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............................... Lydia Morales

La demagogia como final de la democracia

En 1961 la editorial Aymá de Barcelona publicó la traducción del libro del historiador Robert Cohen titulado Atenas, una democracia desde su nacimiento a su muerte. El ensayo estaba prologado por Pedro Laín Entralgo e iba introducido por una frase de Alfred Croiset que señalaba a la enfermedad que acabó con la primera democracia de la historia: “El enemigo más temible de la democracia es la demagogia”.

En el capítulo XII del libro de Cohen se analizaban los síntomas de esa enfermedad política mortal que es la demagogia. El pueblo ateniense había perdido la reciedumbre moral, el vigor patriótico y el respeto por la excelencia que lo habían distinguido en el pasado. “La masa se ha vuelto arisca y parcial”, describía Cohen. “Si un ciudadano noble pide la palabra, ella se muestra inmediatamente hostil. Si ese ciudadano pronuncia frases que la desagraden, se expone a ser precipitado desde lo alto de la tribuna. La masa se enfada por cualquier cosa, murmura, ahoga la voz del orador. Las primeras intervenciones de Demóstenes son otros tantos fracasos y Platón disculpa a los ciudadanos de temple refinado por no tomar parte en la vida pública, recordando que ahora ya nadie de calidad logra hacerse escuchar por el populacho”. Apartados los ciudadanos de mérito, por pura repulsión, a posiciones más interiores, la vida pública quedó en manos de los legontes, de los charlatanes más indecentes. “Aceptamos como consejeros a hombres que todos desprecian y los convertimos en dueños absolutos de los asuntos del Estado”, se lamentaba Isócrates, “hombres a quienes ninguno de nosotros querríamos confiarles nuestros asuntos personales. A esos a quienes con voz unánime declaramos los más despreciables entre los ciudadanos, a esos mismos los hacemos guardianes de la polis”. Cohen trazaba un retrato de esos demagogos, “individuos oscuros, a menudo sospechosos, capaces de poco más que vociferar y excitar a la muchedumbre” con burdas manipulaciones. Tales sujetos, “dueños del ruido y del tumulto”, se desenvuelven “rodeados de agentes provocadores y de espías” y en su lucha por el poder no retroceden “ante ningún procedimiento, calumnia, corrupción o chantaje para abatir a sus adversarios”. En los días de elecciones “mendigan los votos haciendo promesas y distribuyendo alegremente” un caudal dedracmas “que luego esperan cobrarse multiplicado” cuando alcancen el poder. Cuando la gestión de los asuntos del Estado cae en sus manos, semejantes personajes no manifiestan ningún escrúpulo a la hora de esquilmar las arcas públicas ni de subir abusivamente los impuestos. “Salís de la Asamblea sin haber arreglado nada. No habéis hecho más que repartiros las sobras del banquete, como después de una comida a escote”, les reprochaba un ciudadano de la época.

Las instituciones democráticas se degradaron de modo irreparable. Llegó un momento en que en la Ecclesia, en la Asamblea, participaban mayoritariamente individuos sin oficio ni beneficio cuya principal motivación era el dinero que recibían por su asistencia. “Hay atenienses para quien la patria está donde están sus intereses”, se lamentaba otro ciudadano que denunciaba, así, la entronización de los intereses particulares o grupales por encima del interés general de Atenas. Por primera vez la polis tuvo, además, problemas para completar su ejército con ciudadanos. ¿Quién pensaba en sacrificarse o en morir por la defensa de Atenas? Pocos soportaban ya la disciplina del entrenamiento físico y del adiestramiento militar. Hubo que empezar a recurrir a mercenarios a la par que los presupuestos de la defensa nacional se recortaban. No ocurría lo mismo con las partidas de dinero público destinadas a procurar diversiones a la muchedumbre. Ésas se mantenían intactas. O aumentaban.

Paralelamente a la degradación política se produjo la corrupción de la justicia y la erosión del imperio de la ley. Las leyes dejaron de respetarse y se entronizó la arbitrariedad. Una misma falta, o un mismo delito, podía quedar impune o ser castigado según quién lo cometiese. Los miembros de los tribunales no eran ni selectos ni incorruptibles y todos sabían que poniendo una bolsa de dinero sobre la mesa se podía ejercer sobre ellos una presión tan perniciosa como eficaz. Ciertas leyes o procedimientos que en otro tiempo habían contribuido eficazmente a la buena conducción de la polis ahora se desnaturalizaban o caían en desuso. Así ocurrió con la docimasía, la investigación sobre la moralidad de los candidatos que iban a ocupar puestos públicos. O con la grafé paranomon, que permitía procesar al autor de un decreto ilegal o de una ley de consecuencias dañosas para la polis. O con la ley del ostracismo, que condenaba al destierro a todo aquel que intentara hacerse con el poder mediante la conspiración o la violencia. “La historia de Atenas está ahí”, escribía Cohen, “para demostrar que no siempre son necesarias confrontaciones sangrientas para provocar daños sociales de tal amplitud que acarreen la ruina del Estado”.

La demagogia es el halago a una sociedad envilecida, o la manipulación de la misma, para hacerla instrumento de la propia ambición de poder. Es la dominación arbitraria sobre el conjunto social apoyada en la aquiescencia de una parte de la ciudadanía degradada a mero populacho. La demagogia es la enfermedad por la que murió la primera democracia de la historia. Minada su cohesión y su fortaleza por ese mal, Atenas se encontró inerme para responder luego a las agresiones de quienes querían destruirla a ella o a su poder. Desde aquellos lejanos siglos siempre que un régimen de libertades políticas y de participación ciudadana se ha hundido en el despotismo o en el desorden ha sido por causa de la demagogia.

Los españoles de hoy son un remedo moderno de esa sociedad decadente que describía Cohen en su historia de Atenas. Nada tienen que ver con los españoles de los Siglos de Oro, capaces de lanzarse con sus luces y sus sombras a la aventura imperial y de ser uno de los pilares políticos y culturales de la civilización occidental. “Ne perdite, Hispani, ocasionem: venere vestra tempora!”, exclamaba desde Italia, convertido por fin, el otrora antiespañol Galateo(1). De aquella energía civilizadora y de aquella determinación política, de aquel orgullo colectivo y de aquellas virtudes heroicas, poco le queda a la sociedad española de hoy. Por eso cuando se escucha a los demagogos del momento decir que el pueblo gracias al cual medran “es sabio”, sólo se puede sentir melancolía.

(1) Antonio de Ferrariis, Galateo: Ad Catholicum Regem Ferdinandum (1510).

Carta a un conciudadano sobre los secesionismos

La presente carta fue dirigida al titular de una web ya desaparecida donde se reprobaba a ETA y a su entorno político, a la par que se mostraba condescendencia con los planteamientos de los nacionalismos secesionistas “no violentos”. La posición del titular de la página era calificada de “progresista”.
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Estimado conciudadano:

He encontrado hoy su meritoria página web dedicada a desenmascarar las mentiras del nacionalismo vasco de corte terrorista y la he leído con atención. Es muy interesante, pero por desgracia usted mismo echa a perder parte de su esfuerzo con algunos comentarios y con una frase de su editorial. Le cito esta última: “Si llega el día en que los vascos deciden secesionarse (sic) del resto de España, que lo hagan de manera limpia y democrática y no basándose en la mentira y en el chantaje”. Da usted por sentado, por tanto, que con unas condiciones de “ausencia de violencia” ‘los vascos’ podrían romper una nación y crear otra de ‘manera limpia y democrática’. O sea, asume que la patraña nacionalista del ‘derecho de autodeterminación’ tiene alguna validez como principio.
Me permito escribirle para compartir con usted unas cuantas reflexiones. La primera: los españoles no podemos seguir cayendo en la trampa de los nacionalistas que presentan sus ambiciones grupales como presuntos derechos colectivos. Debemos darnos cuenta de una buena vez -y cito a un autor al que usted cita- de que “el único objetivo y el único móvil de las organizaciones nacionalistas es la envidia del poder político del Estado” y de que buscan ese poder que envidian “bien sea convirtiendo en estatales sus plataformas regionales de poder o bien dotándose de un estado propio”(1), cosa que implica, necesariamente, la destrucción de España como país, como nación y como estado. Éste es el meollo desnudo del nacionalismo: no hay más. Después se trata simplemente de revestir esa ambición de poder pura y simple con un discurso provinciano y falsario de ‘hechos diferenciales’ para lograr que los votantes menos cultivados, menos equilibrados o menos virtuosos –que pueden llegar a ser muchos a poco que los nacionalistas controlen escuelas, medios de masas y subvenciones - metan la papeleta con las siglas caciquiles en la urna.
Deberíamos, por tanto, tener cuidado con esto: no podemos seguir cayendo en sus trampas. No debemos consentir que nos hagan asumir sus ambiciones grupales como presuntos derechos colectivos. Y no debemos olvidar, además, que el sujeto de los derechos políticos es el ciudadano, del mismo modo que el sujeto de los derechos humanos es el individuo, no ninguna colectividad. Los pueblos, reales o ficticios,no tienen derechos humanos ni derechos políticos: tales derechos pertenecen a la persona, al ciudadano. Y más allá del ciudadano el único que tiene derechos y deberes políticos es el Estado. Los caudillos nacionalistas saben que esto es así, naturalmente. Como saben que el supuesto ‘derecho de autodeterminación’ que invocan no es defendible ante ningún tribunal de justicia internacional. Tal derecho sólo tiene validez para territorios con estatus político de colonia de una metrópoli y, por tanto, no es aplicable a una región que pretenda separarse de su nación. De ahí que ese inexistente ‘derecho de autodeterminación’ sea para los nacionalistas un mero producto de consumo destinado a la opinión pública interna y a servir de excusa para la acción directa. Las naciones no nacen ni mueren por votación. Son un puro hecho de existencia social, una comunidad política decantada por el devenir histórico, que no tiene nada que ver con presuntos ‘derechos’ ni presuntas ‘libertades’. La cuestión nacional, en consecuencia, “no es materia que pueda ser tratada por la regla de las mayorías y de las minorías, porque no es asunto que caiga dentro de la esfera de la libre voluntad. España, sin necesidad de invocar ningún derecho, es un hecho de existencia nacional con el que se topan las generaciones sucesivas que nacen en su territorio”(2). La nacionalidad, en efecto, es algo que nos viene dado como se nos dan unos padres o un momento temporal concreto. Uno no puede votar para elegir ni cuándo, ni dónde ni de quiénes nace. Luego, como individuo, uno puede aceptar esa nacionalidad que le es dada o cambiarla, abandonándola y adoptando la de otra nación ya existente, pero si uno se va, la nación que abandona sigue donde estaba. La única forma de liquidar una nación previamente existente es por la desintegración caótica o por la guerra.

La segunda reflexión tiene que ver con ese ente nebuloso al que usted alude repetidamente: ‘los vascos’. ¿Quiénes son esos ‘vascos’ que, según quieren los nacionalistas, habrían de decidir sobre la secesión? ¿Qué es un ‘pueblo’? Las delimitaciones de esa palabra colectivista son totalmente difusas. ¿Qué es el pueblo vasco? ¿Quiénes integran esa cosa? ¿Los de sangre y apellidos ‘eusquerianos’, como postulaba el racista Sabino Arana, fundador del PNV? Y de esos quiénes, ¿los que viven en las Vascongadas, los que viven en Navarra, o también los de pasaporte venezolano, o también algunos de mis parientes que tienen rh negativo y apellido vasco-navarro y que sin embargo desde el siglo XVI son y se sienten de otra región? ¿Podrían decidir los vascos con pedigrí que, sin embargo, fueran patriotas españoles? ¿Podría decidir Jon Juaristi? ¿Podría decidir Edurne Uriarte? Y con los ‘maquetos’, ¿qué se debe hacer? Esos vascos sin pedigrí, ¿podrían decidir, sí, no o según (según si son o no separatistas, se entiende)? Y si los nacionalistas se dedican durante treinta años a hostigar a los vascos que son leales a España -asesinatos y extorsiones incluidos- para que huyan a otras regiones y logran así un censo donde queda por fin una mayoría de gente afecta a la secesión, ¿podría considerarse el resultado de cualquier votación sobre esa cuestión ‘limpio y democrático’?
La tercera reflexión es sobre las palabras país, nación y patria, con las que usted se hace un lío. Estos tres vocablos han sido contaminados de tal modo en España por las miserias ideológicas del tribalismo provinciano que ahora ya nadie sabe qué significan exactamente ni a qué se pueden aplicar. No estaría de más, por tanto, que intentáramos aclararnos. El país es la tierra y la geografía compartidas (en el caso de España, su territorio peninsular, sus islas y sus plazas norteafricanas) y aquellos con quienes las compartimos son nuestros paisanos. La nación es la comunidad de destino decantada por el devenir histórico (en el caso de España, la entidad histórica que nace como provincia de Roma, que se consolida como reino independiente a la caída del Imperio, que sobrevive a la invasión islámica atomizada en varios reinos que se unifican al derrotar al invasor y que llega hasta hoy) y aquellos –presentes, pasados o futuros- con quienes formamos esa comunidad son nuestros connacionales. La patria, por último, es la comunidad política apoyada sobre esa entidad nacional y definida por las instituciones y la forma de vida que garantizan la unidad y la solidaridad entre sus partes y las comunes libertades ciudadanas; aquellos con quienes disfrutamos esa comunidad son nuestros compatriotas, o nuestros conciudadanos.

A la luz de lo anterior cabe hacer algunas puntualizaciones para defendernos del discurso secesionista. La estrategia terminológica de los nacionalistas consiste en vaciar a las palabras país, nación y patria de su significado real, confundirlas las tres y usarlas de un modo deliberadamente falsario. Así, los nacionalistas mienten cuando hablan de su tribu política como ‘patria’ y cuando se autodenominan abertzaleak, ‘patriotas’: su totalitarismo liberticida, etnicista y excluyente es precisamente la negación exacta de lo que la noción de ‘patria’ significa.
Por lo que toca a la palabra ‘nación’ la mentira no es menor: el devenir histórico, el único que crea naciones, jamás ha hecho de las regiones de las que pretenden apropiarse los nacionalistas comunidades reales de destino histórico, de civilización y de alta cultura. El destino histórico de esas regiones ha sido siempre parte del destino histórico de la nación española, de hecho en España y no al margen de ella (y mucho menos en contra de ella), es como esas regiones se han formado. A menos que los españoles decidamos que ha llegado la hora de suicidarnos colectivamente (o que permitamos a otros que lo decidan por nosotros), la única nación real que hasta hoy hay sobre el tablero histórico es la nación española, de cuya obra civilizadora y en cuyo destino histórico los españoles de todas las regiones hemos participado.
Por último, y por lo que respecta a la noción de país, los nacionalistas –con enorme astucia- han dado una batalla muy intensa ahí y por desgracia la han ganado. Al haber aceptado sin contestación que los nacionalistas usen la palabra ‘país’ para referirse a las regiones que pretenden someter a su tiranía, los españoles hemos permitido que nos usurpen el derecho de propiedad que tenemos sobre esas regiones. País es el solar común, la tierra y la geografía compartidas. Antes de que los nacionalistas aparecieran, la tierra de España era un único país que todos los españoles compartían. Al aceptar que llamen ‘país’ a una región del país que todos compartimos, hemos permitido que los nacionalistas creen la ficción de que tal región es un terruño distinto, aparte, sobre el que el resto de los españoles que no vivimos allí no tenemos ningún derecho. Tal cosa, permítame subrayárselo, es un despojamiento. La propiedad de la integridad del territorio corresponde como bien indiviso a todos los españoles, que lo hemos heredado así de nuestros mayores. Los habitantes de una región son los usufructuarios de eseterritorio, pero los propietarios somos todos los españoles –los que viven allí y los que vivimos en otras regiones. Por tanto, un colectivo de una región no tiene ninguna atribución legal para segregar una parte de la propiedad común e indivisa. No les asiste ningún derecho a despojarnos a los españoles de lo que es nuestro por herencia: ellos no son los dueños del territorio y ni pueden apropiárselo, ni pueden desgajarlo de nuestro solar común. Por consiguiente, no se puede aceptar que a los legítimos dueños no se les permita entrar o se los considere ocupantes o inmigrantes. En este sentido, haber cedido ante los nacionalistas y haber permitido que las provincias vascas pasaran a llamarse oficialmente ‘País Vasco’, denominación sin apenas tradición histórica, fue una equivocación. De ahí a decir que los vascos son los únicos dueños de ese territorio, primero, y a establecer que sólo son vascos los habitantes nacionalistas de esa región (y por tanto, que sólo los nacionalistas son ‘propietarios’ y tienen derecho a ‘autodeterminarse’) no hubo más que un paso. Por supuesto, sé muy bien que en español la palabra país significa ‘territorio de una nación’, pero también, en el uso popular, ‘región o provincia’, como cuando vemos por los pueblos de España reclamos del tipo ‘se venden vinos del país’. Supongo que coincidirá conmigo, sin embargo, en que los secesionistas usan la palabra en su primera acepción, no en la segunda. A estas alturas, la ingenuidad ya no cabe.
Otra cuestión distinta, y muy grave, es la de la palabra nacionalidad que la Constitución de 1978 puso en circulación para contentar –una vez más- a los nacionalistas. Esto ya no fue un error político: sencillamente fue un disparate, además de un atentado al lenguaje. Nada hay que añadir a lo que otros más sabios han dicho al respecto, de modo que me limitaré a repetir. Julián Marías, testigo directo de aquella necedad, habla de ella en España en nuestras manos(3). El artículo segundo de la Carta Magna dice así: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas”. Como señala Marías, “esta Constitución, tan enemiga de toda ‘discriminación’, la practica aquí en las más serias cuestiones. Según ella, hay en España dos realidades distintas, a saber, ‘nacionalidades’ y ‘regiones’”. O sea, regiones de primera y regiones de segunda; regiones que se consideran más que regiones, cuasi-naciones, y otras que no se consideran así (el porqué no se explica). En resumidas cuentas, regiones que van a tener más privilegios y más atribuciones que otras, cosa que atenta directamente contra la igualdad de derechos que debe imperar en un régimen de libertades políticas. Las tensiones y las majaderías que ha producido en la vida española esta disparatada distinción son de todos conocidas, las últimas ese invento del ‘federalismo asimétrico’, parido entre vapores etílicos desde Cataluña, o el ‘estado libre asociado’, el Eusko Rico, de Ibarreche, Arzalluz y compañía. Pero además de una chapuza política, la distinción es un disparate histórico. La Constitución no establece cuáles son esas ‘nacionalidades’. Se da por supuesto que se trata de las regiones donde hay movimientos nacionalistas. Tampoco se explica cuál es el criterio para establecer esa discriminación –“me gustaría saber quién se atreve a hacerlo, y con qué autoridad”, dice Marías-, se supone que por el simple hecho de que es imposible no usar un criterio que sea otra cosa que una pura arbitrariedad. ¿Por qué es una ‘nacionalidad’ Cataluña y no lo es Aragón, de cuya corona los condados catalanes fueron parte? ¿Por qué es una ‘nacionalidad’ Vascongadas y no lo es Castilla, en donde los señoríos vascos estuvieron integrados? Y si Cataluña es una ‘nacionalidad’ por criterio tan peregrino como el de contar con una lengua regional, ¿por qué no lo son Valencia o Baleares? Parecería que haber producido varones tan preclaros como Sabino Arana o Lluis Companys, o matones como la ETA y los escamots del Estat Català, son el mérito para alcanzar el pedigrí de ‘nacionalidad’. Ahora que tanto se habla de reformar la Constitución –o de sortearla por la vía de los hechos- para darles aún mayores contentamientos a los nacionalistas, y ya puestos a cambiar, ¿por qué no eliminar del artículo segundo esa insensatez de la ‘nacionalidad’ por atentar contra la igualdad de los españoles y discriminar, además, a quienes son leales a España frente a quienes no lo son?. Como también dijo Marías, “no hay que intentar contentar a quienes nunca se van a contentar”.

El término ‘nacionalidad’, en fin, no sólo atenta contra la igualdad cívica y contra la realidad histórica: también atenta contra el idioma. Se trata de una objeción semántica, pero no carente de importancia. “Lo más importante es que no hay nacionalidades –ni en España ni en parte alguna-, porque ‘nacionalidad’ no es el nombre de ninguna unidad social ni política, sino un nombre abstracto, que significa una propiedad, afección o condición”, escribe Marías. En efecto, según el Diccionario de la Real Academia Española ‘nacionalidad’ significa “la condición y el carácter de los individuos y pueblos de una nación” y “el estado propio de una persona nacida o naturalizada en una nación”. Mis compatriotas y yo tenemos ‘nacionalidad española’ porque somos miembros de la ‘nación España’, pero tal cosa como una ‘nacionalidad España’ no existe. Y por supuesto, tampoco existen las ‘nacionalidades’ Cataluña o Vascongadas. Utilizar esa palabra para designar a una unidad socio-geográfica que es más que el resto de las regiones españolas, pero un poco menos que la nación española –de momento-, además de un disparate histórico y una insensatez política, es una violación del uso lingüístico.

Estas elementales consideraciones, en fin, deberían servir para hacernos conscientes de lo importante que es la batalla del lenguaje. Los nacionalistas lo saben muy bien y llevan treinta años peleando cada centímetro de terreno en esta cuestión. Y hasta el momento hay que reconocer que ellos ganan.

Mi último comentario tiene que ver con el asunto de las lenguas regionales, cuestión sobre la que usted prefiere no definirse. Aunque le gusta remitirse a la II República para algunas cosas, observo que en otras renuncia a buscar inspiración en ese régimen. En determinados puntos la Constitución de la II República era sectaria y, además, contenía ocurrencias hilarantes (como por ejemplo esa definición de España del artículo I, parida por un constituyente socialista, que provocó el choteo de todos los gobiernos de Europa: “España es un República democrática de Trabajadores de toda clase”), pero a pesar de sus muchos elementos discutibles, había un artículo relativo a las lenguas –el cuarto- que los constituyentes del post-franquismo habría hecho muy bien en copiar. Después de declarar lengua oficial de la República al español y de establecer que todo ciudadano “tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo”, se reconocían las lenguas regionales en sus respectivas provincias, pero se estipulaba al mismo tiempo que “a nadie se le podrá exigir ni el uso ni el conocimiento de ninguna lengua regional”. La Constitución de 1978 no tiene un artículo similar a éste y son de todos conocidos el clientelismo, las discriminaciones y la desigualdad de oportunidades a que ello ha dado origen. La lengua común está siendo perseguida y proscrita en los planes escolares implantados por los caudillos provincianos y hay más dificultades para estudiar en español en estas regiones que en muchos países extranjeros. Y no sólo es eso, con ser gravísimo. Es también que para ser profesor de inglés en Cataluña o Vascongadas, por ejemplo, uno está obligado a saber catalán o vascuence y lo mismo sucede para teclear un ordenador en cualquier dependencia oficial, ser guardia de tráfico o trabajar como guardabosques o bombero. Se impide así que españoles de otros lugares puedan optar a tales empleos y avecindarse en esas regiones como es su derecho. Se impide, también, que los naturales de esas regiones que no saben, o no quieren usar, la lengua regional accedan a puestos funcionariales. En consecuencia, las lenguas regionales se han convertido en un arma de exclusión y en una herramienta ideológica para la programación mental sectaria y la creación de un clientelismo nacionalista. Si a ello se une el hostigamiento a los no nacionalistas para lograr que se marchen de estas regiones, ya tenemos la base para conseguir una población que pueda dar algún día ese supuesto ‘respaldo democrático’ a las ambiciones separatistas a que usted aludía.

En la cuestión de las lenguas regionales, alguien, algún día, tendrá que atreverse a abandonar la corrección política y reivindicar el sentido común. Por más que los nacionalistas intenten convertir el idioma en un fetiche de culto, lo cierto es que las lenguas son meros instrumentos de comunicación y de transmisión de civilización y de cultura. La grandeza de una lengua, por tanto, no la dan la pureza racial o ideológica de sus parlantes ni la vetustez de sus orígenes, sino su utilidad real para la vida humana superior. Si queremos dirimir cuál es la primera entre las dos lenguas habladas en un territorio, aquella que permita comunicarse con más personas, que haya sido herramienta de civilización y que sea transmisora de un patrimonio cultural más amplio será siempre la jerárquicamente superior. Y dicha superioridad, si el sentido común imperara, debería tener consecuencias legales, administrativas y educativas. Como la Constitución de la II República establecía, sin ir más lejos.

Obviamente, los nacionalistas jamás admitirán esto, a pesar de que es lo que la realidad y la sensatez dictan. Pero por más que los nacionalistas desplieguen su santa ira lingüística, las cosas son como son, no como a ellos les gustarían que fueran, y la realidad se puede manipular o violentar sólo hasta cierto punto. Y la realidad es que al lado del español -la segunda lengua de Occidente, mal que les pese- el vascuence, el catalán o el gallego son exactamente lo mismo que al lado del inglés, el italiano o el alemán: lenguas locales, culturalmente intranscendentes en el ámbito de nuestra civilización y, por tanto, instrumentos idiomáticos de un orden menor.

(1) Antonio García-Trevijano: El discurso de la República: Del hecho nacional a la conciencia de España, Temas de hoy, Madrid, 1994.

(2) Opus cit.

(3) Julián Marías: España en nuestras manos, Espasa-Calpe, Madrid, 1978.

Sobre la distinción entre patriotismo y nacionalismo

En su libro Por amor a la patria(1) Maurizio Virolli, profesor de Teoría Política de la Universidad de Princeton, recuerda que el lenguaje del patriotismo moderno fue construido sobre el legado de los clásicos. Los filósofos, historiadores y poetas modernos tomaron de las fuentes griegas y romanas tanto el contenido religioso como el político del patriotismo. Como diversos autores han señalado, el patriotismo clásico tiene una profunda veta religiosa. La patria de los clásicos es la tierra, los templos y las instituciones de los padres, un ámbito sacralizado por los Dioses, vinculado a los héroes y los sabios, regulado por las leyes y santificado por la adoración. Por esta razón “el patriotismo clásico es un sentimiento enérgico, la suprema virtud” en la que las demás virtudes convergen. “Lo que el Hombre considera más precioso está relacionado con la idea de patria, porque a ella están ligados su propiedad, su seguridad, sus leyes, sus valores y sus Dioses. Perderla significa perderlo todo”. Tal patriotismo religioso une a los clásicos y a su patria –a la vez generosa y severa- con un vínculo sagrado. Implica un amor exigente, sin condiciones ni distinciones entre unos ciudadanos y otros. Como consecuencia de ese elemento religioso del patriotismo clásico, la tradición grecorromana reserva la gloria perenne y la beatitud eterna, no sólo a los filósofos que han logrado la iluminación, sino también a los héroes civiles. En el mundo clásico la divinización está ligada a la sabiduría y al heroísmo. Así pues, a los buenos gobernantes y a los ciudadanos excelentes les aguarda un destino solar.

Sobre este fondo sagrado se desarrolla el vector propiamente político del patriotismo clásico, basado en la identificación de la república con la libertad y el bien comunes. Cicerón, por ejemplo, relaciona la patria con la libertad y con las leyes. Salustio presenta a la patria y a la libertad como contraposición al gobierno oligárquico. Quintiliano distingue entre la natio, el aspecto etnográfico de un pueblo, y la patria, entendida como las leyes y las instituciones de su Estado. Dicha patria entendida como res publica exalta la pietas y la caritas, el respeto y la benevolencia, dirigidos a la propia patria y a los compatriotas. Esta concepción del patriotismo quebrará con el hundimiento del mundo clásico y no volverá a aparecer hasta el resurgimiento de ese mundo en las ciudades-estado italianas del Renacimiento. En la Edad Media cristiana la sacralidad del Estado y el consiguiente carácter religioso del patriotismo desaparecieron. La sacralidad se transfirió a la institución eclesiástica y el orden político se convirtió en un brazo secular servidor de la Iglesia o tutelado por ella. Caballeros y vasallos se sacrificaban pro domino, por un señor (un noble, un monarca, la propia Iglesia), no pro patria, no por un Estado cuyas leyes e instituciones fueran garantes de un bien común fundamentado en la justicia y la libertad. La Edad Media cristiana honraba un vínculo de fidelidad o fe con un dominus, no la virtus cívica.

Fue en el contexto intelectual de las repúblicas italianas y del Renacimiento donde el significado clásico de la patria y el patriotismo fue recuperado de nuevo. Virolli hace en su libro un repaso por los filósofos políticos más significativos del periodo. En el Tractatus de bono communi (1304) Remigio de Girolami señala que el fundamento más preciado de la vida civil es “vivir juntamente en concordia y bajo la protección de leyes justas”. El amor a la patria impone sobre aquellos que gobiernan la república la obligación de buscar el bien de toda la comunidad. “El bien común es la fuente del honor y la gloria de los ciudadanos, pues no hay nada más noble ni glorioso que ser ciudadanos de una patria libre donde se satisface el bien común”. La corrupción política empobrece y lesiona la propia vida del individuo. La destrucción de la patria, y la consiguiente pérdida de la cualidad de ciudadano, destruye al propio Hombre, pues “no se puede vivir una vida humana propiamente dicha sin ser ciudadano”. Por esta razón un ciudadano no puede permanecer pasivo ante la corrupción o las amenazas de destrucción que pongan en peligro la salud o la vida de la república.

La moral civil fue especialmente analizada por Matteo Palmieri en su Vita civile (1435-40), donde se subraya que las obligaciones para con la patria están por encima de las obligaciones para con los familiares. El vínculo civil tiene una cualidad espiritual que lo dota de una calidad superior a los meros vínculos naturales. Palmieri recupera en toda su extensión el elemento religioso del patriotismo clásico: defiende para los buenos gobernantes y los ciudadanos excelentes un más allá bienaventurado. Alamo Rinuccini, en su Dialogus de libertate (1479), analiza por su parte el tema de la obediencia y la ciudadanía. La libertad –intelectual, personal o política- es patrimonio de los espíritus fuertes y estos espíritus no están obligados a obedecer a otros “salvo que sus órdenes sean justas y legítimas y sirvan a un propósito útil para la comunidad”. Así pues, sólo aquellos que posean fortaleza interior y ecuanimidad pueden ser gobernantes legítimos y ciudadanos dignos para la república. Rinuccini denuncia “la falta de fortaleza y la vil ambición” de quienes no se atreven a enfrentarse a los gobernantes tiránicos y sus partidos permitiendo, de ese modo, la servidumbre y el quebranto de la patria.

Para los filósofos del Quattrocento –y éste es un mensaje que hoy conserva toda su fuerza y validez- “lo opuesto al patriota que sirve a la libertad y al bien común es el ciudadano corrupto que sólo favorece sus intereses particulares o los de su partido”. Leone-Battista Alberti remarca que “el ciudadano sensato sabe que el buen orden de la república no se puede preservar si los ciudadanos sólo se preocupan de sus intereses privados”. Por lo tanto, incita al buen ciudadano a que se comprometa en el servicio a la república “para evitar que ésta caiga en manos de ambiciosos que usarían la fuerza del poder para corromper tanto la vida pública como la privada”.

En la Florencia del siglo XV, como señala Virolli, este patriotismo de raíz clásica incorporaba, además del compromiso con la república, con la libertad y con el bien común, otros elementos del mundo grecorromano como “la celebración de la superioridad militar y cultural de la ciudad, la nobleza de los antepasados y la pureza del lenguaje”. En su Laudatio florentinae urbis (1403-04), Lorenzo Bruni, además de exaltar el esplendor y la distinción de Florencia y de recordar que sin justicia y sin libertad “no merece la pena vivir”, remarca dos elementos importantes. El primero, el de la igualdad cívica que no tolera “la arrogancia o el menosprecio a los otros” y el segundo, el de la acogida a aquellas personas de mérito y amantes de la libertad que han sido maltratadas en sus patrias de origen. Todos aquellos que han sido condenados al exilio por conjuras, envidias o poderes despóticos pueden encontrar una nueva patria en Florencia. “Mientras Florencia siga existiendo, a nadie le faltará de verdad una patria”, dice Bruni. En su Discurso para el funeral de Nanni Strozzi, un noble florentino caído en combate contra las fuerzas del Duque de Milán, Bruni exalta la forma de gobierno de Florencia frente a los regímenes tiránicos. “Por patria se refiere –en completo acuerdo con los republicanos romanos- a la república libre. Florencia, señala, tiene una constitución popular pensada para proteger la libertad y la igualdad cívica de todos los ciudadanos. Se merece, por tanto, la devoción de sus ciudadanos porque les permite a todos y a cada uno de ellos ‘vivir libres del miedo de los hombres’ y optar a los más altos honores públicos”. A los florentinos reunidos en el funeral de Strozzi Bruni quiere inculcarles, no sólo el amor por la libertad común, sino también el orgullo de ser ciudadanos y artífices de una república excepcional.

Pero incluso una gran república necesita un ojo crítico que señale sus puntuales injusticias e imprudencias. Florencia lo encontró en Nicolás Maquiavelo, quien sirvió a su patria “con todas sus energías y con una honestidad impecable”, sin por ello dejar de denunciar las faltas que veía. Su ideal patriótico está enraizado, una vez más, en la república de Roma, cuyas virtudes cívicas debían ser inculcadas a la juventud florentina. La falta de virtud cívica da paso a la corrupción y ésta a la decadencia y la pérdida de la libertad. Maquiavelo consideraba el establecimiento de leyes justas y la guarda escrupulosa de éstas como la piedra angular de todo el edificio político: es allí donde descansaba la diferencia entre el “vivere libero” y el “vivere servo”. “Fue primordialmente por su amor a la república por lo que el pueblo de Roma consiguió ser libre durante siglos. Las muchas y buenas leyes a favor de la libertad pública que fueron aprobadas durante la república se debieron a la voluntad de los plebeyos de no ser oprimidos y a su determinación de resistirse a la insolencia de un sector de los patricios. El bien común (o la patria), como recalca Maquiavelo, al que las gentes de antaño eran tan devotas, era su libertad individual para perseguir sus propios intereses sin verse obstaculizados o que sus derechos fueran infringidos por hombres poderosos y arrogantes”. Maquiavelo también remarca el tema ciceroniano de que servir a la patria es la obligación moral más importante del hombre honrado. El amor a la patria da fuerzas para llevar a cabo hechos heroicos en momentos excepcionales y, a la vez, alimenta la civilidad en circunstancias ordinarias. Maquiavelo afirma que el patriotismo estimula el orden civil y el orden de las costumbres. El debilitamiento del patriotismo no sólo conlleva la pérdida de la cohesión y de la libertad, sino que también provoca la decadencia moral de una sociedad. El filósofo florentino, en fin, se adhiere al tema clásico de la beatitud celeste que está reservada para el héroe cívico. “Alguien que ha salvado a su patria merece a su vez ser salvado. Su acción fue extraordinaria y la recompensa debe serlo igualmente. Durante sus vidas en la tierra los héroes patrióticos hicieron a su patria noble y feliz. Cuando mueren, les está permitido disfrutar de la beatitud perenne por intervención especial de la Divinidad”.

Todas estas voces hablan de una concepción de la patria y del patriotismo que no tiene nada que ver con el nacionalismo. Virolli comienza su ensayo denunciando que en el lenguaje corriente de hoy, e incluso en cierta literatura académica, patriotismo y nacionalismo son utilizados erróneamente como sinónimos. “La transformación del patriotismo en nacionalismo”, cita a M.G. Dietz, “o incluso el reconocimiento del nacionalismo como una ‘especie’ de patriotismo, revela que hemos perdido literalmente el contacto con la historia, con un pasado muy real en el que los verdaderos patriotas se atenían a una serie particular de principios políticos y a su práctica, esto es, a una concepción de ciudadanía que tiene escaso parecido con el nacionalismo moderno”. El propósito de Virolli es demostrar que patriotismo y nacionalismo “pueden y deben ser diferenciados”. El lenguaje del patriotismo es el de la libertad común: invoca y fortalece “el amor hacia las instituciones políticas y defiende la libertad común de los ciudadanos, es decir, el amor a la república”. El lenguaje del nacionalismo es, en cambio, el de la exclusión y el de la singularidad y la homogeneidad grupales: “se fraguó en la Europa de finales del XVIII con la pretensión de fomentar la homogeneidad cultural, lingüística, étnica e ideológica” de una colectividad. La idea de ‘nación’ que patriotismo y nacionalismo tienen es, en consecuencia, opuesta. El patriotismo identifica a la nación con la ciudadanía; el nacionalismo con el terruño y sus particularidades, ficticias o reales. Así pues, los enemigos de ambos también serán distintos. “Mientras que los enemigos del patriotismo republicano son la tiranía, el despotismo y la corrupción, los enemigos del nacionalismo son la contaminación cultural, la heterogeneidad ideológica, la impureza étnica y la pluralidad social, política e intelectual”. Esto no quiere decir que el patriota pase por alto o desprecie la cultura, el origen étnico, la lengua o las tradiciones populares, sino que para él “el valor principal es la República (entiéndase la Res publica, el Estado que es garante de un sistema de libertades políticas y personales y de un estatus de igualdad entre sus ciudadanos) y la forma de vida libre que ésta permite”. Para el nacionalista, en cambio, los valores primordiales son la unidad espiritual, ideológica y etnológica de su colectividad: “la República es rechazada o considerada como un hecho de importancia secundaria”. Estos valores diferentes determinan que patriotismo y nacionalismo inculquen o fortalezcan en el plano de lo colectivo dos tipos muy distintos de amor: “un amor solidario y generoso, en el caso del patriotismo; una lealtad acrítica e incondicional y una adhesión exclusivista en el caso de los nacionalistas”. El patriotismo promueve el bien de todos los que integran una comunidad política, independientemente de sus particularidades. El nacionalismo intenta satisfacer sólo el interés de sus particulares.

Como señala Virolli, además de ser una equivocación histórica, la confusión entre patriotismo y nacionalismo tiene efectos prácticos perniciosos. “Entendido debidamente, el lenguaje del patriotismo republicano podría servir como un fuerte antídoto contra el nacionalismo. Como el lenguaje del nacionalismo, es esencialmente retórico: busca resucitar, fortalecer y dirigir las pasiones de un pueblo con una identidad específica, más que obtener la aceptación por parte de agentes racionales impersonales”. La identidad específica que el patriotismo se esfuerza por reforzar es la basada en el amor a las libertades y a las gestas comunes de un pueblo, algo tan directamente propio como puedan ser la etnología o el terruño que exalta el nacionalismo. Precisamente porque compite con el nacionalismo en el mismo terreno de las pasiones y de la identidad colectiva, y porque usa más los argumentos retóricos que los puramente racionales, “el patriotismo es un contendiente formidable para el nacionalismo. Trabaja sobre los vínculos de la solidaridad y de la fraternidad que intenta convertir en fuerzas que sostienen la libertad en lugar de fomentar la exclusión o la agresión”. El patriotismo no les dice a los españoles que quieren seguir siéndoloque deberían pensar y actuar como ciudadanos del mundo, o como amantes de una libertad y una justicia anónimas. Les dice que deben convertirse en ciudadanos españoles “comprometidos en la defensa y el mejoramiento de su propia res publica, y que vivan libremente a su aire, y lo dice usando conmovedoras imágenes que se refieren a memorias compartidas y a historias llenas de significado que dan color y calor al ideal de la república”. El patriotismo republicano recuerda que tenemos una obligación moral con nuestra patria porque estamos en deuda con ella. “Le debemos nuestra vida, nuestra educación, nuestras lenguas y, en los casos más afortunados, nuestra libertad. Si queremos ser personas con moral, debemos devolver lo que se nos ha dado, por lo menos en parte, sirviendo al bien común”. Y puesto que el patriotismo es la defensa del bien y de la libertad comunes, exige “luchar contra cualquiera que intente imponer el interés particular sobre el bien común”. Eso significa que el patriotismo debe luchar contra el totalitarismo, contra el despotismo, contra la arbitrariedad y contra la corrupción. Significa que si nuestro país no es libre, debemos luchar por hacerlo libre en vez de abandonarlo y buscar la libertad en otro lugar. Pero también significa que el patriotismo debe luchar activamente en el terreno de las pasiones políticas contra el nacionalismo.

Dura como es, dice Virolli, no se puede menospreciar la tarea de trabajar para alentar el patriotismo. El patriotismo no es posible sin la virtud cívica, esto es, sin el compromiso con las libertades y los derechos comunes y la disposición a sacrificarse en su defensa. Sin embargo, muchos filósofos políticos contemporáneos ven la virtud cívica como “un vestigio irrecuperable y obsoleto” del mundo clásico y sus diversos renacimientos o como “un mito político” que sólo los nostálgicos están interesados en recuperar. Para ellos el ciudadano moderno –sin una vocación política clara, sin lazos significativos de comunalidad y absorbido por entero en los placeres de la vida privada- no es sensible al atractivo de un ideal como el de la virtud cívica. Los modernos, usando una distinción de Benjamin Constant, quieren una libertad a lo moderno, no la libertad de los clásicos. “El ejercicio directo y colectivo de varias partes de la soberanía completa, que los antiguos veían como la más alta expresión de la virtud cívica y la parte más ennoblecedora de la vida del ciudadano, es de poco interés para los modernos”. Sin embargo, “una república decente necesita ciudadanos que sean capaces de amar y de vincularse”. De vincularse no a peculiaridades folclóricas o étnicas, o un particularismo ideológico o religioso que pretenden identificarse como ‘propios’ de un pueblo, sino de amar a la libertad común y a las instituciones y el modo de vida que las sustentan y de vincularse con los compatriotas en su defensa. Virolli propone una recuperación del ideal de virtud cívica basado en la defensa de la libertad igualitaria, ésa que hace posible que “todos los ciudadanos de la república puedan vivir sus vidas como ciudadanos sin ser oprimidos al denegárseles el ejercicio de los derechos políticos, cívicos o sociales”. Virolli recalca que la república de la que habla no es un ente impersonal basado en los valores universales de libertad y justicia. Se trata, muy al contrario, de “una república en particular con su forma particular de vivir en libertad. Una república puramente política podría conseguir el consentimiento filosófico, pero no generaría ninguna vinculación, ningún amor, ningún compromiso. Para generar y sustentar este tipo de pasiones se debe apelar a la cultura común, a la memoria compartida. Si esta apelación tiene la libertad como objetivo, se debe recurrir a la cultura que emana de la práctica de la ciudadanía y que se sustenta en las memorias compartidas del compromiso con la libertad, el criticismo social y la resistencia contra la opresión y la corrupción”. Los proyectos de reforma social y política inspirados por este ideal de república requieren “el compromiso, la solidaridad y el trabajo en común de muchos hombres y mujeres durante un largo periodo. Debe haber algún tipo de sentimiento de pertenencia o de ser miembro: para que uno realice su parte, debe sentirse parte de algo. El lenguaje del patriotismo republicano ofrece la retórica adecuada para ayudar a crear o reforzar el tipo de compromiso que un proyecto de reforma política y social inspirado por el ideal de la ciudad de todos requiere… Apela a sentimientos compartidos, que a menudo se encuentran en estado letárgico, para trabajar juntos con miras a propósitos que son comunes a todos y a la vez cercanos a cada individuo. Hablar de patria acerca la republica a los corazones y las almas de los ciudadanos y da a los ideales de libertad igualitaria y justicia, que están comprendidos en el concepto de república, los colores y el calor que motivan la acción y el compromiso”.

Señala Virolli que la historia demuestra que cuando una nación se encuentra ante una grave crisis moral y política, son los lenguajes del patriotismo o del nacionalismo los que consiguen en último término la hegemonía intelectual. “Estos lenguajes parecen poseer una fuerza unificadora y movilizadora que falta a otros”. Este punto resulta especialmente pertinente para la España actual, amenazada como nación y como res publica por unos nacionalismos periféricos de corte secesionista y por un poder central en manos de una casta política empeñada en una deconstrucción suicida del Estado. Virolli remarca la importancia de que la izquierda genuinamente democrática asuma los valores del patriotismo. “La retórica nacionalista ha sido y aún es muy influyente con respecto a los pobres, los desempleados, los intelectuales frustrados o las clases medias en declive. Las personas socialmente humilladas o descontentas encuentran en el nacionalismo un nuevo sentido del orgullo, una nueva dignidad”. Con ciertas excepciones loables, es muy poco lo que desde una perspectiva socialdemócrata se ha hecho para construir un patriotismo que combata eficazmente al nacionalismo. En España la contribución de la izquierda a este particular es prácticamente inexistente. Aunque en honor a la verdad, lo mismo hay que decir de la derecha.

A lo largo de los siglos, concluye Virolli, el lenguaje del patriotismo político ha sido utilizado para motivar a los ciudadanos para que trabajen unidos en la consecución de repúblicas en las que todos y cada uno puedan vivir según su voluntad y como ciudadanos libres e iguales. A veces, el lenguaje del patriotismo ha sido usado como reclamo para unir a todos aquellos que quieren vivir como ciudadanos libres frente a aquellos que encuentran insoportable la igualdad política y civil. En otras circunstancias, ha sido invocado por los excluidos para denunciar la opresión política y social o para unir a todo un pueblo frente a un invasor opresor. “Si se utiliza debidamente, el lenguaje del patriotismo centrado en el ideal de una república protectora de la libertad y la igualdad aún puede sostener diferentes formas de acción política emancipadora. Puede funcionar como una poderosa herramienta intelectual para redescubrir y aprender a practicar la política de la mejor manera posible”. El patriotismo puede ser el medio virtuoso, a la vez racional y pasional, entre los dos extremos de (a) una política anti-nacional, desgajada del tronco cultural propio y sostenida por un sectarismo ideológico frío y (b) una política nacionalista, falsamente homogeneizadora de la realidad, basada en sectarismos prepolíticos pertenecientes a lo étnico, lo sentimental y lo religioso. Entre ambos extremos hay un espacio “para una política posible de la república”. La tarea del lenguaje del patriotismo es “mantener franco ese espacio”.

(1) Maurizio Virolli: Por amor a la patria. Un ensayo sobre el patriotismo y el nacionalismo (traducción de Patrick Alfaya MacShane), Acento Editorial, Madrid, 1997.