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Muchas cosas merecen ser contadas y no son pocos los testimonios que por su interés podríamos rescatar aquí, pero con frecuencia un detalle excesivo nos aleja de lo que, tras eliminar todo lo accesorio, resulta más sencillo de lo que parece. Si se repasan cronológicamente algunos hitos en la investigación previa y posterior del 11M, algunas conclusiones aparecen en el horizonte y brillan con luz propia frente a toda la desinformación que se ha venido vertiendo. Desde mucho tiempo antes del 11M se venía viviendo en España un clima absolutamente enrarecido en torno a la participación de España en la Guerra de Irak y especialmente al apoyo que el Gobierno de José María Aznar había prestado a la coalición aliada. Por supuesto, podemos creer que aquel ambiente y la actitud absolutamente beligerante de buena parte de la sociedad fueron reacciones naturales ante lo que muchos consideraban un crimen intolerable. Pero también cabe la posibilidad de que aquello no tuviera nada de espontáneo. En ese momento había más de treinta guerras vigentes en el mundo. España había estado presente en todas las guerras en las que la OTAN había venido participando, con o sin el apoyo expreso de Naciones Unidas. Pero alguien decidió que la Guerra de Irak tenía que ser diferente. Alguien decidió que la Guerra de Irak debía preocupar a los españoles. Independientemente de que muchos no supieran siquiera situar Irak en el mapa. Se articularon movimientos cívicos contra la guerra, se puso en marcha toda la maquinaria de los sindicatos e incluso hubo españoles que llegaron a organizar manifestaciones de árabes en contra de la postura del partido de José María Aznar. Se realizó una profunda labor de inmersión social, utilizando todos los medios disponibles para provocar un interés, una preocupación y un resentimiento que de otro modo jamás habrían tenido lugar. Por primera vez en la historia, la manipulación informativa -no en el sentido de mentir, sino en el de teledirigir al público como si de un rebaño se tratara- alcanzó cotas insospechadas, llegándose a contar uno a uno, cada día, los muertos civiles fallecidos durante la guerra como consecuencia del fuego de la coalición aliada. Ese clima de violencia y maniqueísmo se fue alimentando entre la sociedad y se mantuvo siempre vivo hasta el mismo 11M. Desde todos los frentes, cívicos, sindicales, artísticos, lúdicos y por supuesto, políticos. Una ingente labor de ingeniería social digna de alguien con capacidad para influir en todos esos terrenos sin más que tocar las cuerdas adecuadas. Una formidable labor de infiltración propia de unos muy preparados servicios de Inteligencia. Inmersos en esa vorágine de tensión permanente nos fuimos acercando a los meses finales de 2003. Meses después del 11M nos enteraríamos de que en noviembre de aquel año (2003) el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó al Gobierno sobre la posible presencia de un terrorista argelino en Madrid. Se trataba de Allekema Lamari. El CNI sugería al Ministerio de Interior que dirigía Ángel Acebes que Lamari podría estar planeando un atentado y se explicaba que el argelino había enviado unos giros con dinero a algunos de sus contactos, todos ellos presos. Este hecho era interpretado por nuestros servicios secretos como una posible despedida, bien porque Lamari se fuera del país o bien porque estuviera a punto de cometer una acción violenta. Allekema Lamari fue detenido en 1997 durante una operación policial contra miembros del Grupo Islámico Armado (GIA), pero salió de la cárcel en junio de 2002 por uno de esos siempre oportunos –y sospechosos- errores judiciales que tan frecuentemente favorecen a aquellos de quienes se sospecha que son confidentes policiales. Más o menos en aquellas mismas fechas en las que el CNI emitía su nota informativa, el diputado socialista Jordi Pedret calificaba la detención de unos presuntos islamistas en Cataluña como “propaganda” que tendría como fin justificar la guerra de Irak y alarmar a la población mediante una alarma absolutamente desproporcionada. Pedret se refirió a los detenidos en la Operación Lago como el “comando Dixán”, haciendo gala de un peculiar sentido del humor, con la intención de ridiculizar aquellas detenciones. Mientras el CNI alertaba del posible atentado terrorista de Allekema Lamari, el PSOE e IU, a través de Caldera y Llamazares, se permitían el lujo de bromear con aquellas operaciones policiales. Hay una clara línea que separa a los que venían preparando el ambiente gracias a sus dotes premonitorias, de aquéllos –políticos- a los que el 11M les cogió totalmente por sorpresa. El comportamiento de Pedret, Caldera o Gaspar Llamazares les situaría en este segundo grupo. A penas mes y medio después de esa nota informativa en la que el CNI ponía al Gobierno sobre aviso en cuanto a la inminente peligrosidad de Lamari, tenía lugar otro suceso que marcaría los acontecimientos previos al 11M: en la Nochebuena de 2003 dos miembros -sin ninguna experiencia- de la banda terrorista ETA colocaron sendos artefactos de más de 25 kilogramos de dinamita Titadyne en dos trenes Intercity Irún-Madrid. La intención de los terroristas, según la sentencia que les condenó a 2775 años de prisión a cada uno, habría sido la de causar una masacre en la estación de Chamartín. Los atenuantes que expuso la Defensa no fueron tenidos en cuenta y se consideró que el objeto de los dos sujetos era claramente un intento deliberado de asesinar a decenas, tal vez cientos de personas. Las bombas estaban programadas para estallar más de media hora después de la llegada de los trenes a la estación. A uno de los dos terroristas le detuvo la Policía de San Sebastián antes de que llegara a colocar el artefacto. En Burgos los artificieros desactivaron la otra bomba: nadie se tomó la molestia de informarles acerca de cómo estaba montada la que había sido aprehendida en San Sebastián. Teóricamente, ETA había enviado a dos muchachos noveles y cuya única formación terrorista era un cursillo de 45 minutos, a cometer una masacre de proporciones incalculables. Transcurrió un mes y los españoles nos despertamos con otra controvertida noticia: el diario ABC publicaba que tres semanas atrás, el 4 de enero, Carod Rovira se había reunido con dirigentes de la banda terrorista ETA en la localidad francesa de Perpignan. Las reacciones no se hicieron esperar: José Luis Rodríguez Zapatero manifestó su firme convicción de que “nada se puede negociar con los violentos”; José Luis Carod Rovira puso su cargo a disposición del entonces Presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall; Ángel Acebes pidió explicaciones a los responsables políticos catalanes… Pero las declaraciones más curiosas llegarían después: el 29 de enero, el secretario de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, lanzaba duras críticas al Gobierno de José María Aznar por haber recurrido a esa filtración intencionadamente, haciendo un uso irresponsable de nuestros servicios de Inteligencia y poniendo así en peligro los dispositivos de vigilancia que había planeando sobre la cúpula etarra. En aquellos primeros meses de 2004 el CNI le entregó otra nota informativa al Gobierno. En esta ocasión le comunicaban que tras varios intentos fallidos la banda terrorista ETA ya estaba en condiciones de cometer atentados utilizando teléfonos móviles como activadores de sus bombas. Pasaron unas semanas más y el 29 de febrero se produciría otro importante hito en el camino hacia el 11M: el 29 de febrero de 2004 la Guardia Civil detendría en Cañaveras una furgoneta cargada con 536 kilos de explosivos. Los etarras de nuevo eran dos jóvenes sin experiencia previa en actos terroristas. En uno de los dos vehículos que conducían había un álbum de fotos que llevó a la Guardia Civil hasta la localidad asturiana de Mieres. También había un mapa en el que el Corredor del Henares venía rodeado con un óvalo, quedando Alcalá en la parte superior de éste. Los etarras no se opusieron a colaborar (de hecho, el que conducía el coche lanzadera, que tuvo que ingresar en un hospital con lesiones leves a consecuencia de un accidente previo, se identificó abiertamente como miembro de la banda terrorista ETA) y explicaron que planeaban cometer un atentado en algún polígono industrial. Asimismo, narraron cómo su primer encargo dentro de ETA había sido sembrar la pista de esquí de Baqueira con doce o trece mochilas bomba, con el objetivo de cometer un magnicidio. ETA había enviado a dos cachorros recién llegados al mundo terrorista a asesinar al Rey Juan Carlos colocando una docena de bombas en su entorno lúdico, pero al parecer la climatología lo impidió. Y como segundo bautismo de fuego, 536 kilos de explosivos después de atravesar toda la península. A los pocos días de la detención, el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkárraga, hizo unas manifestaciones absolutamente sonrojantes: mostraba sin tapujos su extrañeza por la noticia de la detención de los jóvenes etarras. Según él, el hecho de que buena parte de la península estuviera sepultada por espesos mantos de nieve hacía a todas luces inviable el viaje de la furgoneta. Insinuaba el consejero vasco que todo era un montaje de los servicios de Inteligencia españoles y acusaba al ministro Acebes de la falta de información al respecto. Al mismo tiempo, Azkárraga acusaba al Partido Popular de no tener escrúpulos a la hora de emplear el terrorismo como arma arrojadiza. Durísimas palabras si tenemos en cuenta que estaba acusando al ejecutivo poco menos que de haber fabricado una detención, un atentado y a dos terroristas. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el por aquel entonces Presidente de Extremadura, se hizo eco de las dudas de Azkárraga e ironizó al respecto diciendo que sin duda los ciudadanos tenían “muy mala fe” y que por eso el Gobierno tenía que esforzarse en convencerlos de que la operación antiterrorista de Cañaveras no era “una mentira”. Según Ibarra, en la sociedad se habían extendido serias dudas que debían ser disipadas para que la gente no pensara que podíamos estar ante una pantomima montada por el Gobierno de Aznar. El político extremeño fue respondido por Rafael Hernando, del Partido Popular, que afirmó que sólo los miserables pueden dudar de las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad. Menos de dos semanas después, en torno a las 7:40 del segundo jueves de marzo, harían explosión diez bombas colocadas en cuatro trenes de cercanías, asesinando a casi doscientas personas. Posteriormente aparecerían dos mochilas con explosivos, intactas y en la madrugada del 11 al 12, una tercera. Las dos mochilas que aparecieron en los trenes, concretamente en el que explotó en la estación de El Pozo del tío Raimundo y en el que lo hizo en Atocha, fueron explosionadas por los TEDAX. Los motivos por los que esas bombas explotaron no están claros, especialmente si tenemos en cuenta que estando ambas detonaciones bajo control no fue recogido ni el más mínimo vestigio de restos electrónicos o del iniciador de la bomba. El hecho es que desaparecieron, sin más y no quedó constancia de su existencia ni a través de una mera fotografía. Lo único que sabemos de esas dos mochilas es gracias a un croquis dibujado a mano alzada y a las declaraciones, contradictorias, de varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Todo lo que sucedió hasta la explosión de esas dos mochilas es 11M puro, libre de cualquier especulación, manipulación o sombra de sospecha. Y todo lo que se ha dicho desde ese momento hasta nuestros días no es más que un refrito de pruebas prefabricadas, testimonios contradictorios y presuntos culpables de diversas tramas no relacionadas entre sí, fruto del empeño de varias facciones policiales. Ese 11 de marzo de 2004 todos los políticos, salvo Arnaldo Otegi, manifestaron su certeza de que ETA estaba detrás del atentado. Pero poco a poco los acontecimientos fueron volcando esa opinión generalizada y arrinconando al Partido Popular, que trató de sostener abierta la llamada vía etarra en base a la información que los responsables de las Fuerzas de Seguridad les iban pasando. Con el paso de las horas, un goteo de pistas sirvió para convencer a buena parte de la opinión pública de que Al Qaeda era la autora de aquellos terribles atentados: durante la mañana del 11 de marzo era hallada en Alcalá una furgoneta Renault Kangoo que, ya por la tarde, aparecería repleta de pruebas en las dependencias policiales de Canillas, conteniendo restos de Goma-2 ECO, detonadores, una cinta coránica y ropa con ADN de presuntos islamistas; en la madrugada del 11 al 12 de sería encontrada en una comisaría una mochila que contenía un artefacto explosivo, compuesto de 10.2 kilos de Goma-2 ECO, un teléfono móvil y 650 gramos de tortillería en forma de metralla… A raíz del hallazgo de la mochila, la Policía fue capaz en un tiempo récord de detener, en plena jornada de reflexión, a los hindúes que habían vendido el teléfono que formaba parte del artefacto, así como a los marroquíes propietarios del locutorio donde fue vendida la tarjeta telefónica que iba incorporada dentro del terminal. De los cinco detenidos de aquella jornada de reflexión que terminarían de convencer a más de media España de que el Gobierno había estado mintiendo a los españoles, sólo uno permanecería como culpable oficial: el marroquí Jamal Zougam. Pasadas las elecciones, el Partido Popular demostró que durante aquellos cuatro días horribles, el CNI había emitido notas informativas asegurando al Gobierno que la línea principal de investigación era ETA. Asegurando al Gobierno que casi con seguridad ETA estaba detrás del 11M. El razonamiento era lógico: basta repasar los hechos que en ese momento aún eran recientes: el atentado frustrado de Chamartín, con bombas en trenes, el atentado de Baqueira con doce o trece mochilas bomba y la furgoneta de Cañaveras, con sus más de 500 kilos de explosivos. El entonces Director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, habló con la que era Ministra de Exteriores, Ana Palacio, durante al menos siete ocasiones el 11M. Entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 Dezcallar trató de convencer a Palacio de que la autoría señalada por la Policía era equivocada y restándole credibilidad a las pruebas encontradas en la Renault Kangoo. Las informaciones oficiales del CNI y las conversaciones del propio Dezcallar con Ana Palacio sirvieron para que ésta terminara de hundir la credibilidad del Partido Popular: la ministra había logrado que el Consejo de Seguridad de la ONU emitiera un comunicado de condena a ETA como autora de la masacre. Ana Palacio se había dejado llevar por el que además de jefe de los servicios secretos españoles, era presumiblemente uno de los máximos expertos en la lucha contra el terrorismo islámico. Pero pasadas las elecciones, todo cambiaría. El mismo día 15 de marzo, menos de 24 horas después de que los españoles fuéramos a votar en estado de shock, el mismo Centro Nacional de Inteligencia que había empujado al PP al abismo de la autoría etarra, emitía una nueva nota informativa: la autoría del 11M era obra muy probablemente del argelino Allekema Lamari. Aquel de cuya peligrosidad ya habían advertido cuatro meses antes. El CNI instaba al Gobierno en funciones del PP a otorgarle la máxima prioridad a la búsqueda y captura de Lamari, para evitar unos nuevos atentados que con mucha probabilidad estarían por llegar. Si el CNI estaba seguro de que Lamari estaba detrás del 11M, ¿por qué esperó hasta pasadas las elecciones para decírselo al Gobierno del Partido Popular? ¿Y en base a qué afirmaba el Centro Nacional de Inteligencia que Lamari podía ser el organizador del atentado? Las detenciones de los hindúes y de los marroquíes, el día 13 de marzo, no guardaban ninguna relación ni con el argelino ni con el grupo terrorista al que había pertenecido (GIA). ¿De dónde sacaba el CNI esa “certera” información que durante los cuatro días anteriores había guardado celosamente, confundiendo al Gobierno con notas informativas que apostaban totalmente por la autoría etarra? Precisamente en esas fechas, entre el 16 y el 17 de marzo de 2004, comenzaría a gestarse -a tomar forma, en realidad- la que con el tiempo se ha convertido en la versión oficial “madura” del 11M. Una versión oficial en la que tanto Zougam como Lamari sólo encajan a golpes de martillo, pero que incluye un montón de personajes, tramas y subtramas interrelacionadas entre sí a través de informes telefónicos y declaraciones de confidentes. Un providencial pinchazo telefónico (en el marco de una operación antidroga) al confidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier sirvió para que la Policía se enterara de que este marroquí decía conocer a un islamista radical dispuesto a atentar y que tenía en su poder detonadores y medios materiales para cometer una masacre. En aquella milagrosa conversación Zouhier daba datos que a la postre conformarían la personalidad de ése al que llamamos El Chino. También en esas fechas agentes del Cuerpo Nacional de Policía –junto con un miembro del CNI- se desplazarían a Asturias a investigar la pista de los detonadores encontrados en la furgoneta Renault Kangoo. Pero por el camino, la pista sufrió una metamorfosis: el viaje que tenía como objeto perseguir aquellos indicios, pasó a investigar el rastro de una serie de tarjetas telefónicas. El 16 de marzo, varias de estas tarjetas supuestamente vendidas en el locutorio de Jamal Zougam se suscribieron oportunamente al servicio “Avísame” de Amena, que sirve para que el usuario esté avisado, mediante mensajes de texto, de los niveles de tráfico en carretera así como de la cantidad de polen presente en el lugar donde se encuentra. En torno a las 15:30 del día 16, varios de los integrantes de la trama terrorista decidieron protegerse del polen suscribiéndose a ese curioso servicio, con lo que recibieron un mensaje de texto (SMS) que sirvió a la Policía para redirigir sus investigaciones, localizando esos teléfonos. La pista de los detonadores quedaría abandonada no en el baúl de los recuerdos, sino en el del olvido. Mientras esa versión oficial se iba fraguando en Asturias en torno al tráfico de Goma-2 ECO de un exminero esquizofrénico confidente del Cuerpo Nacional de Policía y a las declaraciones de un confidente de la Guardia Civil –ambos acusados en el juicio del 11M-, otras investigaciones policiales seguían en marcha, por vías muy diferentes: se estaba investigando a unos islamistas que nada tendrían que ver con aquéllos. Se estaba investigando también al entorno de Allekema Lamari. Fueron pasando los días y poco a poco la versión oficial “asturiana” se fue consolidando hasta convertirse en el baluarte de lo que sería toda la fase de instrucción sumarial. Y así llegamos al 3 de abril, día en que siete supuestos terroristas se suicidaban en un piso de Leganés, en el momento en que una unidad del GEO iba a proceder a la entrada en la vivienda, ocasionando la muerte en acto de servicio del GEO Francisco Javier Torronteras Gadea. Muertos los culpables oficiales nos encontrábamos ante lo que técnicamente se conoce en cierto argot como un cierre de expediente. En el desescombro aparecieron cadáveres más o menos intactos y también numerosos restos cadavéricos de otras personas. Se lograría identificar a seis de ellos, la mayoría vinculados a esa trama que surgiría el día 16 de marzo camino de Asturias. Pero también se encontraron escasos restos –apenas un trozo de cráneo y un pedazo de hombro- de una séptima persona que permanecería aún durante meses en el anonimato. Durante unos días más, continuaron abiertas las investigaciones a las personas cercanas a Allekema Lamari, pero poco a poco se irían diluyendo. Definitivamente, la versión oficial “asturiana” prevalecería. Sin embargo, el CNI no cejó en su empeño de meter al argelino Lamari en la trama terrorista del 11M. Desde ese día 15 de marzo en el que afirmaban que el terrorista del GIA podría estar detrás del 11M nunca dejarían de insistir en este tema hasta el punto de que obligaron a uno de sus confidentes a desplazarse desde Valencia a Madrid para intentar localizar al argelino. Se trataba del sirio Safwan Sabagh, “el Pollero”. El 2 de abril de 2004 el Pollero estaba en Madrid colaborando activamente para localizar a Lamari, aun cuando no había ninguna prueba que le señalara como autor del atentado. Meses después, Sabagh, que había sido detenido por el 11M y puesto en libertad, manifestaría que Allekema Lamari se había despedido de él –que ejercía de controlador del terrorista argelino desde 2002, cobrando por ello un salario del CNI- a través de una llamada telefónica pocos días antes del 3 de abril. Eso es lo que dice este confidente del CNI. En mayo de 2004 el CNI emitiría otra nota informativa en la que, de nuevo, insistía en la posible intervención de Lamari en el 11M. El séptimo cadáver de Leganés permanecía sin identificar, pero los servicios secretos españoles aseguraban, sin aportar ni una sola prueba y ni un solo indicio, que Lamari podía ser ese séptimo suicida así como que Lamari había estado planificando importantes atentados en España que incluirían el descarrilamiento de trenes. Nuevamente cabe preguntarse por qué entonces esperaron al 15 de marzo para decirle eso al Gobierno en funciones, habiéndole conducido entre el 11 y el 14 por la senda etarra. Y cabe preguntarse también por qué si Lamari estaba perfectamente controlado por El Pollero, le perdieron la pista de forma inexplicable, teniendo así la excusa perfecta para adjudicarle la autoría del atentado. Dos semanas después de la redacción de esa última nota informativa y a escasos veinte metros del lugar donde aparecería la Renault Kangoo el 11 de marzo de 2004, la Policía localizaría el Skoda Fabia. En este vehículo se encontraron restos genéticos y huellas dactilares de Mohamed Afalah –que había ejercido como chófer de Lamari en el pasado- y de El Pollero, que tal y como hemos dicho había sido el controlador del terrorista argelino. También se encontró ADN de una persona sin identificar y que coincidía con el del séptimo suicida de Leganés. A estas alturas todos conocemos las circunstancias en que ese coche apareció allí. Y cómo se nos intentó convencer de que la Policía de Alcalá no había reparado en él el día 11 de marzo cuando comprobó las matrículas de todos los vehículos próximos a la Renault Kangoo. Tan delirante era la historia de la aparición del Skoda que hasta en la sentencia del 11M no se considera acreditado que fuera usado para ese transporte de las bombas que nos quisieron hacer creer. Pero llegaría el momento de gloria del CNI. En septiembre, seis meses después del atentado, miembros de la Policía Científica elaborarían un informe en el que certificaban la identidad del séptimo suicida: Allekema Lamari. Cotejando una serie de puntos de la oreja encontrada en el trozo de cráneo con la fotografía del perfil del argelino, concluyeron inequívocamente que se trataba del mismo hombre. Y el Centro Nacional de Inteligencia pudo respirar tranquilo. Reflexionando ahora, años después y con toda la información –y desinformación- que se ha venido vertiendo sobre el caso, resulta obvio que podríamos clasificar a los culpables oficiales en tres grupos claramente definidos e independientes entre sí: -Por un lado está Jamal Zougam, detenido aprisa y corriendo en el día antes de la jornada electoral, aquel inolvidable –y grotesco para cualquier demócrata- 13 de marzo. -Por otro lado nos encontramos con todos los pequeños delincuentes e islamistas de variado pelaje que conformaron la versión oficial nacida al poco tiempo de celebrarse las elecciones generales. Todos esos pelanas interrelacionados entre sí y con un pasado islamista más que dudoso, aliñado con testimonios mutantes de sus conocidos y familiares cercanos –junto con otros islamistas más fanatizados sospechosos de trabajar como confidentes para nuestros propios servicios de seguridad-: Jamal Ahmidan, Otman el Gnaoui, Serhane Ben Facket, Abdennabi Kounjaa… -Por último, Allekema Lamari, el culpable oficial del CNI y su entorno más próximo –no sólo Mohamed Afalah sino también otros que se irían cayendo de las listas al consolidarse la segunda de estas tres tramas-. Hay quien dice que las pruebas principales del 11M que aparecieron en los primeros días, la mochila de Vallecas y la furgoneta Renault Kangoo, caen por su propio peso debido a la improvisación que supuso el colocarlas –o el reutilizarlas-. No entraremos aquí a valorar tales afirmaciones, pero lo cierto es que son muchas las sospechas, como veíamos en artículos anteriores, de que esas pruebas no estuvieron ahí desde un principio. Al contrario que aquellas dos mochilas que los TEDAX explosionaron y de las que no quedaría nada, ¿recuerdan? No es de extrañar, debido a esa precipitación –tal vez alguien tuvo que darse mucha prisa para producir un vuelco electoral en un tiempo récord- que el detenido del 13M, Jamal Zougam, no guarde relación con las otras dos tramas. O que el malo oficial del CNI, Allekema Lamari, tampoco esté vinculado a esas otras dos respectivas tramas terroristas. Todos estos hechos expuestos cronológicamente pueden no resultar fáciles de comprender. Pero olvidémonos por un momento de las fechas y repasemos lo sucedido. Después de una legislatura que había servido como caldo de cultivo para la agitación y la propaganda contra la guerra de Irak, el Centro Nacional de Inteligencia alertaba al Gobierno a finales de 2003 de que Lamari, un terrorista controlado por ellos a través de un confidente, podría atentar en España. A medida que nos acercábamos a las elecciones la banda terrorista ETA intentaba cometer atentados inverosímiles que siempre daban al traste antes de llegar a cometerse. ETA se los encargaba a jóvenes sin ningún tipo de experiencia y que no tenían ningún inconveniente en identificarse como etarras. La reunión de Perpignan, filtrada desde los propios servicios de seguridad del Estado, contribuyó a crear lo que un buen amigo mío denomina “estado de máxima desconfianza” entre los diversos partidos políticos -y facciones policiales afines-. El clímax de esta desconfianza pudo vivirse tras las detenciones de Cañaveras, a través de las declaraciones de Azkárraga e Ibarra que acusaban abiertamente al Gobierno del PP de haber montado una pantomima terrorista a través de ETA, con fines electoralistas. Sucedió el 11M. Se destruyeron pruebas –trenes desguazados, restos no reclamados incinerados, mochilas-bomba destruidas…- y fueron apareciendo otras, con tintes claros de improvisación. Mientras tanto, el CNI aseguraba al Gobierno que ETA había cometido el 11M. Las nuevas pruebas que iban apareciendo condujeron a unas detenciones a través de acusaciones absolutamente endebles. Tras las elecciones generales, ya con más tiempo, la versión oficial definitiva iría tomando forma. Paralelamente el CNI aseguraba que Allekema Lamari era el autor del 11M, sacándose de la manga tal afirmación sin aportar ni un solo dato objetivo. A partir de ese momento se mantuvieron abiertas dos vías de investigación: la de la versión oficial “trabajada” surgida a raíz de las pruebas aparecidas entre el 11 y el 14 y la del entorno próximo a Lamari. Tras los sucesos de Leganés se terminó de desestimar la segunda de estas vías, primando la primera. El CNI seguiría insistiendo durante meses en esa presunta autoría de Allekema Lamari, al tiempo que irían apareciendo más indicios de la participación de su entorno, de una u otra forma, en los atentados. Finalmente, el CNI pudo colgarse la medalla cuando la Policía Científica aseguró que la oreja encontrada en Leganés pertenecía al argelino. Todavía hoy mucha gente piensa que ETA pudiera estar detrás del 11M, debido a la solidez de los indicios –nunca pruebas- que llevaron al Gobierno de Aznar a la catástrofe informativa de aquellos cuatro días fatídicos. Todavía hoy mucha gente se pregunta cómo es posible que el CNI llevara al PP a su propia perdición electoral para, al día siguiente, hacer un inigualable ejercicio de premonición acertando la identidad de uno de los terroristas que habrían cometido la masacre. Muchos hoy se preguntan, aún, por qué el CNI no informó al Gobierno de esa certeza con anterioridad. Muchos se preguntan, también, qué demonios contenían las dos mochilas que no estallaron en los trenes y hacia dónde habrían conducido las investigaciones ¿a ETA? ¿tal vez a Lamari? ¿o quizás a Lamari a través de ETA?. Porque lo que está claro es cómo se produjeron las primeras detenciones y cómo tras la jornada electoral fue elaborándose la versión oficial. Y cómo distintas facciones fueron poniendo todo su empeño en que sus tramas prevalecieran sobre las de los otros. Pero ninguna de estas dudas constituyen la paradoja final de esta serie de artículos. El papel del CNI, o de sectores del CNI, como canalizador de la agitación callejera a consecuencia de la Guerra de Irak, las extrañas decisiones tomadas por la cúpula etarra en aquellos sospechosos atentados, la desconfianza surgida entre los políticos de uno y otro bando a raíz de tales operaciones y de otros sucesos como la reunión de Perpignan o el ambiguo papel de nuestros servicios secretos durante los momentos inmediatamente posteriores al atentado no constituyen la paradoja que debe hacernos reflexionar a todos. Si alguien tiene la sospecha de que todos esos acontecimientos fueron meticulosamente preparados –algunos desde la propia ETA- para que el Partido Popular se lanzara a una piscina sin agua a raíz del 11M, la verdadera paradoja se encierra tras las palabras que Julio Anguita pronunció el 28 de febrero de 2004, a dos semanas del 11M y un día antes de la detención de los etarras de Cañaveras: “la actual ETA está teledirigida desde las cloacas del Estado”.
Pero, ¿y ETA? ¿Qué hay de ETA? ¿Sabemos a ciencia cierta si ETA desempeñó algún papel en el 11M? Pues desde luego la respuesta es no. No sabemos, cuatro años después, si ETA jugó un papel, esencial o no, en el 11M. Por la sencilla razón de que este extremo no se ha investigado –más bien todo lo contrario-. Sin embargo, no todo es oscuridad. Hay tres cosas que sí conocemos. En primer lugar, sabemos que la sombra de ETA planea sobre el 11M desde el mismo día del atentado y lo que es más importante, desde antes de éste. En segundo lugar, intuimos que en el Sumario del 11M diversos funcionarios policiales tenían órdenes de eliminar cualquier posible referencia a la banda terrorista ETA, por insignificante que esta fuese (recordemos varios episodios similares a la manipulación cometida en el caso del ácido bórico). Por último, nos consta que quienes han tejido la maraña de casualidades, contradicciones y mentiras que conforman la versión oficial han mostrado muchísimo interés en que los que dudábamos de ésta creyésemos firmemente que ETA estaba detrás de los atentados. Y es que a estas alturas uno ya no puede creer que las cosas sucedan accidentalmente, por muy extraño que resulte que por un lado se eliminen referencias a ETA y por el otro se nos intente hacer creer que ETA pudo cometer el atentado. A fin de cuentas ¿no es eso lo que se ha hecho desde el principio? Desde el mismo 11M hasta hoy los distintos partidos políticos y sus tentáculos mediáticos han tratado por todos los medios de polarizar a la sociedad española, obligando a todos los ciudadanos a decantarse por una de las dos posibilidades: o ETA, o Al Qaeda. Es raro encontrarse con alguien que no tenga una opinión formada –aunque sea en base a titulares- y que no esté posicionado en la creencia de que una de esas dos organizaciones terroristas es la autora de la masacre. Incluso existe mucha gente que piensa, porque así se lo han hecho creer, que la planificación y ejecución del 11M podría ser obra no de ETA o Al Qaeda, sino de una joint venture entre ambas bandas. Sin ir más lejos, esta hipótesis la manifestó Felipe González el mismo 11 de marzo de 2004. Podríamos decir que el 11M en manos de los políticos y sus satélites era como la quiniela: ó ‘1’, ó ‘2’, ó ‘X’. Pero no se nos permitía salirnos del camino trazado por los que diseñaron la investigación del mayor atentado terrorista de nuestra historia. Desde el primer momento se nos introdujo en la dicotomía “Titadyne vs. Goma-2 ECO”, que tal y como dijo Alfredo Pérez Rubalcaba en la Comisión de Investigación, nos situaba ante dos posibilidades únicas: si era Titadyne lo que había explotado, se trataba de ETA; si por el contrario era Goma-2 ECO, se trataba de islamistas. A través de este pensamiento circular se excluía la posibilidad de que hubiera estallado algo que no fuera ni Titadyne ni Goma-2 ECO (que es lo que manifestó el jefe de la Brigada Provincial TEDAX de Madrid en sus dos primeras declaraciones, durante la fase de instrucción). Y por extensión, se excluía también la posibilidad de que el atentado hubiera sido cometido por alguien que no perteneciera ni a ETA ni a “Al Qaeda”. Tanto PP y PSOE jugaron durante tres años al gato y al ratón con este tema. De hecho, es fácil constatar la actitud del Partido Popular durante todo este tiempo. La del PSOE no se ha movido ni un ápice, así que resulta obvia. Siempre han sostenido que el 11M fue cometido por islamistas, como represalia por la segunda Guerra de Irak. Pero, ¿qué ha dicho el Partido Popular? Inicialmente se lanzaron sobre la hipótesis de la autoría etarra. Era una postura lógica, dadas las informaciones que les llegaban desde las fuerzas de seguridad en aquellos días. Durante la Comisión de Investigación se esforzaron por explicar su actuación anterior, justificándose e intentando convencer a la opinión pública (grave error por su parte) de que no habían mentido. Y durante toda la instrucción podemos decir que el PP dio –no con demasiada determinación- la batalla del 11M, planteando dudas y presentando preguntas en sede parlamentaria. Preguntas fundadas que merecían respuestas contundentes. Pero esta actitud inquisitiva del PP no duró para siempre. El PP se mantuvo interesado en el 11M mientras los principales investigadores contemplaron la hipótesis de la autoría etarra, pero cuando éstos, de forma más o menos unánime y cuasi-simultánea manifestaron que no creían que ETA hubiera cometido los atentados de Madrid, el Partido Popular decidió mirar para otro lado. Está claro que la posibilidad de que el responsable no fuera ni ETA ni “Al Qaeda” no se podía contemplar. Sería demasiado horrible y pondría en entredicho el propio funcionamiento de una parte de nuestros servicios de Inteligencia. Además de que haría tambalearse la propia estructura del Estado y casi con toda seguridad nos sumiría en una crisis sin precedentes. Y es que, ¿qué país occidental, moderno, en el seno de la Unión Europea y de la OTAN, podría enfrentarse hoy en día a un golpe de Estado sin que se tambaleara el propio sistema y toda la red económica del país? No cabe ni tan siquiera planteárselo. O fue Al Qaeda, o fue ETA. Y si alguien falsificó pruebas y tejió falsas tramas compuestas por confidentes policiales, tuvo que ser, inequívocamente, para tapar la autoría etarra. ¿Acaso no ha estado negociando el PSOE con ETA durante toda la legislatura aun cuando en su programa electoral no aparecía ni una palabra que nos alertara sobre tal negociación? ¿Acaso no es cierto que el PSOE y ETA estaban ya inmersos en negociaciones desde antes del 11M? ¿No basta eso como prueba de que ETA tenía a Rodríguez Zapatero “cogido por los vagones”? Rotundamente no. Hay una diferencia abismal entre que se nos quiera hacer creer que ETA cometió el 11M y que ETA lo cometiera realmente. Si se fija el lector, todos los indicios que se nos han presentado de que ETA pudo estar detrás de los atentados de Madrid han sido siempre eso: indicios, pero nunca pruebas. Se fabricó una trama islamista para contentar a una mitad del electorado mientras se le ofrecía montones de indicios a la otra mitad para que pensaran que la banda terrorista vasca había sido la autora real. Pero nunca pruebas concluyentes, nunca nada definitivo. Se nos contó que presos islamistas vinculados indirectamente con el 11M tenían teléfonos de etarras apuntados en papeles, así como fórmulas químicas de explosivos caseros empleados por ETA; se nos dijo que algunos de los islamistas del 11M tenían teléfonos preparados para ser empleados en bombas, manipulados de la misma forma en que lo hace ETA; se nos explicó que ETA había robado un coche –que acabaría siendo usado como coche-bomba en Santander- en el callejón del asturiano Suárez Trashorras, en Avilés; se nos habló de otros asturianos a los que se les había encontrado munición de un calibre concreto que ETA había usado en el pasado; se nos intentó convencer de que Jamal Ahmidan “El Chino” traficaba con drogas en el País Vasco y de que casi todos los presuntos islamistas viajaban frecuentemente al País Vasco y a Navarra; incluso José Emilio Suárez Trashorras llegó a declarar que El Chino le había confesado que era ¡amigo de los etarras de Cañaveras! ¿Es posible que se dieran tantas coincidencias? Tengamos en cuenta que sólo se ha enumerado aquí una pequeñísima parte de todas las que han ido apareciendo. Faltan en la lista, por ejemplo, las que sirvieron para que el Partido Popular se estrellara electoralmente el 14 de marzo de 2004: los atentados fallidos que ETA habría pretendido perpetrar en Chamartín y Baqueira (el primero en trenes y el segundo con, casualmente, doce mochilas bomba) y la “furgoneta de Cañaveras”, detenida apenas 10 días antes del 11M con 530 kg. de explosivos. Por supuesto que tantas coincidencias y casualidades no se pueden dar accidentalmente. Pero eso no significa que sean hechos ciertos o probados. Lo que demuestra es la intención de quienes urdieron la trama de dejar la sombra de la duda planeando eternamente sobre las cabezas de la mitad de los españoles. La otra mitad no necesitaba ninguna sombra de nada, puesto que ya tenía un culpable oficial: Aznar y la Guerra de Irak. A la vista de todos estos indicios –nunca pruebas- resulta evidente que alguien se tomó muchas molestias para que ETA nunca desapareciera del todo en el 11M. Este interés espurio de los fabricantes de tramas se puede ilustrar fácilmente a través de una anécdota personal. Recientemente tuve el gusto de conocer a dos jóvenes universitarios miembros de Nuevas Generaciones. Al contrario que sus mayores, éstos estaban más preocupados por averiguar toda la verdad del 11M que por hacer méritos y medrar en el seno del partido. Leían informaciones de prensa de todas las tendencias, conocían los datos del Sumario que han sido publicados, estaban al día de lo acaecido en el juicio y tenían una opinión formada de lo que pudo haber ocurrido. Uno de los dos me dijo que estaba seguro de que ETA había cometido el 11M y esgrimió todos esos indicios que hemos expuesto y muchos más. Entonces tuvo lugar, de forma aproximada, el siguiente diálogo: -Entonces tú no crees que se usara Goma-2 ECO en los trenes… El muchacho se quedó pensativo. Ciertamente es muy probable que el viaje de Jamal Ahmidan no existiera o por lo menos que, en caso de existir, no tenga absolutamente nada que ver con lo que nos han contado. Pero igual de cierto es que se nos ha intentado vender por activa y por pasiva que ese viaje estaba íntimamente relacionado con una hipotética participación etarra. No en vano Suárez Trashorras dijo aquello de que Jamal Ahmidan le había dicho que era amigo de los etarras detenidos en Cuenca. Ahora, cuatro años después, aparecen nuevos (antiguos, en realidad, puesto que siempre han estado ahí) personajes intentando convencernos de que ETA tuvo algo que ver: Mario Gascón, el confidente de la Guardia Civil, por ejemplo. O al menos eso interpreta cualquiera que le escuche hablar de la participación de “los vascos”. Alguien se ha tomado muchas molestias durante estos cuatro años para que media España piense en ETA. Demasiadas molestias. Una reflexión similar a la del viaje de Jamal Ahmidan la podríamos hacer respecto a los análisis de los restos de explosivos llevados a cabo durante el juicio del 11M. Pero sería extendernos demasiado. En realidad todas esas molestias empezaron a tomárselas antes incluso del 11M, asegurándose que el Partido Popular se lanzaría a una piscina que a la postre no tendría agua y sí un montón de clavos y brasas. Lo único que hemos visto durante todo este tiempo no es sino la continuación de todo aquello. En este artículo no hay algo paradójico que destacar en el último párrafo. Todo el texto constituye en sí mismo una paradoja, puesto que como hemos señalado antes, se nos intentaba convencer de que ETA estaba detrás de la autoría al mismo tiempo que alguien se esforzaba en eliminar cualquier rastro que pudiera apuntar siquiera levemente al norte. Y es que, pensándolo bien, para conseguir el primero de esos fines, ¿qué mejor manera que llevar a cabo el segundo?
http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20080718/nacional/supremo-ratifica-matanza-obra-20080718.html El artículo del señor Torices, sin faltar a la verdad, contiene algunas imprecisiones que convendría aclarar. Y lo que es más importante, señala –respetando en lo posible la textualidad, lo cual es de agradecer- algunos aspectos de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 11M, sin molestarse en profundizar en tales afirmaciones del alto tribunal para contrastar hasta qué punto se sostienen o se apoyan en datos probados. El señor Torices pasa de puntillas sobre la absolución de Rabei Osman al Sabed, “El Egipcio”. Y pasa de puntillas sin mencionar a Yousef Belhadj y a Hassan el Haski. Probablemente no los cita para no tener que recordar que estas dos personas, junto con El Egipcio, fueron acusados de ser los ideólogos del 11M y resultaron absueltos de tales cargos durante la vista oral. Y es que se cayeron los inductores de la Fiscalía y hoy por hoy seguimos sin saber quiénes idearon y planificaron aquella terrible masacre. Es cierto que el Tribunal Supremo afirma que existe una “dependencia ideológica” entre los que considera autores del atentado y la organización terrorista Al Qaeda, pero también lo es que se refiere a los responsables del atentado de Madrid como “un grupo u organización terrorista diferente e independiente” de Al Qaeda. Tanto el Tribunal Supremo como el señor Torices arrastran un lastre del que no son responsables. Afirma este periodista que en los trenes explotó “sobre todo Goma-2 ECO”: referencia que deriva de la afirmación, absolutamente carente de fundamento -y lo que es peor, de explicación- que dieron Bermúdez, Nicolás y Guevara en la sentencia del 11M en la Audiencia Nacional, cuando afirmaron que “en todo o en parte” había explotado Goma-2 ECO. Señor Torices, señores del Supremo, ¿qué significa “sobre todo”? ¿Qué más explotó en los trenes? Para realizar afirmaciones gratuitas como “sobre todo” o bien “en todo o en parte”, uno está obligado –especialmente tratándose de representantes de la Justicia- a explicar cuál es esa otra parte que les sirve para parchear su tesis. Lo replanteo de forma más concreta: ¿de dónde salieron el dinitrotolueno y la nitroglicerina que aparecieron en los análisis químicos realizados a las muestras recogidas en los trenes? Las afirmaciones vagas e imprecisas de “sobre todo” o “todo o en parte” podrían intentar explicar la aparición del dinitrotolueno. Los tribunales deberían explayarse, pero dado que prefieren navegar sobre las aguas de la ambigüedad, los ciudadanos tendremos que suponer que se refieren a que tal vez los terroristas adquirieron Goma-2 ECO y algún cartucho de Goma-2 EC, que explicaría la presencia de dicho componente. Pero ¿y la nitroglicerina? Dado que la Goma-2 ECO no lleva nitroglicerina en su composición, y dado que la Goma-2 EC tampoco incorporaba este componente desde 1992, ¿cómo explica el señor Torices su aparición en los análisis? ¿Cómo nos explicará el significado de la frase “sobre todo Goma-2 ECO”? ¿Qué es el resto de ese “sobre todo”? De nuevo las imprecisiones pueblan los textos referidos. Entre 10 y 13 terroristas colocaron las bombas en los trenes. No 9 ni 14, sino entre 10 y 13. Pero tampoco 12. ¿Puede alguien, magistrado, juez, fiscal, periodista o político explicarnos a qué se debe esa imprecisa acotación? ¿Cómo han llegado a tal indubitada –a la par que inconcreta- conclusión lógica? Mal está afirmar tajantemente cosas como ésa sin datos que lo acrediten. Nos habla el señor Torices de dos personas que han sido condenadas como autores del 11M. Pero omite algunos pequeños detalles: que uno de ellos no fue visto en los trenes, ni hay ningún dato probado que le vincule con ellos, ni se encontró allí ningún rastro suyo. Simplemente, se le considera probadamente como coautor de la masacre por el hecho de haber estado en sitios que se consideran claves, como la casa de Morata o el más que dudoso transporte de los explosivos. Omite que este señor, Otman el Gnaoui, se mofaba reiteradamente del Islam y de sus amigos religiosos en las conversaciones telefónicas grabadas que esgrimió la Fiscalía durante el juicio. Y omite que el otro condenado por la autoría del atentado, Jamal Zougam, lo ha sido única y exclusivamente, tal y como deja claro la sentencia del Tribunal Supremo, por dos hechos: primero, por haber vendido unas tarjetas telefónicas que habrían sido usadas, supuestamente, en la masacre; segundo, porque varios testigos le reconocieron en los trenes. Pero no estaría mal que el señor Torices matizara estas cuestiones. Es falso que Jamal Zougam vendiera esas tarjetas telefónicas: él era el dueño del locutorio pero no es quien vendió esas tarjetas. Por otra parte, su negocio era vender tarjetas telefónicas. A nadie se le ocurriría condenar a quienes vendieron las mochilas supuestamente usadas en las bombas. O los teléfonos móviles. En cuanto a los reconocimientos de los testigos, todos ellos entraban en contradicciones entre sí, afirmando haberle visto en varios trenes al mismo tiempo. Por no mencionar que los dos testigos –dos chicas rumanas amigas entre sí- que finalmente ha tenido en cuenta el tribunal, incurren en contradicciones flagrantes. ¿Podrían explicarnos el señor Torices –o algún miembro del Tribunal Supremo- en qué se basan para afirmar que dos personas huídas habrían podido participar en la colocación de las bombas? Los ciudadanos creemos que lo mínimo que se le puede exigir a los tribunales es transparencia. Si no existe relación de Afalah, de Berraj, de Ouhnane, con la práctica totalidad de los considerados autores del 11M, si no existen testimonios de nadie que afirme haberles visto en los trenes y si no se encontró allí ninguna prueba que les incrimine directamente, ¿a qué se debe esa de nuevo imputación gratuita? Es fácil acusar a quienes no pueden defenderse, ya sea porque estén muertos, ya sea porque estén ilocalizables. Pero las acusaciones hay que sustentarlas con pruebas. Si no, se convierten en brindis al Sol. De igual manera, sorprende sobremanera que el Tribunal Supremo afirme en su sentencia que “al menos algunos” de los fallecidos en el piso de Leganés habrían intervenido en los atentados del 11 de marzo. ¿Qué significa “al menos algunos”? ¿Quiénes sí y quiénes no? ¿Cómo es posible que más de cuatro años después se nos vayan contando versiones mutantes desde las instancias oficiales? En la sentencia del 11M, en la Audiencia Nacional, las siete personas que aparecieron muertas en aquel piso –en el que también falleció el miembro del GEO Francisco Javier Torronteras Gadea- eran consideradas autores de la masacre, sin aportar ninguna prueba ni razonamiento más allá de que se habían suicidado. Ahora, el Tribunal Supremo, con la misma falta de argumentación, nos dice que “al menos algunos” participaron de dicha autoría, pero no especifica quiénes ni en qué se basa. Los ciudadanos creemos que ya está bien de que nos tomen el pelo. Porque si el hecho de habitar aquel piso –en el que se encontraron subfusiles, explosivos y reivindicaciones- era suficiente como para considerar a sus inquilinos autores de la masacre, si el hecho de habitar aquel piso es suficiente ahora como para considerar a “al menos algunos” de sus inquilinos autores de la masacre, entonces ¿por qué no se ha condenado a Abdelmajid Bouchar por este mismo crimen? Bouchar vivía en aquel piso y escapó corriendo al ver a la Policía cuando bajó a tirar la basura el día de la explosión del piso. Sin embargo, la Fiscalía no ha considerado a Bouchar autor material del 11M y el Tribunal así lo ha refrendado con su sentencia. ¿A qué se debe tal aleatoriedad y tal falta de argumentación cuando se trata de culpabilizar a unos y otros? Los españoles queremos saber, y no es con consignas como se nos callará. Por otra parte, afirmar como hace el señor Torices que en España se ha detenido “a la mayoría de los implicados” no es en mi opinión, demasiado acertado. Sólo tres personas han sido condenadas directamente por los atentados del 11M: además de los dos señalados anteriormente, también un exminero español, esquizofrénico y confidente del Cuerpo Nacional de Policía. El resto de los condenados lo han sido bien por delitos menores, bien por delitos sin relación directa con los atentados del 11M. Al menos así lo han considerado los tribunales, y la prueba evidente es que todas esas personas –al margen de estos tres- no tendrán que indemnizar a las víctimas del atentado. Finalmente, dice el señor Torices que el tribunal afirma que la célula terrorista cometió el atentado “sin participación alguna de ETA”. Afirmación llamativa, dado que la sentencia no se refiere a ETA en ningún momento ni descartando ni afirmando ninguna participación por un motivo evidente: no es a ETA a quien se estaba juzgando. Somos muchos los españoles que aun interesados en que se investigue el 11M hasta sus últimas consecuencias, estamos convencidos de que ETA no tuvo nada que ver con estos atentados. Y por eso nos sorprende actitudes como la del señor Torices, que al parecer trata de desvincular al fantasma de ETA del 11M. Los españoles queremos saber quiénes planificaron el 11M, ahora que los tres supuestos ideólogos han sido absueltos de tales cargos. Queremos saber por qué se comenzó a desguazar los trenes dos días después del atentado –hecho éste que el Supremo reprocha abiertamente en esta sentencia-. Queremos saber quién profanó la tumba del GEO Torronteras el 5 de abril de 2004. Y queremos saber, porque no nos salen las cuentas, quiénes colocaron las bombas de los trenes.
La instrucción llegó a su final y se celebró el juicio. ¿Estamos ahora en condiciones de afirmar por fin que el atentado fue cometido por Al Qaeda o por alguna célula local de Al Qaeda? Durante la vista, la Fiscalía y algunas de las acusaciones particulares trataron de buscar lazos entre los imputados y Al Qaeda a través de dos de los acusados: Youssef Belhadj y Rabei Osman. Durante todo el juicio se trató de demostrar que existían vínculos entre estos dos individuos y la red Al Qaeda, de manera que se pudiese establecer una relación a través de ellos entre la organización liderada por Osama Bin Laden y los imputados por el 11M. Podríamos dedicar un par de artículos como éste a comentar lo endebles que resultaban las pruebas contra estos sujetos, o las torturas denunciadas por algún testigo al que miembros de la Policía amenazaron y agredieron para que confesase una inexistente relación entre Belhadj y Al Qaeda (según el propio testigo). Pero para resumir la cuestión, diremos simplemente que tanto Belhadj como “El Egipcio” resultaron absueltos de las acusaciones de planificar y organizar el atentado del 11M que pesaban sobre ellos. ¿Quiere esto decir que no hay ninguna relación probada entre las personas que se nos han presentado como protagonistas del 11M y la red terrorista Al Qaeda? Todo lo contrario. Hasta aquí hemos presentado lo que podríamos considerar una introducción, pero ahora iremos al meollo de la cuestión. En la trama del 11M, o para ser más exactos en las tramas del 11M, hay alguna persona de la que sí se ha podido contrastar una verdadera vinculación a Al Qaeda. Y no nos estamos refiriendo a Jamal Zougam, del que se cuenta que conoció al que fuera líder de la célula de Al Qaeda en España, Imad Edin Barakat Yarkas, “Abu Dahdah”, cuando Zougam regentaba una frutería. Existe una persona condenada en firme por pertenecer a esa célula de Al Qaeda en España. Una persona condenada en firme en el transcurso de la Operación Dátil, por decisión del omnipresente Baltasar Garzón, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Esa persona se llama Mohamed Nidal Acaid y se le conoce como “Abu Nidal”. ¿Y quién es Abu Nidal? ¿Qué papel juega en las tramas del 11M? ¿Ha sido condenado por este atentado? El sirio Abu Nidal compró una casa en 1997 y la puso a nombre de su esposa, la ceutí Nayat Fadal. Tras los atentados del 11S cometidos en 2001 en Estados Unidos, el juez Baltasar Garzón le condenó, en el seno de la Operación Dátil, por ser un integrante de la célula de Al Qaeda en España liderada por Abu Dahdah. En 2002, Abu Nidal y su esposa Nayat Fadal le alquilaron esa casa adquirida en 1997 a un sujeto llamado Mustafá Maymouni. Maymouni acabaría siendo detenido en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca. Dos años después y con Abu Nidal aún en prisión, la misma casa sería alquilada esta vez a Jamal Ahmidan, “El Chino”, que según la sentencia del 11M es uno de los autores materiales de la masacre de Atocha. Más aún, el intermediario en esta operación, según la versión oficial, fue Serhane Ben Abdelmajid Facket, “El Tunecino”, otro de los autores materiales del 11M. Sin embargo y aunque parezca increíble, Abu Nidal y su esposa Nayat Fadal no fueron investigados por su relación con el atentado de Madrid. De hecho, el entorno familiar de este terrorista de Al Qaeda fue tratado con un cuidado extremo durante la instrucción del caso. En el Sumario se relata un episodio en el que al ir varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía al piso del hermano de Abu Nidal y encontrárselo cerrado, esperaron pacientemente en el exterior durante diez minutos hasta que los dueños decidieron abrirles. Una vez dentro del piso, los agentes detectaron un fuerte olor a quemado. La dueña de la casa les explicó que acababa de quemar un libro pero que no era importante. Y nadie se molestó en averiguar si era cierto. Tenemos entonces a un miembro de Al Qaeda condenado en firme como terrorista integrante de esa red, que le alquila su casa a una persona que sería posteriormente condenada por su implicación en los atentados de Casablanca y que le alquila después la misma casa a uno de los supuestos autores materiales del 11M. ¡Por fin aparece Al Qaeda en la historia!, pensará el lector. Pero el hecho es que ni Abu Nidal ni su mujer fueron investigados por su hipotética relación con el 11M –por extraño que parezca- ni fueron, por supuesto, imputados por estos atentados. Los dueños de esa casa que atraía a los terroristas islámicos –la conocida como “casa de Morata”, situada en una finca de Morata de Tajuña, en Chinchón- y su entorno familiar han gozado siempre de un ilimitado beneficio de la duda. Paradójicamente, el único personaje que aparece vinculado con Al Qaeda de forma indubitada ha sido sistemáticamente apartado de las investigaciones para evitar que él o su esposa pudieran tener problemas con la Ley. La pregunta obligada es ¿quiénes son realmente estas dos personas?
Recientemente tuve el gusto de conocer a un profesional del periodismo, en absoluto nuevo en su oficio. Un “pata negra”, podríamos decir. Cordial en su trato y amable en las formas, se nos acercó a una amiga y a mí y nos dijo en el momento en que nos presentaban: “Bueno, y ahora ya con la sentencia del 11M, ya está todo cerrado, ¿no?”. A raíz de ese inocente comentario estuvimos hablando durante varias horas de ese tema “cerrado” (de ese tema en el que todo está claro, según dicen algunos) que es el 11M. Evidentemente no nos dio tiempo a tratar todos los temas sobre los que planea la sombra de la duda: tarea hercúlea para la que necesitaríamos fácilmente una o dos semanas dedicadas íntegramente al tema. ¿Cómo hacer ver a una persona culta, informada, no aquejada de sectarismo, que las cosas no están tan “claras” como algunos pregonan a los cuatro vientos, en el transcurso de una breve conversación? Los expertos en marketing conocerán maneras para abordar a un público con esas características y en esas circunstancias. Yo opté por emplear una técnica que aprendí hace años de un comercial que se dedicaba a la venta de café: relatar una sola anécdota, real y fácilmente contrastable. Merece la pena recuperar ese testimonio “anecdótico”. En el juicio del 11M, todo el mundo ha podido ver desfilar a cientos de peritos y testigos a lo largo de varios meses. Ha sido lo que podríamos denominar un macrojuicio. Además, gracias a las nuevas tecnologías, el juicio permanece íntegramente accesible en páginas de Internet que permiten a cualquiera ver en el momento que desee cualquier declaración. Nadie tiene por tanto excusa para no haber seguido al menos los interrogatorios más controvertidos. Sin embargo, la mayoría de la gente se ha limitado a leer los titulares de los periódicos o a –aun más preocupante- leer los titulares de su periódico habitual. Con lo que eso significa en un país con unos medios tan politizados como los españoles. De entre esos cientos de testigos, vamos a centrarnos en la declaración de uno en concreto. En una parte del testimonio de uno en concreto, más concretamente. El del testigo protegido 11304. Este marroquí había trabajado durante mucho tiempo como confidente del Cuerpo Nacional de Policía, para la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), que en una de sus ramificaciones se dedica a investigar el terrorismo islámico. Este testigo había estado durante meses suministrando notas informativas que llegaban según los cauces reglamentarios a los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. En algunas de esas notas informativas daba datos que colocaban a algunos presuntos islamistas en una posición difícil, puesto que los vinculaba con diversas tramas y les achacaba una clara intencionalidad de cometer atentados terroristas en España. Muchos de esos presuntos islamistas eran, según la Fiscalía, algunos de los autores materiales del 11M. El testigo protegido 11304 iba a ser, a priori, clave para llevar a buen término las tesis de la Fiscalía y algunas de las acusaciones particulares. Sin embargo, llegó el día en que tuvo que declarar este testigo. ¿Y qué fue lo que dijo? Lejos de refrendar lo que había puesto por escrito en sus notas informativas, el testigo protegido 11304 manifestó en la vista oral que todo lo que había dicho previamente era falso. Que la Policía (sus controladores de la UCIE) le había obligado a mentir. Que le habían amenazado. Que se lo habían dado todo escrito y le habían dicho que estampara su firma. El testigo protegido 11304 manifestó durante su declaración en el juicio que ya no tenía miedo y explicó detalladamente la forma en que miembros del Cuerpo Nacional de Policía le habían coaccionado para que firmara unas notas informativas supuestamente suyas pero cuyo contenido él desconocía por completo. ¿Dijo la verdad este testigo protegido? ¿Serían capaces miembros de la Policía de falsificar testimonios para incriminar a unas personas concretas que habrían sido acusadas de cometer el 11M? ¿O estaría mintiendo este testigo (testigo, no imputado) por alguna razón que desconocemos? ¿Tal vez por miedo a represalias de los terroristas? ¿Acusaría un testigo protegido a miembros de la Policía de delitos tan graves por dinero o siendo víctima de coacciones? No podemos conocer la respuesta. Sin embargo, parece claro que llegado al término del juicio este asunto debería haber quedado esclarecido. Si el testigo protegido 11304 era sincero y cumplía con el juramento prestado, debería haberse abierto una profunda investigación para esclarecer quiénes son los responsables de las amenazas y las falsificaciones. Si por el contrario su testimonio no gozaba de credibilidad para el tribunal, resultaba imperativo haber deducido testimonio sobre su persona para que todo el peso de la Ley cayera sobre él. Sin embargo y por extraño –para algunos- que parezca, no ocurrió ni lo uno, ni lo otro. Tras relatarle todo este llamativo episodio a mi interlocutor, el periodista de indudable experiencia del que hablábamos al principio, la pregunta era obligada: “¿tú habías oído algo relacionado con este episodio?”. Su respuesta –aliñada con una mirada de estupefacción contenida- fue un franco “no”. El lector podría pensar que la paradoja que encierra este artículo es clara e inequívoca: si el testigo protegido dijo la verdad, ¿por qué no se inició una investigación? Y si por el contrario, mintió estando bajo juramento, ¿por qué no se le dedujo testimonio? ¿Acaso la consigna era no airear el 11M más de la cuenta y permitir que el tiempo lo terminara de sepultar? Sin embargo, el planteamiento que yo le hice a aquel periodista era ligeramente distinto: -Si un periodista informado, documentado y con amplios conocimientos de terrorismo islámico, como tú, que además ha estado interesado en el 11M durante todo este tiempo, no conocía siquiera la declaración de este señor, ¿a qué crees que se debe? La paradoja de los trenes En artículos anteriores veíamos todas las dudas que más de cuatro años después de la masacre del 11M aún planean en lo que a los explosivos usados se refiere. Hemos expuesto las dudas y algunas de las contradicciones de las que hemos sido testigos, mientras algunos repetían sin cesar que todo estaba claro. Pero no hemos explicado todavía el origen de la confusión que rodea a los explosivos utilizados. Aunque se ha explicado por activa y por pasiva lo que sucedió el 11 de marzo de 2004 en los laboratorios policiales, merece la pena recordarlo. En las dependencias policiales de Canillas se encuentran algunas unidades policiales que han jugado papeles destacados en la investigación de los atentados del 11M. Por ejemplo, allí tiene su sede la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, que estaba al mando de Juan Jesús Sánchez Manzano. También está localizada allí la Unidad Central de Información Exterior, que tiene ramificaciones dedicadas a investigar el terrorismo islámico. Y la Comisaría General de Policía Científica, con sus formidables laboratorios, está presente también en Canillas. La Policía Científica se encarga de llevar a cabo investigaciones científicas –valga la redundancia- acerca de huellas dactilares, información genética (ADN), análisis químicos, etc. Por supuesto, ellos son la unidad competente y especializada para analizar las muestras recogidas después de una explosión, a fin de identificar los componentes del explosivo utilizado. Para eso cuentan con los más avanzados equipos y con los profesionales mejor preparados. En el mismo edificio, en Canillas, los TEDAX de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos también cuentan con un laboratorio, pero éste está equipado con herramientas infinitamente más precarias que son usadas para tareas menos críticas. En los vagones que fueron objeto de las bombas asesinas el 11 de marzo de 2004 hubo durante varios días multitud de TEDAX recogiendo cuidadosamente muestras y restos, tal y como era preceptivo, para posteriormente identificar el tipo de explosivo empleado. Había TEDAX de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, con sede en Canillas y también TEDAX de la Brigada Provincial de Madrid, situada en Moratalaz. Para un TEDAX de la Brigada Provincial, los pasos a seguir deberían haber sido enviar las muestras recogidas a su sede en Moratalaz y de ahí, tras clasificarlas, haber enviado éstas a la Comisaría General de Policía Científica en Canillas. Sin embargo, se dio la orden de que todas las muestras fueran enviadas directamente a Canillas, a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos. Esto no debería resultar sospechoso, en principio. Según declaró en el juicio del 11M el jefe TEDAX de la Brigada Provincial de Madrid, José María Cáceres Vadillo, ellos recogieron multitud de muestras aquel día: tierra, vestigios, trozos de chapa… Tras mandarlos a Canillas, allí se clasificaron y en lugar de ser entregados a los expertos de la Policía Científica, se los quedaron los TEDAX –de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos- y los analizó una licenciada en Ciencias Químicas en su laboratorio. Este hecho sí que resulta bastante más controvertido, desde el momento en que se conoce que el laboratorio de los TEDAX no está preparado para tareas complejas. Además, aquel día la Licenciada en Ciencias Químicas con carné profesional 17.632 era la única perito presente en su laboratorio, cuando son necesarias las firmas de al menos dos peritos para validar un informe pericial realizado en un laboratorio no homologado. Durante el juicio, la perito –y su jefe inmediato, Sánchez Manzano- declararon que esta actuación fue perfectamente normal porque ellos siempre se quedaban las muestras “no pesables” y sólo le enviaban a Policía Científica las muestras “pesables”. Estas palabras, absolutamente ajenas a cualquier lógica, quedaron pronto desmentidas cuando en la vista oral el experto de la Policía Científica, Manuel Escribano, dijo textualmente que “eso es incierto totalmente”. ¿Y dónde radica la importancia de que los TEDAX se quedaran y analizaran las muestras recogidas aquel fatídico 11 de marzo con sus escasos medios? Pues esto que podría parecer anecdótico se convirtió en dato clave, ya que dos años después del 11M los investigadores independientes descubrieron que en el Sumario del 11M no existe ningún informe con los resultados de los análisis realizados por la perito aquel día y sí que existe un informe fechado semanas después en el que la licenciada señalaba como encontrados en los focos de explosión lo que denominaba vaga y genéricamente “componentes habituales de la dinamita”. Ni que decir tiene que los informes periciales han de detallar todos los componentes encontrados en los análisis químicos, evidentemente. Volvamos la vista atrás al artículo que dedicamos a los explosivos: todo el mundo dijo el 11 de marzo que en los trenes había explotado dinamita de la marca Titadyne; después irían apareciendo una serie de pruebas externas a los trenes en las que se encontró dinamita de la marca Goma-2 ECO; en la Comisión de Investigación el jefe de los TEDAX declaró que en los análisis químicos del 11 de marzo se encontró un componente, la nitroglicerina, que está presente en el Titadyne pero no en la Goma-2 ECO. Al descubrir esta contradicción los medios de comunicación pusieron el grito en el cielo. Y rápidamente surgieron dudas acerca de lo que realmente había explotado, que se unieron a las que ya presentaban, desde el primer momento, esas pruebas fundamentales en las que había ido apareciendo la Goma-2 ECO (la mochila de Vallecas y la Renault Kangoo). Y en ese momento, mucha gente abrió los ojos a una serie de hechos clave que estaban interrelacionados entre sí: en primer lugar, se nos había dicho qué explosivo se usó en la masacre no partiendo de lo que estalló en los trenes, sino de cosas que aparecieron fuera de los mismos; en segundo lugar, había serias dudas acerca de que se usara lo que nos dijeron que estalló, dado que las pruebas que sugerían el uso de la Goma-2 ECO estaban bajo sospecha de manipulación; en tercer lugar, los testimonios iniciales y el desliz de Sánchez Manzano en la Comisión de Investigación, dejaban abierta la puerta al uso del Titadyne, sin que esto significara necesariamente la participación de ETA; por último, algunos reflexionaron y se preguntaron ¿dónde están los trenes? La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que se conserven los restos tras un atentado terrorista, de manera que las distintas partes puedan solicitar que se realicen nuevas pruebas, a fin de salvaguardar derechos fundamentales tanto de los acusados como de las víctimas. Sin embargo, en medio de esa tremenda controversia generada alrededor de los explosivos (laboratorios no cualificados que se apoderaban de las muestras y no redactaban informes después de hacer los análisis, testimonios demandos policiales contradictorios, tanto en prensa como en el Congreso de los Diputados, sospechas de manipulación…) los periodistas que investigaban la masacre se dieron cuenta de que los trenes habían sido destruidos. Se sabía ya anteriormente, porque así consta en el Sumario, que el juez instructor había ordenado incinerar todas las pertenencias de las víctimas que no habían sido reclamadas, a los pocos días de la masacre. Restos que habrían podido ser muy útiles para dilucidar qué explosivo se había utilizado. Cuál era la prisa por destruirlos es algo que no sabemos. ¿Pero qué había sido de los trenes? Existía algún artículo de prensa que narraba cómo habían sido desguazados. Y aquí es donde comienza la historia de los trenes en lo que a este artículo se refiere. El Sindicato de Funcionarios Manos Limpias denunció al juez instructor del caso, Juan del Olmo, por haber autorizado la destrucción de los trenes, en contra de lo indicado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, no consta en el Sumario del 11M ningún documento que acredite que el juez permitió u ordenó dicha destrucción. Los trenes fueron desguazados, pero oficialmente ninguna instancia judicial dio la orden. En realidad, ni siquiera sabíamos cuándo habían sido desguazados realmente. Ajeno a las polémicas suscitadas en torno a los explosivos, el Tribunal Supremo no tardaría en pronunciarse acerca de esta denuncia, eximiendo de cualquier responsabilidad al juez instructor. No importaba que no se guardaran los trenes. No importaba que dos años después del atentado surgieran fundadas dudas acerca de los explosivos empleados. No importaba que Del Olmo hubiera ya autorizado la incineración de restos que podrían servir para solventar esas dudas. No importaba que las partes ya no pudieran solicitar nuevas pruebas periciales sobre los vagones atacados. Según el Tribunal Supremo, ya se habían realizado todas las pruebas necesarias a juicio de los expertos y por lo tanto ya no era necesario salvaguardar los trenes. El Tribunal Supremo afirmaba todo eso sin ni siquiera conocer la fecha exacta en que se procedió al desguace. Éstas eran algunas de las palabras que dedicaba al alto tribunal a la denuncia de Manos Limpias: “A lo largo de las actuaciones obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales, sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas […] obra un completísimo informe conjunto de expertos de TEDAX y Guardia Civil, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestimó por razones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión -una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias- corresponde a su legítimo propietario (RENFE), que además cuenta con lugares apropiados para ello”. Algún lector con formación técnica estará retorciéndose en su asiento: ¿cómo se puede denominar “pormenorizados dictámenes” a un análisis químico que habla de “componentes habituales de la dinamita”? Fíjese en el razonamiento: una vez que se hubieron realizado todas las pruebas que estimaron necesarias, RENFE ya podría hacer lo que quisiera con los vagones. Es decir, que las partes no tenían ningún derecho a solicitar nuevas pruebas ni durante la fase de instrucción (que duró tres años) ni por supuesto durante el juicio. Pero la sentencia del Supremo no terminaba ahí, e incluso llegaba a instar a la Fiscalía a que actuara contra el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias por “denuncia falsa”. Un serio aviso a navegantes: por ahí, no. Sin embargo, las sorpresas en lo que se refiere al desguace de los trenes del 11M no terminarían con esta sentencia del Supremo. Durante la vista oral, algunos abogados defensores argumentaron que la destrucción de los trenes era un motivo de nulidad del juicio. El tribunal que juzgaba el caso, a fin de responder de forma documentada a esta petición, trató de averiguar cuándo habían sido destruidos los vagones afectados. Sin éxito, puesto que tal y como habían denunciado los periodistas, esa información no constaba en el Sumario, por extraño que pudiera parecer. El Presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, decidió entonces contactar con RENFE para esclarecer el asunto de la fecha. RENFE envió un comunicado que decía, textualmente que “el desguace se efectúo entre los días 13 y 14 de marzo de 2004”. Sí, no hay ningún error, la nota dice lo que dice. Sin embargo, los equipos de TEDAX estuvieron recogiendo muestras durante varios días más, trabajando en los vagones destrozados, por lo que cabe suponer que la nota de RENFE se refiere bien a la autorización del desguace, bien a la fecha en que comenzaron a desguazar los trenes. En cualquiera de estos dos casos, conviene volver la vista atrás y releer el párrafo extraído de la sentencia del Tribunal Supremo. Resulta tremendamente paradójico que el Supremo afirmara “una vez realizadas todas las pericias que se estimaron necesarias” cuando en primer lugar, sólo habían transcurrido dos días desde la comisión del atentado y en segundo lugar y de forma no menos chocante, todavía faltaban varias jornadas para que los miembros del TEDAX dejaran de trabajar sobre aquellos restos en busca de muestras que analizar. Muestras que, dicho sea de paso, han desaparecido, puesto que al juicio sólo llegaron unas pocas bolsitas que contenían escasamente un par de gramos de restos analizables. La paradoja de las pruebas principales Las pruebas principales… las pruebas principales… ¿cuáles son las pruebas principales del 11M? Pues depende del enfoque con que se mire. Sin embargo, no cabe duda de que el 11M –la investigación del 11M- ha seguido durante más de cuatro años un cierto recorrido, adaptándose a sus propias lagunas y mutando cuando era necesario, mientras su esencia permanecía inalterable. ¿Y cuál es la esencia de la investigación oficial de los atentados del 11 de marzo? Que se trata de un atentado islamista cometido por unos magrebíes que semanas antes de suicidarse adquirieron cientos de kilos de explosivos a unos asturianos y colocaron una serie de bombas en cuatro trenes de cercanías. Esa simple frase resume brevemente el esqueleto de la versión oficial que con el tiempo se ha convertido en verdad judicial. Evidentemente si no bajamos a la arena de los detalles ese esqueleto no cojea y todo el mundo puede aceptarlo como hecho cierto. El problema radica en que cuando uno rasca mínimamente ese esqueleto se da cuenta de que todas las patas en las que se apoya más que cojear, sufren el Baile de San Vito. Desde el primer día, el mismo 11M, la versión oficial fue forjándose poco a poco haciendo uso de una serie de pruebas que servirían posteriormente para ir grabando en la mente de los españoles esas premisas básicas que se mantienen hasta hoy en la cabeza de muchos: que se trataba de un atentado islamista, que los autores se suicidaron y que los explosivos fueron adquiridos en minas asturianas. Los protagonistas que nos presentaron pertenecían a tres tramas: la trama asturiana, la trama de “El Chino” y la del piso de Virgen del Coro. Alrededor de éstas planeaba lo que podríamos denominar la trama siria. La argamasa que ligaba todas estas tramas eran los informes de telefonía (plagados de contradicciones y errores en las atribuciones de los titulares…). Y las pruebas en las que se sustentaba el esqueleto eran cuatro: la mochila de Vallecas, la Renault Kangoo, el Skoda Fabia y los sucesos de Leganés. Aunque a estas alturas es posible que quien más quien menos todo el mundo conozca la historia de estas pruebas principales, no está de más hacer un breve recordatorio de algunas de ellas. Tras las | ||||