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........................... .... ...Rafael Aizpún Viñes

El bueno de Bono

El fenómeno musical-mediático de las Spice Girls me pilló ya mayor. Por eso tuvieron que ser mis sobrinas adolescentes quienes me explicaran que las cinco chicas se habían repartido los arquetipos jóvenes, para llegar a todos los públicos. Y así Dª Victoria, actual señora de Beckham, iba de chica picante “pija”, otra iba de “deportista”, y así todas. En realidad todo era un montaje de un negociante avispado.
                  
Todo esto viene a cuento del papel que representa D. José Bono en el Partido Socialista. Lo mismo que una chica picante iba de pija, D. José va de militante socialista católico. Es el único que se permite ir a comulgar públicamente, a pesar de la línea política de su partido, ¡y sin que lo purguen! El papel que representa es absolutamente indispensable para captar ese sector del electorado que, a pesar de todo, todavía va a misa los domingos.
                
Claro que a veces sobreactúa y se pasa. Sin ir más lejos, cuando aprueba en el Congreso una nueva vuelta de tuerca con el asunto del aborto provocado. Con un cinismo fuera de toda medida, vierte espesas y copiosas lágrimas de cocodrilo, mientras vota a favor de una propuesta condenada por la jerarquía de la Iglesia Católica. (La cual, si fuera coherente con su propia doctrina, debería haber excomulgado a D, José; pero no se atreve).
                  
Por esta razón veo con gran hilaridad la campaña de Intereconomía TV contra el sr. Bono, a cuenta del patrimonio inmobiliario adquirido durante toda una vida dedicada al servicio público. No es sólo que las sospechas de juego sucio sean vehementes. Lo que sucede es que todos sabemos lo que ha pasado, pero nadie se había atrevido todavía a sacarlo al público.
                  
Es muy graciosa también la actividad de D. José, dando explicaciones a quien no se las ha pedido. Y sobre todo a quien no se las puede exigir ni sancionar. Dar la lata en la fiscalía anticorrupción acaba por descubrir por quién y para qué se creó la tal fiscalía. Lo de presentar sus explicaciones en el grupo parlamentario socialista es como para oreja y vuelta al ruedo.
                  
¿Y quién, si no Intereconomía, podía haber destapado el chanchullo?  Pues cualquiera. La información de los Registros de la Propiedad y los Mercantiles están abiertos al público en general. Para eso se inventaron. Y los militantes del Partido Popular podrían haber hecho la faena ellos solos, de haber gastado unos durillos en pedir la información registral.
                  
Pero han sido Intereconomía y La Gaceta. Curiosamente, dos medios que ofrecen con cierta frecuencia información religiosa. La emisora de televisión ha pasado anuncios en contra de la ley del aborto firmados por la propia emisora. No puede ser una coincidencia.
                  
Mi sospecha es que se la tienen jurada a D. José Bono por su actitud de apariencia católica y su realidad de militante socialista puro y duro. Y que la campaña tiene un alcance mucho mayor que la mera persecución de un jerarca socialista relevante. Que con la que tienen montada pretenden desvelar el montaje que protagoniza el personaje. Que no sólo cuestión de un pique personal, aunque también, sino una labor política de hondo calado, que debería hacer el partido de la oposición, pero que tiene que hacer una vez más la Sociedad Civil.
                 
Esa sería una de las maneras de abrir los ojos a un electorado, que podría dar un vuelco a las próximas elecciones. Que Dios se lo pague.

Los toros y la Libertad

El entusiasmo que siento por las corridas de toros es perfectamente descriptible… como deficiente. Me fastidia la incomodidad de la plaza de toros local, el comportamiento execrable del populacho en los tendidos de sol y las, a fin de cuentas, aburridas corridas que ofrece la empresa. Ni siquiera sé cuál es la diferencia entre un pase de pecho y una chicuelina. En esas condiciones me obligo a ir a los toros al menos una vez cada año, para ver quién de mis convecinos está, quién falta y para demostrar que todavía no me he muerto.

Todo esto viene a colación de la que se ha montado a cuenta de las corridas de toros en Cataluña, y los esfuerzos de los aficionados para demostrar que la tauromaquia es un bien cultural específico de la Península Ibérica. Y los de los opositores para argumentar que es una salvajada sádica, en la que se siente placer torturando a una pobre bestia. (El más patético ha sido el menda que se ha exhibido en público blandiendo un estoque para demostrar que se trata de matar al toro de una certera puñalada en el corazón, por lo que confiesa paladinamente que no se trata de rebanarle las criadillas lentamente).

Claro que nadie se ha llamado a engaño con la jugada. Es evidente que lo que  están tratando de conseguir los independentistas radicales no es convertir a los ciudadanos en buenos budistas alérgicos a la violencia contra lo que sea, adoradores de la diosa Gea, de esos que van con mascarilla por la vía pública para no agredir con sus pulmones al aire que respiran. En realidad se trata de dar un paso más en la secesión de Cataluña del resto de España. Por lo que el paripé de la comisión parlamentaria de investigación ya ha cumplido con el fin con el que fue creada, independientemente de lo que digan que son sus conclusiones.

Pero el análisis de lo que está sucediendo se quedaría en la superficie de la anécdota si no fuera por lo que subyace en el fondo. Que se trata ni más ni menos que de obligar a la gente, por medio de la violencia pública, a seguir las paranoias de los políticos que detentan su representación,

Imaginemos que los antitaurinos desplegasen una mesa en los alrededores de la plaza pidiendo firmas para que la gente se abstenga de ir a las corridas. O que montasen un estrado cerca de las taquillas de la plaza, largando grandes rollos a cuenta de su filosofía.  No habría nada que objetar. Pero no lo hacen porque no quieren convencer a nadie. Lo que quieren es que la Policía impida el ejercicio de la opción individual y la libertad de elegir en qué ocupan su ocio sus súbditos.

Por eso mismo están intentando cerrar los comercios que rotulan en castellano. Por eso obligan a los distribuidores de películas a doblarlas al catalán. Por eso obligan a los padres a escolarizar a sus hijos en catalán. Por eso: porque la gente no quiere. (Por eso el señor Montilla, que tampoco lo quiere para sí mismo, lleva a sus hijos a un colegio de pago que enseña en alemán).

Y es que prohibir es muy fácil, incluso gratis. Una mínima inspección que atienda las delaciones de los envidiosos y una Policía que practique la coerción pública como un servicio más no generan más gastos, sino que incluso pueden procurar ingresos por la recaudación de las multas.

El error que podemos cometer es banalizar la cuestión y centrarnos en la escenografía taurina del evento y dejar de lado el meollo del asunto: el atentado contra la Libertad. Otros socialistas nacionalistas empezaron cerrando los comercios de las minorías y acabaron matándolos a todos. Nadie garantiza que no vuelva a pasar. Quedan avisados.

Pacta sunt servanda

Me encantan los latinajos. Un latinajo que haga al caso en la conversación puede cimentar una fama de erudito sin necesidad del esfuerzo ímprobo que hace falta para dominar todas las materias de conversación posibles. Y en realidad no hacen falta muchos: con un par de docenas se sale del paso.

Veamos por ejemplo pacta sunt servanda: hay que cumplir los pactos. En estas tres palabras condensaron los romanos la mitad del Derecho Civil. Hay que cumplir los pactos. Y al que no los cumple le obligaba entonces el Pretor y ahora el Juez.

Nadie, que yo conozca, se niega al principio moral de que hay que cumplir los pactos. Pero los Juzgados están llenos de gente que no consideraron oportuno o conveniente cumplir los propios. Y hay quien considera hasta poco elegante cumplir los pactos y pagar las deudas.

En esta tesitura nos encontramos con una oferta de un gran “Pacto de Estado” para “salir de la crisis”, que proponen los socialistas y avala el Rey. Visto así, de sopetón, hace falta ser un desalmado para oponerse a tan gran empresa. La gran crisis económica que atenaza España consiste en que nos hemos gastado el dinero que nos prestaron y ahora hay que pagar las deudas. Hay que cumplir con los pactos que hicimos.

Pero luego conviene leer la letra pequeña del contrato para ver si el tal Pacto nos conviene o no. Porque hay que pagar, eso está claro. Pero conviene saber quién está pactando, qué condiciones intentan imponernos a los contratantes, qué les conviene a ellos y qué va a costarnos a nosotros.

En primer lugar deberíamos considerar el crédito de los que nos proponen el contrato. Los socialistas que están ahora en el Gobierno, ¿cumplen habitualmente sus pactos? Es lo primero que hay que considerar cuando te juegas los cuartos: la solvencia moral del socio.

Por ejemplo, ¿cumplieron el Pacto Antiterrorista? El caso es que no. Esa misma tarde negociaron con la ETA de tal manera que acabaron chivándose de las operaciones policiales contra los recaudadores de los pistoleros.

¿Y los Pactos de Toledo? Se suponía que los Pactos de Toledo perseguían el fin de marginar del debate político el tema de las pensiones, para dar una seguridad a la población. Pero el caso es que la amenaza de que José María Aznar iba a quitar las pensiones fue uno de los mayores terrores que propiciaron el voto al PSOE de los pensionistas durante lustros.

¿Y qué decir de la Transición? Muchas veces se ha definido la Transición política del franquismo a la democracia como un pacto para perdonar los años de violencias anteriores, para crear una convivencia en la que todos pudieran sentirse tranquilos. O sea, todo lo contrario de lo que hace este Gobierno al ir desenterrando los huesos de los muertos que le convienen y quitando estatuas de los que no le gustan. (Llevando de paso de homenaje en homenaje al único genocida que hemos tenido y tenemos en España).

Con estos antecedentes y con estos personajes no se puede pactar. No se puede uno obligar a algo sabiendo que el contrario no va a cumplir su parte del trato. Tonto sería el Sr. Rajoy si permitiera que los socialistas le enredaran en la resolución de un conflicto cuyo único origen es el incumplimiento por ellos de los pactos anteriores.

El Estado Haitiano

Pregunta: ¿por qué el Ejército haitiano no está colaborando en las tareas de socorro a la población, después del terremoto de la semana pasada?

Respuesta: porque no existe. Jean Bertrand Aristide lo disolvió hace unos quince años.

Seguramente monsieur Aristide tendría sus buenas razones para disolver el Ejército. La primera de las cuales sería el evitar que le dieran un golpe de Estado. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos y que Aristide no subió al poder aupado por los militares, la decisión que tomó era una opción desesperada, a vida o muerte.

Eso dejó al Estado con una fuerza pública de 5.000 policías.  Comparando un poco con España, la superficie de Haití es algo mayor que Extremadura, pero con diez veces su población. Por lo que, sin entender más de seguridad pública, esa fuerza haitiana me parece insuficiente. Y para terminar de arreglar las cosas, se escaparon 4.000 presos de la cárcel.

No sólo se hundió la cárcel. El Palacio Presidencial, la catedral del siglo XIX y la sede de la misión de las Naciones Unidas se cayeron también por efecto del terremoto. Cualquier símbolo de autoridad que hubiera en la antigua Perla del Caribe ha desaparecido. Con todo, no es lo malo que hayan desaparecido los símbolos: lo peor es que no tenían contenido ninguno.

Rindámonos a la evidencia: ya antes del terremoto el Estado Haitiano no existía. El orden público era como mucho precario y estaba impuesto por unos pocos policías fuertemente apoyados por tropas extranjeras. La misión de las Naciones Unidas ejercía competencias esencialmente estatales en diversos campos públicos. Y a día de hoy, la única autoridad efectiva es el Ejército de los Estados Unidos.

El problema que surgirá es que los militares estadounidenses se irán algún día. Administraron el país entre 1.915 y 1.934 y al marcharse surgieron las milicias privadas, la dictadura de los Duvalier y los golpes de Estado sucesivos. Y las Naciones Unidas no han sido capaces de proveer de estructuras estatales a ningún país que se lo ha pedido, porque su función no es ésa.

La solución, pues, es crear un Estado donde no lo hay. Un Estado entero, con sus Fuerzas Armadas, su diplomacia, su Policía, sus hospitales, sus impuestos, sus tribunales y sus escuelas. Tenemos que dar por supuesto que los elementos que hayan sobrevivido al terremoto estaban, y siguen, corrompidos hasta la médula y que no son aprovechables.

Todo Estado necesita un Jefe del Estado. Mi propuesta es contratar a uno extranjero. Y una vez descartados los figurones que pululan por la ONU (o la Unión Europea), el país que más garantías me ofrece es Barbados. Cierto, es un país pequeñito, pero tiene una renta per cápita de 13.000 dólares, o sea, diez veces más que Haití. Es un país pacífico y bien administrado. Tiene que haber un funcionario honrado y con un aspecto físico que no repugne a los haitianos.

En segundo lugar, hay que organizar una Fuerza Pública que garantice el orden público y la seguridad exterior. Mi propuesta es contratar a una empresa privada, tipo Blackwater o Executive Outcomes (que hizo maravillas en Sierra Leona). Al ser mercenarios, sólo serían fieles a quien les pagara, por lo que descartaríamos de antemano cualquier acusación de colonialismo.

Y en tercer lugar, hay que organizar una Hacienda y sistema impositivo que permita pagar los gastos que ocasione el nuevo Estado. Si yo tuviera que elegir a mis recaudadores de impuestos elegiría a los británicos, o quizás a los suizos.

Porque además de todo hay una población que puede arreglárselas sola si se lo permiten. ¿De dónde salió la enorme fortuna de los Duvalier? ¿Por qué se peleaban los militares por acceder al Gobierno haitiano? Porque la población es capaz de sobrevivir miserablemente, pero también de generar un excedente dinerario que puede ser robado. Y es esa población la que levantará al país, si se le da una seguridad y estabilidad política mínimas.

Para concluir, yo creo que con la Administración que he esbozado y en el plazo de una generación, los haitianos estarían en condición de administrarse a sí mismos.

Los distritos uninominales

En los días previos a las primeras elecciones democráticas del año 1977, un candidato de una provincia periférica se presentó en la sede madrileña de un partido de reciente constitución, para formalizar la presentación de las listas. Le recibió el encargado del negociado y le espetó de buenas a primeras que el número uno de la lista por esa provincia era un personaje de relumbrón de la dirigencia nacional; y que el extremo no era negociable. La respuesta del candidato provincial fue:
" De acuerdo. Será para mí un honor competir con él en las urnas".

Y a continuación se dirigió con paso decidido hacia la puerta.

Puerta a la que no llegó, pues el funcionario del partido se lo impidió, alegando que se le había malinterpretado, que la cosa no era como para ponerse así, que se podía negociar… ¡Y tanto que se podía! El audaz candidato consiguió el número uno de la lista y designar a todos los demás. Y el “paracaidista” tuvo que presentarse por una provincia castellana, eso sí, como cabeza de lista.

No creo que esta anécdota se haya repetido en los treinta años siguientes. Las circunstancias han variado de tal manera que ya no caben desplantes toreros por parte de los aspirantes a aparecer en las listas electorales. Y la más importante de todas es que las subvenciones estatales a los partidos políticos son cobradas por los aparatos de los partidos. Su razón de ser es cobrar las subvenciones estatales para controlar la redacción de las listas, y controlar la redacción de las listas para cobrar las subvenciones estatales.

Aquí están, pues, presentadas las dos circunstancias que permiten la corrupción de nuestra democracia y la caída en lo que algunos llaman la partitocracia. Por eso mi propuesta concreta de reforma del sistema se basa en la laminación de ambas: la lista y la financiación estatal.

Mi propuesta es ir al sistema de distritos uninominales de los anglosajones. En una circunscripción unipersonal no se pueden hacer “listas”. Por lo que el aparato de los partidos es ineficaz. El candidato se la juega con sus convecinos cada cuatro años y cada día de esos cuatro años.
                  
Los candidatos ingleses, tanto si están en la Cámara de los Comunes como si aspiran a estar en ella desde la Oposición, dedican un día a la semana a visitar a sus electores. El contacto personal es íntimo. Van puerta por puerta pidiendo el voto para las elecciones siguientes, explicando su postura ideológica y política, y preguntando a los posibles votantes sus peticiones e inquietudes. El corolario que se sigue es que se imposibilita el transfuguismo, porque a ver quién es el guapo que traiciona a sus vecinos descaradamente y se atreve luego a salir a la calle…

Por otro lado, de nada servirían los distritos uninominales si el maná del dinero público siguiera llegando a los candidatos a través del aparato del partido. Por eso mi propuesta es acabar con las subvenciones estatales e ir en cambio a un estímulo fiscal de las donaciones privadas. Y todo ello con un control público y transparente en el que se supiera en todo momento quién ha donado y cuánto a qué partido político.

Veo la solución a este problema en la autorización de una única cuenta bancaria de todo partido que se registre en el Registro de Partidos Políticos, residenciada en el Banco de España y accesible al público en general. Afortunadamente, Internet nos ofrece los instrumentos para hacer este control en tiempo real.      

De lo vasco

El clero vasco guipuzcoano está rebelado porque el Vaticano ha nombrado obispo de su diócesis a un obispo que no es vasco. Monseñor Montilla es vasco de Zumárraga y habla vasco como lengua materna, pero reniega de la mitología vasca.

El sufrido lector que haya llegado a este segundo párrafo se preguntará, sin duda, si el autor le está proponiendo un trabalenguas o ha perdido definitivamente la chaveta. Pues ni lo uno ni lo otro: se trata simplemente de las diversas acepciones que tiene la voz "vasco", según los momentos, según los hablantes y según el contexto en el que transcurra la conversación. Voy a repetir el párrafo utilizando sinónimos, a ver si se ve más claro:

El clero nacionalista guipuzcoano está rebelado porque el Vaticano ha nombrado obispo de su diócesis a un obispo que no tiene ocho apellidos vascos. Monseñor Munilla es un ciudadano español vascongado de Zumárraga y tiene el vascuence como lengua materna. Y se atiene a predicar la doctrina cristiana.

Planteadas así las cosas, el párrafo se entiende mejor. Y plantea los diversos significados que tiene la palabra "vasco". Veamos unos cuantos.

Lo vasco como raza. Así lo entendía el fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana. Es famosa la cita de "no dejéis que vuestras hijas se casen con españoles, la raza más vil y despreciable de Europa". Y en el fondo de su corazoncito, el sentimiento de lo racial está presente, aunque lo escondan.

La Segunda Guerra Mundial desprestigió para siempre el mito de la supremacía racial. No importa. Para un auténtico nacionalista vasco, el tener ocho apellidos con un significado en vascuence es imprescindible para hacer carrera en el PNV. Y si los estudios genéticos de las poblaciones demuestran que no hay nada raro en relación con sus vecinos europeos, peor para ellos.

Lo vasco como cultura. Descartada la posibilidad de pregonar la exclusividad de la raza como factor distintivo a efectos políticos, un tal Federico Krutwig ideó la esfera cultural para lo mismo. Esta cultura está fundada en la lengua vascuence.

El vascuence es una lengua de origen desconocido, no indoeuropea, que se ha mantenido en las provincias Vascongadas, Navarra y algunas comarcas francesas, en diversos dialectos. A partir de los años 60 del siglo pasado se hizo un esfuerzo importante para unificar la lengua, que se denomina "batúa" (o sea, unificado).

Lo vasco como mitología. Con apoyo en la lengua, se ha creado una mitología que pretende ser diferente a la europea occidental. Se ha creado una fiesta del solsticio de invierno distinta de la Navidad, una música, una literatura y en definitiva una mitología. El fundamento de la cual está en la ficción de que existe una raza vasca, con su propia cultura y sus necesidades diferentes de los demás españoles.

Lo vasco como político. Con la llegada de la Transición, y antes incluso de la promulgación de la Constitución, se creó la comunidad autónoma vasca. Con lo que los habitantes de las provincias vascongadas se convirtieron en ciudadanos españoles de la comunidad vasca, independientemente de sus opiniones políticas, de su lengua habitual y de si sus antepasados vinieron a principios del siglo XX d. C. o del tercer milenio a.C.

Este es sin duda el aspecto crucial de la cuestión. Todo lo anterior sería de una importancia folklórica si no hubiera unos contribuyentes que pagan impuestos y con ellos una clase política dedicada a administrarlos. Ahora se entiende que cuando un jerarca del PNV habla de los vascos, en realidad está diciendo que él, como vasco de raza, lengua y cultura, decide por todos los vascos, entendidos como habitantes de un territorio español concreto, en el que pagan impuestos.

Podemos, pues, rehacer el párrafo introductorio de este escrito diciendo que los curas nacionalistas guipuzcoanos están enfadados porque el obispo que ha nombrado el Vaticano para su diócesis no les es querido. En primer lugar porque su padre nació en Castilla. En segundo lugar porque habla vascuence con naturalidad y ello les perjudica a la hora de mantener el monopolio del control de las conciencias que tenían hasta ahora.

Pero lo más grave es que al ascender hasta el Obispado está facultado para administrar unos dineros de la Iglesia, que hasta el momento ellos habían detentado.

Las invasiones de Zapatero

Las Invasiones de Zapatero no significa que el Sr. Rz. Zapatero haya invadido algo o a alguien, sino todo lo contrario. Significa más bien que el Sr. Zapatero ha sido invadido, en la responsabilidad que le toca de defender a los españoles y a su territorio.

Nos decía el viejo maestro Von Clausewitz que una guerra no comienza necesariamente con el hecho de una invasión, sino con la defensa que hace el invadido frente al invasor. Y a mí me gusta exponer el ejemplo de la Guerra de Independencia española frente a la invasión napoleónica. Ésta empezó, no en octubre de 1.807, cuando los imperiales franceses entraron en España, sino el 2 de mayo de 1.808, cuando el pueblo español se defendió de ellos.

Puestas así las cosas, estoy llevando la cuenta de las invasiones que ha sufrido España mientras está de Presidente del Gobierno el señor Rz. Zapatero, y me salen unas cuantas.

Empecemos por los atuneros del Índico. El Playa de Bakio y el Alakrana fueron abordados, o si se quiere invadidos, ante la inacción absoluta del Gobierno español, que tenía alguna tropa desplegada en la zona. Pero el Gobierno socialista prefirió no usar la fuerza militar y limitarse pagar un rescate. Por lo que el mensaje que percibieron los piratas fue diáfano: ¡estos tíos pagan, a por ellos!

Al final hubo que hacer una chapuza legal para armar a soldados particulares con armas de guerra propiedad del Ejército. Los soldados particulares se defienden a tiros cada vez que hace falta. Y desde entonces no ha habido más invasiones, en ese océano concreto.

En Mauritania la cosa resulta más confusa. Para empezar, la seguridad de los turistas catalanes, buenistas y solidarios, no está encomendada a los militares españoles. Pero no es menos cierto que el Gobierno español solicitó al mauritano que no intentase liberarlos por la fuerza. Y todo porque sabemos que los secuestradores son unos desalmados conocidos por su afición a degollar cristianos.

Pero por otro lado, el Estado mauritano recibe una generosa subvención del español para mejorar su seguridad y para evitar la invasión de inmigrantes africanos en España. O sea, que no llega a ser un protectorado español, pero casi. Incluso hay un destacamento de la Guardia Civil en Mauritania. Así se comprende que los mauritanos obedecieran la orden de no liberar a los secuestrados españoles.

La invasión más indignante es la que está teniendo lugar en la propia península
Ibérica, y me refiero a Gibraltar. La Guardia Civil del mar está siendo acosada por las fuerzas navales británicas, que invaden nuestras aguas jurisdiccionales. Han llegado al extremo de detener a nuestros guardias y desarmarlos.

La reacción del Gobierno del señor Zapatero ha sido lo más rastrera que se pueda imaginar: ¡ha pedido perdón a las autoridades gibraltareñas! Las cuales les han perdonado con la condición de que no se vuelva a repetir un caso tan grave. Si se descuida el Sr. Moratinos, igual se llevan La Línea y San Roque.

Y la más descacharrante ha sido un caso inédito en la Historia: la auto-invasión. Una señora sin pasaporte proveniente del Reino Alauita ha sido admitida en el territorio español, por orden del Gobierno Zapatero. El policía que intentó impedirlo cumpliendo la Ley ha sido severamente castigado. La buena señora está en el aeropuerto de Lanzarote en huelga de hambre.

Las repercusiones del caso han sido demoledoras para el prestigio de España. El Ministro de Exteriores ha intentado en primera instancia sobornar a Dª Aminatú Haidar, concediéndole la nacionalidad española. Como no surtiera efecto, ha intentado ponerle un piso. Al encontrarse ante el caso inaudito de una persona insobornable, ha perdido los papeles. Y sólo se le ha ocurrido convocar a los portavoces parlamentarios para pringarlos a todos en lo que suceda, los populares los primeros.

Las autoridades españolas han abdicado de su responsabilidad de proteger el territorio nacional y a sus ciudadanos, de la misma manera que Carlos IV abdicó en favor de Napoleón y desertó de España. No sabemos si el Monarca actual piensa seguir los pasos de su ilustre antepasado. Tampoco sabemos si el Sr. Rz. Zapatero aspira al título de Príncipe de la Paz.

Lo que sí empezamos a maliciarnos es que la situación política empieza a parecerse a la de abril de 1.808.

¡Váyase, señor Rajoy!

D. Felipe González precipitó la caída en barrena de la U.C.D. de D. Adolfo Suárez mediante la interposición de una moción de censura. Dicha moción no prosperó, pero el golpe propagandístico de ver a un Gobierno a punto de ser arrollado resultó fatal a la larga.

D. José María Aznar no presentó una moción de censura contra D. Felipe González, pero la campaña de acoso y derribo del famoso ¡VÁYASE SEÑOR GONZÁLEZ! acabó siendo demoledora. Es justo reconocer que los errores y transgresiones del Sr. González ayudaron lo suyo. Y que la ciudadanía se sintió horrorizada al saber que el Gobierno del Estado había contratado a una banda de mercenarios para cometer asesinatos políticos y lucrarse de paso en la jugada. Pero entonces el señor Aznar se presentaba como alternativa de Gobierno de una manera creíble.

La situación política actual no parece que sea mejor que la vigente durante el final de la Transición, ni tampoco durante el Felipato. No parece necesario recordar los detalles de la actuación política del Sr. Rz. Zapatero, que por otra parte no cabrían en un artículo de este formato. Lo que sí resulta llamativo es la falta de iniciativa política, o de otro tipo, de quien se presenta como líder de la Oposición.

Es conocida la alergia que le produce al Sr. Rajoy la mera mención a las palabras “moción de censura”. El que el Sr. Aznar esté de acuerdo con esta manía me resulta más incomprensible. Pero lo que me desconcierta profundamente es que D. Mariano no esté inmerso en una oposición dirigida a cambiar el Gobierno socialista por otro popular. ¡Y eso que él sería el Presidente!

Don Mariano deja pasar sistemáticamente todas las oportunidades que tiene de acosar en sede parlamentaria al Partido Socialista. Los piratas de Somalia toman al Reino de España por el pito del sereno y D. Mariano no se inmuta. Los internautas consiguen tumbar una iniciativa de Ley restrictiva de sus derechos y D. Mariano desaprovecha la oportunidad de arremeter contra el Gobierno. Una señora saharaui, que nació siendo española, está siendo perseguida por los sicarios del Sultán de Marruecos y D. Mariano ni está, ni se le espera. (¿Acaso cree que de estar él en el Gobierno, los socialistas le habrían respetado como él les respeta hoy en día?).

Con estas noticias que esbozo, todas de la última semana, no quiero acotar los límites de la incuria rajoyesca. Ni tampoco limitar a la inacción los errores de D. Mariano. Los Congresos de Valencia y Barcelona han mostrado todo lo que este señor puede dar de sí en relación con la libertad de elegir y la democracia interna del partido. Me implica personalmente (por geografía, que no por militancia) el caso del “dedazo” por el que ha designado a D. Santiago Cervera como candidato único a la presidencia del Partido Popular en Navarra.

Así pues, el diagnóstico está claro: D. Mariano Rajoy no sirve. Hay que echarlo de la cúspide del Partido Popular. Convendría que se retirara a la vida privada. El problema es el tratamiento: los votantes del nebuloso “centro-derecha” no tenemos mecanismos para presentar una moción de censura en el P.P. Por una lado, porque no somos afiliados. Y por otro porque el control del aparato que tiene la dirigencia del P.P. no permite disidencias.

Sólo nos queda la presión y el acoso al estilo Aznar. Hay que repetir como un mantra ¡Váyase, señor Rajoy!

Hasta que se lo aprenda.

La función social de la propiedad

La deriva totalitaria comunista que está adquiriendo la dictadura de Hugo Chávez en Venezuela es espeluznante. Todos hemos leído las amenazas que ha proferido contra su vecina Colombia y sus ansias expansivas en Centro y Sud América. Bien asesorado por comisarios cubanos, tiene todos los ingredientes de una tiranía comunista: control de las fuerzas armadas y de orden público, chekistas asesores para la Policía y, a dónde no llegan los anteriores, bandas de sicarios.

Por ello se encuentra en disposición de implantar un régimen al estilo soviético. No es que sea cosa de los últimos tiempos: ya había confiscado fincas rústicas hace mucho. Pero ahora pretende confiscar fincas urbanas y todo tipo de propiedad privada. Lo intentó el año 2.006 mediante una inclusión del tema en su proyecto constitucional, pero la ciudadanía lo rechazó en referéndum.

Ahora lo va a perpetrar mediante una serie de decretos descaradamente anticonstitucionales. Estos decretos argumentan la falsidia socialista de costumbre: se hará la confiscación en “beneficio general” y basándose en el “interés social”. Cito textualmente la noticia apercibida en un digital:

         “La propiedad privada tiene que estar sujeta al interés social. Yo respeto al sector privado, pero debe subordinarse a los planes estratégicos de la Nación y de la Revolución; si no, no nos sirven.”

La situación de los venezolanos llama al sentimiento. Todos estamos horrorizados por lo que está ocurriendo. Y nos llega la aprensión hasta el punto de preguntarnos: ¿podría suceder lo mismo en España? La respuesta es negativa.

Pero la respuesta no es negativa porque las instituciones y la Constitución impidan que la situación se produzca, sino porque ya está consumada. Basta echar una ojeada al artículo 23 de la Constitución Española para tener sudores fríos. “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”, pero “La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”.

Esto quiere decir que basta una Ley formal para regular la función social, entendiendo por “social” lo que quiera entender en cada momento el socialista de turno que maneje el Boletín Oficial del Estado. Que es lo que los socialistas han entendido siempre.

Pero eso no es todo: el tal artículo continúa sin cortarse un pelo: “Nadie podrá ser privado de sus bienes o derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.” Aquí está el interés social que alega Hugo Chávez. Y nuevamente permite que una Ley ordinaria cambie el sistema de expropiación forzosa.

O sea, bastaría con alegar un interés social para expropiarle a alguien su empresa e indemnizarle, por ejemplo, con un euro por metro cuadrado de inmuebles o diez céntimos por acción mercantil, a pagar dentro de treinta años. Y se olvidan de la vieja fórmula de “previo del pago del justiprecio”, que da al menos la posibilidad de argumentar el precio de la cosa, recibirlo antes de perder la propiedad y litigar en vía contenciosa por lo que el expropiado considere justo.

Me consta que la situación en España no es todavía la que denuncio. Pero no es ésa la cuestión. Lo que me escandaliza es que en nuestra Constitución existen los permisos para hacerlo, sin más que modificar las leyes ordinarias. Esta es otra de las reformas que hay que hacer en nuestra Carta Magna, además de las que ya tengo propuestas.

Ahora se entiende por qué D. Santiago Carrillo votó SI a Constitución.

Rafael Aizpún Viñes
redacción@diarioliberal.com