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Perdone que no me levante

...........................................Manuel Sarachaga, economista manuelsarachaga@hotmail.es
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La pantomima del Pacto (8-03-2010)

El tiempo suele poner las cosas en su sitio.

Hemos necesitado casi dos años para admitir que esta crisis no la causaron las hipotecas subprime, -algo que, por ignorancia o por interés, muchos defendieron durante demasiado tiempo-, y que éstas no eran más que un síntoma del exceso de crédito que inundó durante varios años a los países desarrollados. No se habla en España ya de “crisis importada”, ni se pone en duda que, al margen de la restricción crediticia internacional, nuestro país cuenta con profundos defectos estructurales propios, larvados y agravados durante el largo periodo de bonanza.

Han sido necesarios más de cuatro millones de parados, una economía en estado de coma y rozar el desastre en las finanzas públicas para que el gobierno admita que son necesarias profundas reformas en nuestra estructura económica.

Un mercado de trabajo injusto, segmentado e ineficaz, que destruye empleo con una velocidad inusitada; un sistema financiero mal regulado, partícipe activo de la fiesta crediticia que finalmente ha estrangulado a nuestra economía, y con la mitad de sus entidades politizadas; un sistema educativo deteriorado que anticipa un largo periodo de dificultades; un modelo de descentralización que multiplica el gasto y amenaza la equidad; una Sanidad y unos Servicios Sociales divididos en 17 sistemas difícilmente sostenibles; un sistema de pensiones en riesgo para las generaciones futuras; un caro modelo energético que lastra la competitividad de nuestras empresas; un mercado inmobiliario que tras un desorbitado y perjudicial crecimiento especulativo ha terminado por derrumbarse; un mercado interior que dificulta las actividades económicas…son razones más que suficientes para aparcar la propaganda y empezar a gobernar.

En el tercer año de la crisis, y tras haber dilapidado los recursos de forma ineficiente, el ejecutivo se encuentra ante un obligado cambio de rumbo. Las fallidas políticas de “estímulo” fiscal han de abandonarse y la tozuda realidad se impone. La reacción del gobierno se ha materializado en el proyecto de la Ley de Economía Sostenible (ridículo nombre para un rosario de medidas de carácter menor), un inverosímil Plan de Estabilidad (basado en unas irreales previsiones de crecimiento económico, y en el que destacan la subida del IVA y un inconcreto programa de austeridad que será inalcanzable sin el recorte en el gasto de unas Comunidades Autónomas que ya se han declarado en rebeldía) y un gran pacto: “El Pacto de Zurbano”.

Si la Ley de Economía Sostenible destaca por el poco calado de sus medidas y el Plan de Estabilidad por ser completamente irreal, el “Pacto de Zurbano” es ante todo un gran acto de propaganda política y directamente un insulto a la inteligencia de los ciudadanos españoles.

Un Pacto entre todos los partidos políticos que pretenda emular al firmado en La Moncloa en 1977 no puede prescindir de absolutamente todas las reformas importantes y ofrecer a cambio, como medidas estrella, una rebaja en el IVA de la rehabilitación de viviendas y una línea de préstamos directos del ICO.

Sin entrar en la discutible eficacia de las medidas para alcanzar los objetivos planteados, no es tolerable que el gobierno monte este circo mediático para ofrecer a los ciudadanos una falsa imagen de acuerdo, y menos aun cuando lo que se negocian son medidas secundarias que, como tales, deberían haberse planteado directamente en el Congreso en un ejercicio normal de eso que se llama gobernar.

Después de tanto tiempo de destrucción continuada de empresas y puestos de trabajo, con unas finanzas -pública y privada- en estado de emergencia, y sin ninguna de las grandes reformas en marcha, no es tolerable que el ejecutivo y el principal partido de la oposición se dediquen a hacer posturitas en clave electoral, jugando con la esperanza de los ciudadanos. Ni uno ni otro tienen intención de alcanzar un acuerdo que siquiera vagamente se asemeje a un Pacto de Estado, pues únicamente mueven sus fichas en una estrategia política ajena por completo a las verdaderas necesidades de este país.

Por qué es imposible sin las CCAA (28-02-2010)

Ahora que la situación de las finanzas públicas es poco menos que dramática, el gobierno de la nación se ha visto obligado a aceptar que no es posible seguir dilapidando más recursos públicos y que es urgente corregir el rumbo. El Plan de Estabilidad presentado en enero tiene por objetivo reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) desde el actual 11,4% del PIB (primera estimación de 2009) hasta el 3% en 2013, cumpliendo de esta manera con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Esta impresionante reducción del déficit, equivalente al 8,4% del PIB (unos 85.000 millones de euros), pretende ser lograda en parte por el ajuste automático que la mejora en el crecimiento económico ejerce sobre ingresos y gastos (2,7%), quedando el grueso de la reducción a expensas de las actuaciones discrecionales de las AAPP (5,7%). La mayor parte de este esfuerzo corresponderá al Estado (un 5,2%), mientras que las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales deberán poner en marcha medidas para reducir el resto (0,5%).

Analicemos brevemente si este Plan es verosímil.

En cuanto a la primer parte de la reducción –la proveniente de los efectos positivos que la mejora económica tendrá sobre ingresos y gastos (2,7%)-, obviamente sólo será posible si se cumple el escenario económico que la sustenta. Según las proyecciones del Plan, nuestra economía crecerá en términos reales el 2,9% en 2012 y el 3,1% en 2013 (4,9% y 5,2% en términos nominales). Sin entrar ahora en la complejidad de las bases de nuestro crecimiento económico en los próximos años, esta previsión no deja de ser un nuevo e increíble ejercicio de optimismo, especialmente cuando el propio gobierno reconoce que el avance de la productividad apenas se situará en el 1% y el desempleo se mantendrá por encima del 15% al final de este periodo.

Respecto al segundo capítulo de la reducción –ajuste discrecional del déficit de las diferentes AAPP-, el Plan contempla, en la parte correspondiente al Estado (5,2%), unos mayores ingresos (1,1%) y una reducción del gasto a través de unos inconcretos planes de austeridad (4,1%).

Al margen de las dudas que suscita el incremento previsto en los ingresos, lo más difícil de asumir es la previsión de ajuste del gasto. Dejando a un lado a la Seguridad Social (cuyo superávit se verá reducido del 0,8% del PIB al 0,2% en el periodo 2010-2013), comprobamos que la Administración General del Estado apenas controla el 25% del total de recursos públicos (casi un 12% del PIB). Siendo conscientes de que tiene un escaso margen de maniobra sobre una buena parte de los mismos, no es difícil concluir que será imposible minorar sus gastos en tres años en un importe equivalente al 4,1% del PIB, incluso aunque se tomen medidas como recortar de forma drástica el presupuesto inversor o reducir la masa salarial de los empleados públicos estatales.

El resto del ajuste discrecional ha de provenir de las Entidades Locales y a las CCAA. Las primeras se encuentran en tal grado de dificultades financieras que es una quimera pensar que van a poder contribuir a mejorar las finanzas públicas. Y a las segundas el gobierno de la nación les ha solicitado que pongan en marcha planes de austeridad para reducir el gasto público en 10.000 millones (1% del PIB), lo cual no es mucho pedir, dado que gestionan aproximadamente un 36% del gasto público total (un 17% del PIB), y teniendo en cuenta además que el propio Estado les va a aportar a través del nuevo sistema de financiación una cantidad adicional aun mayor (11.000 millones adicionales). Pues bien, así y todo, la mayor parte de ellas ya han manifestado su intención de no contribuir al esfuerzo solicitado en la contención del gasto. Todo un ejercicio de responsabilidad.

Que el Plan de Estabilidad sea papel mojado es grave, pero lo verdaderamente preocupante son los profundos defectos que al respecto muestra nuestra estructura económica institucional, que a la luz de la crisis podemos observar con claridad.

Por una parte, hemos constatado que nuestro Estado descentralizado es financieramente insostenible. El propio análisis que contiene el Plan de Estabilidad demuestra que nuestras finanzas públicas cuentan con un déficit estructural superior al 5%, que en la fase expansiva se encontraba oculto por la avalancha de ingresos obtenidos. Esta realidad va a obligar a reestructurar a corto plazo la arquitectura del gasto público en todas las AAPP, y a acometer serias y profundas reformas a medio y largo plazo que permitan ganar en eficiencia en el gasto y rectificar su tendencia de crecimiento.

Por otra, es indudable que el imprescindible ejercicio de disciplina fiscal no será posible sin el concurso activo de las CCAA. Resulta absurdo perseguir un “Pacto de Estado” al margen de quien también es parte del Estado y gestiona más de un tercio de los recursos. El gobierno de la nación debe hacer uso de los mecanismos de coordinación y control que legalmente tiene a su alcance para recuperar las riendas del país, actualmente en manos de 17 insaciables reinos de taifas. Éste ha de ser un primer paso tras el cual debe redefinirse el reparto competencial de forma que, partiendo de la experiencia de los últimos 30 años, nos permita seguir avanzando como nación.

El drama de las Cajas de Ahorro (21-02-2010)

Dentro de todas las instituciones que componen nuestro sistema financiero, las Cajas de Ahorro ocupan sin duda un lugar destacado. A través de estas entidades se gestiona el 50% del crédito y el 53% de los depósitos de las empresas y los hogares, lo que deja bien claro su papel clave en la economía española.

Revisando la evolución reciente, podemos comprobar que las Cajas han tomado parte activa en el acelerado proceso de expansión del crédito registrado entre los años 2001 y 2007, especialmente en el relacionado con el sector de la vivienda. Así, en ese periodo su inversión en este sector se multiplicó por 3, liderando claramente este mercado con un 58% del crédito total, 3 puntos más que a comienzos de la década.

El final del ciclo expansivo ha puesto de manifiesto la deficiente gestión realizada. Entre 2006 y 2009 los préstamos de las Cajas de Ahorro a los hogares se redujeron un 53%, mientras los Bancos los recortaban un 44%. En ese mismo periodo, los préstamos de las Cajas a las empresas retrocedieron un 10% (los Bancos sólo los redujeron un 2%). Es decir, las Cajas son las entidades financieras que más están contribuyendo a la restricción crediticia que estrangula a nuestra economía, a nuestras empresas y familias.

Por otra parte, una buena parte de las Cajas se han situado en los últimos puestos en términos de solvencia, liquidez y morosidad en el conjunto de entidades crediticias, y su resultado se está viendo seriamente afectado. Por tanto, y dado que no hay diferencias notables en el negocio realizado por Cajas y Bancos, todo parece indicar que sí lo hay en cuanto a su gestión. El estudio realizado en noviembre de 2009 sobre este asunto por Garicano y Cuñat (London School of Economics) concluye que las Cajas que obtienen peores resultados son aquellas cuyos órganos directivos están más politizados y menos profesionalizados, lo que provoca que las decisiones de inversión estén guiadas por criterios más políticos que técnicos.

Nos encontramos por tanto con que la mitad de nuestro sistema crediticio ha de enfrentarse no sólo a los problemas derivados de la aguda crisis financiera, sino a deficiencias estructurales propias que empeoran su gestión y agravan los efectos de aquella. Si analizamos el origen de tales deficiencias (politización y desprofesionalización de sus gestores), comprobamos que es precisamente la normativa legal la que propicia tal situación. En efecto, la Ley que regula los órganos rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) es el origen de este defecto, que se combina con una regulación autonómica que lo agrava, ya que el actual reparto competencial deja en manos de las Comunidades Autónomas (CCAA) el control de estas entidades.

La lamentable situación en que se encuentra una buena parte de las Cajas y la irresponsable utilización política a que están siendo sometidas ponen de manifiesto la urgente necesidad de modificar este marco normativo para poner fin a lo que es un verdadero drama para todos los ciudadanos. Las Cajas, en teoría fundaciones privadas creadas para favorecer el crédito a las familias y a las pequeñas empresas, y para revertir sus beneficios a la sociedad, se han convertido en un vergonzoso instrumento político.

El espectáculo que estamos viviendo en todo el territorio español ante la oleada de fusiones no parece afectar al regulador del sistema financiero -el Banco de España-, ni mucho menos al gobierno, que además aporta fondos públicos para apoyar el proceso (el FROB) sin exigir a cambio ninguna enmienda de los citados problemas. Ambos parecen asistir impasibles y consienten que la reestructuración del sector se realice en función de criterios políticos y territoriales, y no sobre la base de criterios técnicos y de mercado. La culminación de este proceso supondrá consolidar y perpetuar en el tiempo el germen de lo que será la destrucción de estas entidades tarde o temprano.

Sólo un pequeño partido (UPyD) ha sido capaz de levantar la voz ante este drama, y ha propuesto en el Congreso modificar la normativa que regula las Cajas de Ahorro para despolitizar y profesionalizar su gestión, devolver el control al Banco de España, ampliar y mejorar sus vías de capitalización, y frenar así este auténtico despropósito. La respuesta de todos los partidos ha sido unánime: nadie (salvo un diputado del PP que oprimió el botón erróneo) apoyó la proposición. Todos ellos sin excepción han quedado retratados, pues todos ellos tienen algo que perder si los actuales privilegios son abolidos.

Es descorazonador comprobar cómo los partidos dan la espalda a los ciudadanos y están de acuerdo en preservar sus cuotas de poder -en esto sí hay un gran pacto-, repartidas a lo largo de los 17 reinos de taifas, aunque esto suponga consentir serios desmanes y causar un grave perjuicio para la economía, las familias y las empresas, así como firmar la sentencia de muerte a medio plazo para estas importantes instituciones.

Este drama se suma a otros muchos que estamos viviendo y que caminan en la misma dirección, que no es otra que degradar desde todos los puntos de vista –económico, social y especialmente político e institucional- a lo que va quedando de este país. Los ciudadanos españoles estamos abocados a una única solución si queremos evitarlo, que es la de despertar y apartar cuanto antes al grupo de irresponsables y mediocres que nos gobiernan o están esperando para hacerlo.

¿Es viable esta unión monetaria? (15-02-2010)

La teoría original que sustentaba la creación de un área monetaria común dentro de la UE indicaba que podrían obtenerse resultados óptimos siempre que los ciclos económicos de los países participantes estuvieran acompasados y que hubiera una plena movilidad de factores productivos. De esta forma sería posible aplicar una política monetaria común sin provocar los denominados “shocks asimétricos” y las posibles divergencias de crecimiento entre los Estados provocarían desplazamientos de mano de obra y capital que redundarían en beneficio de todos.

Había otro elemento esencial al que sin embargo no se le prestó -a mi juicio- la debida importancia, como era el factor fiscal y presupuestario. Con el fin de evitar serios problemas de esta naturaleza que pudieran poner en riesgo el proyecto, no sólo se exigieron unas condiciones de partida (en términos de inflación, tipos de cambio, tipos de interés, déficit público y deuda pública), sino que se establecieron unas normas de disciplina fiscal aplicables a todos los Estados miembros de la UE, plasmadas en el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), cuyo elemento más visible es la obligación –bajo sanción- de no superar unos niveles de déficit y deuda pública del 3% y 60 % del PIB respectivamente.

El periodo transcurrido desde el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1999 hasta el inicio de la presente crisis ha coincidido con una fase alcista del ciclo económico que en términos generales no ha puesto la estabilidad del proyecto en serios apuros. Durante la mayor parte de este periodo el Banco Central Europeo desarrolló una política monetaria expansiva, guiado por las necesidades de los principales países (básicamente Alemania y Francia), sin que esto generara aparentemente graves inconvenientes al resto. Por otra parte, el incumplimiento de los límites establecidos por el PEC a mitad de esta década por parte de los citados “grandes” -que se negaron a ser sancionados- se solventó con una “flexibilización” de los criterios, lo que fue un mal presagio y un peor precedente para lo que estaba por venir. En cualquier caso, la tónica general fue la de un crecimiento económico sostenido, creación de empleo y un saneamiento de las finanzas públicas fruto de los crecientes ingresos públicos. Una satisfacción generalizada que parecía confirmar sin ninguna duda las bondades del proyecto y de su planteamiento.

Veamos qué ha ocurrido en realidad, ahora que tenemos la suficiente perspectiva.

La política monetaria desarrollada por el BCE tiene como objetivo situar la inflación en un nivel cercano e inferior al 2%, utilizando como referencia los indicadores medios de la UEM, sobre los que tiene gran peso la situación de las economías de los “grandes”. Durante este periodo, los avances de la productividad, la competencia y las baratas importaciones permitieron mantener bajo control los precios -en los que no se incluyen los de activos, como los inmuebles o los financieros-, a pesar de que los bajos tipos de interés que fijaba el BCE provocaban aumentos de la masa monetaria muy por encima de su propio objetivo del 4,5%. Esta política desencadenó también un fuerte crecimiento del crédito que en algunos países era claramente insostenible, especialmente en aquellos donde los tipos reales eran incluso negativos (en España llegó a crecer al 20% anual). Como es sabido, el exceso de crédito y las expectativas alcistas sobre el precio de un bien son los dos elementos necesarios para desencadenar una burbuja, algo que pudimos experimentar en territorio nacional con la vivienda y todo lo que a su alrededor giraba, ingresos públicos incluidos.

Los excesos crediticios provocaron a su vez un inusitado aumento de la demanda interna ante un insuficiente ahorro, lo que se tradujo en un fuerte desequilibrio de la balanza exterior y un consecuente endeudamiento externo de elevadas proporciones. Este cóctel explosivo mediante el que dilapidábamos el ahorro futuro -hipotecando la demanda y los ingresos públicos del futuro-, permitió que el gasto público creciera desmesuradamente sin causar alarma, acomodándose a los abultados ingresos y desembocando finalmente en un descontrolado déficit cuando llegó el inevitable desplome de la demanda privada, y con éste el de la recaudación. Los ineficaces planes de “estímulo” agravaron el problema, dilapidando recursos sin efecto permanente alguno, y la larga ausencia de reformas en nuestra economía junto con un inviable Estado de las Autonomías han terminado por situarnos en una auténtica ratonera de la que nos va a costar salir sangre, sudor y lágrimas, y en la que, por mucho se argumente, sólo un milagro permitirá reducir en 3 años el déficit del 11,4% al 3%, máxime cuando el gobierno apenas tiene capacidad de control sobre el gasto público total.

En resumen, hemos sufrido el “shock asimétrico” que tan remoto parecía, en el cual somos víctimas -de la política monetaria desarrollada por el BCE-, pero fundamentalmente culpables -por una irresponsable política fiscal y presupuestaria, una inadecuada respuesta de nuestro Banco Central, una ausencia de reformas durante demasiado tiempo, y sobre todo, por haber construido este despilfarrador Estado descentralizado, actualmente en manos de la peor generación de políticos que este país ha tenido desde la restauración de la democracia-.

Comprobamos ahora que compartir moneda con los más fuertes tiene su parte menos positiva -no contamos con la posibilidad de devaluar ni de adaptar la política monetaria a nuestras necesidades, por lo que nos espera una devaluación interna, es decir, una pérdida de riqueza vía costes, precios y salarios-, y que la unión monetaria requiere una mayor unión económica, mientras observamos con incredulidad cómo algunos países amenazan con la quiebra en sus finanzas –las barbas del vecino- y el PEC aparece como un viejo juguete roto.

Pero, ¿qué ha ocurrido? La respuesta necesita tanto un enfoque monetario como fiscal.

Por una parte, la política monetaria del BCE ha sido y sigue siendo equivocada –no me refiero a las recientes actuaciones ante la contracción crediticia- y necesita una rectificación en sus objetivos, en su definición de inflación y en sus controles sobre el crédito y la masa monetaria, al tiempo ha quedado demostrado que los “shocks asimétricos” derivados de una política común no sólo son posibles, sino que son probables en ausencia de mecanismos compensatorios y de responsables políticas fiscales por parte de los Estados miembros.

Y por otra, como ha quedado de manifiesto, la UEM no es viable sin una mayor integración fiscal. Es evidente que los Estados son reacios a ceder más competencias en este ámbito, pero es indudable que, sin una mayor disciplina fiscal, la UEM como ahora la conocemos corre el riesgo de terminar existiendo sólo en los libros de Historia en no mucho tiempo. La armonización fiscal practicada hasta la fecha no ha sido suficiente y el PEC no ha servido como instrumento de garantía de la estabilidad fiscal. La UEM ha de dar un paso más en el terreno fiscal y presupuestario o prepararse para su desintegración en cómodos plazos a medida que haya de enfrentarse a nuevas crisis. Sin unos auténticos compromisos de disciplina fiscal, plasmados en normas de obligado cumplimiento y que autoricen a Bruselas a intervenir llegado el momento –lo que sería una bendición para más de un país-, todo lo demás será una huida hacia adelante que tarde o temprano terminará por quebrar el actual diseño de la eurozona.

El modelo alemán y la reforma laboral (11-02-2010)

Dentro de las propuestas que el gobierno ha realizado a los interlocutores sociales para reformar el mercado de trabajo se incluye el fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal del empleo mediante el llamado “kurzabeit” o modelo alemán.

La propuesta plantea aumentar la flexibilidad interna de las empresas para que, a través del acuerdo entre empresarios y trabajadores, puedan reducir la jornada de trabajo para adaptarla a una situación de menor actividad económica, de forma que el consecuente ajuste laboral no se traduzca con tanta intensidad en destrucción de empleo. Esta medida estaría acompañada de una compensación parcial por parte del Estado a los trabajadores por la parte del sueldo que dejan de percibir, así como de bonificaciones en las cotizaciones sociales.

El gobierno entiende que se trata de una propuesta eficaz que ha evitado despidos masivos en Alemania y que ha logrado que fuertes caídas en la actividad no se hayan materializado en elevadas tasas de desempleo. Se trataría por tanto de una fórmula que sería incluso beneficiosa en términos económicos para las arcas públicas, dado que ahorraría una importante cantidad en pagos por prestaciones de desempleo.

Hasta aquí la visión del gobierno. Veamos ahora la realidad.

Lo primero que es preciso aclarar es una obviedad: España no es Alemania, ni nuestra economía o nuestros problemas son los mismos que los suyos. En la economía alemana los sectores con mayor productividad tienen más peso que en la nuestra (por tanto su economía emplea por término medio menos trabajadores para obtener el mismo valor de producción) y es mucho más exportadora. Esto implica, por una parte, que una caída equivalente del PIB en Alemania supone una menor destrucción de empleo que en España (especialmente si se trata de los sectores más competitivos, como los destinados a la exportación), lo que explica en parte la menor caída de la ocupación en el mercado alemán. Y, en segundo lugar, permite comprender que el descenso de su actividad, que proviene fundamentalmente de la caída de la demanda externa (exportaciones), es recuperable y no supone necesariamente ajustes permanentes a medio plazo en los sectores afectados, mientras que en nuestro caso estamos ante un desplome en toda regla de la demanda interna que implica un fuerte ajuste de carácter permanente de determinados sectores de baja productividad, como la construcción residencial. Es decir, en España una buena parte de los trabajadores expulsados del mercado laboral no podrán reintegrarse al sector de origen, sino que tendrán que recolocarse en otro diferente cuando alguno tenga capacidad de generar empleo.

Para tener la visión completa hemos de ser conscientes de que aunque la ocupación seguirá cayendo en España, lo hará con menor intensidad, habiéndose completado ya el grueso de la destrucción de empleo, que se acerca a los dos millones de puestos de trabajo.

Con todo ello no es difícil alcanzar algunas conclusiones. La primera y más importante es que este modelo no es adecuado ni será eficaz en España. El modelo propuesto está diseñado para ajustes temporales de empleo tras los cuales las empresas son capaces de retomar sus anteriores niveles de actividad, y por tanto los empleados pueden volver a completar sus jornadas laborales, pero no tiene sentido para ajustes permanentes como los que estamos viviendo en España. Incluso si así fuera no parece sensato aplicarlo una vez que el ajuste se ha realizado en su mayor parte.

Cabe recordar además que ya existe la posibilidad legal de ajuste temporal en la jornada a través de los expedientes de regulación de empleo, a pesar de lo cual las empresas apenas han hecho uso de la misma, lo que es bastante significativo. Este mecanismo adicional de ajuste que ahora se plantea vendría a propiciar un uso innecesario de fondos públicos, e incluso podría incentivar el fraude, dado que invita a las empresas a reducir costes sin tener que afrontar a cambio una contraprestación presente o futura, lo que beneficiaría a aquellas que lo utilicen frente al resto sin penalidad alguna.

Si lo que se pretende es reducir el volumen de destrucción de puestos de trabajo en periodos recesivos es prioritario, además de una urgente rectificación de la política educativa y formativa -requisito imprescindible para el ansiado “cambio de modelo productivo”-, afrontar una auténtica reforma de la contratación laboral, cuyos puntos básicos serían los siguientes:

• Contrato único que termine definitivamente con la dualidad y la temporalidad laboral, que respete los derechos adquiridos y que ofrezca una indemnización creciente, partiendo de un nivel superior al que actualmente disponen los empleados temporales (entre 10-12 días) y alcanzando de forma progresiva, en un plazo no inferior a 10 años, un nivel máximo de entre 30 y 36 días por año trabajado. Este derecho podría incluso conservarse tras un cambio de empleo si se implementa mediante aportaciones individualizadas cuyo titular sea el trabajador, conforme al modelo austriaco. Estos cambios aportarían una mayor estabilidad personal y profesional, al tiempo que una mayor flexibilidad para cambiar de empresa, y en consecuencia permitiría una mejor formación de los trabajadores a lo largo de su vida laboral, elementos básicos para una evolución hacia un modelo económico más productivo.

• Transición hacia un sistema de negociación colectiva que permita a empresarios y trabajadores alcanzar acuerdos que verdaderamente se adapten a su realidad específica sin coste para las arcas públicas. De tal manera que si el empresario realmente desea mantener su capital humano ante una crisis con la intención de retomar posteriormente el nivel productivo -y no simplemente de reducir costes a cargo del Estado-, ajustará salario y jornada conforme a sus necesidades y de acuerdo con los propios trabajadores.

• Si aun así la empresa se ve obligada a prescindir de trabajadores, es entonces cuando debe intervenir el Estado a través de las prestaciones por desempleo y de unas políticas activas de empleo gestionadas más eficazmente para facilitar un rápido reintegro en el mercado laboral, permitiendo la participación de agencias privadas en este proceso.

En consecuencia, el resultado práctico de esta propuesta y de la reforma en su conjunto no será el perseguido, sino en todo caso el de perder una gran oportunidad para abordar una de las reformas estructurales pendientes más importantes y necesarias, y el de deteriorar aun más las cuentas públicas. Todo ello con la connivencia de patronal, sindicatos y oposición, pues en definitiva el único perjudicado, que es el Estado -que somos todos-, está representado precisamente por quien realiza la propuesta.

El gobierno de los mediocres (05-02-2010)

Seis años han bastado. El país se tambalea y no aguanta mucho más. Cuatro años de aparente bonanza económica que dulcificaron graves errores, algunos de ellos de lenta y difícil reparación, que sentaron las bases de una deriva de disgregación territorial y de la pérdida de un mínimo sentido de país que han conducido a este insostenible y centrifugado Estado autonómico, a la degradación de las instituciones básicas del Estado, al deterioro de los servicios públicos más apreciados y a poner de rodillas a nuestra economía. Cuatro años de vacío, de ridículo internacional, de imposibles e infantiles alianzas de civilizaciones, de pactos con quienes no creen en el Estado. Cuatro años de talante. Cuatro años de falta de respeto a los ciudadanos, de pura propaganda. Cuatro años de mala gestión, de inconsciencia e inacción que allanaron el camino a la depresión económica que ya entonces se nos venía encima.

A cuatro años siguieron otros dos. Dos años que comenzaron con promesas de pleno empleo, con 400 dulces euros, con rentas de emancipación, con dinero para todos. Dos años de error tras error, a cual más grave. Dos años de negación de la realidad, de “antipatriotas”, de improvisaciones, de continuas rectificaciones. Dos años de frases hechas, del marketing al poder. Dos años de insensatos “estímulos fiscales” y despilfarradores planes “E”, de más recursos para los 17 insaciables reinos de taifas, de rechazos continuos a toda propuesta razonable de reforma. Dos años de absoluta politización de la vida diaria, dos años de una demagógica y vergonzosa oposición, que no aporta nada y se opone a todo, dos años en los que ni uno ni otro se han preocupado de forma responsable por el presente y el futuro de este país. Dos años de continuas incoherencias y contradicciones por ambas partes. Dos años en que los ciudadanos han perdido la esperanza porque no ven alternativa.

El largo gobierno de los mediocres no ha causado la crisis económica, pero ha sido un colaborador eficiente y necesario en su gran capacidad destructiva, por acción y sobre todo por omisión, al igual que lo han sido los mediocres que les precedieron en la tarea. Ni siquiera entienden muy bien qué ha sucedido, ni cómo es posible que hayamos llegado a esta situación, ni alcanzan a comprender qué ha fallado, ni mucho menos qué se debía hacer entonces ni qué se ha de hacer ahora. Pero el largo gobierno de los mediocres sí ha causado las otras crisis: la institucional, la política, la crisis de España como nación y como Estado viable. Al gobierno de los mediocres el país se le escapa entre las manos sin saber qué hacer, vacías ya las arcas de recursos para malgastar, “estimular” y “alcanzar acuerdos”. Vacíos de su propaganda y perdidos sin rumbo.

Pero la realidad empuja. Un déficit aplastante, un país desprestigiado y sin crédito, un horizonte oscuro y más de cuatro millones de personas son ya razones suficientes para intentar hacer algo. Hacer algo. La tarea es ahora hercúlea y apabullante. Y el gobierno de los mediocres nos dice que tiene un plan, que va a hacer reformas, pero lo cierto es que a este paso no sabemos si les quedará algo parecido a un país que reformar. Demasiado tiempo de no hacer nada, de fracasos escolares, de politización absoluta, de pura propaganda, discursos vacíos y cálculo electoral, de cesiones de poder, de tirar de chequera ajena, de aumento sin límites del crédito y el endeudamiento, de sindicatos adocenados, de pactos y más pactos traicionando al país. Demasiado tiempo sin gobernar y demasiado tiempo con una oposición perdida en el medio de la nada, tan mediocre como el gobierno. Demasiado tiempo de la más absoluta mediocridad mires a donde mires.

Dijo Jovellanos que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos y errores del gobierno al que han votado. Quizás entonces la única esperanza que le quede a este país no esté tanto en dar paso a otros mediocres en el gobierno, sino en que el pueblo tome conciencia de su capacidad para echar del gobierno a todos los mediocres y de su enorme responsabilidad en esta tarea, porque de ella depende su futuro.

Es hora de obtener conclusiones (27-01-2010)

Formar parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde sus inicios fue un éxito indudable para España. Fuimos capaces de superar el reto de las exigencias de Maastricht y de abandonar el tradicional retraso que nos caracterizaba cuando de incorporarse a avances junto con nuestros vecinos europeos se trataba.
 
Desde entonces hasta la profunda recesión actual, los españoles hemos disfrutado de años de gran crecimiento económico, de importantes avances y de un incuestionable progreso en nuestro nivel de vida. Pero fueron también los años en los que se gestaron los grandes desequilibrios que nos han traído hasta aquí.

El fuerte ritmo de expansión económica y la insuficiencia de ahorro nacional durante ese periodo provocaron un elevado flujo de crédito proveniente de nuestros socios en la UEM, cuyas contrapartidas más visibles han sido un creciente endeudamiento, un constante diferencial de inflación respecto a los países de nuestro entorno y, en consecuencia, una acusada pérdida de competitividad exterior.

Este inmenso caudal de crédito barato -incentivado por los bajos tipos de interés establecidos por el BCE y posibilitado por la casi ilimitada capacidad de expansión crediticia del sistema financiero-, junto con otros factores -legislativos y demográficos, entre otros-, determinaron un desarrollo desequilibrado nuestra estructura productiva, potenciando sectores de baja productividad que acapararon ingentes recursos productivos y lastraron el desarrollo de otros sectores con más futuro pero menos favorecidos por los réditos especulativos que el crédito abundante y barato favorecía.

Este proceso no sólo impulsó determinadas ramas de actividad y elevó el precio de ciertos activos, como inmuebles o activos financieros, sino que toda la economía española terminó por convertirse en una gran “burbuja” en la que los españoles disfrutábamos de una renta per cápita insostenible y basada en un tremendo nivel de endeudamiento. También las administraciones públicas se expandieron al calor de unos ingresos públicos insostenibles. Vivimos durante un tiempo por encima nuestras posibilidades y, lo que es peor, hipotecamos nuestra capacidad de consumo, inversión y generación de ahorro neto en el medio plazo. Una insensatez.

Pero no fue sólo ése nuestro gran pecado. Nuestro país comenzó a fallar en muchos más aspectos esenciales. Un desarrollo autonómico descoordinado, despilfarrador y suicida, una educación en retroceso, un sistema de investigación e innovación casi abandonado, un mercado de trabajo dual y cada vez más rígido, una politización que ha terminado por invadirlo y pervertirlo prácticamente todo… fueron elementos necesarios para agravar la situación en la que nos encontramos y para ensombrecer el futuro que nos espera.

Y no es cierto que esto no se supiera entonces. Nada hicieron quienes estaban entonces en el poder y nada hacen quienes ahora están. Unos nos dijeron que España iba bien y otros nos negaron la crisis mientras nuestro país se nos caía encima, tachando de “antipatriotas” a quienes alertaban de lo que estaba ocurriendo. Ambos nos prometieron el pleno empleo cuando estábamos al borde del abismo. Ambos siguieron y siguen peleando por mantener sus cuotas de poder allí donde lo detentan, a costa de lo que sea.

Reconocida la crisis, quienes ahora nos gobiernan quisieron tomar medidas cuando ya era demasiado tarde y se equivocaron en casi todo. No hace falta más que recordar los 400 euros o el despilfarrador Plan E, que sólo sirvieron para crear un efímero empleo y para terminar con la poca capacidad de reacción del Estado residual que nos queda, ahogado ya en un mar de deuda. La gestión de los recursos públicos ha sido nefasta y nos ha llevado a una situación de déficit  insostenible que será un pesado lastre para salir de la crisis.

No son capaces siquiera de hablar con franqueza a los ciudadanos. Incapaces de decirnos que la única vía para salir de la misma será reconocer la realidad de nuestro empobrecimiento y aplicar, en ausencia de moneda propia, una dura pero imprescindible “devaluación interna”, que pasa por reducir precios, costes empresariales y gasto público, como única vía para mejorar nuestra competitividad externa ante una demanda interna que permanecerá estancada mucho tiempo. Incapaces de realizar urgentemente una reforma laboral eficaz que dinamice nuestro mercado de trabajo, de reformar nuestro sistema educativo como piedra angular sobre la que descansa el futuro de nuestro país, de reformar consecuentemente nuestros sistemas de protección social, de reformar nuestro sistema de apoyo a la investigación y a la innovación, de reformar la normativa que regula nuestras politizadas cajas, de reordenar nuestro fallido “Estado de las autonomías”, de definir un creíble plan energético nacional, de poner en práctica un verdadero plan de austeridad pública.…

Hace ya tiempo que los actuales gestores públicos y los que esperan serlo son incapaces de aportar soluciones, porque ellos mismos se han convertido en parte del problema. Y hace ya tiempo que por todo ello los ciudadanos deberíamos ser capaces de obtener conclusiones y de actuar en consecuencia.

Aquí no ha pasado nada (15-01-2010)

Tras más de dos años inmersos en una profunda crisis de graves consecuencias y enormes proporciones -inesperadas para muchos-, el afán por conocer sus causas y ponerles remedio parece decaer, empequeñecido ante el descomunal despliegue de estímulos públicos, el deseo de reactivar cuanto antes la economía y la preocupación por definir una acertada “estrategia de salida” que no implique una recaída posterior. Mucho se ha escrito y hablado sobre los orígenes de ésta y anteriores crisis, pero este enorme ejercicio de reflexión colectiva, afectado por crecientes dosis de confusión, demagogia y argumentaciones interesadas, no ha servido para alcanzar acuerdos y plasmarlos en medidas efectivas que prevengan futuros sucesos de igual o superior envergadura.

Sin embargo, y a pesar de todo, parece haber un consenso entre los expertos en aceptar que las fases recesivas como ésta son precedidas por periodos caracterizados por en un crecimiento excesivo del crédito y del endeudamiento que posibilitan un fuerte impulso de la demanda y de los ingresos públicos, pero que a la postre son la causa de su desplome. Esta facilidad de crédito impulsa sectores basados en proyectos poco productivos pero de rápido y rentable retorno de la inversión, alimenta la especulación –generando las llamadas “burbujas”- y en definitiva distorsiona la estructura productiva, haciéndola dependiente de tales sectores y sobredimensionándola frente a una demanda insostenible.

El desordenado aumento del crédito, acelerado por unos bajos tipos de interés -que no responden a un exceso de ahorro y que paradójicamente lo desincentivan-, se prolonga en el tiempo gracias a la capacidad casi ilimitada de generación de crédito y de apalancamiento financiero que el actual sistema permite a las entidades crediticias. Dada esta elasticidad de la oferta de crédito, su cuantía y tendencia vienen determinados por su demanda, exista ahorro suficiente para sostener el proceso a medio plazo o no, y sin que el interés a corto plazo se vea necesariamente incrementado.

Este grave defecto de nuestro sistema financiero permanece casi intacto, y poco se ha hecho hasta ahora para impedir que se repitan desastres similares en el futuro. La fuerte expansión de la base monetaria llevada a cabo por los Bancos Centrales o las ingentes cantidades de recursos públicos que los Estados han destinado a recomponer el equilibrio de las entidades financieras (del orden 7,6% del PIB de los países desarrollados, según datos del Banco de Pagos Internacional de Basilea) han servido para apuntalar un sistema que amenazaba con desmoronarse, pero no han alterado su estructura.

Las medidas que por el momento se proponen yerran el tiro y se dirigen a corregir elementos accesorios del modelo que, si bien pueden haber contribuido a su acelerar la crisis, no forman parte de sus defectos esenciales. La limitación de los sueldos de los directivos, el establecimiento de una tasa a los movimientos internacionales de capital, la creación de nuevos organismos de supervisión y control, la determinación del tamaño ideal de las entidades de crédito, la mejor definición y medición de los riesgos… de poco servirán si no se atajan de raíz las causas que subyacen bajo este gran fracaso colectivo.

Para poder paliar, al menos en parte, los destructivos efectos de futuros ciclos económicos de origen financiero es preciso fortalecer drásticamente la solvencia de las entidades de crédito. No solamente con el fin de dotarlas de un mayor capital con el que poder absorber las pérdidas provenientes de sus riesgos fallidos y evitar de esa manera la necesidad de repetidas intervenciones con recursos públicos, sino fundamentalmente para impedir un crecimiento desordenado de sus inversiones crediticias –lo que suavizará la fase alcista del ciclo- y para evitar un fatal estrangulamiento crediticio de familias y empresas –que disminuirá la capacidad destructiva de la fase recesiva-.

Un incremento de los coeficientes de capital y solvencia que limite la capacidad de apalancamiento de las entidades ha de ser necesariamente armonizado a nivel internacional, contemplando no sólo los riesgos reflejados en balance, sino también los extraídos del mismo mediante su titulización, así como los derivados de la descoordinación de plazos entre activos y pasivos, y debe acompañarse de un notable incremento de los reducidos ratios de liquidez que contribuya a dotar al sistema de mayor estabilidad.

Las actuales normas de los acuerdos de Basilea han demostrado ser insuficientes, y el propio Banco Internacional de Pagos reconoce la necesidad de elevar estas exigencias una vez superada la crisis, pues tal laxitud normativa, que permite a las entidades de crédito expandir su negocio y aumentar sus beneficios a medida que se incrementa el riesgo soportado, genera un perverso y destructivo incentivo que agrava los desórdenes crediticios y las crisis, y que termina por convertir a los agentes económicos públicos y privados en rehenes del sistema financiero.

Por otra parte, la negligente gestión de los Bancos Centrales durante el periodo de gestación de la crisis parece estar también cayendo en el olvido, y aparecen ahora ante la opinión pública como salvadores del sistema financiero y de la economía en su conjunto. Conviene recordar algunas conclusiones que deberían materializarse en cambios en la orientación de sus políticas monetarias, como la imposibilidad de impulsar el crecimiento económico de forma sostenida mediante la rebaja artificial de los tipos de interés, o el fracaso de las políticas monetarias basadas en el control de una mal definida inflación, que no contempla los precios de los activos o de los bienes ya producidos, ni tampoco los efectos de la productividad o las importaciones de terceros países sobre los precios.

Otras reformas de carácter secundario, pero también necesarias, como las relativas al marco normativo de las agencias de calificación, la modificación del procíclico sistema de valoración contable basado en el valor de mercado o, en el caso español, la despolitización de las Cajas de Ahorro, están siendo asimismo relegadas y podrían quedarse en meros cambios superficiales.

Tras los nulos resultados prácticos de los supuestos esfuerzos reformadores, nos encontramos con un sistema financiero listo para generar la siguiente crisis, y uno no puede por ello dejar de preguntarse si es que aquí no ha pasado nada.

Manuel Sarachaga
redaccion@diarioliberal.com