadores de esta grave crisis que estamos viviendo es el enorme desconocimiento que sobre sus causas y mecanismos de transmisión tienen en general los ciudadanos y especialmente nuestros dirigentes.

Bien por pura ignorancia o por malintencionada tergiversación, lo cierto es que, a pesar de que a lo largo de la Historia se suceden crisis económicas de raíces similares a la actual, somos incapaces de aprender prácticamente nada que tenga una utilidad real para prevenir o aminorar los efectos de la siguiente, no digamos ya para evitarla. Y en esto, no puede negarse, tenemos una especial responsabilidad los economistas, pues somos los primeros que parecemos no aclararnos ni aprender del pasado. Como especie animal que se supone debe adaptarse a las circunstancias y evolucionar perfeccionándose, el ser humano es un auténtico desastre, al menos en el terreno de la economía.

Dentro de las muchas barbaridades que se vienen diciendo desde que comenzó esta gran recesión, hay algunas que a fuerza de repetirse parece que se van consolidando, motivo por el cual resulta aún más difícil que casi nadie consiga entender qué ha pasado realmente y aún más qué debe hacerse para que esto dure lo menos posible. Son muchas las mentiras y falacias que se han propagado en los últimos años, y aunque he escogido estas 18, ciertamente podrían elegirse muchas más:

1.- Los mercados son los culpables de la crisis y están sometiendo a los Estados a su tiranía: la palabra mercado se ha demonizado, como si de un malévolo enemigo que acecha para asaltarnos se tratara. Sin embargo, aunque sea ridículo por evidente, es necesario recordar que gracias a la existencia de mercados el hombre ha podido progresar, disponemos de mayores niveles de bienestar y podemos disfrutar de bienes y servicios que de otra manera sería imposible. La única alternativa al mercado es la autosuficiencia de bienes, una reliquia anterior a la época de las cavernas. En el caso de los mercados financieros, su existencia permite que los agentes necesitados de fondos (pertenecientes al sector público o al privado) puedan obtenerlos de aquellos que poseen excedentes de ahorro (llamados inversores cuando entregan el dinero y malvados especuladores cuando llega el momento de devolvérselo o exigen garantías de cobro antes de prestarlo).

Para que los mercados funcionen adecuadamente es necesario que estén sometidos a una correcta regulación y que ésta sea respetada por todas las partes. Estas normas, impuestas por los poderes públicos, pueden no ser acertadas, fallar o no ser respetadas, en cuyo caso los mercados dejan de cumplir con su misión. Así pues, los mercados necesitan la existencia de los poderes públicos para desarrollarse con eficiencia y éstos necesitan a los mercados para que los Estados mejoren sus niveles de bienestar.

Desde el comienzo de la crisis, los Estados han elevado sus gastos al tiempo que se reducían sus ingresos, y para financiar sus desfases presupuestarios –materializados en deuda pública- han tenido que acudir al ahorro de inversores (instituciones de crédito, fondos de pensiones o de inversión, etc), drenando así el crédito disponible para el sector privado. Quienes han gestionado mal sus finanzas son los Estados y quienes han recurrido al préstamo son los Estados. A medida que su situación financiera se ha ido agravando, porque su endeudamiento se acercaba a niveles insoportables, poniendo en riesgo su capacidad de devolución de la deuda, los ahorradores han exigido más garantías y también más rendimiento a los países en peor situación, como prima para compensar dicho riesgo. Es entonces cuando los políticos responsables del desaguisado y sus secuaces denominan a los ahorradores que les han prestado su dinero malvados especuladores. No se puede negar que en estos momentos se producen operaciones interesadas por parte de los inversores para obtener más rendimiento de los títulos de deuda soberana en los mercados secundarios, pero no es menos cierto que esto ocurre cuando efectivamente la solvencia del deudor está en riesgo, y que quienes han puesto en riesgo sus finanzas provocando el deterioro de su credibilidad como pagadores son los propios políticos que dirigen esos Estados.

2.- La codicia ha causado la crisis: la codicia es un pecado capital tan viejo como el hombre, y le acompaña tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de declive. Si por sí misma fuera capaz de causar crisis y recesiones, entonces viviríamos en una permanente depresión económica. Las normas de funcionamiento que regulan las relaciones económicas deben contemplar esta realidad, y sólo cuando éstas fallan se producen los efectos indeseados. El problema no es que un perro muerda a un niño, es que su dueño no se ocupe de educarlo o llevarlo con bozal y correa.

3.- Las agencias de calificación han causado la crisis: creo que nadie puede negar que estas entidades han fallado estrepitosamente en el periodo de bonanza que precedió a la crisis. Pero lo primero que debemos preguntarnos es por qué existen estas agencias, quién ha permitido que sean un verdadero oligopolio y quién ha establecido las normas que regulan su desastroso funcionamiento. Si tratamos de responder a estas preguntas descubriremos que han sido las autoridades públicas regulatorias y los bancos centrales quienes lo han hecho. No es casualidad que sólo tres agencias se repartan casi el 50% del mercado –las autoridades regulatorias europeas y americanas así lo decidieron-, que los bancos centrales sólo admitan para su descuento títulos calificados por estas tres agencias –por propia decisión de éstos- y que la normativa que las autoridades públicas regulatorias ha establecido para estas agencias se base en un desastroso incentivo perverso mediante el cual éstas cobran de las entidades que califican. Por tanto, resulta al menos sorprendente que se culpe a las agencias de colaborar en este despropósito y no a los poderes públicos mencionados.

Por otra parte, la idea de crear una agencia de calificación europea que otorgue mejores notas a los bonos de los Estados europeos en lugar de reformar completamente este sistema de calificaciones es una barbaridad tal que mete miedo pensar en manos de quién estamos.

4.- Las entidades financieras han causado la crisis: es quizás una de las ideas más extendidas y asentadas. Efectivamente, la raíz de la crisis está en nuestro sistema financiero y monetario, dado que su misma esencia propicia crecimientos descontrolados del crédito. Pero son los bancos centrales y las autoridades regulatorias, cúspide del mismo, quienes incentivan y disparan estos procesos recurrentes de expansión crediticia mediante tipos de interés artificialmente bajos (que no responden al ahorro realmente generado en la economía) y una regulación que no exige la contrapartida de capital suficiente a las entidades crediticias, o dicho de otra forma, que permite una degradación casi sin límite del dinero.

Así pues, las entidades de crédito –los bancos- se comportan coherentemente, conforme a los nefastos incentivos de la regulación de nuestro sistema financiero y a su situación de práctico oligopolio en que se han convertido, actuando como agentes impulsores del crédito en la fase expansiva y de la contracción crediticia en la fase recesiva. Así mismo, esta situación les permite obtener beneficios muy por encima de lo normal en cualquier negocio, pues comercian con un bien que puede ser creado prácticamente de la nada, con un coste mínimo, lo que les otorga un poder económico potentísimo, que históricamente se ha aliado con el poder político para mantener los intereses de ambos. Por tanto, no son las entidades financieras el origen del problema –aunque sí una parte importante del mismo-, que hay que buscarlo más allá y por encima de ellas.

5.-Los Estados deben gastar más y no menos para salir de la crisis: hemos comprobado por desgracia que el mayor gasto público indiscriminado no es la receta mágica que soluciona los problemas. Esta vieja idea keynesiana no nos ha conducido a salvar la crisis, sino a agravar los problemas, a transformar deuda privada en deuda pública, poniendo en riesgo la propia solvencia de los Estados y por lo tanto, el futuro de los servicios públicos. La fe ciega en el gasto público sin más como elemento compensador en tiempos de crisis es tan peligrosa como la fe ciega en los políticos.

6.- El Estado ha de crear empleo en tiempos de crisis: esta idea es una continuación de la anterior. Si así fuera, el paro podría solucionarse fácilmente. Bastaría con que el Estado contratara a todos los parados, sin importar para qué ni a qué coste. No hace falta ser un fenómeno para darse cuenta de que eso no puede ser así –conduce directamente a la quiebra del Estado-, y de que el empleo procede únicamente de la creación de riqueza, tarea que descansa fundamentalmente en el sector privado.

7.- La “consolidación fiscal” es positiva para el crecimiento económico: es una de las falacias que se ha extendido en el último año, a raíz de la crisis de las finanzas públicas. La búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas es necesaria y obligada porque lo contrario es insostenible, independientemente de su efecto sobre la economía. Pero el recorte del gasto y el incremento de la presión que acompañan habitualmente a este proceso son negativos para el crecimiento económico a corto plazo en la medida en que se reduce la demanda. No sólo por el descenso en la actividad del sector público, sino porque este descenso y los mayores impuestos perjudican también a la actividad privada. Pero es un tránsito obligado si un Estado no quiere terminar en una suspensión de pagos y un empobrecimiento generalizado.

8.- La reforma laboral genera empleo: es otra idea que se ha impuesto durante esta crisis. La llamada reforma laboral lo que debe lograr es que el mercado de trabajo funcione más eficientemente, pero eso no implica per se que se vaya a generar más actividad económica y por lo tanto más empleo en el corto plazo. Desde luego, cuando exista el incentivo para ello, lo va a favorecer, pero lo que resulta evidente es que los empresarios no van a contratar más si no se incrementa su negocio, por mucho que las condiciones legales sean más adecuadas.

9.- La reforma de las cajas de ahorro reactivará el crédito: la contracción crediticia es la consecuencia natural del proceso expansivo vivido hasta 2007. El crédito se encuentra en estos momentos prácticamente paralizado no sólo por motivos de oferta (esto es, porque las entidades de crédito tienen problemas de solvencia y de liquidez para seguir prestando) sino también de demanda (dado que las empresas y las familias están excesivamente endeudadas como para seguir solicitando crédito al mismo ritmo). La reforma de las cajas de ahorro es necesaria para su supervivencia, especialmente en lo que se refiere a su despolitización, y de su éxito dependerá que se encuentren en mejor disposición para ser unas entidades eficientes, pero eso no implica que produzca por sí misma una reactivación del crédito, para lo que se requiere un proceso de saneamiento de balances de todas las entidades y una reducción en el nivel de deuda de los agentes económicos privados.

10.- La superación de las pruebas de esfuerzo de la banca (stress tests) es una garantía para la recuperación del crédito y de la economía: estos ejercicios teóricos no tienen ningún efecto sobre la economía real, al margen del reducido impacto sobre la confianza (o desconfianza) de los inversores. En este sentido, la descoordinación y heterogeneidad mostrada por la autoridad europea responsable de gestionar estas pruebas ha terminado por arruinar el único efecto positivo posible, que era eliminar toda duda sobre la fortaleza del sistema bancario europeo. En todo caso, lo que haya de ocurrir en la economía europea en el futuro inmediato no se verá alterado lo más mínimo por estos cálculos, y la recuperación del crédito (como ya se comenta en puntos anteriores) no depende tanto de la oferta –capacidad bancaria- como de la demanda –situación financiera de las empresas y las familias-.

11.- Todos los bancos deben ser ayudados, pues su quiebra sería fatídica para la economía: es otra falsa creencia que parece haber calado. Es cierto que no se puede permitir un colapso generalizado de todo el sistema financiero, lo que supondría un caos económico, pero la quiebra de bancos mal gestionados y su adquisición por parte de los mejor gestionados (con garantías para los depositantes) forma parte de la sana regla del mercado. No aplicar este principio básico supone un perverso incentivo (el llamado riesgo moral) que conlleva comportamientos de las entidades más arriesgados aún en el futuro y que coloca a las entidades mal gestionadas en una situación injusta de ventaja competitiva frente a las más eficientes.

12.- La zona euro está en riesgo por las prácticas neoliberales en la economía: el término neoliberal ha pasado a ser directamente un insulto que no se sabe muy bien qué significa y que habitualmente es utilizado sin conocimiento sobre lo que se habla. Lo cierto es que la zona euro está en riesgo no porque se base una la economía de mercado –la única capaz de generar riqueza y bienestar-, sino porque tiene defectos de construcción muy graves. Desde sus inicios se sabe que no es una zona monetaria óptima, que no se ha acompañado de una unión fiscal y económica, y que la posible aparición de desequilibrios económicos y presupuestarios con diferentes impactos en los Estados miembros (shocks asimétricos) era un riesgo que amenazaba su continuidad. Todo esto fue obviado por los políticos que la concibieron y la llevaron a cabo, y lo único que ha ocurrido es que tales riesgos se han materializado.

13.- No hay que dejar que ningún país de la zona euro quiebre: es otra creencia que parece extenderse. La resistencia por parte de los Estados miembros a permitir que un país deje de hacer frente parcialmente a sus deudas no se debe tanto a que ello supondría el final del euro -que podría proseguir sin ese país- como a intereses particulares que se verían afectados, particularmente los de las entidades tenedoras de bonos soberanos de esos países o seguros de impago (CDS) sobre los mismos. No será la primera ni la última vez que un Estado quiebre, y el reciente ejemplo de Islandia muestra que es posible recuperarse y volver a tener acceso a los mercados financieros internacionales si se toman internamente las medidas adecuadas. La única salida real y viable pasa por admitir que algunos países no podrán hacerse cargo de sus deudas, y por tanto los tenedores de sus bonos deben admitir una quita parcial de su nominal.

14.- Los países de la zona euro y el BCE deben ayudar y comprar todos los bonos de que emitan los Estados en riesgo para evitar su quiebra, y posteriormente deben emitirse eurobonos para que estas situaciones no se repitan: estas medidas, que pueden tener un efecto transitorio de contención de las turbulencias, no alteran en absoluto la situación de los problemas de fondo que atraviesa la eurozona. A medio plazo lo que esto provocará es que el resto de países se vean obligados a asumir parte de la deuda (y de las pérdidas) de los Estados con deficiente disciplina fiscal -además de que situará al Banco Central Europeo en situación real de quiebra-, alguno de los cuales deberán recurrir al impago irremisiblemente, sin que ello sirva para corregir ninguno de los graves defectos de diseño de la arquitectura de la Unión Monetaria Europea.

15.- La economía necesita más crédito para salir de esta crisis: es casi un clamor generalizado. Se oye con frecuencia decir a los políticos y también a muchos economistas que la causa de que la economía no se recupere es la ausencia de crédito, o lo que es lo mismo, que con más crédito saldríamos adelante. Nada más falso. España como economía está enfangada en un lodazal de crédito y deuda que nos impide retomar una senda de crecimiento en el consumo y la inversión. Nuestra demanda se encuentra paralizada por un empacho letal del crédito y nuestra oferta se ha distorsionado durante la época festiva, sobredimensionada en aquellos sectores que atendían a esos excesos de una demanda alimentada a base de crédito. Es imperioso atravesar una fase de reducción del endeudamiento, y eso pasa, nos guste o no, por un periodo de menos crédito, menos gasto y más pobreza en términos generales. Es la triste realidad que nos toca vivir y que ningún político se atreverá a decir.

16.- Los bancos centrales deben bajar los tipos de interés al máximo y hacer que fluya el crédito: ésta es la máxima que se aplicó a comienzos de la anterior década y que nos ha conducido a la actual crisis. Los bancos centrales son culpables de haber manipulado los tipos de interés, manteniéndolos demasiado bajos durante demasiado tiempo, lo que provocó un crecimiento descontrolado del crédito y de los riesgos asumidos por todos los agentes. En el momento actual en el que el ahorro es escaso, los bancos centrales no son capaces ya de mantener los tipos bajos, por mucho que se empeñen, y mucho menos pueden reactivar el crédito, por las razones ya expuestas.

17.- Hay que subir los impuestos para recaudar más y equilibrar las finanzas públicas: la caída en la actividad económica ha supuesto un derrumbamiento de los ingresos fiscales, que durante los años de bonanza fueron excepcionalmente elevados. Los gastos públicos, más rígidos a la baja, se amoldaron entonces al elevado nivel existente de ingresos, de tal manera que el camino del reequilibrio fiscal ha de descansar menos en la recuperación de ingresos (resulta inviable retornar el nivel anterior y supone un camino de asfixia para el sector privado) y más en la adecuación de los gastos a las posibilidades reales de las administraciones públicas. Esto no quiere decir que el sistema tributario no precise de reformas, pero éstas han de encaminarse a mejorar la recaudación mediante incentivos a la actividad económica privada.

La gran reforma pendiente (II) (19-06-2011)

El Banco de España ha publicado los datos detallados sobre el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas del primer trimestre, confirmando la negativa evolución de unas finanzas autonómicas que se han convertido en una creciente amenaza para la estabilidad económica nacional.

Si en 2010 prácticamente todas las CCAA incumplieron la normativa en vigor en materia de estabilidad, registrando un déficit de casi el 3% y una deuda equivalente al 10,8% del PIB, en el primer trimestre de este año el déficit ya se sitúa en el 1,85% (por encima del 1,3% previsto para todo 2011) y la deuda en el 11,4% del PIB.

Lo realmente grave de esta información no es sólo constatar que las CCAA deben ya, sin incluir a las empresas públicas, más de 121.000 millones –equivalente a prácticamente todos sus presupuestos para un año completo o al doble del gasto sanitario nacional-, ni que desconozcamos el alcance de la deuda oculta, o que haya varias CCAA importantes que caminan con paso firme hacia un nivel de deuda del 20% del PIB (Valencia 17,4%, Cataluña 17,2%, Castilla-La Mancha 16,9% y Baleares 16,3%). Tampoco es lo peor saber que la deuda reconocida de todas las Administraciones Públicas se haya elevado hasta el 63,6% del PIB cuando hace poco más de tres años era de tan sólo el 36,1%.

No, lo peor no es eso.

Lo realmente grave y preocupante es constatar que nuestro país, como decíamos, cuenta con un modelo territorial económicamente inviable y –especialmente-, del todo descoordinado, lo que implica que la suicida trayectoria de las finanzas públicas tiene una difícil corrección a corto plazo. O lo que es lo mismo: la estabilidad nacional –económica, política y socialmente- está seriamente amenazada.

Es una evidencia: nuestra Nación es ingobernable. Hemos construido una nave sin timón, y ya es hora de hacer algo realmente efectivo si no queremos que se estrelle con todos nosotros dentro. Se trata de una emergencia nacional: es imprescindible que el Estado recupere su capacidad de decisión sobre los asuntos nacionales esenciales –en especial los que garantizan la igualdad y la libertad de los españoles, así  como aquellos otros que atañen a la estabilidad económica y a la supervivencia de los servicios públicos fundamentales- y su capacidad efectiva de coordinar al resto de niveles administrativos.

Ninguno de los grandes partidos nacionales parece realmente preocupado por ello si nos atenemos a las propuestas que han realizado para frenar esta deriva, que es sencillamente ninguna. Están más preocupados por asegurarse el poder aquí o allá, cerrar este o aquel pacto, impedir el acuerdo de los contrarios… un lamentable espectáculo mientras nuestros servicios públicos –gestionados por las CCAA- corren el riesgo de sufrir serios recortes; mientras el paro y la destrucción de actividad arrasan a nuestras familias y empresas y condenan a una generación entera al fracaso personal y profesional.

En medio del penoso escenario político, sólo un partido, contando con un único escaño en el Congreso, está presentando iniciativas válidas en este sentido. La última (que casi con plena seguridad será rechazada por todos los grupos políticos, por muy válida que sea) pretende replicar en España el mecanismo de coordinación -denominado “semestre europeo”- que la UE ha establecido para garantizar que los presupuestos de los Estados miembros respeten sus compromisos en materia de disciplina fiscal. Así, la propuesta de UPyD, conocida como “semestre español” tiene por objeto modificar el marco legislativo para dotar al gobierno central de capacidad efectiva de coordinar los procesos presupuestarios de las CCAA, estableciendo techos de gasto y déficit, vetando presupuestos autonómicos incompatibles con el compromiso nacional de estabilidad financiera, imponiendo sanciones a las Comunidades incumplidoras, etc. 

Iniciativas como ésta no son únicamente necesarias, son imprescindibles. Necesitamos tomar medidas eficaces y de calado, no meros maquillajes. Y tomarlas ya. La sanidad está cerca del colapso en muchas CCAA, la ley de Dependencia tendrá que retrasar su plena implantación en la mayoría de ellas, los recursos destinados a la educación serán cada vez más escasos…

Si continuamos sin hacer nada, cuando sea demasiado tarde sólo nos quedará el lamento.

La gran reforma pendiente (I) (30-05-2011)

Mientras los socialistas lamen sus heridas y los populares sestean esperando que la fruta madura caiga por sí sola -apelando al mantra de la confianza como única propuesta para combatir la crisis-, los ciudadanos seguimos afrontando la persistente realidad.

Unos y otros desean el poder, sin importar que en el fondo ambos carezcan de la voluntad y los planteamientos necesarios con los que podamos mirar con esperanza hacia el futuro. Todos creen que serán sus medidas las que saquen a España de este atolladero económico, sin darse cuenta de que los únicos capaces de hacerlo son los ciudadanos. Los empresarios y trabajadores serán quienes, en el entorno de libertad adecuado -ahí es donde sí tiene un papel que cumplir el gobierno- y una vez finalizado el duro ajuste que ellos sí que ya están realizando, generarán mayores niveles de riqueza y empleo. Bajo este enfoque, el gobierno tiene la responsabilidad de reformar no solamente el marco regulatorio de los mercados de factores (capital y trabajo) y de productos, para permitir que funcionen más eficientemente, sino que de forma especial debe modificar la arquitectura del Estado.

Para decir claramente y sin tapujos lo que casi nadie ha dicho en campaña: el modelo de organización territorial sobre el que se asienta este país es económicamente inviable.

El llamado Estado de las autonomías necesita reformas estructurales profundas para sobrevivir que vayan más allá de la mera (y necesaria) austeridad que todo el mundo proclama –que siempre, y no sólo en tiempos de crisis, ha de presidir la gestión de lo público-. Estas reformas atañen de manera esencial al núcleo duro del Estado del bienestar, pues servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, ahora bajo el control de las CCAA, no tienen futuro con su actual diseño. Reformar estos servicios bajo una perspectiva nacional no implica atentar contra un modelo descentralizado, sino hacerlo más racional, eficiente, equitativo y, en definitiva, convertirlo en un sistema social y económicamente sostenible.

Negarse a ello, como hacen unos y otros -por descontado, los partidos nacionalistas y los llamados regionalistas-, supone no sólo cerrar los ojos ante lo inevitable, sino que constituye una grave irresponsabilidad, dado que cuando la realidad se imponga –que será más pronto que tarde- y los recursos sean insuficientes, quizás ya no estemos a tiempo de preservar la esencia del sistema tal como hoy lo conocemos.

El actual modelo de organización territorial del Estado se desarrolló a lo largo de los años de bonanza de la pasada década, y su construcción se asentó sobre un nivel de gasto público que hoy se ha demostrado insostenible. La modificación de la arquitectura competencial del Estado y la puesta en marcha de medidas de ámbito nacional que lo hagan viable sin perder las ventajas de un modelo descentralizado constituyen los ejes centrales de la gran reforma pendiente. Incrementar la eficiencia en la prestación de servicios, aprovechar las potenciales economías de escala, garantizar la coordinación, la gobernabilidad y la equidad son hoy más que nunca una obligación y no una opción.

Como pueblo y como nación tenemos ante nosotros la disyuntiva de adelantarnos a los acontecimientos y actuar en consecuencia o, por el contrario, dejar que esta deriva suicida y disgregadora siga su curso.

La “extraña” conducta del ahorro familiar (05-05-2011)

Tras el acusado crecimiento del ahorro de las familias en 2009 –desde el 13,5% hasta más del 18% de su renta disponible-, el año 2010 supuso un vertiginoso descenso de esta tasa de 5 puntos porcentuales, al tiempo que el consumo se recuperaba y crecía un 4%. Curiosamente, este brusco cambio de tendencia se produjo en un contexto de caída de la renta disponible de los hogares, sequía crediticia y fuerte crisis económica. ¿Cómo explicar entonces este aparentemente extraño cambio en el comportamiento del ahorro y del consumo familiar?

El relato oficial y más extendido entre los analistas sentenció en su momento que la incertidumbre que la crisis económica y el creciente desempleo generaban en las familias era la causa del fuerte repunte del ahorro en 2009, como respuesta ante un incierto futuro, olvidando por completo los aspectos financieros. Sin embargo, esta teoría resulta poco consistente en vista del retroceso del ahorro y de la recuperación del consumo en 2010, año en el cual la crisis no sólo no ha remitido, sino que se ha acentuado en términos de desempleo y caída de la renta familiar, lo que no parece haber servido precisamente para recuperar la confianza. Debe existir por tanto alguna otra razón, diferente de los factores psicológicos, que haya impulsado a las familias a modificar sus decisiones de gasto de esta forma tan llamativa en tan poco tiempo.

Para poder comprender lo ocurrido debemos en primer lugar entender que ahorro en términos de contabilidad nacional es aquella parte de la renta disponible que no es destinada al consumo sino a otras finalidades, como son la inversión no financiera (en el caso de las familias básicamente inmuebles), la inversión en activos financieros (acciones, depósitos bancarios, etc) o la amortización de pasivos financieros (devolución de préstamos). Así pues, ahorrar contablemente no implica necesariamente incrementar el saldo monetario al final de un determinado periodo -como comúnmente suele entenderse-, sino simplemente consumir menos que la renta obtenida a lo largo del mismo.

La reciente publicación por parte del INE de las cuentas financieras no trimestrales de los sectores institucionales y del Banco de España de las cuentas financieras (cuadro adjunto) permite comprobar que el incremento del consumo familiar en 2010 fue posible gracias a los cambios registrados en dos elementos fundamentales: la inversión y el flujo de recursos provenientes de sus deudas.

Por una parte, como ya venía sucediendo en años anteriores, las familias redujeron su inversión en vivienda (en un importe de más de 10.000 millones), aspecto de sobra conocido, parte esencial de esta crisis y directamente relacionado con la falta de crédito, lo que les permitió disponer de más renta disponible para el consumo. Y por otra, contaron con más recursos líquidos procedentes de sus pasivos (29.000 millones más que en 2009), que también contribuyeron a financiar el consumo. Así, las familias pudieron compensar la caída de 13.000 millones en su renta disponible y a la vez aumentar su consumo en más de 25.000 millones.

Merece la pena detenerse en el análisis de los recursos adicionales que en 2010 las familias obtuvieron de sus pasivos o deudas. Del monto total -29.000 millones-, una parte se debió a que los hogares ralentizaron el ritmo de devolución de sus préstamos bancarios, lo que les reportó más de 4.300 millones adicionales, a pesar de que el grifo del crédito se mantuvo prácticamente cerrado para ellos. Esta menor amortización de sus pasivos financieros provocó una nueva subida en su nivel de endeudamiento, algo que por otra parte no favorece la superación de esta crisis de deuda.

Pero lo realmente sorprendente es que la mayor parte de los recursos financieros adicionales (unos 25.000 millones) disponibles para el consumo provino básicamente de créditos comerciales. No fueron por tanto los bancos, sino de forma insólita los propios comerciantes quienes, ante la prolongada restricción financiera y actuando en el papel de banqueros, fiaron en mayor medida a sus endeudados clientes como vía para reanimar las ventas y reactivar sus negocios.

Así pues, y al margen del comodín de la falta de confianza y demás “animal spirits”, lo cierto es que son factores tangibles -como el mayor flujo de crédito de los comerciantes, la caída de la inversión en vivienda y la menor amortización de préstamos bancarios- los que se encuentran tras el misterioso aumento del consumo y caída del ahorro en 2010.

Esta evidencia indica, en primer lugar, que la reciente recuperación del consumo familiar es difícilmente sostenible –pues se ha basado en un nuevo incremento de la deuda de los hogares, pero no de su renta disponible-, lo que, unido a las alarmantes cifras de desempleo y a las subidas de precios, pone en seria duda las optimistas previsiones oficiales de consumo privado para 2011. Y en segundo lugar, que se ha detenido temporalmente la reducción del endeudamiento familiar, aplazando un inevitable proceso que resulta imprescindible para que la economía española retome de forma sólida el crecimiento económico.

RENTA, CONSUMO Y AHORRO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

TASA DE AHORRO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS
(% de la renta disponible)

   Fuente: Banco de España

Sobre rescates y tipos de interés (12-04-2011)

Ya son tres: Grecia, Irlanda y Portugal. Todos los medios de comunicación nos dicen que estos países “han sido rescatados” por la UE y el FMI. Si nos guiamos por el diccionario de la Real Academia, rescatar significa, en su tercera acepción, “liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia u opresión”. Sin embargo, como en las guerras, en esta crisis la verdad es la primera víctima.

Los mal llamados rescates no son sino alivios temporales que proveen de ayuda financiera a estos países durante un plazo determinado a precios más asequibles que el mercado, y a cambio de la puesta en marcha de severas medidas correctoras de los desequilibrios fiscales, con el fin de evitar su quiebra inmediata. Pero seamos serios: a quien realmente rescatan estos planes es a los actuales prestamistas de los países en problemas, que son básicamente entidades financieras europeas y norteamericanas. Si observamos la evolución del coste de las emisiones de deuda de estos países tras las intervenciones comprobaremos que éste no ha detenido su escalada y que las respectivas primas de riesgo siguen aumentando, lo que nos indica que tales rescates no descartan en absoluto la posibilidad de tener que reestructurar el calendario de pagos o acometer quitas parciales, algo que parece inevitable en el caso de Grecia y probable en los otros dos.

Esta crisis ha puesto de manifiesto una realidad de sobra conocida: la eurozona no es un área monetaria óptima y no podrá sobrevivir sin avances hacia una mayor integración fiscal, aspectos ya tratados en este blog en anteriores ocasiones. Lo que ahora está ocurriendo es simplemente que se están produciendo forzadas y temporales “integraciones fiscales” en estos países. Lo que no se hizo antes se hace ahora, tarde y mal, para evitar una muerte prematura del euro y de paso echar un cable a los acreedores, pero estos rescates no son ninguna solución para la Unión Monetaria, pues no abordan ninguno de los problemas de fondo.

Al margen de los graves defectos de creación de la eurozona, esta debacle de las finanzas públicas es la más clara manifestación del más absoluto despiste de los gestores públicos en materia de estabilidad presupuestaria, confundiendo los ocultos déficit estructurales generados en los años de bonanza con los aparentes superávit provocados por el aluvión de ingresos que la expansión crediticia proporcionó en los días de vino y rosas.

Y en medio de este marasmo nos topamos con una subida de 0,25 p.b. del tipo oficial de las operaciones principales de financiación del BCE. Antes de analizar en qué medida esta decisión beneficia o perjudica a España, conviene que nos preguntemos a quién ha beneficiado realmente que el tipo oficial se haya mantenido al 1%. Si tenemos en cuenta que a ese precio sólo pueden disponer de financiación las entidades de crédito (pues ni los propios Estados –como estamos viendo- son capaces de hacerlo, y no digamos nada de las empresas y las familias), y que estas entidades lo han hecho sin limitación alguna por parte del BCE (la famosa barra libre) para evitar el colapso, comprenderemos que hay unos claros beneficiados en esta historia.

Es cierto que una economía enormemente endeudada como la española sufrirá en mayor medida que otras la subida de tipos. Ahora bien, resulta ingenuo pensar que es posible mantener durante mucho tiempo ese nivel de tipos de interés cuando todavía contamos con un importante déficit de ahorro, cuando nuestro IPC se acerca al 4% y cuando los tipos reales hace mucho que dejaron de obedecer el dictado del BCE. En realidad, si la subida oficial no se ha producido hasta ahora se ha debido a nuestra pertenencia a este club del euro. Por otra parte, con todos los negativos efectos que tendrá el repunte de tipos sobre la demanda agregada, quizás sea éste el primer paso para iniciar de una vez un descenso en los niveles de deuda agregada, para acabar con la situación de coma de las entidades financieras -terminando con aquellas cuya continuidad es imposible y sobreviven en estado zombie- y favorecer el reequilibrio de nuestra balanza por cuenta corriente.

Las perspectivas para España no son ciertamente halagüeñas. El crecimiento económico será débil y el paro se mantendrá elevado mientras los niveles de deuda pública y privada no desciendan y no seamos capaces de mejorar nuestra competitividad internacional. Esta situación podría durar demasiado tiempo y causarnos serios problemas si no se toman las medidas necesarias en diversos ámbitos: control del déficit público (reforma fiscal, de la Administración Pública, de los servicios públicos fundamentales y del reparto competencial entre el Estado y las CCAA), sistema financiero (saneamiento y verdadera despolitización de las entidades), negociación colectiva (estableciendo un marco sectorial o provincial y dejando el resto en manos de cada empresa) y reforma de determinados mercados (energético y servicios especialmente).

De no actuar rápido y de forma valiente no seremos capaces de cumplir con los difíciles compromisos adquiridos en materia de déficit público hasta 2013. Un riesgo extremadamente grave que, viendo el panorama político, se aparece como un escenario perfectamente posible, pero que sencillamente no nos podemos permitir.

El FROB y esa vieja alianza (21-03-2011)

La alianza entre el poder político y el financiero es tan antigua como ambos. Se necesitan y benefician mutuamente, motivo por el que históricamente han mantenido esa férrea alianza -no exenta de fricciones- e incluso, llegado el caso, se han fundido en un mismo y único poder, con independencia del propio régimen de libertades –teóricamente democrático o no-. El poder político necesita sólidos apoyos financieros no sólo para consolidarse, sino especialmente para llegar a ser. Y el poder financiero necesita un marco político y legal favorable para seguir prosperando. La manifestación histórica más evidente de esta incólume alianza es la misma existencia de los bancos centrales, instituciones políticas que se colocan en la cúspide del poder financiero.

Si algo nos ha ofrecido esta crisis son claras y abundantes evidencias de la buena salud de la que goza esta alianza. Creo que a nadie le cabe ninguna duda de que el Banco de España (BdE) se ha mostrado como un comprensible supervisor de bancos y cajas en los años previos a la crisis y en especial a lo largo de la misma, incumpliendo con ello su obligación de velar por el correcto funcionamiento del sistema financiero. La pasividad en los años de bonanza, los resultados de los primeros “stress tests”, la interpretación de determinadas normas contables o la reciente valoración de los activos de las entidades a 31 de diciembre de 2010 son buenos ejemplos de este exquisito trato.

Por otra parte, los gestores responsables de haber conducido a determinadas entidades al borde del desastre no sólo no han sido juzgados por las consecuencias de su gestión, sino que prácticamente todos permanecen en sus puestos, reforzados tras diferentes procesos de fusión. La mera idea de dejar quebrar a una entidad financiera y castigar a sus gestores, salvaguardando los intereses de los depositantes, parece resultar obscena para nuestros dirigentes políticos y también para el BdE.

Por si eso no fuera suficiente, la reforma legal operada en el marco jurídico de las cajas de ahorro y las posteriores medidas para reforzar el sistema financiero no han cumplido con uno de los principales objetivos: su despolitización. La salida ofrecida a estas entidades, aparentemente severa, no es más que un protector paraguas bajo el cual podrán cobijarse las que lo deseen sin necesidad de que los políticos de los reinos de taifas o sus apadrinados abandonen sus sillones, sin que las entidades mejor gestionadas se vean sanamente beneficiadas frente al resto, y sin cerrar la posibilidad de que el poder político recupere a medio plazo el control en estas entidades allí donde transitoriamente pudiera haberlo perdido, por mucho que se hayan visto obligadas a reinventarse como bancos.

En medio de este desaguisado, el mantenimiento de esta alianza supondrá un coste aún mayor, al margen del roto que la sequía crediticia está causando. Si, como todo parece indicar, las valoraciones ofrecidas por el BdE se dan por buenas y el FROB acude en ayuda de quienes lo soliciten –que serán más de los que ahora lo reconocen, pues no está el mercado para bromas ni lo va a estar en una temporada- la lógica y la vergüenza torera del Ministerio y del BdE obligarán al FROB a suscribir acciones de los nuevos bancos sobre la base de dichas valoraciones. Como todas y cada una de las instituciones nacionales e internacionales con algo de conocimiento de causa en la materia se han encargado de propagar, esos valores no se los cree nadie, pues el saneamiento pendiente sobre los activos de las cajas es mucho mayor que el tasado por el BdE, de manera que cuando el FROB extienda su manto protector estará comprando participaciones sobrevaloradas. Dicho lisa y llanamente, el BdE y el Ministerio se habrán dejado timar conscientemente a costa de nuestro bolsillo.

Llegado el momento en el que el FROB deba vender tales participaciones, el agujero se habrá hecho realidad, y el comprador -sea quien sea- pagará por lo que realmente valen y no por el resultado de un artificio teórico-político del BdE, materializándose en ese momento el pufoque ahora se está gestando y que todos nosotros terminaremos pagando religiosamente.

Así se escribe la Historia. Unos ganan y otros pierden, como siempre ha ocurrido, y la vieja alianza seguirá en el lado de los vencedores.

Revueltas y petróleo: la conexión monetaria (02-03-2011)

El barril de Brent, referencia en Europa, se acerca a los 120 dólares, y arrastra en su ascensión al estadounidense WTI, que supera ya los 100 dólares por barril. En menos de 15 días el precio del petróleo ha subido un 16%, y el aumento supera el 30% desde que se iniciaron las revueltas en los países norteafricanos, acelerando una tendencia al alza que se viene manteniendo desde hace muchos meses y que parece imparable. Este fuerte encarecimiento del oro negro pone en riesgo la recuperación económica de Occidente, absolutamente dependiente de esta fuente de energía.

A nadie se le escapa que, al tiempo que el petróleo se ha ido encareciendo, igualmente lo han hecho las materias primas de todo tipo y también los alimentos. Son diversos los factores que permiten explicar este fenómeno, ya observado en 2008 -como una cierta recuperación de la demanda en los países emergente o diversos fenómenos naturales que restringen la oferta, entre otros-, pero sin duda hay un nexo común que permanece presente en todo momento: el tsunami monetario.

Todos los bancos centrales del mundo reaccionaron ante la crisis expandiendo sus balances para compensar la restricción crediticia que opera en toda fase recesiva –con especial protagonismo para la Fed norteamericana y el banco central chino- pero, como en toda grave enfermedad, el fármaco en exceso ha generado efectos secundarios. La afluencia de capitales ávidos de rentabilidad hacia estos mercados de bienes primarios ha provocado una peligrosa inflación selectiva que, siendo previsible, llegados a este punto es difícil de esquivar y controlar.

Pero eso no es todo. Lo que para algunos aparece ahora como una complicación inesperada que dificulta la salida de la recesión –las revueltas en los países norteafricanos-, no es una casualidad. Y no lo es porque estos pueblos se levantan angustiados, entre otros motivos, por la carestía de los alimentos y los productos básicos.

La estabilidad fiscal, un concepto discutido y discutible (14-02-2011)

Estos últimos días se ha hablado mucho del déficit y la deuda de las CCAA, como si estuviéramos ante algo inesperado. Nada más lejos de la realidad.

Ya en 2006 el ejecutivo modificó la ley General de Estabilidad Presupuestaria sustituyendo el criterio estricto de estabilidad fiscal por el de “equilibrio a lo largo del ciclo”, bajo el argumento de que el primero tenía un carácter procíclico, olvidando que las fases expansivas favorecen la generación de un déficit estructural, oculto tras unos ingresos públicos insostenibles a lo largo del ciclo, y que lo realmente procíclico es el ajuste fiscal tras los días de vino y rosas. Algo que ahora sabemos bien.

Las ficticias previsiones de ingresos del Estado de 2008 y 2009 permitieron a las CCAA más gasto justo cuando los ingresos se desplomaban, cavando un agujero de 25.000 millones, mientras la orquesta keynesiana seguía tocando. En diciembre de 2009 –con la crisis haciendo estragos- se modificó el sistema de financiación de las CCAA de régimen común para dotarlas de más recursos (sin exigir a cambio compromisos en materia de disciplina fiscal), incluyendo 11.000 millones adicionales en nuevos fondos que ahora no se pueden abonar. Algo que se sumaba a lo establecido en los estatutos de autonomía de nueva generación, lindezas como la bilateralidad en la negociación o unos sorprendentes compromisos en materia de inversión que ya están empezando a generar sus frutos.

Ante una realidad inevitable, el Ministerio de Economía estableció a las CCAA objetivos de déficit para el periodo 2010-2012 que superaban lo permitido por la propia ley. Para calmar la angustia de los mercados, el Ministerio informaba en noviembre de la buena marcha de la ejecución presupuestaria de las CCAA, y en enero el presidente afirmaba en el FT que el gobierno utilizaría el control del endeudamiento para meterlas en vereda. Algo sorprendente pues les basta para endeudarse con presentar un plan de reequilibrio financiero más o menos creíble y cuando por entonces diferentes bonos patrióticos a precio de oro ya circulaban, mientras el gobierno miraba hacia otro lado.

En éstas andábamos cuando el nuevo gobierno catalán, entusiasta del concierto económico, informaba que la caja está vacía, que incumpliría su objetivo de déficit y que necesitaba endeudarse antes de que el CPFF aprobara su plan –algo no permitido a ninguna otra comunidad-. Lo que no era posible se torna, tras un café, en algo sencillo para esta comunidad que a septiembre acumulaba 38.000 millones de deuda -incluyendo el sector público empresarial-, es decir, un 31% de toda la deuda autonómica. Tras la atropellada reacción de los vecinos, el Ministerio anuncia el café para todos, y como ha hecho hasta ahora, permitirá a todas refinanciar deuda.

Al margen de la evidente lectura política, resulta más interesante analizar las implicaciones económicas. El uso de la bilateralidad y el ninguneo del CPFF a favor del chalaneo se suman a una sensación de relajo en la disciplina fiscal, lo que no es cuestión baladí cuando tenemos unos cuantos años por delante de duras estrecheces fiscales y difíciles compromisos que cumplir.

No cabe duda de que aliviará unas cuentas exiguas que de otra forma se acercarían a la suspensión de pagos, pero la salida a la papeleta del gobierno sin duda reducirá el ritmo de recorte del déficit y parece bastante claro que el difícil reto de reducirlo al 1,3% este año se vuelve ahora misión imposible. No ésta una buena señal para unos mercados de deuda recelosos, que ya no quitan ojo a las CCAA y a los que habrá que colocarles este año nada menos que 25.000 millones de deuda autonómica.

El gobierno hace tiempo que renunció a utilizar seriamente los instrumentos de control  fiscal. Pero con todo, lo más preocupante es que la tendencia de crecimiento del gasto estructural de las CCAA es difícilmente alterable sin la adopción de profundas reformas que aporten mayor eficiencia en el gasto público y que afectan ineludiblemente –entre otras cosas- al actual equilibrio entre el Estado del bienestar y la organización territorial del Estado.

Algo sin duda muy complicado para quien considera que -como en el caso de la nación-, la estabilidad fiscal es un concepto discutido y discutible.

(Publicado en El Economista)
http://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/2826406/02/11/La-discutible-ESTABILIDAD-FISCAL.html

La inflación, esa gran desconocida (7-2-2011)

Habitualmente se define inflación como el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía. Esta definición ha sido y sigue siendo fuente de graves errores de interpretación. En realidad, la inflación es la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero. La diferencia entre ambas definiciones no es meramente gramatical o teórica, sino que tiene serias consecuencias prácticas, pues el dinero puede perder capacidad adquisitiva, con negativas e importantes repercusiones para todo el sistema económico, sin que los precios aumenten de forma generalizada y sostenida.

Es perfectamente comprensible y normal que los ciudadanos desconozcan esta diferencia y sus repercusiones, pero no es admisible quien lo haga sea la autoridad monetaria, es decir, los bancos centrales.

El crecimiento excesivo de la masa monetaria (que se deriva básicamente de un aumento del crédito sin respaldo del ahorro real, provocado a su vez por unos tipos de interés artificialmente reducidos que expanden la base monetaria, habitualmente en un contexto de favorables expectativas económicas) conlleva una pérdida de valor del dinero en relación a los bienes y servicios que son objeto de compraventa en una economía. Este fenómeno no implica necesariamente una subida de los precios en el corto plazo, pues las mejoras tecnológicas aplicadas a la producción, los incrementos de la productividad, las importaciones baratas y otros factores pueden evitar dicha subida. Pero no los perniciosos efectos de la inflación.

Por otra parte, el error de equiparar inflación con incrementos en el IPC (índice que sólo mide la evolución de los precios bienes de consumo, olvidando nada menos que el precio de los activos, como las viviendas o los activos financieros) agrava la dificultad de detectar la existencia real de inflación.

Las políticas monetarias inflacionistas son condición necesaria y suficiente para la repetición de crisis financieras y económicas como la que sufrimos, profundamente injustas, y los procesos deflacionarios que les suelen seguir no son más que efectos de aquellas, como he tratado de explicar aquí.

La decisión de la Fed norteamericana de continuar con medidas heterodoxas de ampliación de la masa monetaria a cualquier precio (a través del segundo programa de expansión cuantitativa – QE2 en sus siglas en inglés-) y devaluar su moneda, junto con la del BCE y otros bancos centrales (en China el crédito se está expandiendo a una tasa del 35%) de seguirle mediante la compra y monetización de títulos de deuda pública y la rebaja en la calidad de los activos aceptados como garantía para las operaciones con los bancos comerciales, han tenido un serio impacto sobre la afluencia de capitales hacia mercados localizados en países emergentes, especialmente los más volátiles y que pueden ofrecer altas tasas de rentabilidad a corto plazo en este contexto de abundante liquidez, como son las materias primas en general (incluyendo las energéticas, como el petróleo) y los alimentos, cuyos precios, cotizados en dólares, han aumentado a nivel internacional entre el 20% y el 30% en menos de un año.

Al margen de la influencia de fenómenos naturales y del aumento en la demanda en esas economías, lo cierto es que el efecto de la expansión monetaria sobre los precios de los bienes de consumo (en especial los más básicos), que apenas nos está empezando a llegar, nos golpeará de lleno en 2011. Causa estupor escuchar al gobernador del Banco de España o al presidente del BCE cuando afirman que las expectativas de inflación a corto y medio plazo “están bien ancladas en torno al 2%”.

Conocidos economistas (como Krugman) claman por el mantenimiento de las políticas monetarias expansivas, pues entienden que son la única vía acertada para crear empleo, en un déjà vu de la curva de Phillips. Nada más inviable, más lejano a la realidad y más perjudicial a medio plazo para los trabajadores, cuando lo que estamos viviendo es una crisis de endeudamiento, de la cual no deberíamos salir con más deuda, pues estaríamos sentando las bases de la siguiente.

No tiene sentido tratar de combatir la inflación con ineficaces medidas deflacionarias que empobrecen a los trabajadores por cuenta ajena y a los ahorradores, y que condenan a la miseria a millones de habitantes de países menos desarrollados, pues no está ahí la raíz de este problema, mientras continúan las políticas inflacionarias planificadas que cuentan con el visto bueno de todos los Estados, pues son éstos, junto con el sistema bancario, los más beneficiados. Es cierto que es necesario desligar los salarios de la inflación, pero no porque aquellos sean causa de ésta, como falazmente se dice, sino porque los salarios de cada empresa han de vincularse a su realidad particular, haciendo compatible la evolución salarial con su viabilidad y la competitividad a largo plazo, y porque es imprescindible incrementar nuestra productividad si queremos mantener nuestro nivel de vida.

No sorprende que gobierno y oposición estén en la inopia, pero es una auténtica vergüenza que los supuestos “representantes de los trabajadores”, que viven sin pudor del generoso pesebre público, no reclamen un cambio en las políticas monetarias que provocan repetidamente crisis financieras y deterioran gravemente la capacidad adquisitiva de los salarios a través de este impuesto silencioso, mientras pactan con una sonrisa otras medidas cuando menos discutibles, por miedo y vergüenza a convocar otra huelga general sin apoyo.

Nos encontramos en un contexto en el que nuestra aportación al crecimiento de la masa monetaria del euro es negativa (básicamente porque el crédito en España sigue desplomado y la demanda nacional sigue en coma), sin embargo observamos aumentos de los precios de consumo superiores al 3%. Esto indica que la deflación que conlleva la contracción monetaria nacional está provocando la corrección de los precios de los activos, pero ya no afecta a los bienes de consumo. Por eso no parece razonable concluir -por mucho que descontemos el efecto de las subidas impositivas- que “las expectativas de inflación se mantengan ancladas en el entorno del 2%”, sino que todo apunta a que nos acercamos a un periodo de estancamiento económico con subidas de precios, lo que traerá sin duda una elevación de los tipos de interés del BCE. Nuestra gran dependencia energética y las elevadas importaciones de materias primas, bienes de consumo y alimentos, hacen que sea perfectamente compatible una deflación nacional (entendida como contracción monetaria dentro de nuestras fronteras) con subidas de los precios de los bienes de consumo más básicos en el corto plazo.

Ceguera y estupidez (09-01-2011)

Cuando ya era una evidencia, la ceguera en el análisis de la incipiente crisis llevó al gobierno socialista a negar su misma existencia y, a renglón seguido, a afirmar que estábamos ante un problema de insuficiencia de la demanda y de falta de confianza. Resucitando caducas ideas keynesianas sin otro criterio que la demagogia ideológica, se negaba una verdad incontestable: no estábamos ante una escasez en la demanda, sino todo lo contrario. Ésta había crecido durante demasiado tiempo muy por encima de cualquier nivel sostenible, como consecuencia del desaforado incremento del crédito, incentivado por unos tipos de interés reales negativos. El exceso de deuda acumulada generado un enorme problema de solvencia –que no sólo de confianza- de la economía en su conjunto.

Ciego y confiado, nuestro gobierno cometió, una detrás de otra, una larga serie de estupideces que, lejos de solucionar el problema, estaban cavando el profundo hoyo en el que ahora nos encontramos, en un suicida e ineficaz intento de incentivar una demanda completamente ahogada por la deuda.

El superávit público alcanzado en los años previos a la crisis no respondía a una situación real de las finanzas públicas, pues buena parte de los ingresos procedían de una demanda artificialmente inflada por el crédito y, por lo tanto, insostenible. Pero la ceguera gubernamental impidió ver que realmente acumulábamos un elevado déficit estructural, que afloraría tan rápido como estallara la burbuja crediticia. Con la ceguera y la prepotencia como principales guías, la estupidez en la actuación del gobierno permitió que la enorme deuda privada se transformara en un impresionante déficit público y en una losa de deuda pública.

Una década de excesos crediticios fue suficiente para modelar una estructura productiva completamente distorsionada, en la cual los sectores de actividad más sensibles al dinero barato crecieron de forma insostenible, ahogando la productividad, la competitividad y el déficit exterior. Estos sectores sobredimensionados absorbieron gran cantidad de capital y, sobre todo, de mano de obra poco cualificada, que estaba condenada a su expulsión del mercado laboral más pronto que tarde, como tristemente hemos podido comprobar con la evidencia de un paro masivo. La ceguera de nuestros gobernantes les condujo a impulsar una reforma laboral con la intención de generar empleo en el corto plazo, algo del todo imposible mientras no se reajusten los sectores y se reduzca el endeudamiento de los agentes económicos. Así, lo que debía ser una reforma de futuro, terminó siendo una reforma miope, cortoplacista e ineficiente, que no está alcanzando los supuestos objetivos a corto de creación de empleo, y mucho menos logrará los fines realmente deseables a largo plazo, como son la adaptación de la negociación colectiva a la realidad empresarial, el incremento de la movilidad laboral y la reducción de la temporalidad.

El sistema financiero, asfixiado por sus propios errores, buscó refugio en papá Estado, en una diabólica pirueta que le librara del sano principio del mercado que establece que “quien la hace, la paga”, solicitando un tiempo muerto al capitalismo. La mitad más politizada e intervenida del mismo –las Cajas de ahorro-, fue la que cometió más graves errores. En un ataque de ceguera absoluta, el Estado premió a las Cajas con dinero público, realimentando un suicida riesgo moral. Por si eso fuera poco, nuestros incautos gobernantes permitieron que la reordenación del sector fuera pilotada por los mismos políticos que lo habían conducido al desastre y consintieron, con la connivencia de la oposición, que la despolitización –necesaria para su supervivencia a largo plazo- se transformara en un paripé infumable. 

La absoluta ignorancia colaboró con la ceguera en pronosticar “brotes verdes” desde el mismo comienzo en que se admitió que había crisis (comienzos del año 2009), estupidez que se repite cada pocos meses y que continúa en estos momentos.

Esa misma ceguera provoca ahora que nuestros líderes contemplen con entusiasmo el incremento de la inflación. Confunden a ésta con el IPC –como se hizo durante la fase expansiva, despreciando erróneamente los precios de los activos- y en un alarde de estupidez se asume que su aumento es un síntoma de recuperación económica, como si los años 70 nunca hubieran existido. Los tipos de interés, ya en alza sin que el BCE haya elevado sus tipos de intervención, proseguirán su camino ascendente empujados por una marea de deuda monetizada, cerrando la soga que estrangulará un poco más el consumo y la inversión nacional.

En esta carrera de despropósitos, el sistema de pensiones se somete a una nueva reforma bajo el estúpido principio de que los ciudadanos somos incapaces de tomar decisiones, sustituyendo la libertad individual de todos por el resultado de una peligrosa negociación entre unos pocos políticos y representantes de los desacreditados agentes sociales.

Por su parte, la oposición ha reducido su capacidad de análisis a la interpretación de la realidad a través de las encuestas electorales, y se muestra aun más ciega que el propio gobierno ante las necesidades de nuestro país. No sólo es incapaz de plantear una alternativa verosímil y mínimamente esperanzadora, sino que niega su apoyo al ejecutivo incluso en aquellos asuntos esenciales en los que existe un evidente grado de acuerdo. De una forma casi infantil, culpa al gobierno de todos los males que nos aquejan, con soflamas demagógicas que presuponen un elevado grado de estupidez en los ciudadanos.

Entre la ceguera y la estupidez de unos y otros nos encontramos los ciudadanos. En medio de una situación de emergencia nacional, en la cual los grandes partidos han pasado a formar parte esencial del problema, nos enfrentamos a los procesos electorales de 2011 –autonómicas y locales- y de 2012 –generales-. La estrategia partidista de aquellos que pretenden alternarse en el poder persigue hacernos ver que sólo hay dos opciones viables, sumiéndonos en una ceguera frente a cualquier otra forma de entender la política y la realidad.

Hay una tercera España que reniega de unos y otros.  Que cree que es posible hacer las cosas de otra manera. Que aspira a una verdadera regeneración democrática y a una nueva transición que ponga punto final a la mediocridad reinante en nuestra clase política y a la insoportable partitocracia bipolar. Que desea reformas que garanticen la supervivencia de nuestros servicios públicos, que racionalice el disparatado Estado autonómico y que cierre de una vez el modelo de organización territorial. Que quiere que el sector público sirva verdaderamente a los intereses generales y deje de ser un problema para transformarse en una eficaz herramienta para superar la crisis. Que cree en la capacidad de sus conciudadanos para sacar adelante a este país sin la permanente tutela del Estado.

Es el momento de los ciudadanos. Reflexionemos y busquemos una verdadera alternativa.

Dejen de decidir por nosotros (18-12-2010)

No es ningún secreto que a los gobiernos progres, igual que a los conservadores, les emociona decidir por los ciudadanos, controlar y dirigir sus vidas, como si todos formáramos parte de un enorme grupo de incapacitados.

Cuando los ciudadanos de una democracia eligen a sus gobernantes no les encomiendan la misión de sustituirles en todas las decisiones que libremente puedan tomar. Más bien al contrario, el respeto a la libertad individual es uno de los pilares de eso que llamamos Estado de Derecho. Sin embargo, hay una notable y renovada tendencia por parte de los amantes de la intervención a invadir áreas en las cuales el individuo podría decidir libremente sin necesidad de que nadie lo haga en su nombre.

Es un hecho cierto que la existencia de un sistema público de protección social cuenta con el aval y el refrendo de la mayoría de los españoles. Por este motivo todos los gobernantes no sólo están legitimados para mantener tal sistema, sino que están obligados a velar por el buen estado del mismo y su viabilidad a largo plazo mientras los ciudadanos así lo deseen. Esta evidencia, que se sustenta en la libre decisión de los individuos, parece esconderse a los ojos de buena parte de nuestra clase política.

Por una parte, si olvidáramos la existencia de bastardos intereses partidistas, resultaría absolutamente sorprendente que no existiera una total unanimidad en los grupos políticos para realizar todos los cambios y reformas que fueran necesarios en los servicios y prestaciones que componen este sistema para así alcanzar ganancias en eficiencia y garantizar su supervivencia. Y por otra, a nadie se le debería escapar que es una total contradicción con los principios fundacionales del sistema democrático que el gobernante impida al individuo decidir en aquellos casos es que es no sólo posible, sino conveniente y necesario.

Viene esto al caso por el anuncio de la próxima reforma del sistema de pensiones por parte del gobierno central. Parece que ya todo se reduce a que el gobierno- obligado por la catastrófica situación económica y por las amenazas que se ciernen sobre el futuro de nuestras pensiones- tras el paripé del Pacto de Toledo, decida lo que es justo y conveniente en cuanto a los años de cotización que han de ser considerados para calcular la pensión a percibir, al mínimo de años que han de ser exigirse para tener acceso a la prestación y respecto a cuál es la edad a la que debemos dejar de trabajar. Un reducido número de personas decidirán por todos nosotros en asuntos esenciales relacionados con nuestra vida laboral y nuestra vejez.

Como si no fuéramos capaces de hacerlo si nos dieran la oportunidad y como si ellos conocieran todas las preferencias que en este sentido tenemos los millones de trabajadores.

En lugar de imponer nuevamente un sistema regulador encorsetado, cuánto mejor nos iría a todos si dedicaran su tiempo a diseñar un sistema que, siendo público y viable a largo plazo, permitiera que cada trabajador pudiera tomar sus propias decisiones de jubilación. Es cierto que nuestro sistema de reparto intergeneracional, al contrario que un sistema de capitalización, dificulta este diseño, pero en ningún caso lo impide.

Nada impide concebir un sistema en el cual cada trabajador conociera exactamente cuánto ha aportado a lo largo de toda su vida laboral y qué pensión percibiría en función de la edad en la que decidiera jubilarse, bajo unos parámetros ajustables y unos límites que aseguren el equilibrio financiero del sistema en su conjunto, y en el cual las prestaciones no contributivas no se financiaran con cargo al sistema, sino mediante los Presupuestos Generales del Estado.

Nada impide que pudiera concebirse un sistema en el cual cada trabajador, a partir de un mínimo de cotización necesario para que el sistema sea viable, pudiera aumenta su aportación con el fin de disfrutar antes de su jubilación o de recibir una mayor pensión, o por el contrario pudiera mantenerlo en los mínimos regulados con el fin de disfrutar hoy de una mayor renta, sin importarle que tuviera que trabajar más años para percibir la misma prestación o que fuera a recibir una menor pensión pública.

Nada impide concebir un sistema en el cual la sociedad pudiera beneficiarse de trabajadores longevos cuando su profesión y condición física lo permita y cuando exista un acuerdo entre empleado y empleador.

Quienes creemos firmemente en la libertad estamos convencidos de que nada impide diseñar un sistema público en el cual los principios de igualdad, equidad y solidaridad sean absolutamente compatibles con el profundo respeto a la libertad del individuo.

Por eso, aunque sea por esta vez y les suponga un tremendo esfuerzo, por favor, dejen de decidir por nosotros.

El sueño se acabó (30-11-10)

Durante las últimas semanas estamos asistiendo al recrudecimiento de la crisis de la deuda pública de los países europeos, que castiga principalmente a aquellos que más excesos cometieron y que más dificultades van a encontrar para hacer frente a sus compromisos de pago.

Esta crisis de la deuda pública es un paso más en una desafortunada carrera de despropósitos que conforman eso que ahora algunos llaman la gran recesión. Ni los malvados mercados ni los pérfidos especuladores nos estarían acosando sin la indispensable colaboración de quienes se erigen en valientes defensores de los ciudadanos. La zorra cuida del gallinero.

Me explicaré un poco más. Durante años vivimos un largo sueño de envenenado crecimiento. La política europea y mundial de dinero barato sin control cercenó cualquier necesidad imperiosa de mejorar las bases de nuestra competitividad para tener que crecer: para qué sufrir si se puede vivir a crédito. La falsa percepción de riqueza privada y superávit público, combinada con la peor clase política de nuestra historia reciente, sentaron las bases ideales para el mayúsculo desastre.

Tras la larga etapa de relax monetario, llegó el momento de purgar excesos. Pero la ensoñación keynesiana no lo podía permitir: si se acababa la medicina monetaria, siempre nos quedaba la medicina fiscal. Que siga la juerga. Así nos merendamos dos años, estímulo fiscal va, estímulo fiscal viene, en una suerte de juego en el que el todopoderoso sector público, dueño y señor de la economía, trocaba deudas privadas en pufos públicos. Ahora doy un cheque fiscal a los ciudadanos para que consuman, luego ayudo a este sector, al otro y al de más allá para que inviertan y produzcan, después mejoro la financiación de mis queridas autonomías –no se me vayan a enfadar- para que mantenga el gasto público y entonces avalo a las entidades financieras para que el crédito fluya. A partir de ahí sigo buscando a quién más puedo ayudar con mi interminable maná.

La caída en el gasto privado y el retroceso de la actividad laminó, como era de esperar, los ingresos públicos y entonces –sólo entonces- alguien se preocupa... Se nos dispara el déficit, la deuda se nos va de las manos, los ingresos siguen cayendo y no hay quien frene los gastos. En medio de los gritos keynesianos que piden más gasto público como solución final, quienes nos prestan dinero empiezan a pensar que han hecho un mal negocio y que quizás no haya una próxima vez si salen vivos de ésta. De forma inmediata, los inversores se transforman en especuladores a juicio de los progres, y todos juntos son los malvados mercados.

Al final de esta historia el problema de unos se ha transformado en el problema de todos, con el agravante de mientras los unos se lucraron en los tiempos de vino y rosas, a los otros les toca pagar la fiesta. Estamos ante el verdadero socialismo financiero, el paradigma progre. La disciplina del mercado –el que la hace, la paga- se ha sustituido por la imbatible doctrina del intervencionismo. Si al comienzo de este sueño fueron unas instituciones públicas quienes sentaron las bases de una auténtica explosión de crédito barato -los bancos centrales-, destruyendo así todo el ahorro presente y futuro, cuando el sueño se fue transformando en pesadilla, otras instituciones públicas -los Estados- apostaron por socializar las pérdidas privadas.
Pero la culpa, en el fondo, es de los mercados. Es del capitalismo. Es de los especuladores.

Fantástico.

Ahora que el sueño se va terminando y hay que afrontar la realidad –que las deudas hay que pagarlas y que cuando son excesivas resultan impagadas, destruyendo riqueza- los ciudadanos nos encontramos rehenes de esa realidad que no comprendemos, sin que nadie nos explique sinceramente cómo hemos llegado hasta aquí, obligados a purgar los excesos propios y los ajenos, y gobernados por marionetas.

Este sueño no es nuevo. Vivimos permanentemente en ese “día de la marmota” que se repite históricamente, porque todo cambia para que todo permanezca igual mientras la zorra siga vigilando el gallinero.

Y no esperen que la zorra se comporte de forma distinta a la esperada, ni ésta ni la próxima vez.


Mal arreglo (26-10-2010)

Parece que cada vez son menos los que ponen en duda que la grave crisis económica que estamos viviendo es básicamente una crisis de deuda, cuyas causas últimas debemos buscarlas en los graves errores de política monetaria que durante décadas, pero especialmente a partir de 2001, se han cometido en los principales países desarrollados, y que se han apoyado en convicciones aportadas en este ámbito tanto por el keynesianismo como por el monetarismo a lo largo del pasado siglo -especialmente la creencia de que los tipos de interés han de situarse en el nivel más bajo posible siempre que la inflación sea positiva y reducida, independientemente del crecimiento que experimente el crédito y la masa monetaria-.

Este mar de deuda que hemos acumulado es precisamente lo que impide a los agentes económicos privados mantener el nivel de gasto (consumo e inversión) y de demanda de crédito, y a las entidades financieras mantener el mismo nivel de oferta crediticia. Será difícil por tanto reanudar un crecimiento sostenido de nuestra economía sin un proceso previo de saneamiento de esta situación financiera. Una continuada política monetaria de tipos de interés casi nulos por parte de los bancos centrales –que desincentiva ese obligado proceso de desapalancamiento-, acompañada por una política fiscal que añade más deuda pública a la privada y detrae parte del ahorro que debería alimentar la reactivación de la actividad inversora privada, es una letal combinación para garantizar que la economía española permanezca en un estado de aletargamiento por más años de los que sería deseable.

Es importante recordar esta obviedad por dos razones. La primera es que el endeudamiento de los sectores no financieros de la economía (familias, empresas y administraciones públicas) no ha dejado de crecer, incluso en plena recesión, tal como confirman los datos recientemente publicados por el Banco de España. Así, frente a una deuda bruta equivalente al 250% del PIB (2,6 billones de euros) antes de iniciarse la crisis –un nivel ya completamente desmesurado e insostenible-, se ha pasado en el segundo trimestre de 2010 a más del 290%, es decir, más de 3 billones de euros. Este incremento (del 15% en importe y de 40 puntos de PIB), no ha sido ni mucho menos homogéneo por sectores, dado que frente al crecimiento del 6,5% en el sector privado, el sector público se ha convertido en el principal agente de desequilibrio y ha aumentado su deuda en nada menos que un 61% (en esta subida no es posible ocultar el protagonismo de las CCAA, cuyo endeudamiento ha crecido un 74%).

Y la otra razón por la que conviene recordar cómo está nuestra economía desde el punto de vista del equilibrio financiero es que el renovado equipo de gobierno está dando serias muestras de que pretende dar un giro progre a sus políticas, eufemismo que significa que de aquí a las próximas elecciones podría haber un cambio en la ruta marcada en mayo de 2009 en cuanto a reformas estructurales y control del gasto público. Mientras tanto, el principal partido de la oposición -incapaz de aportar iniciativas y de respaldar al gobierno en aquellas medidas necesarias de estabilización y reforma-, centra sus esfuerzos en desgastar al ejecutivo con la ayuda de quienes hacen lo propio desde una izquierda dogmática y retrógrada. Esta pre-electoral situación política hace casi imposible que se realicen las numerosas reformas que serían necesarias para reconducir la deriva suicida del gasto público y hacer viable este cuasi-fallido “Estado autonómico del bienestar”.

Bonos patrióticos (12-10-2010)

Hoy, 12 de Octubre, Fiesta Nacional, tras una semana tratando de encontrar una lógica a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, nos desayunamos con la noticia de que el gobierno de Cataluña emitirá 2.000 millones de euros en bonos para colocarlos entre los ciudadanos de esa comunidad autónoma.

Vayamos por partes.

Los PGE, basados en unas previsiones macroeconómicas completamente irreales –en la línea del optimismo irracional de nuestro Presidente-, y apoyados por los insaciables grupos nacionalistas que someten al gobierno una y otra vez, no son los que nuestro país necesita. Pero no lo son porque recorten el gasto público –que es algo inevitable, por mucho que la progresía española diga lo contrario-, sino porque lo hacen de forma indiscriminada, injusta, insuficiente y equivocada. Son fiel reflejo de que el Estado residual que han dejado éste y anteriores ejecutivos es incapaz de servir a los fines de interés general y no es un instrumento válido para poner en práctica medidas eficaces que permitan acortar el tránsito hacia la recuperación económica.

El gobierno central hace tiempo que dejó de gobernar este país.

A pesar de lo urgente que es relevar al inquilino de la Moncloa, se equivocan quienes, desde una visión consciente de la realidad y conocedores de las reformas que son necesarias para permitir la viabilidad de España como economía y como Estado, jalean a aquellos otros que atacan al Presidente desde la demagogia social y progresista y lo acusan de neoliberal converso y peligroso, con la única intención de sentarse en el sillón abandonado. El cambio de rumbo en la dinámica del gasto que el gobierno emprendió en mayo era inevitable para salvar a España de la quiebra, independientemente de que haya sido precisamente este gobierno el que haya liderado ese camino previo hacia el abismo, que haya traicionado su propio ideario y que sea incapaz de poner en práctica y con acierto las reformas que son necesarias. Pero no pensemos que existe una alternativa social y progresista verosímil y factible. Esa opción, la del gasto público expansivo, es justo la que nos ha conducido a esta situación y ha estado a punto de mandarlo todo al garete.

Y se equivocan también quienes centran sus preocupaciones solamente en el Estado. Mientras éste trata de hacer lo posible por cumplir una senda de corrección del déficit, con más o menos acierto –más bien menos-, los reinos de taifas de uno y otro color viven en un mundo ajeno a la crisis, en el cual los esfuerzos por reconducir el derroche insostenible no son prioritarios ni urgentes. Serán sin duda las CCAA el principal escollo para cumplir con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Eso no sería extremadamente grave si no fuera porque en sus manos está buena parte del Estado del Bienestar: Sanidad, Educación, Servicios Sociales… Una irresponsable gestión ha permitido que el gasto autonómico alcance niveles insostenibles y ponga en riesgo todo el sistema, con el beneplácito del gobierno central, que ha asistido impasible a este despropósito sin ejercer sus obligadas funciones de coordinación y de garantía de los principios de igualdad y solidaridad entre españoles. Un juego al que han jugado tanto el partido en el gobierno como el principal partido de la oposición.

Las CCAA han demostrado su total incapacidad para afrontar el inevitable reto de reformar los servicios públicos fundamentales que prestan y hacerlas económicamente sostenible. Si el gobierno central no ejerce las atribuciones que la Constitución le atribuye para evitar el colapso del Estado en su conjunto y no inicia un proceso para modificar el actual reparto competencial, asistiremos con seguridad a una mutilación indiscriminada del Estado del Bienestar y al fracaso de este galimatías autonómico que difícilmente se puede a estas alturas considerar como un éxito.

Y en éstas viene el gobierno catalán con sus bonos patrióticos, que no son únicamente una muestra más del fracaso en su carrera de gasto y endeudamiento –han sido rechazados por los inversores institucionales por la enorme desconfianza que suscitan y han de pagar un rendimiento casi igual al de los bonos griegos-, sino que son una palpable manifestación del modo progre de enfrentar la crisis, que no comprende que son las empresas y las familias quienes fundamentalmente generan riqueza y crean empleo, y que se caracteriza, entre otras bondades, por castigar a los agentes privados con más impuestos –cuando son incapaces de recortar el gasto como deberían- y por desviar el menguante ahorro privado hacia el imparable gasto público, haciendo todavía más difícil la reactivación del crédito hacia empresas y familias, algo que sus ideólogos reclaman insistentemente, pero que con sus actos impiden.

Rompamos la caja (20-09-2010)

Desde hace ya varias legislaturas, e independientemente del color político del gobierno, se ha convertido en una tradición que los Presupuestos del Estado se aprueben con el apoyo de uno o varios grupos nacionalistas. Así que cada año asistimos, indignados unos y encantados otros, al vergonzoso sometimiento del gobierno español al chantaje nacionalista, pagado con el dinero de todos, sin importar el grave daño causado a los intereses generales y mucho menos a eso que se llama la igualdad y la solidaridad entre españoles, que en realidad ya nadie sabe lo que es.

El invariable resultado de estas negociaciones es una de las mayores evidencias de que en España ser nacionalista es muy rentable y de que, por encima de los intereses de los españoles, lo que verdaderamente interesa a los dos grandes partidos que se alternan en el poder es precisamente eso, el poder.

Este año no iba a ser una excepción, y uno de los negociadores por excelencia, el PNV, ha dicho sin tapujos que apoyará los Presupuestos –sin conocer su contenido y antes de saber si son las cuentas que España necesita, pues eso no les importa en absoluto- siempre que sean transferidas a la comunidad autónoma del País Vasco la gestión de los fondos gestionados por la Seguridad Social para la financiación de las políticas activas de empleo (formación, orientación laboral, gestión de ofertas de empleo, etc), y también las bonificaciones a las cuotas empresariales.

Esta historia de las cesiones al chantaje nacionalista va aumentado su gravedad a medida que pasan los años, pues apenas van quedando competencias a transferir y la chequera del gobierno central se encuentra cada vez más vacía. Como vemos, este año el objeto del deseo es una parte de los recursos de la Seguridad Social, nada menos que el último reducto de solidaridad que resiste intacto en este país al embate nacionalista. Hay que tener mucha jeta y creer que aquí todos somos tontos para negar la evidencia y afirmar que las políticas activas de empleo, especialmente las bonificaciones de las cuotas empresariales, no tienen nada que ver con los gastos y los ingresos que conforman la caja única de la Seguridad Social, tal como afirman los representantes del PNV y como es posible que admitan los acorralados socialistas.

El meollo del asunto no está sólo en qué se cede, sino también en cómo.  

Una parte de la exigencia, la gestión de las políticas activas de empleo, está ya transferida otras comunidades, pero estos chicos listos del PNV no quieren recibir los recursos como otra comunidad autónoma cualquiera, sino mediante el sistema establecido en el concierto económico vasco. Es decir, dotando a esta comunidad en cada caso de la parte proporcional de los recursos totales equivalentes a su peso proporcional en la economía nacional, que ha quedado fijado desde hace años, mediante un desfasado, invariable e injusto porcentaje, en el 6,24%. Por lo tanto, en caso de ceder a las pretensiones nacionalistas, esta comunidad no recibiría recursos para financiar sus políticas de empleo en función de sus parados, sino directamente un 6,24% del monto total nacional. Si tenemos en cuenta que el paro en la comunidad autónoma del País Vasco es la mitad que en el resto de España (un 2,36% del total) y añadimos a esto la desviación que ese desfasado e injusto porcentaje implica, nos encontramos con que, de aplicarse en estos momentos, esta comunidad recibiría un importe por parado muy por encima que el resto de comunidades.

Y la otra parte del chantaje, la transferencia del 6,24% las bonificaciones a las cuotas empresariales –algo que no se ha hecho con ninguna comunidad y que afecta directamente a la recaudación de las cuotas empresariales, el corazón de la caja única-,  supone otorgar un privilegio a esta comunidad para intervenir en el mercado laboral y favorecer a las empresas radicadas en su territorio, a costa de los cotizantes –empresas y trabajadores- del resto de España.

El propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado de forma clara sobre este asunto en diversas ocasiones en defensa de los principios de igualdad, solidaridad y unidad de caja que inspiran las políticas en materia de Seguridad Social. Así, en sentencia del año 1989, el alto tribunal señalaba que "es competencia exclusiva del Estado la recaudación, aplazamiento y fraccionamiento de las cuotas y demás ingresos o recursos de financiación de la caja única de la Seguridad Social" y para aclarar más su parecer, en sentencia de 1992 establecía que "corresponde al Estado conceder bonificaciones de la cuota empresarial de la Seguridad Social, en cuanto afecta a los ingresos o recursos de financiación de la caja única".

La cuestión es especialmente sangrante si tenemos en cuenta que la comunidad autónoma del País Vasco, situada entre las más ricas de España, es deficitaria en el cómputo global de las políticas de la Seguridad Social. Sus elevadas pensiones, unidas al hecho de que su población se encuentra relativamente envejecida, hacen que esta comunidad apenas cuente con 1,9 cotizantes por pensionista (la media nacional es de 2,6) y la sitúa entre las 9 que reciben la solidaridad del resto, que en su caso ronda los 500 millones de euros anuales.

Así que evidentemente el PNV no desea el traspaso de verdad de la Seguridad Social en su conjunto -pues por mucho que les duela a los nacionalistas admitirlo, los ciudadanos vascos se benefician de la solidaridad del resto de los españoles-, sino que su única finalidad es la de seguir exprimiendo todo lo posible las exiguas arcas del Estado, lo que seguirán haciendo siempre que en la Moncloa habite un irresponsable que esté dispuesto a todo con tal de salvar el sillón y seguir gobernando.

Bien mirado, éste no sería más que otro paso en el camino de ruptura en la igualdad y la solidaridad entre españoles iniciado hace demasiado tiempo. Si los nacionalistas catalanes, con el incondicional apoyo de nuestro presidente y la parsimonia del principal partido de la oposición (y la complacencia de sus barones regionales),  fueron capaces de romper otro de los núcleos duros de la solidaridad -que era un sistema de financiación de las comunidades autónomas diseñado para igualar los recursos por habitante en todo el territorio nacional- mediante la introducción del letal concepto de nivelación parcial (que implica que los ciudadanos somos parcialmente iguales en el derecho a recibir prestaciones de las administraciones públicas), ¿por qué no han de conseguir los nacionalistas vascos la ruptura de la caja única de la Seguridad Social?

Si en definitiva, como majaderos de uno y otro lado repiten constantemente, estamos de acuerdo en que España es plural y que esto justifica cualquier atropello a la igualdad y a la solidaridad; si estamos convencidos de que este sistema mangoneado por cuatreros nacionalistas e irresponsables en el poder es lo que queremos y necesitamos; si admitimos que los territorios y no las personas son sujetos de derechos y obligaciones; si pensamos que la solidaridad entre españoles, además de una memez, es un castigo a unas regiones para favorecer a otras; si de verdad no estamos dispuestos ni siquiera a indignarnos o a cambiar el destino de nuestro voto; entonces, si todo esto es así, adelante: rompamos la caja única de la Seguridad Social.

Ni gobierno ni oposición (14-07-2010)

Hastío y rabia podrían ser los mejores calificativos para describir el estado de ánimo que provocan en quien escribe los discursos del debate sobre el estado de la nación del Presidente del gobierno y del líder de la oposición. Sus intervenciones de hoy han sido tristemente reveladoras del desprecio hacia los ciudadanos y hacia la nación (me refiero a España) que subyace en la defensa de sus posiciones y que se desprende de las actitudes partidistas y miopes de ambos que, lejos de dirigirse a afrontar los muchos y graves problemas a los que nos enfrentamos desde hace demasiado tiempo, no son sino el fruto de miserables y calculadas estrategias electoralistas.

El Sr. Rodríguez Zapatero, como recién llegado a la responsabilidad de gobierno y ajeno por completo a lo ocurrido en la nación en los últimos años, despliega un discurso irreal, arremete contra el principal partido de la oposición –ahora que la crisis financiera internacional y los especuladores han dejado de cumplir su misión de escudo protector- y habla de todo menos de la tozuda realidad que se empeña en desmentirle y del resultado de sus erráticas medidas de gobierno o de futuras acciones que contribuyan a torcer el brazo a la recesión.

Ahora que, superado el amargo y obligado trago de reconocer la gravedad de la crisis tantas veces negada, ha abandonado aparentemente la política Alicia y ha iniciado un proceso de necesarias reformas, se confirma sin embargo su incapacidad para admitir que estamos ante cambios tímidos, cobardes e insuficientes que no responden a la gravedad de los problemas, y que por tanto no van a producir las mejoras esperadas: una consolidación fiscal para poner remedio a la nefasta gestión del gasto público que se basa en irreales previsiones de crecimiento económico y que será inviable sin involucrar en el esfuerzo a las CCAA mediante la utilización de los mecanismos legales a su disposición o la aprobación de nuevas normas que lo permitan; una reforma laboral que no ataja de raíz los problemas de nuestro mercado de trabajo (dualidad, negociación colectiva y movilidad laboral); una mal llamada reforma del sistema financiero –en absoluto se ve reformado- que no es más que un politizado plan de fusiones de Cajas y una modificación de la LORCA cuyos efectos prácticos sobre los defectos de estas entidades (politización, desprofesionalización y dificultad para recapitalizarse) quedan a expensas de las decisiones de quienes controlan en la actualidad sus órganos de gobierno (que son precisamente los representantes políticos); una reforma del Estado del Bienestar –Pensiones, Sanidad y Dependencia- para la cual falta valor político y sentido de Estado; una fracasada reforma de la Educación; una “reforma fantasma” de la Justicia; una urgente reforma de las AAPP que ni está ni se le espera; una camaleónica reforma del modelo energético que genera permanente incertidumbre; una necesaria reforma del modelo territorial que camina en la dirección equivocada tras el histórico error del Estatuto de Cataluña y los que le han seguido; una reforma del injusto sistema electoral que ni siquiera se plantea, en un desprecio completo a la esencia de la democracia…

En definitiva, un país que camina a la deriva en medio del desastre mientras su Presidente sólo es capaz de ofrecer una autocomplaciente lectura de esta triste realidad.

Por otra parte, el principal partido de la oposición mantiene una oposición cicatera, temerosa y acomplejada, calculando cada uno de sus pasos en términos aun más electoralistas, sin alternativa conocida ni tangible que ofrecer a los ciudadanos; preocupada únicamente por las encuestas y por provocar el mayor daño posible al gobierno a toda costa, en una cobarde actitud cuya única propuesta ha sido la de pedir un adelanto electoral en estos momentos en que posiblemente el diferencial a su favor en la intención de voto ha alcanzado sus máximos, y que podría resumirse en un simple “quítate tú para ponerme yo”.

Y mientras tanto un país que se desangra, una economía que zozobra sin timón ni capitán, unos ciudadanos a quienes se les niega la realidad y no se les dice la verdad: que la recuperación requiere de un lento proceso de reducción de la deuda pública y, sobre todo, de la privada (empresas, familias y entidades financieras) que permita un nuevo crecimiento acompasado de la demanda agregada y de la actividad productiva. Proceso que ha de acelerarse con las llamadas reformas estructurales pero que es insalvable, y para el cual la actitud que mantienen los representantes de ambos grupos políticos es la peor de las posibles y se ha convertido en un lastre demasiado pesado.

Esta es la tragedia que nos toca vivir. Pero hay soluciones, hay alternativas a esta realidad y hay futuro. Los ciudadanos conscientes de esta realidad tenemos la obligación de actuar como tales. Hagan algo por favor.

Socialismo empobrecedor (10-06-2010)

“Cuando los hechos hablan, las razones sobran”. Esta sencilla frase, pronunciada hace ya meses en un conocido medio de comunicación por un ciudadano anónimo para manifestar su indignación ante la gestión desarrollada por el gobierno central, es la mejor expresión del fracaso político y económico del ejecutivo socialista.

Tras la sistemática negación de la evidencia, la utilización del optimismo irracional como medida anticrisis, el derroche de recursos y la improvisación como único método de trabajo, el viaje a través de esta suicida senda por la que nos ha conducido al Sr. Rodríguez Zapatero está llegando a su fin.  

Se acabó. El abismo está en el siguiente paso.

Es hora de retroceder. Durante demasiado tiempo, el gasto público se acomodó al aluvión de ingresos procedentes de una insostenible actividad económica inflada a base de crédito barato, fomentando la ineficiencia, la elefantiasis burocrática, el clientelismo, la corrupción y el descontrol político. Gobiernos de uno y otro color asistieron complacientes al desmantelamiento del Estado y su sustitución por el actual reino de taifas, en medio de un auténtico mercadeo de alianzas, competencias y millones, donde los enemigos del Estado hicieron caja y fortuna por un puñado de votos.

Entre la espada y la pared, noqueado y sin entender todavía qué ha pasado, el gobierno central se ve obligado a aceptar una férrea dirección asistida que, aunque humillante, se revela como la única vía posible para evitar el colapso del Estado ante la manifiesta incapacidad de nuestros gobernantes.

Ni se gobierna ni se defiende el Estado del Bienestar levantando el puño en un mitin, gritando en la cabecera de una manifestación o repitiendo tópicos demagógicos en Rodiezmo. La auténtica y única defensa de los servicios públicos pasa por acometer las reformas que adecuen el gasto público a las posibilidades reales sin estrangular la actividad privada.

Pero los reinos de taifas de todos los colores mantienen su discurrir autista, ajenos a la debacle económica que nos asola. En una respuesta desde la izquierda a la crisis, los gobiernos autonómicos socialistas han decidido que no adaptarán sus gastos a los recursos disponibles, sino que exprimirán más a los ciudadanos, especialmente a “los ricos”, tal como demuestran los planes de ajuste recientemente presentados. La torpe miopía de estos gobernantes les impide admitir que el nivel de gasto alcanzado en la época de bonanza es insostenible, y que por tanto sólo mediante urgentes y valientes medidas que recorten dramáticamente el gasto superfluo e ineficiente podrán salvaguardar los servicios públicos que gestionan –nada menos que sanidad, educación, servicios sociales y justicia, entre otros-, y no a través de demagógicas medidas que asfixiarán aun más al sector privado por la vía tributaria. Su incompetencia será el principal lastre para cualquier atisbo de reactivación económica y una vacuna contra la iniciativa empresarial, el ahorro o la competitividad.

Y ahora, ¿qué dicen los keynesianos? (17-05-2010)

Ahora que la realidad le ha estallado en la cara, sería un error pensar que el diseño de la nefasta política económica desarrollada en España durante los dos últimos años es fruto únicamente de la irresponsabilidad o la estupidez de nuestro Presidente o su equipo de gobierno.

Durante todo este tiempo, una parte no desdeñable de los economistas, premios Nobel y gurús de diverso pelaje incluidos, tras cargar contra el malvado mercado, defendieron que había llegado “el momento del sector público”, que “el gasto público rescatará a la economía”, que eran necesarios “estímulos fiscales” y afirmaciones semejantes. Desafortunadamente, nuestros mediocres gobernantes, sin entender nada de lo que pasaba, siguieron a pies juntillas estos mantras, convertidos en una especie de verdad única que de tanto repetirla han terminado por creerse, sin tener la menor idea de lo que hacían y sin haber leído ni una sola página escrita por el economista inglés que supuestamente ha inspirado esta firme determinación salvadora.

Muchos de los siempre hemos pensado que es un error tomar medidas de política económica bajo criterios miopes basados en que “a largo plazo todos estaremos muertos” o que la mejor solución ante una crisis de deuda no es gastar más, ni basta con infundir optimismo y confianza, hemos soportado más de dos años de desafortunadas declaraciones y equivocadas actuaciones, en una aberrante carrera suicida hacia el abismo.

No es ningún secreto que el excesivo gasto privado, espoleado por tipos de interés reales negativos, junto con nuestra alarmante falta de competitividad, nos enterraron en un fangal de deuda hasta ahogar nuestra capacidad de crecimiento que, en conjunción con la crisis financiera internacional, pusieron fin al festival español de gasto privado. No es menos cierto que en el actual sistema financiero –liderado por el oligopolio de bancos centrales y entidades de crédito, con la connivencia de los reguladores públicos- está el germen de este desastre. Pero es preciso recordar que esa obsesión por incentivar el consumo, castigar el ahorro y reducir los tipos de interés al mínimo posible –una lacra del pasado que el dinero fiduciario algún día superará-, tan propia del economista inglés, y que ha sido asumida por tantos economistas e incluso bancos centrales, forman parte de la esencia de un modelo de crecimiento autodestructivo, injusto e insostenible. Pues bien, agotado el ciclo expansivo, la deformada lógica keynesiana imperante, decidida a evitar lo inevitable y chistera en mano, sacó el gasto público como el conejo que mantendría la demanda agregada y nos evitaría el tránsito por una dura resaca de sangre, sudor y lágrimas. Así, apostando por comportamientos infantiles e irresponsables, presididos por un optimismo irracional –como si negando la crisis ésta pudiera desaparecer- el despropósito ha seguido guiando las decisiones de nuestros gobernantes hasta que el sueño se ha terminado y la realidad ha aparecido ante sus narices como la peor de sus pesadillas.

La confusión entre las filas progreses tal que ya no saben si las medidas que se toman son para evitar una debacle pública, para salir de la crisis o para el cacareado cambio de modelo. Los supuestos grandes defensores de los servicios públicos han hecho la política más adecuada para machacarlos. Por si esto no fuera poco, cargan contra las presas fáciles, como ellos mismos dirían: “esta crisis la van a pagar los de siempre”. Y tienen razón, pero en este caso son ellos los verdugos. Perdidos por completo en medio de un socialismo empobrecedor.

En medio de este marasmo, sería deseable que el actual equipo de gobierno dejara paso a quien fuera capaz de articular una estrategia con un triple enfoque:

- La consolidación fiscal, que es imprescindible para evitar la quiebra del Estado a la que nos han abocado la política económica del gobierno. Es necesario acomodar el gasto público al ingreso disponible, para lo que todas las Administraciones, especialmente las CCAA, han de aumentar la eficiencia en el gasto, reducir el gasto superfluo y las duplicidades, y acometer valientes medidas de austeridad. Por el lado de los ingresos, la lucha contra el fraude y la economía sumergida ha de ser el eje central, más que el repetido castigo sobre los que tienen nómina o el incremento contraproducente de la presión fiscal sobre actividades generadoras de empleo y riqueza. Hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada, y de los 85.000 millones que supone el ajuste pendiente, apenas se sabe cómo lograr unos 30-40.000 millones…

En este punto es necesario insistir en que aquellos que se autodefinen como grandes defensores de los servicios públicos, pero reniegan de cualquier reforma para mejorar su eficiencia, son en realidad sus mayores enemigos.

- Afortunadamente, siempre se ha salido de una crisis. Siempre. El fin del actual colapso económico, por mucho que nos digan, pasa ineludiblemente por la reducción de la deuda de todos los agentes, públicos y privados, que supone más del 350% del PIB, todo un record mundial. Este proceso supone indudablemente un menor gasto y el reconocimiento de facto de que somos en realidad más pobres de lo que aparentaba la artificial bonanza de los últimos años, cimentada sobre un gran pufo. Un ajuste inevitable que nos hará retroceder a niveles de riqueza similares a los que disfrutábamos a comienzos de la década, antes de iniciarse la fase más expansiva del boom crediticio. Una devaluación interna nos permitirá recuperar parte de la competitividad perdida y nos situará en posición de volver a crecer.

- Por duro y difícil que parezca lo anterior, lo más complicado son los cambios que hemos de acometer para cambiar el rostro de nuestro futuro económico, que son aquellas reformas correctoras de nuestra esencia como país y como estructura productiva que nos permitan avanzar de forma equilibrada. Sin ánimo exhaustivo, estos cambios incluyen una reforma nacional e internacional del marco regulatorio del sistema financiero, una rápida y valiente reforma laboral, un cambio en nuestra política energética, una radical reforma educativa, un rediseño de la estructura institucional, competencial y administrativa de España, una recuperación de la unidad de mercado dentro de las fronteras nacionales y el establecimiento de la garantía de que únicamente la libre competencia y la excelencia serán las guías que determinarán la supervivencia y el éxito de cualquier actividad económica.

Situados frente al abismo y con la caja finalmente vacía, yo me pregunto: y ahora ¿qué dicen los keynesianos?

La agonía del euro (09-05-2010)

Hoy se cumplen 60 años del famoso discurso del ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman, considerado oficialmente como el primer paso en la construcción de la actual Unión Europea (UE).

No es éste un aniversario feliz para la UE. La crisis económica amenaza con llevarse por delante uno de sus principales emblemas: el euro.

A pesar de toda la parafernalia desplegada por los representantes de los países pertenecientes a la eurozona, la realidad es tozuda: la Unión Económica y Monetaria fue creada con graves y conocidos defectos, se cometieron serios errores de política monetaria, no se ha respetado la necesaria disciplina fiscal, no existe la necesaria unión política para afrontar el reto planteado, y por el momento no hay mecanismos ni medios suficientes para garantizar su supervivencia.

Y Grecia está quebrada.

La enorme deuda pública que ha acumulado y las crecientes primas de riesgo que ha de soportar para financiarse –a pesar del préstamo conjunto de sus socios y del FMI-, le impedirán afrontar sus compromisos de pago en los próximos años, pues el superávit primario que sería necesario es sencillamente imposible de alcanzar, a pesar de la ayuda y del draconiano plan de ajuste. El plan conjunto de la UE y del FMI no es más que un intento de retrasar lo inevitable y una injusta e incobrable pantomima para rescatar a los bancos franceses y alemanes que han prestado a Grecia, que son a la vez los mayores acreedores de los países europeos con problemas.

http://www.nytimes.com/interactive/2010/05/02/weekinreview/02marsh.html

Hace meses explicaba por qué a mi juicio esta Unión Monetaria no es viable. Los acontecimientos parecen indicar que cada vez hay menor cabida para una salida airosa del euro. Negar lo evidente –que Grecia está quebrada y que su deuda debe reestructurarse, renegociando plazos y estableciendo quitas- agravará la solución para el conjunto de la eurozona. Las primas de riesgo exigidas a países en situación de riesgo no van a reducirse por mucho plan que se ponga en marcha, sino todo lo contrario, especialmente a aquellos que están dilatando la puesta en marcha de las urgentes medidas, como es nuestro caso. Cuando llegue el momento de reconocer la situación real de Grecia es posible que sea demasiado tarde, y no habrá capacidad financiera ni voluntad política de rescatar a todo hijo de vecino.

La única oportunidad que le queda al euro es que los países que todavía tienen algo de autoridad en esta torre de babel impongan criterios claros y exigentes que pasen, a corto plazo, por exigir creíbles planes de ajuste y expulsar de forma ordenada a aquellos miembros que no garanticen su propia estabilidad financiera en el periodo establecido y, a medio plazo, por avanzar hacia una mayor integración fiscal.

De nada le servirá a la eurozona seguir la política del avestruz como la que se está practicando. Crear un ineficaz e insuficiente fondo de rescate genérico, obligar al Banco Central Europeo a comprar deuda basura y a generar inflación -en contra de lo que establece su propio reglamento-, crear una agencia de rating europea para que otorgue a la deuda soberana de los países europeos las calificaciones máximas, acusar a los inversores de ser malvados especuladores cuando desconfían de la solvencia financiera de algún país, no exigir con firmeza reformas estructurales a todos los miembros o renunciar a una dura reforma de las normas de Basilea, son claros ejemplos de la falta de timón al mando del euro que, de persistir, le conducirá a una inevitable agonía y desaparición tal como hoy existe.

En España esta política se ha llevado a sus extremos, y tras negar la crisis, obviarla y minusvalorarla, nuestro gobierno afirma que ya se ha acabado la recesión y que la desconfianza en nuestro país se debe a los malvados especuladores, en un ejercicio de estulticia difícilmente superable.

Es difícil imaginar cómo se podría haber hecho peor. Ahora que el sector público ha pasado de ser la esperanza a ser el problema (¿dónde están ahora los fanáticos keynesianos?), que el paro se ha desbocado, que nos hemos endeudado hasta las cejas, que los mercados desconfían de nuestra capacidad de pago, que todos los organismos nos urgen a actuar y reaccionar para no seguir los pasos helenos… nuestro Presidente afirma que no tiene prisa para reducir el déficit, un déficit que ha de recortarse en 3 años un 8,2% del PIB, más de 80.000 millones...

Y no tiene prisa…

Es difícil creer que pueda existir tanta falta de visión en el máximo dirigente de un país. Es lamentable e irritante. Sólo la más pura especulación política y la absoluta irresponsabilidad pueden explicar tal actitud. Ante el largo periodo que nos resta hasta las próximas elecciones, demasiado para lo que puede resistir nuestra economía, la única esperanza que nos resta a los españoles es que nuestros socios europeos sean conscientes del peligro que este gobierno supone para la supervivencia del euro –no habría plan que pudiera rescatar a España- y le obliguen a cumplir con su obligación.

A ver si así le entran las prisas.

Basilea III (o la crisis que está por venir) (26-04-2010)

A pesar del consenso alcanzado entre los expertos acerca del papel clave que el exceso de crédito ha desempeñado como factor causante de la crisis, sin embargo las urgencias del momento presente están impidiendo prestar la debida atención a los cambios y reformas que son imprescindibles para evitar una nueva tragedia económica en el futuro.

El asunto de la reforma del sistema financiero, que en su momento suscitó gran interés, parece haber quedado en un segundo plano, y a duras penas logra un pequeño titular en los medios de comunicación. Pero esto no es algo nuevo, se trata de una vieja historia. Una maldición que se repite una y otra vez desde que comenzamos a jugar con la mágica posibilidad de multiplicar el dinero por la vía del crédito. Excesos y purgas, días de vino y rosas seguidos de sangre, sudor y lágrimas. Una historia de ganadores y perdedores que siempre vuelve, como el día de la marmota.

Desde que el dinero fiduciario y el sibilino sistema de reserva fraccionaria, cada vez más perfeccionados y sofisticados, permitieran monetizar el ahorro futuro y estirar casi sin límite el crédito, las crisis financieras son inevitables. La permanente obsesión por reducir los tipos de interés a toda costa, los errores de bulto de los bancos centrales, la connivencia de los reguladores públicos, el imparable apalancamiento de las entidades financieras, los nuevos instrumentos financieros y el cada vez mayor desajuste de plazos entre activos y pasivos de las entidades de crédito conducen inevitablemente a acentuados ciclos de auge y recesión.

Sin embargo, ninguna de las crisis financieras parece haber sido lo suficientemente grave como para que nos planteemos seriamente corregir los fallos estructurales de un sistema defectuoso, aunque intentos siempre los ha habido, pero ninguno con verdadero éxito y, por lo que se ve, andamos de mal en peor. O puede ser, más bien, que no nos enteremos de qué va la fiesta y quien lo sabe no tiene mucho interés en contárnoslo.

La ciudad suiza de Basilea representa desde 1974 –año en que se aprobó el primero de los acuerdos que toman su nombre, cuya finalidad es la de regular a nivel internacional la capacidad de expansión del crédito- la aparente lucha de poder para recortar antiguos privilegios, librada entre el oligopolio de entidades de crédito y los reguladores quienes –curiosamente- siempre terminan por ponerse de acuerdo para que nada cambie. Lo que allí se debate ahora no es la solución a esta crisis, sino más bien la profundidad de la siguiente crisis financiera. La propuesta que está encima de la mesa pretende elevar los requisitos mínimos de capital propio y liquidez que han de cumplir las entidades en función del riesgo asumido, así como reducir el desfase entre los largos plazos a los que prestan y los cortos plazos a los que se endeudan. Un acertado planteamiento para un camino que será difícil de recorrer.

Estos acuerdos, de alcance internacional, no son asunto baladí para las entidades españolas. Bancos y Cajas ya se han puesto en pie de guerra para diluir las nuevas exigencias. La amenaza está clara y se harán oír: el crédito será menor y más caro, y la recuperación será más lenta.
Los secuestradores no sueltan fácilmente al rehén.

Pero es que precisamente de eso se trata. El crédito no puede fluir sin límite como si saliera de la nada, porque el desajuste que esto provoca entre inversión y ahorro real termina siendo insostenible y, además de distorsionar la estructura productiva por completo –haya burbujas o no-, provoca un sobreendeudamiento de los agentes económicos y un colapso general de la economía que será mayor cuanto más animado haya estado el festival crediticio previo. Y, por otra parte, el crédito tampoco puede ser gratis, porque lo que así es percibido se demanda sin límite -algo que los bancos centrales y los reguladores parecen olvidar con facilidad-, sino que su coste ha de responder al equilibrio entre oferta y demanda de ahorro real en la economía.

En cualquier caso, los bancos españoles ya se están preparando para nadar y guardar la ropa:
mientras se organizan para la dura batalla de amenazas y resistencia, buscan vías para recapitalizarse y poder así cumplir requisitos más exigentes sin morir en el intento.

Pero las Cajas lo tienen crudo.

 Además de no tener capacidad legal para captar recursos propios conforme a la nueva regulación internacional -lo que les llevará a una muerte segura si no se reforma su marco legal nacional-, están sometidas a una politizada gestión que tarde o temprano también acabará con todas ellas –muchas ya han sido víctimas de estos desmanes- si no son capaces de librarse cuanto antes de este yugo político autonómico.

Así pues, su gran problema no es sólo cómo sobrevivir a la grave crisis de hoy, sino sobre todo cómo hacerlo bajo las condiciones regulatorias de mañana.

La visión política tiene –en el mejor de los casos- un horizonte temporal de cuatro años, y a estas alturas de la película electoral no tiene ni eso. Pero es que las Cajas no van a poder permitirse el lujo de soportar visiones cortoplacistas, porque, en su caso, la miopía mata.

Basilea III puede ser un capítulo más en esta lamentable crónica de privilegios históricos, un paripé para que nada cambie. Pero es la única vía factible que nos queda para procurar que la crisis que está por venir sea menor que ésta.

http://www.bis.org/press/p091217.htm

ZP en FT (12-04-2010)

El presidente del Gobierno ha decidido calmar a los mercados. Él solito. Con un par.

Haciendo una parada en su viaje a la cumbre nuclear de los EEUU –en una especie de “si la montaña no viene a Mahoma” o “mi reino por una foto”-, el presidente ha realizado unas contundentes declaraciones al Financial Times para explicar al mundo que España cumplirá sus compromisos de reducción del déficit presupuestario "al coste que sea", y que “España no bajará a la segunda división". Faltaría más.

Por si a alguno no le ha quedado claro, el presidente ha afirmado que “he sido fiel a mis principios y supongo que así me gustaría ser recordado. Por lo que se nos juzgará es por si conseguimos aplicar de forma gradual los diferentes puntos de este plan. Tengo la certeza de que lo haremos, cueste lo que cueste”. La cosa no se ha quedado ahí. Además, ha dado pistas para los incrédulos: “Tenemos un plan creíble que estamos cumpliendo de forma impecable, y si tenemos hacer más recortes y es necesario más austeridad, los haremos”.

Supongo que el presidente ha ido a decirlo a un medio extranjero porque aquí esto suena un poco a coña marinera. Después del exitazo de los estímulos fiscales (léase 400 euros, cheque bebé, cheque emancipación, supresión impuesto Patrimonio, sendos planes “E”, nueva financiación para las CCAA…) que, ayudando al desplome de ingresos, han dejado un roto en las cuentas públicas del 11,2% en 2009 (deuda del sector público empresarial aparte) sin impedir que la economía haya caído un 3,6% y el paro roce el 20%, ahora las barbas de Grecia, las amenazas de Bruselas y la de los mercados han desatado una hiperactividad normativa que nos está saliendo por un pico.

Y no sé por qué, pero todo se logra cuando el presidente dice “ésta la pago yo”. Haciendo un breve repaso de las medidas estrella de los últimos días, no hay una que se salve sin tirar de la chequera pública: la pantomima de Zurbano, la ley de economía ¿sostenible?, el plan Pepiño, la pseudo-reforma laboral, la generosa ayuda a Grecia...

Eso sí, también se han tomado valientes medidas sobre los ingresos. Concretamente, se subirá el IVA, que con suerte proporcionará un ingreso adicional equivalente al 0,3% del PIB. Ahí es nada.

¿Y esas duras medidas de austeridad? Para empezar, se reduce la oferta de empleo público. Bien, ¿más? Bueno, el sueldo de los empleados públicos casi no sube. ¿Más? En fin, se ha pedido a las Comunidades Autónomas que rehagan sus Presupuestos para que al menos dejen de falsear los ingresos en la parte que corresponde a las entregas a cuenta del Estado -el resto es cosa suya-, y también se les ha rogado que ahorren 10.000 millones antes de 2013, para lo cual el Estado les ha dado ya 11.000 millones en el nuevo sistema de financiación. Lo justo es justo. Estupendo. ¿Hay algo más? Bueno, pues se confía en la divina providencia para que el ciclo económico mejore antes de que cante un gallo y crezcamos el 1,8% en 2011 y el 3% en 2012 y 2013, y así se reduzca el déficit. ¿Eso es todo? No. También se habla de un plan de austeridad del 5% del PIB que nadie conoce.

Genial. Este es el plan creíble, como dice nuestro presidente.

Ahora veamos si, como también dice el fenómeno, lo estamos cumpliendo de forma impecable (recordemos que el compromiso es reducir el déficit un 2,5% este año). Pues si nos fiamos de los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la ejecución del Presupuesto del Estado en términos de caja a Febrero refleja una caída de ingresos de casi el 4% y un aumento del 22,8% de los gastos respecto al mismo periodo de 2009, con lo que el déficit ya ha aumentado respecto al pasado ejercicio en más de 7.000 millones en sólo dos meses (un 0,7% del PIB adicional). Todo eso sin contar con la receta que pasen las CCAA y las entidades locales. Si el año pasado finalizó con un agujero del 11,2% ¿dónde va a situarse este año?

Tengo la sensación de que los ciudadanos no perciben completamente la verdadera gravedad de la situación y la amenaza que se cierne sobre el “Estado del bienestar”. Pero lo que es más preocupante, la impresión que transmite el Gobierno es la misma. No sé si esto es así o, lo que es más probable, realmente son conscientes de la que se avecina y prefieren disimular y aplicar la patada a seguir confiando en la baraka de ZP.

El respiro que nos han dado los mercados, Bruselas y hasta el Financial Times, será sólo un breve alivio temporal si se mantiene esta senda. No sé exactamente cuáles son los principios de nuestro presidente, pero empiezo a creer que son los mismos que profesaba el admirado Marx (Groucho) -a quien dedico este blog-, y que efectivamente, como él mismo afirma, será largamente recordado por su fidelidad a los mismos.

Endeudamiento y ciclo económico (22-03-2010)

No hay diagnóstico correcto –ni por tanto, soluciones acertadas- sin un enfoque global de los problemas. Durante el largo periodo de aparente bonanza económica, las optimistas conclusiones que se extraían del crecimiento del PIB -análisis económico- no se acompañaban del imprescindible balance de la realidad que reflejaba nuestro endeudamiento -análisis financiero-, auténtica clave de lo que ha ocurrido.

Durante ese periodo de milagro económico, en el cual la economía crecía, creaba empleo, se controlaba el IPC y el déficit público se tornaba en superávit, la deuda de los agentes económicos españoles crecía como en ningún otro lugar del mundo. El ritmo medio de crecimiento de la misma entre 2000 y 2008 fue del 7,4%, una auténtica aberración que sólo podía terminar de una forma –mal- y que no resiste la comparación con otros países desarrollados, como Alemania (0,3%), Japón (0,5%), Italia (3,1%), EEUU (3,5%), Francia (3,9%)… Solamente el Reino Unido, mantuvo un ritmo lejanamente parecido (5,2%), que también está pagando con una dura recesión.

Este insostenible ritmo de endeudamiento disparó la deuda bruta total desde poco más del 120% del PIB a principios de los 90 hasta casi el 350% en 2009.

Endeudarse no es más que disponer hoy de nuestro ahorro futuro. Es birlar al futuro recursos para utilizarlos en el momento presente. Este mecanismo, que las entidades de crédito hacen posible y que el dinero fiduciario permite exprimir casi sin límite, tiene grandes ventajas siempre que el flujo de rentas generadas con esos recursos supere al necesario para atender a su devolución. Si, por el contrario, el caudal de crédito es excesivo y no revierte en mejoras de productividad, termina por estrangular la capacidad de consumo e inversión de empresas y familias, con lo que habremos cavado nuestra tumba financiera. En España, el proceso no fue moderado, ni se destinó a mejorar la capacidad productiva de los sectores más competitivos, sino que básicamente impulsó la demanda interna de forma insostenible, y en consecuencia, también los ingresos y gastos públicos.

Solamente podrá remontar la actividad productiva cuando los agentes económicos nacionales se encuentren en condiciones de reactivar su demanda de bienes y servicios, una vez liquidada una parte sustancial de su deuda. Sólo así podrá fluir de nuevo el crédito -por razones de oferta y de demanda-, podrán las empresas volver a invertir y las familias a consumir. Por otra parte, la recuperación de las economías del entorno será una ayuda impagable para la recuperación de nuestras exportaciones.

Dicho de otra forma: no nos queda más remedio que reajustar a la baja nuestra demanda privada –consumo e inversión- y nuestro gasto público para poder hacer frente a toda la deuda pendiente, nos pongamos como nos pongamos y por mucho que algunos digan que esto es un mero problema de confianza. Es cierto que el fuerte endeudamiento de la década fue de básicamente privado (no sólo de empresas y familias, sino también, y de forma importante, de entidades financieras) y que durante ese tiempo la deuda pública se redujo notablemente, pero ello no debe hacernos pensar que es posible sostener lo insostenible endeudando ahora al sector público para compensar el gasto que el sector privado ya no se puede permitir, en lo que sería una ronda más para el alcohólico con resaca. El ajuste puede ser en todo caso menos abrupto -aunque más duradero- si el gasto público amortigua el golpe, pero se producirá igualmente.

La historia nos demuestra que efectivamente existe una íntima relación entre crecimiento y deuda. Tras un periodo de 10 años de fuerte crecimiento, logrado a costa de endeudarnos hasta las cejas, como el que hemos vivido, la experiencia indica que se produce una primera fase de aproximadamente 2 años de ralentización y finalmente de estancamiento, sin que la deuda se reduzca apenas. Superada la inflexión, se inicia un largo periodo de entre 6 y 8 años en el que los agentes se ven forzados a reducir su endeudamiento. En esta dilatada fase de sangre, sudor y lágrimas, la economía retrocede durante 2-3 años, cada vez con menor intensidad, hasta que se inicia un lento crecimiento, durante otros 4-5 años, hasta que se purgan los excesos crediticios y es posible recuperar los ritmos productivos previos a la crisis.

La lenta fase de recuperación que se inicie en 2011 no se completará probablemente hasta más allá de 2015. Su duración, así como la posibilidad de evitar que se transforme en un largo estancamiento, junto con la capacidad para sostener posteriormente un crecimiento sólido, dependerán de la rapidez del ajuste de la deuda total, tanto privada como pública, y también de otros factores esenciales, entre los que destacan las repetidamente demandadas reformas estructurales que nos permitan mejorar nuestra capacidad competitiva –especialmente las relativas al mercado laboral, sistema financiero, modelo energético y sistema educativo-, y las no menos importantes reformas institucionales que nos permitan ser viables como país -la imprescindible racionalización del insostenible Estado autonómico y la unidad del mercado interior entre ellas-.

Conviene no olvidar el pasado ni confiar en una todopoderosa capacidad del gasto público o en el optimismo irracional de incautos gobernantes como forma de eludir la realidad. No vaya a ser que así consintamos que se sigan retrasando las urgentes medidas que son necesarias, y con ello se dilate y se agrave en exceso el inevitable impacto que el proceso descrito conlleva.

¿Es acertado subir el IVA? (14-03-10)

Han pasado ya 6 meses desde que el Gobierno aprobó la subida del tipo de gravamen del IVA –de 2 puntos en el tipo general y 1 en el reducido- con efectos a partir del 1 de Julio de este año, y el debate sobre esta medida no ha hecho sino acrecentarse.

No es ningún secreto que el único objetivo que persigue el Ejecutivo es contribuir a la reducción del enorme déficit público, que en 2009 alcanzó el nivel histórico del 11,4% del PIB, causado por el desplome de los ingresos -que se situaron en el 34,6% del PIB- y el fuerte incremento de los gastos –que se auparon al 46% del PIB, espoleados por los fallidos estímulos fiscales, el desempleo y otros estabilizadores automáticos-. La obligación impuesta por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE de reducir el déficit hasta el 3% en 2013 y los negativos efectos de este fiasco sitúan al Gobierno entre la espada y la pared, sin posibilidad de continuar con la huida hacia delante mediante su festival de gasto, noqueado, falto de ideas y sin margen de tiempo para poner en marcha una creíble estrategia de consolidación fiscal.

Tras haber dilapidado miles de millones en inútiles medidas, el inmenso roto en las finanzas públicas sólo encontrará alivio parcial en la recuperación económica –cuando se produzca y en la medida de su fortaleza– y en la eliminación de dichos estímulos. Pero será insuficiente. El hercúleo esfuerzo adicional que se necesita para detener esta hemorragia equivale nada menos que al 6% del PIB, algo prácticamente imposible en poco más de 3 años.

La subida del IVA forma parte de este esfuerzo de consolidación fiscal, y con ella el Gobierno pretende obtener un 0,7% del PIB (unos 7.000 millones). Conocidas las intenciones y los precedentes, cabe preguntarse si la medida es adecuada y oportuna.

No cabe duda de que es preciso reducir el enorme déficit. Un desequilibrio de este calibre genera una deuda creciente de tal magnitud que dificulta la financiación de los agentes privados -pues absorbe ingentes recursos financieros y eleva su coste-, pone en riesgo la propia capacidad de pago del Estado, es un factor autogenerador de deuda, conduce a una mayor presión fiscal y lastra el crecimiento económico. Es cierto además que la subida del IVA es un método de recaudación rápido y sencillo, con una amplia base impositiva, que no tendrá un efecto sustancial sobre la inflación tal como está el panorama y que el tipo de gravamen es de los más bajos de la UE.

Pero eso no es todo.

La subida en el IVA supondrá un encarecimiento de los productos y, por tanto, una menor capacidad de consumo de las familias, justo cuando el paro alcance sus máximos. Además del incentivo que implica para la economía sumergida que se pretende combatir, la parte del incremento que las empresas no puedan repercutir a sus clientes a causa de la debilidad del consumo se detraerá del margen y la inversión empresarial, dificultando aun más la supervivencia empresarial, y por tanto, la propia recuperación económica. Por otra parte, el hecho de que estemos ante un impuesto proporcional e indiscriminado hace que esta medida sea regresiva y poco aconsejable desde el punto de vista social.

En cuanto a su capacidad de recaudación adicional, incluso suponiendo que la actividad en 2010 apenas retroceda –lo que es mucho suponer-, difícilmente alcanzará el 0,5% del PIB. Y no es descartable que el negativo efecto en el tercer y cuarto trimestre sobre el consumo, la inversión y la actividad económica en general, junto con un aumento del fraude fiscal, supongan que el incremento en los ingresos a corto plazo sea mínimo. No parece por tanto que la medida pueda tener efectos positivos a corto teniendo en cuenta que todavía no se atisban síntomas de una recuperación sólida.

Pretender recaudar más cuando la actividad ni siquiera ha comenzado a recuperarse implica arriesgarse a provocar el efecto contrario al deseado. Ésta es la hipótesis que le falla al Gobierno: 2010 no será el año de la recuperación. Por tanto, el grueso del ajuste no cíclico -que no puede esperar- no podrá lograrse por la vía del ingreso, sino del gasto. Ninguna estrategia de consolidación fiscal tendrá éxito si no parte de esta premisa. Pues bien, no se conoce hasta la fecha ningún paquete de medidas de verdadero calado y verosímil que permita recortar el gasto en la cuantía necesaria –más de 50.000 millones-, mucho menos cuando las CCAA, que gestionan cerca del 40% de los recursos, se han declarado en rebeldía fiscal, alguna de forma explícita y el resto por la vía de los hechos.

Por otra parte, y en un análisis de más largo plazo, si ha habido un elemento característico en la gestación de esta crisis, además del endeudamiento, ha sido el desmesurado crecimiento de nuestra demanda interna –consumo e inversión- a lo largo de esta década, muy por encima de lo que razonablemente nos podíamos permitir. La manifestación más palpable de esta situación ha sido nuestro abultado déficit de ahorro, del orden del 10% del PIB, insostenible desequilibrio que se mantuvo un tiempo gracias a la capacidad de endeudamiento que el euro nos aportó a partir de 1999. Una razonable política fiscal anticíclica habría aconsejado subir los impuestos indirectos hace años –el IVA entre ellos- para contener el desbocado crecimiento de la demanda interna y, por el contrario, mejorar el tratamiento fiscal del ahorro y de las actividades innovadoras, exportadoras y relacionadas con pymes y autónomos. Inevitablemente, nuestra demanda interna tenía que sufrir un duro ajuste, que todavía no hemos completado, dado que nuestra necesidad de financiación exterior es aun cercana al 5% del PIB.

Por ello, la anunciada subida del IVA solamente tendría sentido y sería admisible como parte de una estrategia coherente para dotar de credibilidad a la estabilización a medio plazo de nuestras finanzas públicas, que considerara al menos los siguientes aspectos:

- Plan verosímil de recorte del gasto público hasta 2013 de todas las Administraciones, con especial atención a las CCAA, apoyado en medidas concretas y detalladas que permitan racionalizar el propio modelo de Estado.

- Ambicioso plan de lucha contra el fraude fiscal.

- Aprobación urgente de las necesarias reformas estructurales sin pretender contentar a todas las partes implicadas, especialmente las relativas al mercado de trabajo, al sistema financiero (Cajas de Ahorro) y al sistema de pensiones.

Lo que en última instancia se precisa es coherencia y credibilidad por parte de este Gobierno. Sin embargo, y lamentablemente, pedir algo semejante podría no ser más que un ejercicio de ingenuidad.

Otro más.

Manuel Sarachaga
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