![]() |
||||
diarioliberal.com |
||||
| diarioliberal.com |
||||
Con las recetas que me dieron los médicos, me presenté en una oficina de farmacia perteneciente a una cadena. Tuve que pagar mis medicamentos, y me parecieron extraordinariamente caros comparados con los españoles. Y más adelante la compañía de seguros con la que había contratado un seguro para el viaje me reembolsó todo lo que yo me había gastado. Existe también la posibilidad teórica de que el Estado organice sus propios almacenes de medicamentos y que los expenda a los portadores de recetas de sus propios servicios médicos, gratuitamente. En este caso sería el Estado el empresario farmacéutico, el que comprara a los fabricantes y corriera con el riesgo empresarial del negocio. Es el modelo soviético, y todos sabemos cómo acabó Pero el modelo más conocido en España es el de las oficinas de farmacia de propiedad privada que atienden al servicio público (es decir, pagado por la Administración Pública) de expender las medicinas que recetan los médicos. Y dentro de este modelo, los médicos del Sistema Nacional de Salud expiden unas recetas que la Administración correspondiente se compromete a pagar, para no obligar a los enfermos asegurados en su sistema a que carguen con gasto. Este sistema español ha sido puesto en jaque por la actuación de quien menos se esperaba. Dª María Dolores de Cospedal, desde la Administración de Castilla-La Mancha se ha negado a pagar a los farmacéuticos los medicamentos entregados por éstos a los enfermos asegurados por la propia comunidad castellano-manchega. De momento adeuda la mitad del mes de mayo, y los meses enteros de junio y julio. Muchas farmacias están a punto de quebrar. No se comprende muy bien cuál es el interés de Dª Mª Dolores al ejecutar esta maniobra. Parece mentira que este ataque tan feroz a la propiedad privada provenga de una afiliada del Partido Popular: la sra. Cospedal estaría manifestando un mayor maquiavelismo que el de D. Vladimir Ilich Ulianov, alias “Lenin”. Pero de lo que no se da cuenta el Partido Popular manchego es de que está quebrando el modelo de Farmacia, sin tener otro de recambio. Una vez arruinadas las farmacias manchegas, ¿está la Junta en disposición de entregar los medicamentos en sus propios locales? ¿Acaso tiene la burocracia suficiente para reembolsar de forma eficiente los gastos farmacéuticos a los asegurados que deberían en ese caso adelantar el pago? ¿Piensa desentenderse de la Sanidad Pública en general y dejar que cada cual se cure su enfermedad como pueda? Lo más delirante del caso está en que la Conserjería de la cosa ha manifestado que piensa incoar expedientes sancionadores, incluso con multas, a las farmacias que cierren en protesta por la actuación de ella misma. E insiste en que en el convenio firmado con los farmacéuticos no está previsto el caso de un cierre de las oficinas de farmacia por razones económicas. Pero se olvida de que tampoco está previsto que la Administración no pague una deuda que tiene contraída, simplemente porque no quiere. Quizás convenga recordar a Dª Maria Dolores de Cospedal la primera lección que recibió, a lo que parece con poco aprovechamiento, el día que empezó a estudiar Derecho: la Justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, en no hacer daño a nadie y en cumplir los contratos.
He hecho el experimento de poner en el Google las palabras leire pajin lucha y me han salido 243.000 entradas. He revisado las primeras y siempre resultan ser declaraciones de la sra. ministra “luchando” en contra de la violencia de género, o de una discriminación u otra. Otro ejemplo: he mirado en el Google otra vez trini jimenez batalla y me han salido 465.000 entradas. Las que he comprobado se refieren a las elecciones primarias que hizo el PSOE en Madrid y que ganó Tomás Gómez. Pero por el lenguaje empleado, cualquiera podría suponer que alguien estaba bombardeando otra vez la Ciudad Universitaria. ¿Por qué? ¿Por qué esta violencia verbal continuada? ¿Se trata acaso de una metáfora que se ha ido de las manos? Quizá. Pero mi miedo es que no se trata de una figura literaria, sino de un uso riguroso del contenido semántico de las palabras. Puedo recordar varios episodios de la historia del socialismo español que son relevantes para la interpretación de las voces que nos ocupan. En primer lugar, D. Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista en España, dijo en sede parlamentaria que los socialistas obedecerían las Leyes cuando les conviniera, y las quebrantarían en los demás casos. Eso fue antes de que se alzaran en armas contra el Gobierno constitucional de la República (en 1.934) y de que unos policías socialistas asesinaran al portavoz de la Oposición cuando estuvieron en el Gobierno (en 1.936). La razón profunda del uso de la violencia, tanto verbal como material, está en el fundamento mismo de la ideología socialista. Herr Karl Marx declaró que el motor de la Historia era la lucha de clases. ¡Y aquí no estaba haciendo poesía! Su programa incluía la destrucción física de la clase social burguesa. Y por poco lo consigue esa facción del socialismo denominada comunismo. (Para más datos se puede consultar EL LIBRO NEGRO DEL COMUNISMO). La “justicia social”, la “redistribución de la renta”, los “servicios sociales” que presta el Estado son los latrocinios perpetrados por la violencia ritual, que nos impide ver que, en el fondo, no son más que un atraco a mano armada. El fundamento y la raíz del Socialismo es, pues, “odia a tu enemigo de clase”. En sentido contrario está el Cristianismo, cuyo lema es “ama a tu prójimo, como te amas a ti mismo”. Y como aquí no estamos ante un pensamiento racional sino ante una emoción, no existe medio de convencer a los militantes socialistas de que su violencia es malvada. Por todos estos motivos la violencia surge espontáneamente en el vocabulario y en la conducta de los socialistas de todos los partidos. Y por los mismos, todos lo que no sean socialistas deben saber a qué se enfrentan. Bajo pena de ser, en caso contrario, víctimas en su persona o sus bienes. Una vez descubierto el secreto de la psicología socialista no nos deben extrañar los episodios más cercanos en el tiempo, como la actuación de los socialistas en el 11-M y días siguientes. O la ocupación por la fuerza de la Puerta del Sol, todavía en curso. Los sucesos de la Puerta del Sol de estos días están calificados por el Código Penal como delito de sedición. Basta con leer el artículo 544 del para comprender que las concentraciones presuntamente espontáneas tienen como fin el alzarse tumultuariamente contra las decisiones de la Junta Electoral. Y que la tolerancia de las mismas es una resolución manifiestamente injusta por parte de quien tiene la obligación de hacer cumplir las Leyes. (Y Vds. Ya me entienden).
Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención de la visita no se puede ver desde los baluartes. Me refiero a la gente, al paisanaje. La organización social de la población no nos pilla tan de lejos, por lo que deberíamos estudiar sus detalles para ver en qué nos diferenciamos y en qué nos parecemos. Y extraer las oportunas consecuencias. Lo más llamativo ha sido la descripción de la “dole”, el sistema de protección social irlandés. La “dole” se concede en principio a toda aquella persona que se encuentre en necesidad económica y sin trabajo, o bien con trabajo pero con una persona incapacitada para trabajar a su cargo. El caso paradigmático es el de una mujer sin marido ni trabajo, con un niño pequeño a su cargo. Una chica adolescente y madre soltera tiene derecho a vivir en un piso propiedad del municipio y a una pensión que le permite vivir con estrecheces, pero sin trabajar. Lo cual ha conseguido que este tipo de conductas se multipliquen. Recientemente se han detectado familias en las que se ha llegado a la tercera generación que vive de la “dole”. Aunque no son sólo las chicas las que se aprovechan del sistema. Esta “protección social” ha conseguido que los alumnos menos brillantes se abstengan de esmerarse en sus estudios. No hay necesidad de esforzarse, pues la “dole” está a la vuelta de la esquina. Y los alumnos más brillantes saben que en esa situación social no habrá empleos con altos salarios cuando se gradúen. Por eso se va a estudiar a universidades de la Gran Bretaña o del extranjero y luego se quedan a trabajar allí mismo. Naturalmente, el panorama del futuro es desolador. Una vez acabados los empleos baratos y de baja cualificación profesional, al cerrarse las fábricas que han trasladado su producción a China, la “dole” indefinida es la única perspectiva económica para muchos jóvenes. Pero a la vez la crisis económica va a causar que este año se recorten los fondos que permitían a la gente vivir sin trabajar hasta ahora. Y está empezando a haber un comienzo de xenofobia contra aquellos inmigrantes extranjeros que compiten por los fondos que aún quedan. Pero lo más grande del caso no es la situación a la que se ha llegado ahora. Lo más grande es que esta situación ya se ha dado en el Reino Unido en los siglos XVI a XVIII. Están repitiendo los mismos errores del pasado. Isabel I de Inglaterra se encontró con el problema de que los soldados licenciados de las guerras de su padre, Enrique VIII, se habían echado a los caminos y asaltaban a los viajeros. Para solucionarlo, promulgó la primera de las Leyes de Pobres, que obligaban a los municipios a dar subvenciones a los pobres y vagabundos sin trabajo. Dichas leyes se fueron complicando con el paso del tiempo y a finales del siglo XVIII causaron la ruina de muchos municipios. Las Leyes de Pobres obligaban al pago de pensiones, no sólo a los incapacitados para trabajar, sino también a los que no trabajaban porque no querían. Al final se debían pagar complementos del salario a los trabajadores cuyo sueldo no llegaba al mínimo considerado vital por los jueces. Lo cual consiguió que los salarios se desplomaran, pues los patronos sabían que la parte que ellos se ahorraban lo pagaría el municipio. A la vez se desmoralizaron los trabajadores honrados, que veían que una mujer soltera con tres hijos podía vivir y alimentarlos, y todavía tenía dinero para emborracharse con cerveza todos los días. Mientras que lo que ellos ganaban con su trabajo no les permitía saciar su hambre. Los municipios se defendieron expulsando por la fuerza a los caminantes y forasteros que se acercaban al pueblo. Muchos quebraron. Las inquinas y las peleas se generalizaron entre los se beneficiaban del sistema y los que pretendían beneficiarse. A la vuelta del siglo XIX los liberales hicieron un estudio profundo del sistema, percibieron su fracaso absoluto y lo cambiaron por el de las “work houses”. En definitiva, deberían conocer el sistema anglosajón de “protección social” a través de los siglos todos aquellos partidarios, de la “renta básica”, la “pensión no contributiva” y el “plan de empleo rural”. Y aprender a no tropezar dos veces en la misma piedra, al revés que los anglosajones.
Un trabajador por cuenta ajena que se niega a trabajar está perpetrando un ilícito civil contra el empresario que le contrató. Pero si además pretende convencer a sus compañeros que se nieguen a trabajar como él se niega, está cometiendo una nueva violación de su contrato: está haciendo una colusión, o sea, un ponerse de acuerdo con otras personas para perjudicar a un tercero. El tercer paso en la ilegitimidad estriba en emplear la fuerza física o moral para forzar al paro a los que no quieren hacer huelga. Naturalmente, no todos los trabajadores de la misma empresa quieren parar a la vez. Por eso hay que forzarles. Existen incluso profesionales de la coacción: se llaman “piquetes informativos”. (Siempre me llamó la atención la palabra “piquete”, que es un término de connotación militar, o sea violento). Otro paso más es la huelga sectorial. Aquí ya no es el interés personal del individuo que se niega a trabajar lo que está en juego, sino la concepción de la política que tienen los organizadores del evento. Unas empresas irán mejor que otras, por lo que serán distintas las condiciones contractuales de unos empleados y otros. Por lo que para hacer una huelga sectorial la violencia ilegítima que hay que ejercer es mucho mayor. Una huelga sectorial ya no es en absoluto una cuestión contractual entre unos empleadores y unos empleados. Ahora se trata de interrumpir la actividad económica de toda la unidad económica de que se trate, mediante el quebrantamiento de las transacciones entre unos sectores y otros. Por ejemplo, la interrupción de todo el suministro de carbón a una sociedad puede llevar a la falta de energía eléctrica en los países que dependen de esa fuente energética. (A los más interesados les recomiendo la lectura de la autobiografía de Mrs. Margaret Thatcher; a los menos, la película Billy Elliot). Por lo tanto se trata de un reto esencialmente político. Mediante el empleo de la coacción y la violencia ilegítima se pretende forzar a un Gobierno a conceder unas prestaciones que voluntariamente no quiere hacer. Lo que redundaría en perjuicio de los demás sectores de la economía, que habrían de pagar un sobreprecio por los productos o servicios del sector huelguista. El tramo final de la escala de la huelga es la huelga general. El objetivo único de una huelga general es de carácter político. De lo que se trata es de derribar al Gobierno. Así lo decían los manualillos de marxismo que pululaban por la Facultad en mis tiempos de estudiante y que aplican al pie la letra los sindicatos españoles. Cuando se pretende que todos los trabajadores por cuenta ajena dejen de trabajar a la vez no hay ganancia posible para un trabajador en particular. No existe un sector que pueda primar sobre otro. Como eso los trabajadores lo saben, son muy pocos los que quieren hacer huelga. Por eso la violencia que hay que emplear para conseguir una apariencia de triunfo es casi ilimitada. Y dado que no se puede ejercer en todas partes a la vez, los organizadores se concentran en los sectores o servicios que más repercusión puedan tener contra terceros no participantes: transportes, energía, etc. Esa violencia que se ejerce contra los trabajadores, y que se pretende repercutir a la Sociedad entera, debería ser indefinida para poder suponer un peligro para las Instituciones. La huelga general revolucionaria que predicaban los marxistas debe terminar con la caída del Gobierno, o no sirve para nada. Una huelga general de un día es una necedad, porque el Gobierno puede no hacer nada y esperar al día siguiente para seguir como siempre. Business as usual. Es también una confesión de impotencia, pues los organizadores saben que no pueden aplicar la violencia más de 24 horas. (Por eso fue más sangrante la cobardía de D. José Mª Aznar el año 2.002, al retirar sus reformas laborales por la presión de los sindicatos radicales). Pero ya el colmo del absurdo es hacer una huelga general de un solo día contra el Gobierno de los socialistas. Los sindicatos españoles U.G.T. y C.C.O.O. han recibido unos 1.000 millones de euros de nuestros impuestos en los último seis años. Los sindicalistas profesionales son en la práctica una especie de funcionarios muy raros, sin oposición. Supuestamente “negocian” con el Gobierno las condiciones laborales legales y las pensiones estatales que habrá en el futuro. En realidad son ellos mismos. De ahí la profunda esquizofrenia de la huelga general española del día 29 de septiembre convocada por Méndez y Toxo. Nadie entiende por qué los sindicatos se alzaron en contra de un Gobierno que les da de comer. Nadie entiende tampoco la complacencia del Gobierno ante la amenaza de los huelguistas. La razón de ser de la huelga general en tanto que insurrección, conseguir el Poder, ya estaba conseguida. La huelga general, o sea, el ejercicio de una violencia, se gana o se pierde. La huelga general de Méndez y Toxo se montó con el objetivo inmediato de perderla. Por eso el resultado práctico del 29-S ha sido el desprestigio y el ridículo de los sindicatos, a los ojos de sus potenciales clientes.
La definición que hace el maestro Bova continúa con un ejemplo: ¿qué quedaría de la novela Frankenstein de Mary Shelley si se quitara el elemento científico? Y yo añado: si se le quita el submarino al capitán Nemo, no puede navegar 20.000 leguas de viaje submarino. Ciertamente hay un componente fantástico en la ciencia-ficción. Su mismo nombre lo dice: es una literatura de ficción. Y quizá los menos imaginativos deprecien el género por ese toque de fantasía o irrealidad que nos ofrece. Probablemente son los mismos que admiten sin pestañear la premisa delirante de que los vaqueros anglosajones son los buenos y los cazadores indios, o los agricultores mexicanos (¡nosotros!), los malos. Todo esto se me pasó por la cabeza el día que me pasé por la librería de la avenida buscando un libro para un amigo. No encontré el libro que buscaba, pero sí lo que no me esperaba. En la sección rotulada como Ciencia-Ficción había ciertamente un libro de Isaac Asimov, dos de otros autores que me resultaban conocidos, pero que no recuerdo, y tres baldas enteras repletas de vampiros honestos, licántropos malignos, brujos, malvadas hechiceras y magos bondadosos. No me enfadé con el librero. A fin de cuentas, su negocio es vender libros y lo hace de la mejor manera que puede. Si el apelativo de ciencia-ficción está tan degenerado que sirve para calificar a los ejemplares de Harry Potter no es culpa suya. Tampoco los autores escriben sus obras para pasar el rato, sino para ganarse la vida con su trabajo. Por lo que escriben para halagar el gusto de los lectores que les compran los libros. El problema, tal y como yo lo veo, está en el público. El público joven, el que no está adocenado por los embates de la vida, que no ha dejado la inteligencia en consigna cuando firmó las oposiciones, el que conserva la ilusión de la niñez, pasa de la ciencia y se deleita en la magia. Es el público que a fin de cuentas compra obras imaginativas. Es una elección general por la irracionalidad. Los chavales que atestan las salas donde se proyecta la saga Crepúsculo están eligiendo, aunque no lo sepan, la magia y abjurando de la química y la física. Renuncian a la razón y la inteligencia y se sumergen en la emoción y el sentimiento. (Yo me encontré solo en una sala comercial que exhibía la película Moon, la mejor ciencia-ficción en muchos años). Pero ellos no tienen toda la culpa. Llevan varias generaciones siendo educados así por las autoridades estatales. Quizá desde los años setenta. Con seguridad desde 1.982. Miles de millones de horas/hombre se han dedicado a extirpar de la mente de los educandos todo vestigio rigor racional. Llenándola de paso de basura “solidaria” y sentimental. Las consecuencias para la Sociedad son catastróficas. Los chicos que asumen sin esfuerzo que con un golpe de varita se puede modificar la naturaleza física de la materia son también capaces de creer que con un golpe de decreto se puede modificar la naturaleza de la Sociedad. O de la Ética. O de la propia realidad. Si podemos admitir vampiros vegetarianos bondadosos, no tendremos dificultades para tragar que el Socialismo es bueno para la gente pobre. O que la mayor intervención del Estado en la Economía es un progreso para la raza humana. O que el islamismo es bueno porque no es cristiano y hay que odiar al Cristianismo porque fue concebido antes de la Revelación de Karl Marx. Es lo que nos espera.
Todo esto viene a colación de la que se ha montado a cuenta de las corridas de toros en Cataluña, y los esfuerzos de los aficionados para demostrar que la tauromaquia es un bien cultural específico de la Península Ibérica. Y los de los opositores para argumentar que es una salvajada sádica, en la que se siente placer torturando a una pobre bestia. (El más patético ha sido el menda que se ha exhibido en público blandiendo un estoque para demostrar que se trata de matar al toro de una certera puñalada en el corazón, por lo que confiesa paladinamente que no se trata de rebanarle las criadillas lentamente). Claro que nadie se ha llamado a engaño con la jugada. Es evidente que lo que están tratando de conseguir los independentistas radicales no es convertir a los ciudadanos en buenos budistas alérgicos a la violencia contra lo que sea, adoradores de la diosa Gea, de esos que van con mascarilla por la vía pública para no agredir con sus pulmones al aire que respiran. En realidad se trata de dar un paso más en la secesión de Cataluña del resto de España. Por lo que el paripé de la comisión parlamentaria de investigación ya ha cumplido con el fin con el que fue creada, independientemente de lo que digan que son sus conclusiones. Pero el análisis de lo que está sucediendo se quedaría en la superficie de la anécdota si no fuera por lo que subyace en el fondo. Que se trata ni más ni menos que de obligar a la gente, por medio de la violencia pública, a seguir las paranoias de los políticos que detentan su representación, Imaginemos que los antitaurinos desplegasen una mesa en los alrededores de la plaza pidiendo firmas para que la gente se abstenga de ir a las corridas. O que montasen un estrado cerca de las taquillas de la plaza, largando grandes rollos a cuenta de su filosofía. No habría nada que objetar. Pero no lo hacen porque no quieren convencer a nadie. Lo que quieren es que la Policía impida el ejercicio de la opción individual y la libertad de elegir en qué ocupan su ocio sus súbditos. Por eso mismo están intentando cerrar los comercios que rotulan en castellano. Por eso obligan a los distribuidores de películas a doblarlas al catalán. Por eso obligan a los padres a escolarizar a sus hijos en catalán. Por eso: porque la gente no quiere. (Por eso el señor Montilla, que tampoco lo quiere para sí mismo, lleva a sus hijos a un colegio de pago que enseña en alemán). Y es que prohibir es muy fácil, incluso gratis. Una mínima inspección que atienda las delaciones de los envidiosos y una Policía que practique la coerción pública como un servicio más no generan más gastos, sino que incluso pueden procurar ingresos por la recaudación de las multas. El error que podemos cometer es banalizar la cuestión y centrarnos en la escenografía taurina del evento y dejar de lado el meollo del asunto: el atentado contra la Libertad. Otros socialistas nacionalistas empezaron cerrando los comercios de las minorías y acabaron matándolos a todos. Nadie garantiza que no vuelva a pasar. Quedan avisados.
Veamos por ejemplo pacta sunt servanda: hay que cumplir los pactos. En estas tres palabras condensaron los romanos la mitad del Derecho Civil. Hay que cumplir los pactos. Y al que no los cumple le obligaba entonces el Pretor y ahora el Juez. Nadie, que yo conozca, se niega al principio moral de que hay que cumplir los pactos. Pero los Juzgados están llenos de gente que no consideraron oportuno o conveniente cumplir los propios. Y hay quien considera hasta poco elegante cumplir los pactos y pagar las deudas. En esta tesitura nos encontramos con una oferta de un gran “Pacto de Estado” para “salir de la crisis”, que proponen los socialistas y avala el Rey. Visto así, de sopetón, hace falta ser un desalmado para oponerse a tan gran empresa. La gran crisis económica que atenaza España consiste en que nos hemos gastado el dinero que nos prestaron y ahora hay que pagar las deudas. Hay que cumplir con los pactos que hicimos. Pero luego conviene leer la letra pequeña del contrato para ver si el tal Pacto nos conviene o no. Porque hay que pagar, eso está claro. Pero conviene saber quién está pactando, qué condiciones intentan imponernos a los contratantes, qué les conviene a ellos y qué va a costarnos a nosotros. En primer lugar deberíamos considerar el crédito de los que nos proponen el contrato. Los socialistas que están ahora en el Gobierno, ¿cumplen habitualmente sus pactos? Es lo primero que hay que considerar cuando te juegas los cuartos: la solvencia moral del socio. Por ejemplo, ¿cumplieron el Pacto Antiterrorista? El caso es que no. Esa misma tarde negociaron con la ETA de tal manera que acabaron chivándose de las operaciones policiales contra los recaudadores de los pistoleros. ¿Y los Pactos de Toledo? Se suponía que los Pactos de Toledo perseguían el fin de marginar del debate político el tema de las pensiones, para dar una seguridad a la población. Pero el caso es que la amenaza de que José María Aznar iba a quitar las pensiones fue uno de los mayores terrores que propiciaron el voto al PSOE de los pensionistas durante lustros. ¿Y qué decir de la Transición? Muchas veces se ha definido la Transición política del franquismo a la democracia como un pacto para perdonar los años de violencias anteriores, para crear una convivencia en la que todos pudieran sentirse tranquilos. O sea, todo lo contrario de lo que hace este Gobierno al ir desenterrando los huesos de los muertos que le convienen y quitando estatuas de los que no le gustan. (Llevando de paso de homenaje en homenaje al único genocida que hemos tenido y tenemos en España). Con estos antecedentes y con estos personajes no se puede pactar. No se puede uno obligar a algo sabiendo que el contrario no va a cumplir su parte del trato. Tonto sería el Sr. Rajoy si permitiera que los socialistas le enredaran en la resolución de un conflicto cuyo único origen es el incumplimiento por ellos de los pactos anteriores. Sólamente podría considerarse el ofrecimiento en el caso de que los socialistas cumplieran de antemano todos los pactos que tienen pendientes. Pero apuesto que eso no va a ocurrir, ni aunque lo pida el Monarca.
Respuesta: porque no existe. Jean Bertrand Aristide lo disolvió hace unos quince años. Seguramente monsieur Aristide tendría sus buenas razones para disolver el Ejército. La primera de las cuales sería el evitar que le dieran un golpe de Estado. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos y que Aristide no subió al poder aupado por los militares, la decisión que tomó era una opción desesperada, a vida o muerte. Eso dejó al Estado con una fuerza pública de 5.000 policías. Comparando un poco con España, la superficie de Haití es algo mayor que Extremadura, pero con diez veces su población. Por lo que, sin entender más de seguridad pública, esa fuerza haitiana me parece insuficiente. Y para terminar de arreglar las cosas, se escaparon 4.000 presos de la cárcel. No sólo se hundió la cárcel. El Palacio Presidencial, la catedral del siglo XIX y la sede de la misión de las Naciones Unidas se cayeron también por efecto del terremoto. Cualquier símbolo de autoridad que hubiera en la antigua Perla del Caribe ha desaparecido. Con todo, no es lo malo que hayan desaparecido los símbolos: lo peor es que no tenían contenido ninguno. Rindámonos a la evidencia: ya antes del terremoto el Estado Haitiano no existía. El orden público era como mucho precario y estaba impuesto por unos pocos policías fuertemente apoyados por tropas extranjeras. La misión de las Naciones Unidas ejercía competencias esencialmente estatales en diversos campos públicos. Y a día de hoy, la única autoridad efectiva es el Ejército de los Estados Unidos. El problema que surgirá es que los militares estadounidenses se irán algún día. Administraron el país entre 1.915 y 1.934 y al marcharse surgieron las milicias privadas, la dictadura de los Duvalier y los golpes de Estado sucesivos. Y las Naciones Unidas no han sido capaces de proveer de estructuras estatales a ningún país que se lo ha pedido, porque su función no es ésa. La solución, pues, es crear un Estado donde no lo hay. Un Estado entero, con sus Fuerzas Armadas, su diplomacia, su Policía, sus hospitales, sus impuestos, sus tribunales y sus escuelas. Tenemos que dar por supuesto que los elementos que hayan sobrevivido al terremoto estaban, y siguen, corrompidos hasta la médula y que no son aprovechables. Todo Estado necesita un Jefe del Estado. Mi propuesta es contratar a uno extranjero. Y una vez descartados los figurones que pululan por la ONU (o la Unión Europea), el país que más garantías me ofrece es Barbados. Cierto, es un país pequeñito, pero tiene una renta per cápita de 13.000 dólares, o sea, diez veces más que Haití. Es un país pacífico y bien administrado. Tiene que haber un funcionario honrado y con un aspecto físico que no repugne a los haitianos. En segundo lugar, hay que organizar una Fuerza Pública que garantice el orden público y la seguridad exterior. Mi propuesta es contratar a una empresa privada, tipo Blackwater o Executive Outcomes (que hizo maravillas en Sierra Leona). Al ser mercenarios, sólo serían fieles a quien les pagara, por lo que descartaríamos de antemano cualquier acusación de colonialismo. Y en tercer lugar, hay que organizar una Hacienda y sistema impositivo que permita pagar los gastos que ocasione el nuevo Estado. Si yo tuviera que elegir a mis recaudadores de impuestos elegiría a los británicos, o quizás a los suizos. Porque además de todo hay una población que puede arreglárselas sola si se lo permiten. ¿De dónde salió la enorme fortuna de los Duvalier? ¿Por qué se peleaban los militares por acceder al Gobierno haitiano? Porque la población es capaz de sobrevivir miserablemente, pero también de generar un excedente dinerario que puede ser robado. Y es esa población la que levantará al país, si se le da una seguridad y estabilidad política mínimas. Para concluir, yo creo que con la Administración que he esbozado y en el plazo de una generación, los haitianos estarían en condición de administrarse a sí mismos.
Y a continuación se dirigió con paso decidido hacia la puerta. Puerta a la que no llegó, pues el funcionario del partido se lo impidió, alegando que se le había malinterpretado, que la cosa no era como para ponerse así, que se podía negociar… ¡Y tanto que se podía! El audaz candidato consiguió el número uno de la lista y designar a todos los demás. Y el “paracaidista” tuvo que presentarse por una provincia castellana, eso sí, como cabeza de lista. No creo que esta anécdota se haya repetido en los treinta años siguientes. Las circunstancias han variado de tal manera que ya no caben desplantes toreros por parte de los aspirantes a aparecer en las listas electorales. Y la más importante de todas es que las subvenciones estatales a los partidos políticos son cobradas por los aparatos de los partidos. Su razón de ser es cobrar las subvenciones estatales para controlar la redacción de las listas, y controlar la redacción de las listas para cobrar las subvenciones estatales. Aquí están, pues, presentadas las dos circunstancias que permiten la corrupción de nuestra democracia y la caída en lo que algunos llaman la partitocracia. Por eso mi propuesta concreta de reforma del sistema se basa en la laminación de ambas: la lista y la financiación estatal. Mi propuesta es ir al sistema de distritos uninominales de los anglosajones. En una circunscripción unipersonal no se pueden hacer “listas”. Por lo que el aparato de los partidos es ineficaz. El candidato se la juega con sus convecinos cada cuatro años y cada día de esos cuatro años. Por otro lado, de nada servirían los distritos uninominales si el maná del dinero público siguiera llegando a los candidatos a través del aparato del partido. Por eso mi propuesta es acabar con las subvenciones estatales e ir en cambio a un estímulo fiscal de las donaciones privadas. Y todo ello con un control público y transparente en el que se supiera en todo momento quién ha donado y cuánto a qué partido político. Veo la solución a este problema en la autorización de una única cuenta bancaria de todo partido que se registre en el Registro de Partidos Políticos, residenciada en el Banco de España y accesible al público en general. Afortunadamente, Internet nos ofrece los instrumentos para hacer este control en tiempo real. En resumen, hay que volver a los tiempos heroicos, en los que el candidato, que aportaba al partido su reputación y sus votantes personales, se las tenía tiesas a los gerifaltes burocratizados.Rafael Aizpún Viñes |
|
|||