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prisma liberal

.................................... ...por Julio José Elías Baturones, doctor en Derecho Procesal y. .......... ............................ .............experto en Criminología por la Universidad de Sevilla. .................................................................Gestor procesal de la Administración de Justicia



Un día histórico: el fin de la fiesta nacional en Cataluña

Al final se han salido con la suya: El Parlamento de Cataluña, con el consentimiento de diputados de CIU y el PSC, han aprobado dar por finiquitado la fiesta “nacional” de los toros en este territorio que, al parecer, es España pero no es España.

Uno puede comprender que en relación a los toros y a la lidia se pueda estar a favor o en contra, que haya personas que piensen que es un arte y otras que es un maltrato al animal. Opiniones hay para todos los gustos y, en principio, todas son igualmente respetables. Por ejemplo, a mi no me gustan que hagan daño a estos animales pero, de igual forma, respeto la tradición y una forma concreta de entender la cultura y el arte. Pero, sobre todas estas disquisiciones, lo que resulta evidente es que la cuestión de fondo no es el presunto “maltrato” animal, sino el hecho de que, en Cataluña, se estén empecinando por parte del complejo, PSC-Tripartito-Nacionalismo soberanista, en repudiar todo aquello que suene a “españolismo”, como es, por su propio nombre indica, la “fiesta nacional” por antonomasia.

Lo que se ha votado en el Parlamento de Cataluña no es más que escenificar el rechazo a lo “español”, sirviendo de excusa el tema de los toros.

Sinceramente, estoy totalmente convencido de que los diputados catalanes que han votado por el sí no tienen mayor predicamento respecto a la cuestión moral sí merecía la pena abolir una fiesta por el hecho del daño físico a estos animales. Lo que, realmente han votado, es negar la “españolidad” de una fiesta prácticamente milenaria.

Por lo tanto, es y ha sido una controversia estrictamente política, sin importarle lo más mínimo las consecuencias de la decisión adoptada y el coste económico que la misma supondrá. Un paripé sin género de duda alguna. Un sobre coste en el bolsillo del ciudadano catalán que, en tiempos de crisis, sobraba y resultaba innecesario. Una nueva cortina de humo para insultar a lo español, en lo que, en el fondo, con todo lo que denunciaban como “catalanofobia”, en el fondo no es más que “españolofobia”, en pleno periodo electoral.

Crónica del Presidente pasmado

Parafraseando al insigne autor, Gonzalo Torrente Ballester, en su obra “Crónica del Rey Pasmado”, muy brillantemente adaptado al cine en el año 1991, tenemos un presidente del Gobierno que vive su mandato como “pasmado”, es decir, literalmente absorto en su mundo interior, como si la realidad no fuera con él.

En la obra y película citada, el rey Felipe IV, en un momento dado, solo tiene una obsesión, ver a su reina desnuda. A partir de ese acontecimiento, que deja a la corte completamente perpleja y escandalizada, el relato se hace alocado, al cotejar los trágicos acontecimientos de la realidad histórica del país de entonces, Guerra de los Treinta Años en Flandes, pérdidas de barcos con oro de las Indias por culpa de naufragios naturales, hambruna del pueblo, plagas y epidemias, todas estas calamidades por directa vinculación con la obstinación real de ver a su reina tal como Dios la trajo al mundo. Al final, como bien se recoge en una escena memorable del fraile capuchino, en su especial diálogo con el Diablo, realmente, todas estas adversidades no tenían nada que ver con el hecho de que un rey joven tuviera el atrevimiento de pedir la contemplación de la desnudez de su esposa, algo que, tanto para Dios como para Lucífer, carecía de la mayor importancia.

Pues bien, el presidente Rodríguez Zapatero, en los últimos meses de esta, su segunda, legislatura, parece como sí estuviera también “pasmado” ante los duros datos de la crisis. Lo único que le interesa es salir bien en los telediarios y en los medios afines, además de una obsesión desproporcionada a la figura del presidente de los EEUU, Obama. A ver si viene a España, para hacer la foto con él, aunque solo sea por unos pocos días en Marbella. Lo demás, es decir, los problemas reales que aquejan a la sociedad española, le importante más bien poco.

El problema se plantea cuando las “obsesiones” de nuestros gobernantes resultan estériles para la vida real de sus gobernados. Súbditos o ciudadanos, la verdad es que, ya sea en el Siglo XVII o en el XXI, necesitan de que se le gobierne con atino, sentido común y de Estado. El día a día es lo importante, y la cesta de la compra, y los precios, y el trabajo asegurado, y si se puede o no llegar a fin de mes. Comprendo que son banalidades, para algunos, pero no estoy tan seguro que el pueblo llano le interese tanto sí Obama viene o no a Marbella. Para él podrá ser la cita “planetaria” que tanto esperaba y pronosticaba la Sra. Pajín pero, para el más común de los mortales, le trae totalmente “al pairo” si hay foto o no. Y, mientras tanto, el tiempo corre y las soluciones no llegan.


Unas Cortes Constituyentes

Dentro de muy poco, exactamente, el próximo 15 de noviembre, se conmemorará el 80 aniversario de la publicación en el diario El Sol de un artículo que tuvo una trascendencia básica en el cambio de régimen político en España, desde la dictadura del General Primo de Rivera y el final de la Monarquía de Alfonso XIII a la Segunda República española. Me estoy refiriendo al artículo cuyo autor fue el, probablemente, el intelectual más importante del Siglo XX, José Ortega y Gasset, “El error Berenguer”. Antes de su Delenda est Monarchia, que servía de aplastante conclusión, el insigne filósofo y patriota afirmó lo siguiente: “ Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos:
¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”.

A estas alturas resulta indudable que la Constitución de 1978 ha sido superada por el inexorable devenir de los acontecimientos. La realidad de la sociedad española no tiene ya nada que ver con la que existía en los años posteriores a la muerte del General Franco y, tras más de treinta y cinco años de vigencia, la mayoría de sus preceptos requieren una necesaria y perentoria reforma constitucional. Ahora bien, una reforma parcial no sería suficiente, dado la gravedad de la situación nacional y el desprestigio de instituciones básicas del Estado, como el Tribunal Constitucional, las Comunidades Autónomas, el Poder Judicial o el sistema electoral. Por ello, tras la celebración de las próximas elecciones generales, cuando toque, deberá inaugurar no una mera legislatura más sino, por el contrario, las Cortes que surjan del sufragio universal debe ser Constituyentes.

Es necesario, por lo tanto, una nueva Constitución, la de 2012, que dejaría atrás la de 1978, definitivamente superada por el tiempo y las nuevas necesidades de la sociedad española y del Estado español.

En esta tesitura, bajo mi punto de vista, entre otras bases, la nueva Constitución que se deberá promulgar debe tener unos pilares fundamentales, los cuales, como elemento común, será el de superar la grave crisis institucional que será herencia de la actual coyuntura, y que, de forma esquemática, podrían ser los siguientes:

1º.- Se deberá cerrar la inseguridad jurídica del modelo de Estado.
Independientemente del modelo, autonómico o federal, lo que resulta evidente es que el Estado Central tiene que ser viable, por lo que se tendrá que determinar una lista cerrada de competencias “exclusivas” , que en ningún caso sería susceptible de transferencia o delegación a las comunidades autónomas o federadas. Así, la Justicia, la Educación, la Seguridad Exterior e Interior, Fuerzas Armadas, una Caja única de la Seguridad Social o un sistema tributario que garantice el sostenimiento del Estado en su conjunto, entre otras fundamentales.

2º.- Se requiere una Ley electoral que garantice que, a nivel del Congreso de los Diputados, solo podrán acceder aquellos partidos, coaliciones electorales o agrupaciones de electores que superen un mínimo del 5 % a nivel nacional. De este modo se impediría la desproporcionada representatividad de los partidos nacionalistas, que dejarán de marcar, de una forma injusta, el devenir del Estado, con un número de diputados que no son representativos del conjunto de la Nación. El Senado solo deberá ser una cámara de representación territorial, como sucede en los estados federados de los países de nuestro entorno, como en Alemania, y sus competencias legislativas deberán reducirse exclusivamente en las materias propias de asuntos territoriales, no como segunda cámara legislativa. Así se evitaría bloqueos innecesarios de lo decidido en el Congreso, única cámara que representa a la soberanía popular. El Senado estará formado por los representantes de las CCAA, y no serán elegidos directamente en sufragio.

3º.- Asimismo, la nueva Ley electoral deberá implantar, con carácter obligatorio, las listas abiertas y el sistema de elección de candidatos por primarias entre los militantes de cada partido, coalición o agrupación de electores, con la finalidad de implantar, de una vez por todas, un sistema de partidos auténticamente democráticos, en lugar de la partitocracia oligárquica que impera en la actualidad. La circunscripción electoral se acercará al elector, mediante distritos electorales básicos, con la finalidad de que los elegidos representen, realmente, a sus votantes. Sin embargo, para evitar una excesiva fragmentación en el voto, se establecerá una circunscripción única nacional, 50 sobre los 350 del Congreso, que se distribuirán proporcionalmente al voto nacional que cada candidatura obtenga.

4º.- Se suprimirá el Tribunal Constitucional, que ha demostrado ser solo una Institución política, en lugar de un auténtico tribunal de garantías constitucionales de Derecho. A estos efectos será el Tribunal Supremo, con una Sala especial de garantías, la que resolverá sobre los recursos de constitucionalidad, conflictos y de amparo. Esta Sala estará formada por el Presidente del T.S, que la presidirá, por los presidentes de las Salas del T.S y, así mismo, por el magistrado de mayor antigüedad en el escalafón de cada una de las Salas, en un número total que deberá ser impar, a fin de evitar, en todo caso, que haya un voto de calidad por parte del presidente. Se restablecerá el recurso previo de inconstitucionalidad, especialmente en materia de los estatutos de autonomía, para evitar que pueda entrar en vigor un estatuto que estuviera sometido a juicio de inconstitucionalidad. Las sentencias, en materias de constitucionalidad, deberán fallarse en un plazo máximo de seis meses, que se reducirán a la mitad en los recursos previos de inconstitucionalidad.

5º.- El Fiscal General del Estado no deberá ser elegido por el Gobierno, sino por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos. Se evita, así, que se convierta en el Fiscal General del Gobierno de turno.

6º.- El Consejo General del Poder Judicial, formado por veinte miembros, serán elegidos en su totalidad por los magistrados y jueces, nunca por órganos políticos. La Justicia dependerá, en todas sus facetas, por el CGPJ, suprimiéndose el Ministerio de Justicia, y así se desterrará, de una vez por todas, una Justicia politizada, garantizándose un Tercer Poder absolutamente independiente de las contingencias políticas del momento.

7º.- Será obligatorio el respeto del castellano en todas las partes del territorio, sin perjuicio de su compatibilidad con las otras lenguas oficiales de cada comunidad autónoma.

8º.- Junto con la Moción de Censura y de Confianza, se establecerá la institución del proceso de Destitución del presidente del Gobierno, en los supuestos de grave incompetencia y dejación de sus funciones constitucionales, a través de un proceso judicial, a instancias de un tercio del Congreso, y resuelto por la Sala de Garantías Constitucionales del Tribunal Supremo. En el supuesto de que prospere, el Presidente sería destituido de su cargo y se nombrará uno nuevo a través del mecanismo correspondiente, sin perjuicio de inhabilitar al cesado para ejercer tal cargo en el futuro.

9º.- Se garantizará una Hacienda nacional que distribuya los ingresos y gastos del Estado de forma equilibrada, respetando el principio de solidaridad interterritorial e impidiendo que una comunidad autónoma pueda gozar de privilegios en este sentido. Todos los españoles serán iguales en derechos y obligaciones, independientemente del lugar en donde resida.

Ha llegado la hora de la sociedad civil

Se quiera o no reconocer, guste o no guste, España vive un momento histórico de fin de un ciclo: El de la Segunda Restauración, que comenzó en el año 1975.

La triple crisis que sufre el país, es decir, la institucional, la económica y la moral, ha finiquitado el régimen de la Transición y la Constitución de 1978. La última guinda del pastel ha sido el no acatamiento por parte del binomio Gobierno de la Nación- Cataluña, de la Sentencia sobre la inconstitucionalidad de determinados preceptos del Estatuto de Cataluña.

En este sentido, este hecho histórico, que a mi juicio resulta ya indudable, viene a recordar el fin de otro periodo de nuestra Historia reciente y que culminó cincuenta años de la primera Restauración borbónica. En el año 1923, cuando la dictadura de Primo de Rivera, puso término al Estado Liberal y a la Constitución de 1876, la que, hasta el día de la fecha, más tiempo ha estado vigente en España.
Tras siete años de una dictadura, que como su mismo nombre indica, fue “provisional”, en los prolegómenos del 14 de Abril de 1931, un grupo de intelectuales españoles firmaron un manifiesto que se publicó en el diario El Sol el 10 de febrero de 1931, con la intención de hacer público la constitución de la Agrupación al Servicio de la República que, como en el mismo documento se aclara, no tenía una finalidad directa de ser un nuevo partido político sino, por lo contrario, servir de base a una movilización nacional para la reconstrucción de un nuevo Estado, a partir de las ruinas del anterior.

Pues bien, y a pesar del lapso de tiempo transcurrido, resulta muy elocuente hacer una lectura atenta del contenido inicial de este documento histórico, y que dice así:

“Cuando la historia de un pueblo fluye dentro de su normalidad cotidiana, parece lícito que cada cual viva atento sólo a su oficio y entregado a su vocación. Pero cuando llegan tiempos de crisis profunda, en que, rota o caduca toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales, es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública. Es tan notorio, tan evidente, hallarse hoy España en una situación extrema de esta índole, que estorbaría encarecerlo con procedimientos de inoportuna grandilocuencia. En los meses, casi diríamos en las semanas, que sobrevienen, tienen los españoles que tomar sobre sí, quieran o no, la responsabilidad de una de esas grandes decisiones colectivas en que los pueblos crean irrevocablemente su propio futuro. Esta convicción nos impulsa a dirigirnos hoy a nuestros conciudadanos, especialmente a los que se dedican a profesiones afines con las nuestras. No hemos sido nunca hombres políticos, pero nos hemos presentado en las filas de la contienda pública siempre que el tamaño del peligro lo hacía inexcusable. Ahora son superlativas la urgencia y la gravedad de la circunstancia. Esto, y no pretensión alguna de entender mejor que cualesquiera otros españoles los asuntos nacionales, nos mueve a iniciar con máxima actividad una amplia campaña política. Debieran ser personas mejor dotadas que nosotros para empresas de esta índole quienes iniciasen y dirigiesen la labor. Pero hemos esperado en vano su llamamiento, y como el caso no permite demora ni evasiva, nos vemos forzados a hacerlo nosotros, muy a sabiendas de nuestras limitaciones.”

La triple crisis terminal que sufre la Nación española, posiblemente la más compleja y peligrosa de su Historia, obliga a que los ciudadanos que estamos comprometidos por el futuro de nuestra convivencia nacional tengamos la obligación de hacer una reflexión urgente sobre sí nuestro papel debe permanecer en el anfiteatro, a modo de meros espectadores o, por el contrario, debamos asumir un protagonismo más directo en el devenir de los acontecimientos.

En esta tesitura, soy de la opinión que la opción más cívica es la segunda, es decir, que ha llegado la hora de la sociedad civil, la cual, ante la irresponsabilidad e inutilidad manifiesta de la clase dirigente que rige nuestros destinos, no tiene más opción que poner freno a una deriva global. A pesar de que la Constitución de 1978 está herida, posiblemente de muerte, todavía está vigente un precepto que puede y debe articularse, vertebrador del nuevo Estado que tiene que venir: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, artículo 1.2.

El pueblo español, como único sujeto constituyente legitimado, está esencialmente representado por su sociedad civil, por encima de estamentos, grupos de influencia o la clase política. Y, ante la gravedad de los hechos, cada vez más se evidencia la necesidad de que reaccione con la finalidad de recuperar el sendero racional y sensato de la unidad nacional, la democracia representativa y los valores de esfuerzo, responsabilidad y talento en la vida pública.

Más o menos como denunciaron los intelectuales en Febrero de 1931. Porque, no nos engañemos, la situación es tan límite que no se solucionaría solo con una mera alternancia del partido en el poder. A igual que el cáncer, la metástasis ha llegado a un nivel de profundidad en el tejido del Estado que ni una operación quirúrgica de urgencia evitaría el desastre que se nos viene encima.

No es por dramatizar, sino ser coherentes con el momento histórico que nos ha tocado vivir. Y, vuelvo a repetir, en esta encrucijada solo la sociedad civil tiene la suficiente fortaleza y legitimidad de invertir la tendencia. Sin embargo, el tiempo corre en nuestra contra.

ZP: El Gran Timonel

En los fastos de la celebración por el décimo cumpleaños de Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE, éste ha ejercido, una vez más, como Gran Oráculo, afirmando: “Pues ahora os digo que estamos mucho mejor de lo que parece y lo vais a vivir", y todos los presentes, a unísonos, aplaudieron a rabiar, de forma, aparentemente, entusiasta.

Cuando un líder pierde toda credibilidad popular, aferrándose al cargo, tiende a huir hacia delante, pronunciando frases que quedan en la Historia. Rodríguez Zapatero, cada vez que habla, tiembla el Planeta y sube, exponencialmente, el precio del pan. Pero, el problema no es éste, sino el culto a la personalidad que los altos cargos socialistas han hecho del PSOE. Ya, ni siquiera, parece un partido demócrata, sino más bien un ejemplo de aquellos partidos comunistas de los años oscuros del Siglo XX, como durante el estalinismo o el maoísmo.

Así, el Gran Timonel, Mao Zedong o, más conocido, como Mao Tse-Tung.

Cuando muere Mao, el 9 de septiembre de 1976, a igual que ocurrió con el fallecimiento de Stalin, las masas populares escenificaron momentos elocuentes, con millones de personas en las calles, llorando, como si fuera a venir el Fin del Mundo. Es la demostración palpable de hasta dónde puede llegar el culto a la personalidad.

Rodríguez Zapatero no ha cambiado, ni el poder tampoco le ha hecho cambiar, sino que, lo real es justamente al revés, él ha transformado, radicalmente y en un giro de ciento ochenta grados, el PSOE. Tanto es así que de esas siglas ya sobran tres de sus cuatros elementos, ni socialista, ni obrero y, por supuesto, ni español, aunque diga, en otras de sus afirmaciones pintorescas, que su “partido” es el que más se parece a España. Será a una España futurible, totalmente destrozada y desvertebrada, en todo caso.

Por cierto, y para acabar, si fuera militante socialista me echaría a temblar.

Rodríguez Zapatero, el Gran Timonel, el Oráculo, ha condenado al PSOE, mejor dicho, al PZP (Partido de Zapatero), a un inminente desastre, al decir que “están mucho mejor de lo que parece y lo vais a vivir”. Haciendo un inciso final, ¿recuerdan ustedes cuándo en las Navidades del 2006 afirmó que el fin del terrorismo estaba cerca y que el año siguiente iba a ser mejor que el que terminaba?. Veinticuatro horas, ETA, voló la Terminal de Barajas.

El PSOE, como organización política, le quedan dos telediarios, a fuer de ZP.


Una nueva década ominosa

Se conoce como “Década Ominosa” el periodo histórico que comenzó el 7 de abril de 1823, con la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis, que puso final al Trienio Liberal, y finalizó diez años después, con el comienzo del Reinado de Isabel II.

Pues bien, en la tarde del 22 de julio, se ha conmemorado una nueva “Década Ominosa”, caracterizada, como la primera, por la llegada al poder de un líder, Rodríguez Zapatero, que ha impuesto una forma de hacer política, de Gobernar y de vender el “socialismo”. A pesar del “buen talante”, lo cierto es que, tras diez años de secretaría general, el PSOE se ha convertido en un partido que no tiene nada que ver con el PSOE de Felipe González ni con la socialdemocracia española desde la renovación del Congreso de Suresnes, celebrado, aún en la clandestinidad, los días del 11 al 13 de octubre de 1974, cuando un joven socialista sevillano alcanzó la secretaría general de un partido socialista, propiciando el tránsito desde unas bases marxistas guerracivilistas a una socialdemocracia liberal moderna, homologándose a los partidos socialdemócratas europeos.

Rodríguez Zapatero no es un socialdemócrata, ni mucho menos. A pesar de su “talante”, ha demostrado, en la práctica y en la realidad de los hechos consumados, ser un extremista, un demagogo, un radical y un intolerante que solo acepta a aquellos que predican un pensamiento único y excluyente. Entre sus logros se encuentra la ruptura con la mayoría socialdemócrata del partido, la exclusión de los líderes más cualificados y la imposición de un modelo de partido que no es ya tal, sino solo una secta de adeptos.

Desde la llegada de este señor, en España ya no hay un centro izquierda representativo. Se ha cargado a un partido con más de dos siglos de historia, y una tradición de defensa del interés general y de un concepto de Estado.

Todavía, a estas alturas, tras diez años, no llego a comprender como los militantes del PSOE  pudieron permitir que un anodino diputado por León, sin ningún tipo de prestigio personal, alcanzara el liderato. Comprendo que habían sufrido dos derrotas electorales, la de 1996 y, especialmente, la dolorosa del 2000, cuando la derecha en este país, por primera vez en democracia, consiguieron una mayoría absoluta. Pero, ¿realmente merecía la pena hundirse en el fango elevando a la máxima responsabilidad a alguien que no se lo merecía?. Mucho mejor hubiera sido, a pesar de todo, haber elegido al, actual, presidente del Congreso, José Bono, porque, si bien no es perfecto y adolece de defectos indudables, al menos este señor aún conserva y conservaba un concepto moderado y racional de la política, por no decir un concepto de España como Nación.

El PSOE, tras diez años de zapaterismo, está totalmente hundido en el fango de la Historia. Y, evidentemente, se necesita, por el bien del sistema, un partido socialdemócrata, una de las dos columnas del edificio, junto con un partido liberal-conservador. A semejanza de los países más avanzados, como en Alemania o Reino Unido.

La vulneración de lo dictado por el TC: un supuesto gravísimo contra el Estado de Derecho

Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional no tienen un valor meramente “formal” o “simbólico”, sino que poseen una fuerza vinculante a todos los poderes públicos, los cuales, a su vez, tienen la obligación de acatarlas y hacerlas acatar, en los términos que se dispongan en las mismas.

Los preceptos que regulan tal acatamiento y cumplimiento son los siguientes:

Artículo 164 de la Constitución:
"1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una Ley o de una norma con fuerza de Ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos."

Artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional:
"Uno. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado."

Artículo 9 de la Constitución:
"1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
(...)
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos."

Ahora bien, en el supuesto de que una Comunidad Autónoma, a través de su órgano de Gobierno, se planteara, de forma directa o indirecta, el no acatamiento y cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en sentencia de recurso de inconstitucionalidad, estaríamos en un supuesto claro de insumisión al ordenamiento jurídico constitucional y, a mi juicio, habría que aplicar lo dispuesto en el artículo 155.1  de nuestra Constitución que, a su vez, dice lo siguiente:

"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general."

Pero, avanzando más en esta situación, para el hipotético supuesto de que por parte de alguna Autoridad, ya fuera del Gobierno de la Nación, ya fuera de una Comunidad Autónoma, persistieran en su actitud de insumisión y no acatamiento a lo dictado por el Tribunal Constitucional, mostrando una postura férrea y contraria a lo resuelto, en todo o en parte, y provocando un claro y evidente perjuicio, gravísimo, contra el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho y el imperio de la Ley, que obliga al cumplimiento, sin ningún tipo de reserva mental, de las sentencias del TC, estaríamos, por lo tanto, en el límite, no ya de una situación de conflicto institucional, sino, peor aún, en el ámbito propio del Código Penal, en cuyo artículo 544, regula el delito de sedición, en los siguientes términos:

“Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.”

El problema no es ya menor. Se está llegando, o rozando, a extremos que comienza a quebrar la fibra sensible del Estado de Derecho. Una sentencia del T.C, guste o no guste, debe de acatarse y cumplirse, sin más discusión posible. El Gobierno de la Nación tiene el imperativo legal de hacer que se cumpla y el Gobierno de la Comunidad Autónoma afectada, guste o no le guste, la obligación de acatarla. A no ser que se quiera cambiar las reglas de juego y reformar la Constitución en aquellos apartados concernientes al punto de infracción, es decir, al reconocimiento de Cataluña como Nación, en igualdad de condiciones que España, y a la concesión del derecho de autodeterminación, como tránsito a su independencia final. Pero no con subterfugios, sino por la vía legal, que así está ya prevista, artículos 167 y siguientes de la Constitución.

Lo que no se puede consentir es el intento de vulnerar una resolución de inconstitucionalidad a través de vías paralelas o de hechos consumados, vengan de donde procedan. De lo contrario, de consentir y propiciar tal actuación, si así sucediera, lo que implicaría es retornar al pasado, justamente en lo sucedido en Octubre del 1934 en Cataluña, cuando el Gobierno catalán, de entonces, se rebeló contra el legítimo Gobierno de la República, proclamando el Estado catalán.
La diferencia básica de los dos momentos históricos es que, a diferencia de lo que está haciendo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el de entonces, no permitieron la rebelión, y se hizo cumplir la Ley. Ahora, en cambio, se pisotea el Estado de Derecho y se estimula el desacato y el respeto a la Constitución.

Los nuevos charlatanes

Mi padre, niño de la guerra y, peor aún, post guerra civil, me comentaba sobre determinados individuos que, en esos tiempos difíciles de penurias y hambruna, cuando la gente se morían a chorros, bien por no comer o mal comer, bien por coger cualquier enfermedad, de entonces graves, ahora no tanto, como las tifus o tuberculosis, entre otras muchas, éstos señores se dedicaban a deambular de pueblo a pueblo, engañando a la pobre gente inculta o analfabeta, promocionando la venta de productos “mágicos” o, simplemente, milagrosos, que curaba todo o servían para casi todo, pero, al final, no era más que puros engaños y estafas. Se les conocían con el apodo de “charlatanes”, ya que, como su mismo nombre indica, se dedicaban a eso, precisamente, a hablar y hablar, con una prosa interminable y sugestiva, con el único objetivo de vender su asquerosa mercancía, a costa de la buena fe de un pueblo que se encontraba, anímica y físicamente, en las últimas.

Evidentemente hacía referencia a los años 40 y primeros de los 50. Estos charlatanes eran muy populares en las plazas públicas y, casi siempre, se salían con las suyas, hasta que, más tarde o temprano, solían ser detenidos por las fuerzas públicas, a consecuencia de las denuncias de las pobres víctimas.

Pues bien, tras cerca de 60 años, esta especie de “charlatanes” han vuelto de nuevo, aunque revestido de un traje diferente. No son los mismos impresentables que vendían productos más falsos que Judas, sino ahora tienen traje de marca y se dedican a la política, vendiendo ideas e ilusiones, como si fueran rosquillas del mercado, cuando, en realidad, no hacen más que ofrecer al ciudadano puras “bagatelas”, cortinas de humos transitorias para alejarlos de la evidencia de la triste realidad del presente.

De entre todos ellos destaco la figura del que considero, sin dudas alguna, el Gran Maestre de la Orden de los Charlatanes, a modo de líder de una nueva forma de masonería: José Luis Rodríguez Zapatero. Debo de reconocerlo, el presidente del Gobierno es una auténtica figura mediática. En este sentido, su capacidad de hablar, de torcer el lenguaje, de engañar a todos, afirmando una cosa y negándola poco después, es increíble y tiene muy pocos contrincantes.

Y, eso, que la clase política española no destaca, precisamente, por su altura de miras y formación intelectual, sino todo lo contrario. Pero, a pesar de todo, no hay parangón posible. Rodríguez Zapatero es una especie aparte. Yo, incluso afirmaría, que es el Superhombre de los Charlatanes, la versión más mejorada de esta clase de gentes.

El problema es que, a los españoles, le gusta mucho que le engañen con buenas palabras, antes de que les digan la verdad. La política se ha convertido en eso, es decir, en el arte de estafar y engañar al prójimo, prometiendo lo que no se puede dar y dando resultados nefastos. Ni Maquiavelo lo hubiera podido aventurar.

¡Qué buen personaje de la picaresca hubiera resultado Zapatero en el Buscón Don Pablos, de Quevedo o en el Lazarillo de Tormes¡. Como buen aprendiz de brujo, ha resultado ser el charlatán por excelencia. Ni mi padre, en sus peores sueños, habría podido prever un personaje de tal naturaleza, a pesar de todas las cosas tan horribles y trágicas que le tocó vivir.

Por cierto, mi padre era de profesión tipógrafo, como el fundador del PSOE y de la UGT, Pablo Iglesias. Siempre me comentaba que tenía mucho orgullo de su profesión, así como admiraba, profundamente, a éste, con una clara sintonía ideológica por lo que, de buena fe, consideraba que era el socialismo, como representante de la lucha por la igualdad y por el obrero.  Si él hubiera podido comprobar hasta dónde podían haber llegado estos señores del puño en alto. Menos mal, no lo ha sufrido. Hubiera sido, radicalmente, injusto, constatar como la izquierda congela pensiones, recorta salarios y, se enriquece sus miembros, a costa del poder. Los nuevos señoritos.

El problema de los nacionalismos y su definitiva solución

A medida que se va conociendo más el contenido de la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña más perplejo se queda uno con la desproporcionada reacción nacionalista en respuesta a una resolución que, a la postre, colma sus aspiraciones en un gran porcentaje. Pues, vamos a ver, el famoso “preámbulo” ha sido, a la postre, respetado, al no haber sido declarado inconstitucional, y la “nación catalana”, se reconoce, por vez primera y con refrendo del Alto Tribunal, con valor histórico, cultural, lingüístico y, sobre todo, de naturaleza “ideológico- político”. ¿Qué más quieren, la soberanía, la independencia sin más?

En el fondo, lo que late en toda esta polémica “ficticia”, no es más que los capítulos de un guión previamente diseñados por el PSOE- PSC, y sus socios nacionalistas e independistas: La cuestión es cambiar el modelo de Estado, desde uno autonómico, aunque unitario, a otro confederal y plural, pero sin cambiar la Constitución, ya que, para lograr esta reforma, vía constitucional, habría que seguir los requisitos establecidos en el artículo 168, es decir:

“1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.”

Evidentemente, a nadie se le escapa que la “mayoría de dos tercios”, que en lo que respecta al Congreso, requeriría obtener un número de apoyos equivalente a 232 votos, o sea, necesitando la colaboración con el PP, lo que impediría, de facto, la consecución del objetivo reformador. Y, no digamos ya, el que los españoles, en su conjunto, ratificara una reforma que significaría la auto desintegración nacional, ya que no se trataría de ir a un Estado federal sino a uno confederal, que no es lo mismo; el primero, federal, es sinónimo de unidad; el segundo, confederal, de separación. Tan fácil como repasar, en los libros de Historia, la guerra de Secesión de los EEUU y discursos al efecto del presidente electo Abraham Lincoln. El federalismo no tiene absolutamente nada que ver con lo que se propone por esta "entente cordiale" representada por ZP, Montilla, Mas, Carod-Rovira y CIA.

Como, por lo tanto, no es posible llegar al Estado plurinacional y al reconocimiento del derecho de autodeterminación, o derecho a “elegir”, a través de la vía legal y previamente establecida en nuestra Constitución, Rodríguez Zapatero, el “aprendiz de brujo”, trazó y pactó, antes incluso que llegara al poder, un plan estatuario sorteando a la Constitución y, tras una sentencia benévola, obviar el fallo de la misma mediante un nuevo fraude de Ley, reformando leyes orgánicas puntuales, en lugar de ir, como se debiera, a la reforma constitucional.

El embrollo es de tal calibre que, para justificar el absurdo y el escándalo, se está propiciando una cortina de humo y de ruido aludiendo al “agravio comparativo e institucional”, presuntamente infringido a la sociedad catalana.

En este entuerto, resuenan, en el tiempo, las palabras lúcidas y proféticas de José Ortega y Gasset, cuando el 13 de mayo de 1932, en el debate parlamentario sobre el primer Estatuto de Cataluña, afirmó lo siguiente:

“El problema catalán y otros parejos que existen y han existido en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Y al decir esto no quiero significar con ello no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los otros españoles. Éste, insiste, es un problema perpetuo que ha existido siempre antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista.”

El problema es que, los socialistas, nacionalistas e independistas, no quieren parar la máquina, una vez encendida la mecha. Nunca se sentirán satisfechos con lo logrado, es decir, un nivel de autogobierno que más de un Estado federado de Alemania quisiera tener. Por que, en el fondo, no nos engañemos, no desean “restaurar el pacto constitucional”, como ellos dicen, sino conseguir la ruptura del marco constitucional del 78, a través de la abrogación, sin reforma previa, del artículo 2º, la superación del Título VIII, y la adaptación de lo que se salve de la Constitución al único texto que ellos consideran aceptable, un Estatuto que no es tal, sino una nueva Constitución, con efectos jurídicos que trasciende el territorio de Cataluña.

Esta es la única realidad nacional. Todo lo demás, como que la culpa la tienen los recurrentes, especialmente el PP, no es más que una pura y burda falacia.

Si no lo vemos claro, y no reaccionamos el resto de los españoles, catalanes que no estén por la independencia incluidos, no habrá margen alguna a la supervivencia del Estado. Vendrá otra cosa bien distinta, muy posiblemente una desmembración en trozos de una Nación con varios siglos de historia.

Hoy por hoy, lo único que impediría lo casi inevitable sería un pacto entre el PSOE, una vez apartado Rodríguez Zapatero del poder, con el PP, con los siguientes objetivos:

1º.- Reformar la Constitución para asegurar la viabilidad del Estado, recuperando competencias básicas y estableciendo un límite máximo de competencias de las comunidades autónomas, como sucede en los Estados federados de nuestro entorno, especialmente, de Alemania.
2º:-  Reformar la Ley Electoral, a fin de que sólo los partidos con un 5% de votos a nivel nacional pueda estar representado en el Congreso de los Diputados, impidiendo la sobrerepresentación de los partidos nacionalistas.

El canto de las sirenas

En la Odisea hay un relato muy revelador de cómo hay personas que se dejan embaucar por las falsas apariencias de los datos cortoplacistas, aunque sean muy positivos para sus intereses, y dejándose así llevar por una especie de “música celestial” van derechos al desastre. En concreto, Ulises impide que su tripulación cayera en ese peligro poniéndoles cera en los oídos.
Tras el Debate de la Nación, el presidente del PP ha caído en el error más peligroso, dejarse engañar por la música que le indica que está muy cercar de la Moncloa. Craso error, añadiría yo.

En primer lugar, los más de diez puntos porcentuales de diferencia que le dan las encuestas no refleja más que una tendencia, coyuntural y, por definición, voluble, de un electorado que se encuentra perplejo ante una realidad que no entiende ni ha digerido: La de una crisis económica sin precedentes. En este contexto, resulta muy sugerente que, a pesar de esta diferencia tan considerable, en cambio, el líder del PP está aún peor valorado que el presidente del Gobierno, lo que evidencia una contradicción innegable.

Yo no sé si Mariano Rajoy llegará a ser, algún día, presidente del Gobierno, pero de lo que sí estoy completamente seguro es que carece de la más mínima aceptación de una mayoría social por parte de los electores. No tiene carisma suficiente para arrastrar a las masas, solo a los suyos. No hay otra explicación posible. Y, en este país, todavía se vota más por la persona que lidere el proyecto que por el partido en sí mismo considerado. De ahí que tanto ZP como el PSOE estén tan tranquilos, a pesar de los datos negativos demoscópicos.

Pero, y en segundo lugar, aún falta mucho tiempo para las elecciones del 2012, porque anticipadas no va a ver, no nos engañemos. Demasiado tiempo como para que no se pueda invertir la cresta de la ola. Un tiempo que no va a jugar a favor de la oposición, a no ser que la crisis se agrave en grado sumo. Y, ni por esas.

Con Rajoy, ZP duerme muy tranquilo y aún espera su tercera victoria electoral.

Por este motivo sería, a mi juicio, oportuno considerar la eventual existencia de una alternativa a la alternativa, es decir, que a lo mejor es necesario articular un proyecto al zapaterismo que no pase por la obstinada posición de un líder más que gastado en la labor opositora. Personalmente no tengo nada en contra del Sr. Rajoy, pero la realidad es como es, y los datos objetivos de empatía son tozudos: A la derecha de ZP no se vislumbra una alternativa clara, solo interrogantes y oscuridad. Así de claro.

"Cataluña, nación política, según ZP"

Como colofón al funesto Debate sobre el Estado de la “Nación”, Rodríguez Zapatero, a la sazón, presidente de España, ha dejado, muy claro, cuál es su concepto de la “nación”, eso sí, y según su propia y genuina interpretación, avalada por la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. En este sentido, ha proclamado, de forma indubitada, que “Cataluña es una “nación política” y así lo ha expresado, con claridad, el Tribunal Constitucional, aunque desde el punto de vista jurídico- constitucional, no lo pueda ser”.

Antes de entrar en el análisis de la afirmación del presidente del gobierno, lo que se requiere es hacer un esfuerzo serio de precisión y, para ello, reseño el contenido literal del apartado del fundamento jurídico de la STC en dónde, efectivamente, hace la alusión al concepto de “nación”, y que se puede leer a la página 469 de la misma, con una simple descarga en Internet:

“ En atención al sentido terminante del art. 2 CE ha de quedar, pues, desprovista de alcance jurídico interpretativo la referida mención del preámbulo a la realidad nacional de Cataluña y a la declaración del Parlamento de Cataluña sobre la nación catalana, sin perjuicio de que en cualquier contexto que no sea el jurídico-constitucional la autorepresentación de una colectividad como una realidad nacional en sentido ideológico, histórico o cultural tenga plena cabida en el Ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima.”

Pues bien, como se puede observar, el T.C, aunque de una forma a mi juicio muy endeble, como bien han enfatizado y criticado los votos particulares de cuatro magistrados del mismo tribunal, no habla ni hace referencia a una “nación política”, compatible  con el ordenamiento jurídico, sino de un sentido “ideológico, histórico o cultural”, a no ser que, para la peculiar psiquis de Rodríguez Zapatero, “político” sea equivalente a “ideológico”. El concepto político de la nación es una redundancia inútil, porque “nación” es, sobre todo y antes de todo, una realidad política. Tanto esto es así que en el hipotético supuesto de que llevara razón, y el TC hubiera refrendado el concepto “político” de la nación catalana, la consecuencia obvia sería que de una forma directa y jurídica, la definición de España como “Nación”, y “fundamento de la Constitución” que se regula en el artículo 2º de nuestra Ley de leyes, se hubiera, con carácter definitivo e indudable, dinamitado, saltado por los aires.

Haciendo un pequeño inciso, recuerdo como a principios de los años 80, fruto de la elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, comenzaron a editarse manuals de Teoria del Estado y Derecho Constitucional, a la luz del nuevo régimen surgido de la Transición. El Sr. Rodríguez Zspatero, apenas dos años mayor que el que suscribe este articulo y, por lo tanto, de mi misma generación, que coincidimos a nivel académico en el mismo periodo generacional, recordará este evento, cuando teníamos apenas veinte años de edad. De los diferentes manuales, uno de los más prestigiosos era el publicado, precisamente desde Cataluña, por el catedrático J.A González Casanova, catedrático en esa época de la Universidad de Barcelona, que llevaba ese mismo título. Pues bien, en la obra citada, en su página 120 (primera reedición, 1981, Editorial Vicens-Vives), se puede leer lo que sigue, a propósito del concepto de Nación y de soberanía nacional:

"Tampoco la idea de Nación jurídico-política impide su propia contradicción interna de impedir que un sector de la Nación-Estado adquiera personalidad propia, alegando ella también que quiere ser Nación-Estado. Por definición, la Nación como un todo unitario no admite la personalidad jurídica de ningún <<sector>>. Lo único particular son los trabajos, pero todas las funciones son públicas o del todo. Los estamentos, los gremios, los partidos, los reinos o regiones, todo queda absorbido por el Todo Nacional. La Nación requiere, así concebida, un Estado centralizador, sin poderes intermedios. La secesión de un trozo del territorio nacional será un crimen de lesa Patria. La Nación jurídica no admite las naciones naturales que, con voluntad de ser naciones políticas, pretendan, en seguimiento de la teoria de Sieyés, constituirse en Estado nacional. La causa es bien sencilla: la idea de Nación, tal y como se ha impuesto modernamente para caracterizar al Estado, fortifica popularmente la lógica interna que presidió la formación de los Estados y su principio de soberanía: todo Estado es incompatible con otro en su propio seno. Todo Estado implica unidad. Toda Nación-Estado refuerza esa unidad."

Por cierto, el profesor Gonzalez Casanova, constitucionalista procedente de Cataluña, era un miembro ilustre universitario de la izquierda de entonces, la misma que promulgaron el Estatuto anterior al vigente. Sin perjuicio del reconocimiento jurídicio de las autonomías y nacionalidades históricas, era de sentido común su realidad dentro del contexto de la indisoluble unidad de la Nación española, fundamento de la Constitución y de lo que se conocería, desde entonces, como el Estado de las autonomías. Sus palabras, en el tiempo transcurrido, cobrarían, hoy mismo, una innegable actualidad, como una reflexión profética de lo que iba a acontecer, a modo de deriva, treinta años después.

Como estudiante de Derecho político, a igual que el joven Rodríguez Zapatero, fuí formado en este mismo concepto teórico, de manual, de la Nación. El presidente del Gobierno, muy posiblemente, habrá compartido el mismo manual.

Tras este inciso, tengo que reconocer que, ideológicamente, cada uno puede pensar y opinar lo que quiera. De hecho, el PNV, en la anterior legislatura, con el Plan Ibarretxe, en sus dos versiones, afirmaron, con la mayoría del Parlamento Vasco de entonces, que el País Vasco era un “Estado libre asociado”. Eso sí, el TC, en este caso, no tuvo ningún reparo de considerarlo nulo por abiertamente inconstitucional. Es decir, lo ideológico no puede ser equivalente a lo político, aunque constituya una pieza previa que, en su caso, y con el refrendo de la soberanía nacional a través de su único titular legitimado, que es el pueblo español en su conjunto, pudiera pretender un cambio constitucional en el sentido que se quiera. Pero, mientras esto no suceda, políticamente solo existe, hoy por hoy, una única “Nación” reconocida en la Constitución, la española. Ni la catalana, ni la vasca, ni otra que pudiera surgir en un efecto rebote.

Con esta afirmación, a Rodríguez Zapatero se le ha visto el “plumero”, se la ha caído la “careta”. Para él, España no es una Nación, sino una realidad plurinacional, a la que hay que defender, aún a costa de no acatar al TC, o ignorar la voluntad popular. Este es, de hecho, la única verdad del presidente del gobierno. Un insensato irredento, intolerante ideológico extremo, que sólo ve lo que quiere ver, faltando el respeto al ordenamiento jurídico y constitucional que los españoles nos quisimos dar el 6 de diciembre de 1978.

Un presidente en el país de las maravillas

No se trata de tener ánimo de descalificar per se, pero es que el Sr. Rodríguez Zapatero no hay manera, humana, posible de poder hacerle un análisis positivo.

Un discurso, triunfalista, en el primer día del debate sobre el Estado de la Nación, con todo lo que ha llovido en los dos últimos años, muy especialmente en los difíciles días de mayo, cuando estuvieron a punto de intervenir a España por su situación técnica de suspensión de pagos y, todavía, este señor se atreve a afirmar que somos la novena potencia mundial.

Yo, sinceramente, creo que este hombre tiene un problema muy serio, a nivel personal, y que no se da cuenta de la realidad. Vive en un mundo artificial y virtual, donde las cosas no son lo que son, sino lo que él quiere que sean. Es bastante triste, que una persona pueda padecer un cuadro psicológico tan difícil, pero peor aún es que tenga la máxima responsabilidad del Gobierno.

¿Es que no hay nadie en su partido que se atreva a decirle la verdad de las cosas?. ¿A qué jugamos, a decir mentiras para que dentro de unos pocos meses volvamos de nuevo al sendero de la recesión y de la ruina, esta vez ya, total?

Comprendo que el hombre esté, como muchos, muy contento por el éxito de la selección nacional, de su “roja”, como él se encargó de definirla. Pero, por mucho que seamos la campeona mundial, no por ello los números y las realidades cambian automáticamente. Y, de verdad, lo que hay que temer es a los mercados internacionales.

Todavía no he escuchado la réplica de Rajoy. Pero, como no sea capaz de reaccionar, proporcionalmente, a la tremenda gravedad de la situación de este país, me temo lo peor.

Un gesto emotivo

Vivimos en el seno de una sociedad abiertamente opaca, falsa y aparente, donde la dictadura de lo políticamente correcto impone las pautas de conducta a la que debemos, todos, que seguir la obediencia. Pues, de vez en cuando, y a Dios gracias, no sucede esto.

De este modo ha habido, recientemente, un gesto muy emotivo, no ciertamente ajustado a las reglas de la apariencia pero, sin duda alguna, brotando de la espontaneidad y la sencillez. El beso del capitán de la selección española, Iker Casillas, a su novia, periodista, tras el éxito conseguido de un mundial.

Comprendo que no siguió la reglas, pero, de modo particular, considero que ha estado muy bien, y no por vulgarizar la cuestión.

De igual forma destaco los gestos de alegría, espontaneidad sana y sinceridad por parte de la Reina, al bajar al vestuario y felicitar, de un modo natural y al natural, a todos los jugadores se la selección. Una muestra más de que, en muchas ocasiones, lo que importa es la humanidad en lugar de las falsas apariencias.

Se podrá argumentar en contrario, en el sentido de que, para tener buena educación, siempre hay que cuidar las formas. Y, a lo mejor, hay parte de razón en ello. Pero, con el corazón en la mano, estoy con la Reina y con Iker.

Basta ya de tantos paripés. En España hace falta, como el comer, una buena dosis de sinceridad, transparencia y honestidad. Y, en este trance, ellos lo han demostrado con muy buen sentido común.

Les felicito a ambos y ojalá los demás siguiéramos su ejemplo. Sería como una bocanada de aire puro, muy necesario en tiempos tan difíciles.


La ruptura del concepto de nación, según el TC

Una vez redactada la sentencia del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto, en lo que respecta solo al planteado por el PP (todavía están pendientes los interpuestos por el Defensor del Pueblo y determinadas comunidades autónomas), efectivamente el TC argumenta el sentido del fallo, en su primer apartado, en lo que se priva de “alcance jurídico interpretativo” la definición de Cataluña como nación, en el Preámbulo, y en los siguientes
términos:

“ En atención al sentido terminante del art. 2 CE ha de quedar, pues, desprovista de alcance jurídico interpretativo la referida mención del preámbulo a la realidad nacional de Cataluña y a la declaración del Parlamento de Cataluña sobre la nación catalana, sin perjuicio de que en cualquier contexto que no sea el jurídico-constitucional la autorepresentación de una colectividad como una realidad nacional en sentido ideológico, histórico o cultural tenga plena cabida en el Ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima”.

Coincidiendo plenamente con los votos particulares de los magistrados Víctor Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez- Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, el Tribunal Constitucional ha errado en la interpretación de la Constitución en lo que concierne a la clara determinación de que sólo es posible una Nación en España, según se dispone en su artículo 2º.

Por otra parte, el TC se equivoca al entender que “nación” tiene una interpretación jurídico constitucional, por cuanto es justamente lo contrario, es decir, que es la Nación española la que, en uso de la soberanía nacional, establece el marco constitucional que se quiere, legítimamente, otorgar. No hay más poder constituyente que el de la Nación española, y no al revés. Los conceptos “ideológicos, históricos o culturales” del concepto de “nación” son, precisamente, los fundamentos que instituyen a la misma para otorgar el poder constituyente, por lo que, al reconocérselo a la “nación catalana”, tal como se reproduce en el fundamento jurídico de la sentencia del TC, no hace más que otorgar una legitimidad y reconocimiento jurídico, de forma implícita, justamente lo que se ha querido conseguir por parte de los partidos nacionalistas catalanes y el PSC.

Como bien se razonan por parte de los cuatro magistrados discrepantes, en sus votos particulares, la indecisión, relativismo y falta de concreción calculada, por parte de los magistrados mayoritarios, lo único que han conseguido es avalar, de forma definitiva, el reconocimiento de que sea compatible y legítimo, en nuestro ordenamiento jurídico, la existencia de dos naciones en este país, la española y la catalana. El privar de “eficacia jurídica interpretativa” no tiene mayor alcance práctico, ya que sólo se hubiera evitado un reconocimiento de los conceptos de “nación” y “realidad nacional”, si hubiera existido, que no ha sido así, una declaración expresa y clara de inconstitucionalidad.

Como muy bien razona el magistrado Sr. Rodríguez Zapata, en su voto particular, “no me parece suficiente que el fallo se limite a privarlo de “eficacia interpretativa”- no de validez formal-, cuando es obvio que subvierte la decisión esencial de toda la Constitución y que “desconstruye” la indisoluble unidad de la Nación española”. Más claro, agua.

Por todo ello, no puedo entender la manipulación mediática e informativa que por parte del Tripartito y CIU se ha hecho de esta sentencia del TC, como si no se hubiera reconocido el meollo de sus reclamaciones soberanistas. A partir de ahora, Cataluña es una nación, en igualdad de condiciones que la española, se quiera o no reconocer. Esta expresión de “privar de efectos jurídicos interpretativos” no es más que una falacia jurídica que encumbra una cesión intolerable a una presión por parte de un sector de Cataluña, con el apoyo expreso de un Gobierno de España que han conseguido su propósito final: La ruptura de la unidad nacional, reconocida por la Constitución de 1978, que no es ya, más, que papel mojado y sin necesidad de haberla reformado según Ley.

Esta es la triste “realidad nacional” de una Nación bicentenaria que, tras la decisión de seis personas, ha dejado de existir, justamente en unos momentos en que millones de españoles se ilusionan, como espejismo en el desierto, de los éxitos deportivos de una selección nacional deportiva que, por la puerta grande, eso sí, se despide como tal en el escenario internacional. España ha dejado de ser una nación única e indisoluble. Que los nacionalistas catalanes y de otros territorios lo disfruten.

Por cierto, ha dicho José Blanco que, con esta sentencia, "El PP ha perdido".

¿Quo Vadis, PP?

Según estudios contrastados por parte de los principales expertos en la Segunda República, uno de las causas que precipitaron la victoria del Frente Popular fue el caso de corrupción política conocido como “Estraperlo”, que afectó directamente al principal partido de Gobierno, el Radical, que gobernaba en coalición con la CEDA.

Al caer el Partido Radical, que representaba el centro moderado republicano, se produjo una polarización hacia los extremos, en dos bloques diametralmente opuestos, con el resultado que todos ya sabemos: Un Frente Popular dirigido por los partidos más extremistas, que no creía en lo que ellos denominaban “república burguesa”, y una Acción Popular, más cercana a los corporativismos de las ideologías antidemocráticas que, en esa década de los 30, predominaban el continente europeo.

La corrupción política es, por lo tanto, el cáncer terminal de las democracias. Sí no se corrigen en tiempo y forma, constituyen un serio peligro para el sistema, favoreciendo la irrupción de nuevas especies de extremismos o sectarismos de todo tipo. El centro político, en este sentido, es necesario para evitar nuevas polarizaciones, favoreciendo el consenso y el sentido común.

La derecha española ha sido, por naturaleza, siempre proclive a caer en casos de corrupción en sus filas. Aparte del Estraperlo, durante la Monarquía de Alfonso XIII, también proliferaron corruptelas, las cuales, favoreció la Dictadura de Primo de Rivera y la caída de la Monarquía; durante la Transición, sin embargo, la historia de la UCD fue, en palabras del hispanista Payne, “breve pero brillante”, con un grupo de personas altamente cualificadas, responsables y muy emprendedoras. El acierto de la Transición no se puede entender sin el papel de los centristas, muchos de los cuales, desgraciadamente, ya no están con nosotros.

Ahora, en cambio, y sin perjuicio de exigir el respeto a las formas, a la presunción de inocencia y el cumplimiento de la Ley en las investigaciones policiales y judiciales, lo cierto es que en el seno del PP son ya muchos los casos investigados por presunta corrupción en sus filas, especialmente en la Comunidad de Valencia. Dice el refrán popular que “cuando el río suena, agua lleva”, y mucho está sonando el río popular.

En un país, como el nuestro, con una situación política y económica muy grave, posiblemente la peor desde la reinstauración de la democracia, es necesario la existencia de una alternativa al Gobierno. Este papel lo asume, casi en exclusividad, el PP, al ser el único partido de ámbito nacional que puede llegar al Gobierno. Otras formaciones, como IU o, más recientemente, UPyD, no, por diversos motivos. IU porque está fagocitada por el PSOE de ZP. UpyD por tener un periodo de vida casi inexistente, y solo viene a representar a Rosa Díez, la cual, sin perjuicio de su gran valía, no es más que una diputada en el Congreso, además su formación padece de una indefinición ideológica fruto a su escasa vida política.

Guste o no, el PP es la única salida razonable a Rodríguez Zapatero. Es por esta razón que no es nada conveniente lo que le está sucediendo a nivel interno, con tantas causas abiertas por corrupción. El problema serio se plantearía si los ciudadanos nos estuviéramos abocados a lo que se conoce como la “Alternativa del Diablo”, es decir, que entre dos soluciones malas, haya que escoger la menos mala. No hay salida a la crisis sin que se pueda encauzar una alternativa al poder actual que genere confianza, ilusión y esperanzas.

Hoy por hoy, desgraciadamente, no veo este tipo de alternativa en España.

A lo mejor lo que ocurre es que es un problema subyacente de falta de liderazgo en el centro derecha. Si hubiera un líder con carisma, a lo mejor estaríamos en el principio de la luz del túnel.
A lo mejor lo que sucede es que no es buena la polarización PP-PSOE, y es necesario una especie de catarsis de los dos partidos mayoritarios, a fin de que surja una nueva generación de políticos, más preparados, responsables y transparentes, al estilo de los políticos de antaño de la UCD. Es muy posible que así sea.

Un funesto y terrible aniversario: una coincidencia inoportuna

El próximo martes, y 13, se conmemora el aniversario del asesinato político de José Calvo Sotelo, que preludió el comienzo de la Guerra Civil en España.

Gracias a Dios no hay comparación posible entre la situación política y de radical enfrentamiento social de aquella España del 36 y la actual, dónde la inmensa mayoría de ciudadanos nos negamos a aceptar el extremismo, el odio y la venganza.

Pero, no sé sí por coincidencias del momento, percibo unas ciertas similitudes en el modo de procederse a la detención del diputado a las Cortes, y prácticas aún no aclaradas en la forma de detener al Presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Vuelvo a repetir, no hay comparación posible entre ambos sucesos. Ni es la misma época histórica, ni hay intencionalidad de liquidar físicamente al adversario, ni se han saltado todas y cada una de los requisitos legales para la práctica de la detención. Pero, a pesar de ello, asusta solo el constatar que, tras más de veinticuatro horas después, por parte del Ministerio del Interior no se ha aclarado, suficientemente, las preguntas y cuestiones sobre el modo, tan irregular, de practicar una detención, sin autorización previa judicial y con filtración previa a nivel político.

Vamos a ver. A primeros del mes de Julio del funesto 36, era un rumor a voces que se quería atentar contra Calvo Sotelo, entre otros líderes de la derecha.

De hecho, había recibido amenazas directas de muerte en el mismo hemiciclo, por parte de destacados líderes de la izquierda más extrema, y desde el mismo Gobierno, que no controlaba los grupos de pistoleros de la calle, representantes de las milicias armadas de partidos legalizados, habían puesto en alerta al diputado monárquico. Sin embargo, todo fue inútil y, tras la excusa de la represalia por el asesinato del teniente Castillo, miembros de la Guardia de Asalto penetraron, de forma ilegal y sin orden judicial previa, en el domicilio de Calvo Sotelo y se lo llevaron a la fuerza. Parece ser que éste, al principio, se resistió a tal detención ilegal, con las siguientes palabras: “¿Detenido? ¿Pero por qué?; ¿y mi inmunidad parlamentaria? ¿Y la inviolabilidad de domicilio? ¡Soy Diputado y me protege la Constitución!”.

Similitudes: La primera, no entender por qué se le detiene ni informarle de los motivos, la segunda, y la más fundamental, no aclarar, suficientemente, que era una detención no judicial sino solo policial, propiciando la confusión en el detenido.

Diferencias: Estamos en Julio del 2010. España es un Estado democrático y de Derecho. Nuestro Gobierno es democrático y gozamos de un Poder Judicial independiente. No hay razones de enfrentamiento social, ni conflictos entre clases. No hay margen a la ilegalidad en la detención de cualquier ciudadano.

Desde mi modesto punto de vista, no hay parangón posible. Lo de Calvo Sotelo constituye una desgracia histórica más, en tiempos muy difíciles. Pero, por lo que nos conviene a todos, no se debe permitir el más mínimo margen a la duda.

El Sr. Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, debe comparecer de inmediato en el Congreso y dar explicaciones fehacientes y completas de la actuación policial, explicando las dudas planteadas en la forma de hacer la detención, además de explicar a los españoles de por qué informó al Líder de la oposición, momentos antes, sobre lo que iba a ocurrir.

La detención técnica a instancias de la policía

Recientemente se ha producido, a instancias de la Policía, la detención del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Joaquín Ripoll, de la que se ha producido la lógica conmoción y alarma social evidente. Sin entrar en valoraciones mediáticas o políticas, considero oportuno aclarar determinados conceptos técnicos, pero sólo y exclusivamente desde el punto de vista jurídico.

En primer lugar hay que aclarar que lo que se denomina “detención técnica o gubernativa”, es decir, la que se practica por las fuerzas y cuerpos de seguridad sin previa autorización judicial, es del todo acorde en Derecho y suele practicarse con regularidad si bien, necesita que se cumplan determinados requisitos legales, en concreto, lo contemplado en el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para no ser excesivamente exhaustivo, sí hay que aclara que en el caso del Sr. Ripoll, al no estar previamente procesado o encausado en la causa en cuestión,  se situaría su detención en lo previsto en el apartado 4º del citado artículo 492, que dice lo siguiente: “ La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener: (...) 4º. Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 1º. Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2º. Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él.”

Como la actividad de la Policía Judicial merece el mayor de los respetos, entiendo y espero que la referida detención se haya verificado con estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

Ahora bien, en segundo lugar, toda detención policial, aún con este carácter gubernativo, requiere que se informe al detenido de las causas y de los motivos de su detención, especialmente porque así viene contemplado en el artículo 17 de nuestra Constitución, en sus párrafos segundo y tercero “:2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.”

Hay que tener en cuenta que la indebida aplicación de las leyes en materia de detención de ciudadanos está castigado en el Código Penal y, en concreto, como delito de detención ilegal que, en el supuesto de ser autor un funcionario policial, estaría castigado, en el artículo 167 del mismo Código, con penas, entre otras, de inhabilitación absoluta entre ocho y doce años, además de privación de libertad, en su mitad superior. Por este motivo y especial protección, no puedo imaginar que ningún funcionario policial o autoridad gubernativa tuviera la tentación de saltarse, ni una coma, las garantías y derechos de los detenidos. Es que sería realmente impensable.

Es que si fuera al contrario, estaríamos en una representación del Proceso de Kafka, por no decir una realización de un acto delictivo o autoritario propio de un Estado de corte fascista o dictatorial, nunca de una democracia europea y occidental.

Por todo ello, y para el bien de todos, a fin de evitar la confusión y la alarma social, se debería dejar bien sentado que en España no se practican “detenciones” fuera de la Ley ni previamente reguladas en la misma, y que, sin perjuicio de la connotaciones mediáticas o políticas del detenido, siempre se respetan los derechos de información exigidos en nuestra Constitución. La menor sombra de duda sería letal para nuestro sistema de Justicia.

La hemiplejia moral del pensamiento único

En la Rebelión de las masas, el maestro Ortega y Gasset afirmó, con rotundidad, que “ser de izquierdas es, como ser de derechas, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral”.

De todas las formas posibles e imaginables que un Gobierno sectario tiene de ser un inútil es la de someter a la población a un estado de “tensión permanente” con el único objetivo de pescar en río revuelto y obtener un rédito electoral en los sectores más extremistas de la izquierda en ese país.

Todo parece indicar que tras este semestre presidencial de la Unión, Rodríguez Zapatero, ha iniciado una estrategia marcada por la crispación continua, consciente de la tremenda pérdida de votos populares a consecuencia de su nefasta gestión política, especialmente en lo que se refiere a la crisis económica y al paro.

Un último ejemplo, y botón de muestra,  es la imposición de una multa escandalosa a un medio informativo alegando una presunta acción homófoba en el contenido de un vídeo publicitario. El problema no es tanto si el hecho en cuestión sea legal o no, o sí, siendo ilegal, estuviera ajustado a Derecho la sanción en cuestión. El problema último y de base es la utilización, a posta, de un mecanismo de castigo a un medio de comunicación por el simple hecho de no estar a favor de sus políticas.

El sectarismo es un peligro en cualquier democracia avanzada. Si pudiéramos establecer una línea de separación entre un régimen democrático y uno dictatorial estaría, precisamente, en el respeto a la libertad de expresión, sin censuras previas, como aún se contempla en nuestra Constitución. En el caso de nuestro país, a este ritmo, cada vez se parece más al país de Chavez (Hugo) que el de Chaves (Manuel), teniendo en cuenta que en Venezuela lo primero que hizo su presidente fue el restringir la capacidad de hacer oposición de aquellas fuerzas sociales y políticas no afectas al Gobierno, cerrando todos aquellos medios, tanto escritos como audiovisuales, que no eran de la cuerda oficialista.

En este contexto a uno se le viene a la memoria, histórica otra vez, del famoso viaje que el insigne socialista Fernando de los Ríos realizó a la Rusia de la Revolución, en el año 1921, que consagró en su libro “Mi viaje a la Rusia Sovietista”, en el que, observando la falta de respeto a los derechos y libertades más fundamentales y, concretamente, a su pregunta de cuándo se iba a instaurar la libertad de opinión y de prensa, Lenin le contestó, “libertad, ¿para qué?”. Ejemplo de manual sobre cómo se las gastan los sesudos líderes del pensamiento único, del que Rodríguez Zapatero es ya un avezado y muy avanzado aprendiz.

Es inaceptable la deriva autoritaria de este país. Como liberal, personalmente me da exactamente igual que la multa se hubiera impuesto a un medio de “derechas”, como si hubiera sido  de “izquierdas”. El problema es la sanción y el castigo como mecanismo de control de las masas, demostrativo de una hemiplejia destinada a fomentar la crispación y el enfrentamiento entre los españoles, que nos retornan a tiempos oscuros y funestos. Me consta, en este sentido, que son ya muchos los socialistas, demócratas antes que militantes, que abominan de este presidente y de esta imposición del pensamiento único y excluyente. A estas alturas no me cabe duda alguna que, hasta la celebración de las próximas elecciones generales, seremos testigos de cosas increíbles, en el seno de una democracia, que era madura, pero sometida por este Gobierno de Zapatero a una deriva autoritaria sin precedentes en los últimos treinta años, pareciéndose, cada vez más, al que, en los prolegómenos del 18 de julio de 1936, se dedicó, con ahínco y sectarismo lacerante, a cerrar periódicos y medios contrarios al Frente Popular, por no decir, a perseguir, hasta sus últimas consecuencias, a los adversarios políticos, tratándoles como enemigos a abatir en lugar de respetables miembros de la oposición democrática.

España necesita ser reconstruida: el síndrome del estado insostenible

El ex presidente Aznar ha hablado, recientemente, de las consecuencias de la sentencia del Estatuto de Cataluña, haciendo referencia a lo que él califica de “Estado fallido”, es decir, y desde el punto de vista constitucional, del crack de un modelo de Estado, el autonómico, una vez descontrolado su desarrollo a partir de la reforma estatuaria de Cataluña. Además de Aznar, muchos prestigiosos personajes y expertos, tantos nacionales como internacionales, han estado denunciando los peligros inminentes de una ruina nacional irreversible en España.

El tema, en cuestión, no sería ya de las implicaciones particularistas de un estatuto de autonomía, sino el hecho de sí con el desarrollo incontrolable del modelo autonómico es realmente sostenible el conjunto del Estado. Y, la respuesta, es bastante negativa.

Para afrontar, con serenidad, el problema habría que remontarse al origen del problema. Como todos sabemos, La Transición democrática heredó un modelo centralista de organización territorial. La Constitución pactada de 1978 quiso superar este esquema centralista a partir de un nuevo modelo que se quedó a la mitad entre una simple descentralización administrativa, como los Departamentos franceses, y un Estado puramente federal, como los Lánder alemanes. En este sentido, recuerdo mis primeras clases de primero de Derecho, a principios de los 80, cuando me explicaban, que se había forjado un tipo híbrido autonómico, de tipo cuasi federal.

El resultado de todo ello es el discutido y  discutible Título VIII de la Constitución, los tres primeros estatutos de las denominadas comunidades históricas, el fiasco del estatuto andaluz tras los trapicheos del referéndum del artículo 151, el 28 de febrero de 1980, que ocasionó la crisis final del último gobierno Suárez, la chapuza legislativa de la LOAPA, que al final quedó solo en “LPA”, porque, constitucionalmente, no podía ser ni orgánica ni armonizadora; los pactos de 1992, entre las dos principales fuerzas políticas, que intentaron reconducir el proceso, la llegada de los gobiernos en minoría, tanto del PSOE, en primer lugar, como del gobierno Aznar, en segundo lugar, mediatizados políticamente por el nacionalismo catalán.

Y, de este modo, llegamos al otoño de 2003, con unas expectativas electorales del PSOE francamente a la baja y con un escenario de un nuevo gobierno, con mayoría absoluta o rozándola, del PP, que incitó a un irresponsable candidato a prometer, que “en el hipotético supuesto de llegar al poder, respetaría y acataría el Estatut que viniera de Cataluña”.

En el Pacto del Tinell, tenemos el origen del problema, en su fase terminal.

Después de 30 años, el resultado es que tenemos un modelo de Estado, más cercano a una confederación asimétrica que a un federalismo fuerte y equilibrado. La Constitución de 1978, en lo que respecta a la cuestión territorial, ha sido abiertamente superada, se quiera o no reconocer.
Además, y lo que es peor, es que no es financieramente sostenible el resultado final. Con un déficit de las administraciones públicas en torno al 12 por ciento, la mayoría del mismo procede, precisamente, de las comunidades autónomas, cuyo grosor ha dinamitado la capacidad del conjunto para sostenerse con un mínimo de solvencia y garantías. Esta es la triste realidad, ignorarla, aunque políticamente correcto, nos llevará, a muy corto plazo, a la ruina nacional y a la caída como Estado.
Hemos creado un monstruo estatal. España no tiene capacidad propia para sostener este amasijo de “cantones feudales” a 17 que ahogan las arcas públicas, impidiendo la recuperación del país. Por lo tanto, no se trata de ir en contra de las aspiraciones de Cataluña como pueblo, sino de evitar el inevitable colapso del Estado español. El Estatuto del 2006 es, desde el punto de vista económico, suicida, al dinamitar, desde dentro, las posibilidades reales de una sociedad ya de por sí bastante asfixiada por la caída en picado de la producción y el paro.

Estamos, por lo tanto, en la UVI, y necesitamos, urgentemente, respiración asistida. No se puede mantener un sistema o modelo confederal en este país, y no es tanto por cuestiones ideológicas, sino por una sencilla razón práctica:

El Estado no lo puede aguantar y, a este ritmo, reventará más pronto que tarde. España no es Alemania ni tiene su fortaleza económica, y aún así, en su momento, se reformó el sistema federal para fortalecer al Estado federal, a costa de los estados federados; si los alemanes, con más fortaleza, no tuvieron más remedio que hacerlo, con mucho más motivo nuestra necesidad es aún más imperiosa y perentoria. No hay tiempo  que perder.

Por lo tanto, solo caben dos alternativas a este problema: O reiniciamos el proceso, con una reforma constitucional que otorgue una mínima sostenibilidad al Estado central, recuperando competencias exclusivas en materias básicas o, en otro caso, habría que plantearse sí no sería mejor dejar caer el Estado, por su propio peso, aunque sea a costa de la unidad nacional. La avaricia rompe el saco, y la nacionalista es excesivamente avariciosa.

La crisis económica ha servido como paradigma para reflejar el verdadero estado ficticio de España, y la insostenibilidad de un modelo confederal a la deriva. El error del Estatuto de 2006 puede llevarnos a la liquidación de un país, previa intervención de la Unión, por no tener posibilidades financieras propias de recuperación. Es imposible poner de acuerdo a uno más diecisiete minis estados.

Hace, justamente, ochenta años, y en concreto, el 15 de noviembre de 1930, José Ortega y Gasset publicó su famoso artículo, “El error Berenguer”, en el diario El Sol. Antes de finalizar con su pronunciamiento de Delenda este Monarchia, afirmó lo siguiente: “No existe el Estado español. ¡Españoles: reconstruid vuestro Estado”.

El problema catalán

Viendo el espectáculo circense que se ha montado a raíz de la publicación del fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, especialmente las manifestaciones absolutamente desaforadas del Presidente Montilla, espoleando a Rodríguez Zapatero para sortear, como “sea”, las consecuencias de unas anulaciones parciales de unos pocos preceptos del texto, por una cuestión más de cosmética y de imagen que de implicación real en el desarrollo estatuario, por ser éste prácticamente inexistente, al haber sido refrendado en su inmensa mayoría, lo que realmente me viene a la memoria es el ejemplar discurso del parlamentario Ortega y Gasset hace cerca de setenta años, en el año 1932, al hablar del “problema catalán” y respecto a la aprobación del Estatuto de Cataluña de ese año.
Ortega, en este debate, concluyó, de forma solemne, de la siguiente manera:

“Digo, pues, que el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista; que es un problema perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar.”

Tras siete décadas, en un ejemplo de que la teoría filosófica del “eterno retorno” tiene una base muy real, una vez más los españoles, y dentro de ellos, los catalanes, tenemos y tienen que sufrir las consecuencias tan inútiles de un debate premeditadamente falso: El problema de la soberanía.

Porque, en el fondo, de lo que se trata es de esto, sí una parte de la Nación española, representada por la conjunción de cuatro provincias, se le pueden reconocer una parcela independiente de soberanía, pasándose por el forro la proclamación de la Constitución de 1978, que solo reconoce al pueblo español en su conjunto como único titular de la soberanía popular. ¿Es que no hay otro problema en este país y en Cataluña que defender la soberanía del pueblo catalán, en paridad e igualdad de condiciones que el del resto del territorio del Estado?.
Esta controversia, como argumentaba Ortega en su discurso del 32, es más propia de otra época, muy anterior a la unificación peninsular de 1492. Habría que remontarse, por lo tanto, al periodo del feudalismo, dónde señores feudales disputaban el poder al soberano del reino, en una lucha entre “iguales”. Es, por lo tanto, hacer una regresión histórica hacia el pasado, en lugar de mirar al futuro de la sociedad, tanto española como catalana. Nadie, en su sano juicio, puede hacer bandera de una lucha tan absurda como estéril.

El conllevarnos es una tarea de pactar un punto final a esta disputa, tan inútil como innecesaria. Los catalanes necesitan tener un Gobierno y una clase política que luchen por la prosperidad y el bienestar del pueblo como, de igual forma, el resto de los españoles necesitamos una demanda exactamente igual.

El sindicalismo de Parque Jurásico

Tras el fracaso del diálogo social, a consecuencia de la cerrazón de los planteamientos de base de los denominados “sindicatos de clase”, que realmente no sé a que “clase” representan a estas alturas, lo único que se trasluce es la inconsistencia de un tipo de sindicalismo, más propio de las estructuras sociales del Siglo XIX que del XXI.

Vamos a hacer un poco de historia. El sindicalismo surge como respuesta a la Revolución Industrial y al esplendor del sistema capitalista en los Estados modernos occidentales, muy especialmente en EEUU y en los países europeos. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del comunismo, los sindicatos dejan de tener ese carácter “de clase” para representar a una amplio sector de la sociedad, es decir, de los trabajadores manuales a los trabajadores de todos los sectores productivos y de los servicios, tanto públicos como privados. Así como el modelo de “proletario”, explotado y subdesarrollado, inculto y tratado con bestialidad, era propio de otras épocas del pasado, ahora, con un perfil de productor del trabajo, más culto y especialmente profesionalizado y cualificado, el modelo de sindicalismo debería haber evolucionado, al compás de los afiliados a los que representan.

Pues, parece ser que no.

En España, al menos, los sindicatos aún denominados de “clase” siguen manteniendo una imagen totalmente trasnochada, con un discurso de enfrentamiento entre obrero y patrono que huele a naftalina. Menos mal que han aparecido otros sindicatos mucho más moderno pero, evidentemente, con menos “ideologías”, y claro está, esto no les conviene a determinados partidos de izquierdas, aún más antiguos y ultra conservadores que los anteriores. Por no ir muy lejos, el PSOE, con una “O” de obrero que ya no es tal, y una Izquierda Unida, más afín a ideologías del ‘novecento’ que de esta época de la Globalización y de la Revolución de la Informática y del Internet.

Sinceramente, la pregunta sería, ¿con este modelo de sindicalismo, se pueden sustentar los nuevos retos del futuro para los trabajadores de este país?. Yo, modestamente, y como trabajador, creo que no.

Por todo ello no me extraña, en absoluto, los despropósitos y exageraciones verbales de algunos sindicalistas, como los del metro de Madrid. Son una buena muestra de que hay siglas que mejor serían ser estudiadas en los libros y manuales de la Historia. Como los dinosaurios. El problema es que aún no se han dado cuenta de que están en un periodo irreversible de extinción natural, ante su inutilidad e ineficacia en la función representativa y reivindicativa de los intereses sociales que están, constitucionalmente, obligados a defender.

Mientras tanto, siguen con sus insultos e improperios. Es algo tan patético como absurdo.

Zapatero, Demolition Man

Hace ya más de tres años publiqué una carta al Director, en varios diarios, en la que hacía referencia al comienzo de una triple crisis en España, la económica, la institucional y la moral.
Sin ánimo de querer pecar de agorero, la triple crisis se ha cumplido y con una dureza terrible. De todas formas, como ya concluía en su momento, de las tres la que más temía era la de índole moral, basándome en una argumentación que ratifico en estos momentos: De una crisis económica, aunque letal, se puede y debe salir, aunque sea con el esfuerzo y sacrificio personal de millones de pensionistas, trabajadores y funcionarios, que son los únicos pagadores de la factura social que nos ha endosado el Gobierno, que es el máximo responsable de las consecuencias de la crisis, por no haber querido poner las iniciativas y recortes en su debido momento; de la crisis institucional, también se saldrá, no sé a qué precio, pero habrá una salida tarde o temprano; si España, los españoles, superamos la funesta política de la Segunda República, la Guerra Civil y los cuarenta años del anterior régimen, con una Transición ejemplar y una Constitución de consenso, a pesar de la obra de demolición del edificio constitucional de un irresponsable, estoy convencido que, más tarde que temprano, de nuevo se recuperará el sentido común y del Estado, con un PSOE sin Zapatero y un PP centrado en ideas de modernidad y futuro que sepan aunar las ideas de convivencia, tolerancia y respeto al adversario; ahora bien, de la crisis moral, dudo mucho que podamos dar vuelta atrás, máxime cuando el cáncer del relativismo y del egocentrismo ha destrozado amplias capas de la sociedad, con una metástasis que ha invadido la mayoría de nuestros principios y valores más sagrados: El respeto a la vida, a la dignidad y al trabajo bien hecho.

Creo que es hora ya de hacer un balance a nuestro presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. No quiero pecar de sectario y me gustaría ver su obra desde un análisis puramente objetivo pero, realmente, me resulta harto difícil. Y, sinceramente, no es por su procedencia ideológica. Tras 30 años de democracia, en el PSOE ha habido líderes con una alta capacidad de gestión, como Solana o Almunia, que han sabido demostrar que ser de izquierdas no es impedimento alguno para aportar un buen balance final, con muy buenas notas.

El fallo del Tribunal Constitucional: sobre el concepto de nación

Tal como se esperaba, el pasado lunes 28 de junio, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, en lo que respecta al presentado por 50 diputados del Grupo Parlamentario del PP.

Si no estoy equivocado, esta sentencia es aún parcial, ya que no hay aún pronunciamiento sobre los otros recursos de inconstitucionalidad planteados, entre otros, por el Defensor del Pueblo y otras comunidades autónomas.

Pero, en lo que respecta a este fallo en cuestión, lo más inmediato y urgente es el de comentar el contenido, muy escueto por cierto, del primer punto, que tiene el siguiente contenido literal:

“Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto de Cataluña a "Cataluña como nación" y a "la realidad nacional de Cataluña".

Lo cierto es que resulta muy llamativo el contenido del pronunciamiento judicial de nuestro Tribunal Constitucional. Lo habitual es que la decisión, vía sentencia, tengan los siguientes contenidos:

Constitucional, Inconstitucional o, en su caso, constitucional siempre que se interprete de determinada forma. De hecho, así se establece en los puntos segundo, tercero y cuarto del fallo. Es la primera vez que nuestro TC utiliza la expresión “carecer de eficacia jurídica interpretativa” determinados párrafos de un texto jurídico, muy posiblemente debido a que hacen alusión no a normas articuladas del Estatuto sino a su Preámbulo.

De todas formas, a mi modo de ver, hubiera sido mucho más técnico el que el TC se hubiera, simplemente, pronunciado sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la afirmación de que Cataluña sea una nación o exista la realidad nacional de Cataluña, recogida en el Preámbulo. Es muy cierto que aún no se conoce los fundamentos de derecho que desarrolla el punto del fallo pero, por lo que se expresa en éste último, lo que realmente provoca es una innecesaria inseguridad jurídica.

Pues, vamos a ver, si no tienen tales expresiones “eficacia jurídica interpretativa”, ¿de qué sirve entonces que se haya mantenido la vigencia de las mismas?. Hay que recordar que el único valor jurídico que tienen los preámbulos de las leyes es su carácter interpretativo respecto al texto articulado. Lo demás, es pura fantasía jurídica.

Se quiera o no reconocer, la única respuesta sensata al punto primero del fallo es que el Tribunal Constitucional, implícitamente, viene a decir es que afirmar que Cataluña es una “nación” o “realidad nacional” es abiertamente inconstitucional, por vulnerar el contenido del artículo 2 de la Constitución, en el cual solo se reconoce, a nivel del Estado español y de todo su territorio, una única “Nación” (así en mayúscula) y una única “realidad nacional”, la de España y la “española”, sucesivamente.

Por otra parte, el concepto constitucional de “nación”, no es un tema baladí sino, por lo contrario, constituye la piedra angular de nuestro sistema constitucional, de la propia Constitución de 1978, ya que, toda ella se fundamenta en la “indisoluble unidad de la Nación española”. En este sentido, y como colofón a mi argumentación, lo de menos es el considerar la eventual fuerza interpretativa de las referencias citadas en el Preámbulo del Estatuto de Cataluña, ya que, lo único que es trascendente y tiene fuerza jurídica, es el de reconocer que tales conceptos sean o no constitucionales, algo que, evidentemente, ha sido, premeditadamente, soslayado por el T.C, por motivos exclusivamente políticos, en lugar de haber primado su imperativo categórico jurídico, enfocado desde el primado del imperio de la Ley y el respeto al Estado de Derecho.

Hay un principio elemental y primario en todas las sentencias y resoluciones judiciales, el de congruencia, que viene a significar que los tribunales de Justicia (y, entre ellos, por homologación, los magistrados del TC.), tienen la obligación de ser congruentes en los fallos judiciales que dicten, tanto con sus fundamentos jurídicos como en las debidas respuestas a las cuestiones controvertidas. Tanto por parte de los recursos presentados por el PP como por el propio Defensor del Pueblo (en éste último aún no fallado expresamente por el TC.), se impugnaban, como inconstitucionales, el Preámbulo del Estatuto, precisamente por introducir una nueva “nación” en el Estado español, infringiendo por ello el contenido expreso del artículo 2 de la Constitución y, por tal motivo, se debía haber hecho una respuesta jurídica (que no política) clara sobre este extremo, algo que no se ha verificado, lo cual constituye una infracción legal en las normas de procedimiento, por no decir, un auténtico campo de cultivo de futuras interpretaciones contradictorias, todas ellas contrarias a la seguridad jurídica, que también exige nuestra Constitución.

De todas formas, sin perjuicio de este análisis, dejo abierto un replanteamiento posterior por mi parte si en los fundamentos jurídicos de la sentencia se recoge, con claridad meridiana, el por qué tales pronunciamientos “carecen de eficacia jurídica interpretativa”, lo cual, no veo otra ciertamente, sería por tener una repercusión abiertamente inconstitucional.

Una sentencia interminable

Parece ser que, una vez más, incluso en el mismo momento en que redacto este articulo, el Tribunal Constitucional va a dictar la sentencia sobre los recursos contra el Estatuto de Cataluña.

Mucho se ha hablado, comentado y discutido sobre esta sentencia tan esperada como retardada. Sin embargo, no voy a entrar, esta vez, en las importantísimas cuestiones de fondo, como especialmente el del concepto de nación. Ya habrá tiempo para ello, una vez se conozca el contenido de la resolución. Lo que sí es hora ya de comentar la cuestión de forma, es decir, la dilación en cuatro años en tomar la decisión.

Es verdad que el asunto es de una tremenda complejidad, al afectar a un texto que tiene más de doscientos artículos, prácticamente una “constitución” de facto. Pero, lo que no es nada razonable es que se haya dilatado tanto tiempo en decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un Estatuto que trasciende a la simple demarcación territorial que regula, al afectar al conjunto del Estado, incluso diría más, al futuro más inmediato de España en su conjunto. Resulta, inadmisible, que esto haya ocurrido, potenciando un cúmulo exagerado de fricciones, manifestaciones y presiones, por parte de todos, tanto los que estaban a favor como en contra.

La única conclusión positiva de todo este entuerto es que se necesita, vía urgencia, una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de que, una de dos, o se establezca un plazo máximo para dictar sentencia, como podría ser seis meses, lapso de tiempo más que razonable o, en otro caso, se reinstaure el recurso previo de inconstitucionalidad, que hubiera impedido la entrada en vigor de un texto con muy serios fundamentos de vulnerar la Constitución  en apartados importantes.

Lo que no es nada presentable es que un fallo tarde cuatro años en producirse.

El burka de ZP

Dentro de la polémica que el uso del burka se está produciendo en el seno de las sociedades occidentales, como en España, lo que resulta realmente llamativo es como esta prenda, caracterizada por la imposibilidad material de identificar a la persona que lo usa, puede ser objeto de un comentario alegórico en lo que respecta a nuestro presidente del Gobierno.

Antes de nada, todos ya sabemos que la utilización del burka impide la identificación del sujeto, como se ha dicho, pero, de igual forma, provoca, a largo plazo, unas secuelas inevitables al dueño que la usa, al tener una visión muy limitada y forzada, entre otras de índole psicológica. Pues bien, visto el estado de la situación, todo parece indicar que nuestro presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha estado llevando un burka desde tiempos inmemoriales.

Sería como un equivalente del cuento del rey desnudo, pero con esta prenda. En lugar de tener un traje precioso invisible, pues una muestra de su sometimiento a una ideología y unos principios sectarios.

Hasta que llegó Pearl Harbor, el pasado 12 de mayo del 2010, cuando los líderes europeos, con el apoyo del presidente Obama, le quitaron, de forma abrupta y drástica, su burka ideológico, y de un solo golpe.

El problema es que el presidente ha engañado, con su fachada ideológica, a todo el mundo, comenzando por los propios militantes del PSOE y terminando por todos estos millones de ciudadanos que le votaron en dos legislaturas seguidas. La capacidad de mentir y engañar de este señor ha llegado a términos incalculables, por no decir su habilidad innata de abducir al contrario, para llevarle al terreno interesado.

Pero, llegó la hora decisiva de la verdad. Tras la caída de su burka particular, y en situación homologable al famoso rey del cuento, ahora se encuentra completamente desnudo y transparente ante la opinión pública, sin margen alguna a seguir falseando la realidad. Pearl Harbor se lo impide, y no tiene vuelta atrás.

La nación española en la encrucijada del TC

Parece que, por fin, el Tribunal Constitucional va a dictar sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Aunque todavía  se desconoce el contenido exacto de la resolución, la más importante y trascendente dictada por el Alto Tribunal, lo que sí es seguro es el punto más neurálgico en el que girará el fallo, que es el concepto de nación. O, dicho de otro modo, si es compatible con la Constitución el reconocimiento de una nación catalana dentro de la Nación española.

En este sentido hay que entender que el concepto de “nación” puede ser visto desde diferentes contextos, el cultural, el social y el jurídico. Pero, por encima de todos ellos, hay una visión previa relativa a la configuración “espiritual” que conforma a un pueblo como un ente nacional soberano, diferenciándolo del resto de entidades nacionales contiguas. La Nación española, por lo tanto, como una realidad histórica que se escapa del campo temporal y generacional, curtido por siglos de una historia común compartida por diversos pueblos y culturas. España es una Nación, así en mayúscula, porque el pueblo español así lo aceptó, lo defendió y lo constituyó, hace doscientos años, con la primera Constitución Histórica, la de 1812. Con anterioridad lo que había era una suma de reinos peninsulares, unidos, con carácter coyuntural, por la voluntad de los soberanos, especialmente a consecuencia de uniones matrimoniales, hasta que se consiguió la unidad peninsular, primero con los Reyes Católicos y, posteriormente, con una centralización administrativa forzada con los borbones, una vez finalizada la Guerra de Sucesión y con los Decretos de Nueva Planta.

Hay que conocer la Historia antes de decidir sobre el futuro de una Nación.

Cataluña, de esta forma, nunca se constituyó en una “nación”, por la sencilla razón de que el pueblo catalán no forjó una realidad nacional distinta de la española, a la que siempre ha pertenecido. Los trágicos sucesos de la Guerra de la Independencia, desde el 2 de mayo de 1808, sirven de base documental para atestiguar que, en todo momento, el pueblo de Cataluña se alzó en armas contra el invasor exigiendo la independencia de España, de la Nación española, siguiendo el mismo impulso y sentimiento nacional que el resto de los territorios españoles.

Por lo tanto, sin entrar en la cuestión jurídica que, a mi juicio, resulta más que evidente y notorio a la luz de lo establecido en el artículo segundo de nuestra vigente Constitución, lo que hay que resaltar es que la “nación” no es el fruto de un sentimiento particularista de un sector concreto de la población, en esta caso de la sociedad catalana, sino el resultado común de todos los españoles, por encima de territorios y de culturas. La Constitución “matriz”, es decir, la de 1812, lo definió de una forma magistral, al definir a la Nación como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios” pero, a continuación, delimita el ámbito de sujeto soberano al proclamar que “la Nación es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”, artículos primero y segundo.

Un casting para la Presidencia del Gobierno:
se busca un presidente solvente

El patriotismo, según Zapatero

Una huelga no querida por los sindicatos: un insulto a los trabajadores

El país no está para bromas

El Gobierno de la Nación, tras un fin de semana intenso en noticias, como la posible intervención de España, según el Financial Times, y la convocatoria de una huelga general, lo único que le parece urgente es tramitar la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Evidentemente, este país no está, precisamente, para bromas.

Vamos a ver, como ciudadano de a pié, no tengo datos suficientes para saber la exacta situación económica en la que realmente vivimos. Ha habido tantas mentiras y medias verdades sobre cómo estamos que, a estas alturas, no me creo nada de Rodríguez Zapatero y sus ministros. Pero, de lo que no tengo duda alguna, es que hay que centrar todos los esfuerzos posibles en salir del peligro, ya que, por lo que se sabe y se ha reconocido, las cosas deben de estar “muy malas”, de “extrema gravedad”, utilizando las mismas palabras pronunciadas, no hace mucho, por el propio Secretario de Estado de economía, al que le concedo más credibilidad que a la Sra. Salgado, por supuesto.

Por este motivo me pregunto sí realmente hay tiempo y energías para dedicarse a “marear la perdiz” con historias de reformas legislativas tan inapropiadas, como innecesarias, por no decir injustificadas. La Libertad religiosa, que afecta a las conciencias de cada uno de los españoles, es un derecho constitucional que se está aplicando con una meridiana tolerancia y sentido común por parte de sus legítimos titulares. Ni hay necesidad ni es urgente, por lo tanto, reformar la Ley Orgánica, ni mucho menos someter, como en la Ley de Memoria Histórica o la Reforma de la Ley del Aborto, a la población a tensiones inútiles, sobre a favor o en contra, cuando vivimos en el seno de una sociedad democrática y suficientemente secularizada.

Si de lo que se trata es de conseguir nuevos “caladeros” de votos, lo mejor sería recuperar la confianza del electorado haciendo los deberes económicos como es necesario hacer, cumpliendo los objetivos de austeridad que nos están marcando desde Europa. No nos queda otra, por cierto. La verdad, cuando de lo que se trata es que millones de pensionistas, funcionarios, parados y, ahora, trabajadores, van a sufrir las consecuencias de una nefasta política económica, no entiendo las razones “políticas”, de perder así un tiempo que no tenemos ya.

En memoria de los ausentes (25 aniversario de la entrada en la CEE)

El 12 de junio se ha conmemorado el 25º aniversario de la entrada de España (con Portugal) en la C.E.E, actualmente Unión Europea. En los discursos conmemorativos, especialmente de S.M. el Rey, Presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, y Ex Presidente, Felipe González, he echado en falta el debido recuerdo y reconocimiento de dos figuras claves en el proceso de integración europea, los ex presidentes de la UCD, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo.

Es cierto que se hicieron referencia a todos los gobiernos de la democracia, desde el primero hasta el que, en últimas instancias, firmó el Acta de Adhesión, hace justamente veinticinco años pero, bajo mi punto de vista, no fue suficiente, ni mucho menos justo, por no decir abiertamente descortés, con las figuras de los dos primeros presidentes constitucionales. Adolfo Suárez, hoy por desgracia perdido por su tremenda enfermedad psíquica, y Leopoldo Calvo Sotelo, fallecido hace unos pocos años. Ambos, en sus respectivos periodos de gobierno, hicieron de la política de integración en Europa una de las prioridades fundamentales, durante, quizás, los peores y más difíciles años de la Transición. El espíritu de la reconciliación nacional, su profundo sentimiento liberal y de consenso, la defensa, a ultranza y hasta sus últimas consecuencias, de los valores democráticos, la entrega personal y desinteresada, fueron un denominador común en ambos líderes, los cuales, no han tenido el reconocimiento que en Justicia hubiera sido oportuno en los discursos conmemorativos del aniversario de la incorporación europea.

España es un país que no sabe reconocer la valía y la entrega de sus mejores hombres. Es un hecho desgraciado pero, así es. Precisamente en un momento tan álgido de la crisis económica, institucional y moral que sufrimos los españoles, que nos retrocede en más de 25 años de historia, hubiera sido un detalle haber testimoniado el recuerdo y el agradecimiento que todos debemos tener a los dos, dejando aparte las ideologías de cada cual. Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo han sido hombres de Estado, antes de partido. El primero, por cierto, fue el único presidente del gobierno que dimitió de su cargo, en pro del bienestar de los españoles, en lugar del suyo propio. El segundo, además, propició la alternancia democrática en este país, de forma pacífica y tolerante, sin ningún tipo de argucias ni reservas mentales, todo lo contrario que ocurre en nuestra época. Son valores que han quedado registrados en la Memoria Histórica real de nuestra Nación, nadie, que se vista por los pies, puede ponerlo en duda y, por todo ello, merecían una especial mención en el día de la conmemoración, teniendo en cuenta el tremendo trabajo y tesón que pusieron en el empeño. No ha sido así, lo cual es algo lamentable, demostrativo de la bajeza moral y pública de nuestros actuales dirigentes.

¿En qué situación económica estamos?

El viernes 11 de junio de 2010 ha corrido, como la pólvora, la noticia de que España está en una situación de quiebra inmediata, por lo que la Unión Europea está, desde ya, trabajando para una intervención urgente. La noticia ha partido de un artículo publicado en el Financial Times Deutschland, con el título "La UE se prepara para una quiebra de España".

Evidentemente, no ha transcurrido mucho tiempo desde la publicación de la noticia y la reacción del Gobierno de España, en bocas de nuestra ministra Salgado, ratificado por la misma Unión. El problema es que, con los precedentes de la Sra. Salgado y su sonora mentira del “error en el BOE”, cuando fue una rectificación en toda regla del Decretazo del mes de Mayo, la credibilidad de la palabra por parte de cualquier miembro de nuestro Gobierno está bajo mínimos, ya que se lo han ganado a pulso.

¿Por qué no nos dicen de una vez a todos los ciudadanos la auténtica verdad de nuestra situación económica, en lugar de jugar con medias verdades, que son, en definitiva, medias mentiras?. ¿No nos merecemos saber la verdad de la trascendencia de nuestra crisis?. ¿España necesitará ser intervenida ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda, especialmente la privada?.

Estas son preguntas que requieren, de forma inmediata y urgente, ser respondidas desde ya, y no solo con meras argumentaciones tangenciales. Que salga la ministra de economía, cuándo su solvencia está absolutamente desacreditada, o la vicepresidenta primera, no es ya solución alguna, ni tranquilizaría a los ciudadanos ni, menos aún, a los mercados.

Tampoco podemos esperar a que finalice las semanas que restan de la presidencia española europea ya que, al ritmo en el que se están produciendo los acontecimientos, cada vez es más peligrosa la situación, exponencialmente agravada con tantos rumores y noticias al respecto. Necesitamos que Rodríguez Zapatero hable a la Nación y nos explique la verdad de los hechos. Dar la cara frente a la ciudadanía, a fin de comprender el alcance del problema y prepararnos, con rigor y firmeza, ante las consecuencias. Sin histerias o alarmismos, pero con responsabilidad y sentido común.

Para terminar, una anécdota: Tengo una compañera de trabajo que tiene la doble nacionalidad, la española y la argentina. De hecho, presenció directamente los momentos previos del "corralito". Le he preguntado, muy recientemente, sobre su parecer en lo que está ocurriendo en España y, sí en su país de origen, tanto ella como sus compatriotas, las vieron venir o no. La respuesta que me dió fué terrible:

No, en absoluto. Al parecer nadie, en Argentina, se esperaba que los bancos, de un día a otro, cerraran y provocaran el fenómeno económico del "corralito".

Una vez más no tenemos más remedio que aprender de la lección de nuestros hermanos argentinos. Esperemos que no se repita la Historia.

La prisión perpetua revisable

A la luz de la última reforma legislativa que se está tramitando en el Parlamento, del Código Penal, ha salido a la palestra la muy discutida cuestión de la posible implantación en España de la prisión perpetua revisable, que no es lo mismo que la cadena perpetua.

Antes de entrar a analizar las posibles “bondades o maldades” de esta pena, lo primero que habría que matizar es que no es lo mismo una “cadena perpetua” que una “prisión perpetua revisable” ya que, mientras en la primera, la tradicional, se basaba en el cumplimiento de “por vida” de la prisión por parte del condenado a ella, en cambio, en la segunda, de lo que se trataría es de no determinar, en el fallo de la sentencia, una limitación exacta del periodo de cumplimiento, es decir, el año o años de fijación temporal de la condena sino, por el contrario, una indeterminación temporal,  limitada, eso sí, a su eventual revisión a partir de un mínimo efectivo de años de cumplimiento, diferentes en cada uno de los Estados dónde la misma está en vigor.

Por lo tanto, de lo que se trataría es de castigar los delitos más graves, como asesinatos, violaciones, genocidio, entre otros, con una prisión perpetua, si bien, a partir del cumplimiento de un mínimo de años, como podrían ser 15 ó 20, teniendo en cuenta la “gravedad” del delito, el penado, en cuestión, tras acreditar que se encuentra en un estado de efectiva “rehabilitación social”, podría encuadrarse en aquellos supuestos dónde su pena de prisión podría ser revisada, sustituyendo el ingreso en centro penitenciario por la salida en libertad, si bien condicionada al control de otras medidas posteriores. Para evitar la inseguridad jurídica, el tribunal sentenciador estaría obligado a fijar, en la misma sentencia condenatoria, el periodo exacto dónde la revisión temporal de la prisión perpetua comenzaría a regir.

Más o menos así está planteada, con diversos matices, en países como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia, con sistemas penales basados en principios constitucionales homologables con España. En nuestro país, por el artículo 25.2 de la Constitución, el cual establece que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Una prisión perpetua revisable, que no “cadena”, puede ser compatible con la exigencia constitucional siempre y cuando se permita que el penado, que haya seguido un tratamiento penitenciario positivo en orden a su reeducación y reinserción, demuestre un arrepentimiento real acerca de la gravedad de los hechos delictivos a los que haya sido condenado y propicie una reparación efectiva a las víctimas, tanto moral como económicamente, por lo que, tras 15 ó 20 años de cumplimiento en prisión, se vislumbre la justa revisión de la “perpetuidad” de su pena , por un periodo concreto y definitivo de prisión o, en su caso, iniciar los trámites para la libertad condicional, en los términos que ya está contemplado y regulado por  la ley.

El problema que se plantea, sin embargo, es no tanto sobre la constitucionalidad o no de esta pena sino, sobre todo, si tendría una aplicación práctica en nuestro sistema penal. En este punto hay opiniones distintas por los expertos, si bien ha que reconocer que la mayoría de los penalistas están más bien en contra, motivados por la secular repulsa que la pena de prisión tiene entre ellos. No voy a entrar en este análisis, del todo respetables, pero sí creo oportuno aportar unos principios básicos de nuestro Derecho Penal que avalarían la oportunidad de la aplicación de la pena.

En este sentido, la prevención general de las penas, que viene a enfatizar el carácter “ejemplarizante y preventivo” que tiene la efectividad real del cumplimiento de las penas en lo que respecta a los potenciales delincuentes, especialmente los más peligrosos, los cuales sabrían muy bien que, en el supuesto de consumar delitos de tal magnitud y gravedad contra los bienes más preciados, y jurídicamente protegidos, como son  la vida o la integridad física y moral de las víctimas, se les aplicaría una pena perpetua con un mínimo de estancia en prisión, sin posibilidad de una reducción del tiempo como está sucediendo, por desgracia, en la actualidad. Por no ir muy lejos, condenados por violaciones, asesinatos en masa, con centenares de años acumulados que, a la postre, en menos de una década, o poco más, se encuentran ya en libertad.

Pero, y en segundo lugar, por la aplicación del principio de proporcionalidad, entre la gravedad del delito cometido y su castigo o sanción penal. Para cualquier persona lega en la materia, o con un mínimo de sentido común, es del todo comprensible que está más ajustado a un concepto de Justicia material que un delincuente peligroso de tal calibre tenga que cumplir una pena del rigor de un mínimo efectivo de cumplimiento, 15 ó 20 años que, en cambio, se le imponga una condena en concreto, incluso con una suma de años “abultada” que, en la realidad, se traduzca en un efectivo cumplimiento irrisorio, totalmente desproporcionado a la crueldad de los hechos, dejando a la Justicia en una imagen del todo pírrica. Por ejemplo, 80 años de prisión, mientras que, al final, solo se cumpliera 8 años, más o menos una décima parte de la condena.

Los errores del faraón

Razones para una huelga

El próximo martes, 8 de junio, está convocado una huelga en todas las administraciones públicas, preludio de la que, probablemente, será general en fechas muy próximas.

El motivo para la convocatoria, según los sindicatos convocantes, es la política de recortes del Gobierno en lo que respecta a los salarios de los trabajadores públicos. Desde este punto de vista puede que esté justificado esta medida de presión y reivindicación pero, la cuestión sería no tanto sí hay razones sino el hecho de cuestionar la oportunidad de la acción.

Como funcionario público puedo estar de acuerdo en que no es justo que los trabajadores seamos los paganos de los errores de tantos años de gasto incontrolado y desproporcionado, cuyo último resultado es el recorte de mi sueldo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el colectivo de perjudicados es más amplio, especialmente los pensionistas y los dependientes, a los cuales se les van a congelar y restringir sus ingresos, no creo oportuno ni conveniente que seamos los únicos en hacer una huelga parcial. Creo, incluso, que es contraproducente para los intereses de los funcionarios.

Ahora bien, si se llegara a convocar una huelga general, otra cosa distinta sería. A pesar de que la huelga, como medio de movilización, no sea el instrumento más útil y eficaz para conseguir unos justos objetivos de la defensa de los intereses de todos los trabajadores, en el caso de que tenga un alcance general, sí cobraría un sentido práctico como sería el de mostrar una rebelión ciudadana, democrática y social, contra los errores garrafales e inadmisibles del Gobierno Zapatero. Por lo tanto, no siendo los funcionarios los únicos protagonistas de la movilización, al sumarse el resto de los colectivos afectados, es decir, la totalidad de las trabajadoras y trabajadores de este país, el apoyar una huelga general serviría, al menos, para cuestionar públicamente la desidia y falta de rigor de un gobierno absolutamente desprestigiado y amortizado. Entonces, sí, apoyaría la huelga.

Los funcionarios debemos de dejar de ser, de una vez por todas, esa especie de “clase privilegiada” que la opinión pública vende, un día y otro. El hecho de que tengamos una relación laboral “especial”, propia de la función pública, no es óbice a que padezcamos situaciones difíciles, como ha sido este recorte salarial sin precedentes o, por otra parte, la secular congelación salarial en tiempos difíciles, como aconteció, durante más de un lustro, en la década de los 90, mientras que, a nivel laboral, la revisión de los convenios colectivos y subida de los sueldos garantizado por los mismos, impide una homologación de situaciones en “lo negativo”. Tampoco es cierto que tengamos unos contratos “blindados”, puesto que en la inmensa mayoría de los funcionarios su régimen disciplinario prevé, de igual forma, la separación del servicio en faltas muy graves. Es cierto que es más fácil despedir que expulsar del servicio, pero también tiene sus contrapartidas, en tiempo de bonanza, con unas diferencias salariales entre lo público y privado realmente significativas, que nadie quiere recordar cuando se cambia de ciclo económico.

Con ello no quiero demostrar una postura “corporativa”. Como trabajador público no me quejo, asumo mi cuota de responsabilidad en la salida de la crisis, incluyendo la aceptación del recorte. Pero, como un trabajador más, creo que es hora ya de que no caigamos en la trampa de la desunión que por parte del Gobierno se pretende hacer, para evitar pagar la factura política de su pésima gestión. La unidad de los trabajadores, independientemente de su procedencia laboral o sector en el que trabaje, es ahora más necesaria que nunca, por encima de todo y dejando aparte el papel que nuestros sindicatos han representado en estos años de zapaterismo, con las consecuencias del “cariño” que, inaudita parte, le han dado al Presidente Zapatero. Si no hubiera habido tal muestra de afecto, muy posiblemente no estaríamos viviendo esta situación tan deplorable para los trabajadores.

En resumidas cuentas, huelga sectorial de funcionarios, no. Una huelga general, que tenga una intencionalidad clara contra el Gobierno, y no una mera componenda, sí.

Un laicismo extravagante

El artículo 16.3 de la Constitución proclama que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.”

Se puede discutir y, de hecho, es discutible sí a consecuencia de la redacción de este precepto constitucional España es un Estado no confesional o laico.

Las diferencias son meramente semánticas ya que, en suma, lo que nuestra constitución traza es un modelo de afrontar el “hecho religioso” desde lo que, en jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, denomina “laicidad positiva”, es decir, que si bien es cierto que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, no por eso para los poderes públicos es indiferente los sentimientos y expresiones de la religiosidad del pueblo español, lo que sería más propio de un Estado de tipo “laicista”, o de laicismo negativo si se quiere, sino que, por todo lo contrario, “tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”. Hay que observar que el verbo viene enunciado con carácter imperativo, “tendrán”, y no meramente potestativo, “podrán tener”.

Con todo esto lo que vengo a denunciar es la política laicista negativa que el Gobierno Zapatero está promoviendo en este país, cuya última manifestación y botón de muestra, es el desaguisado cometido en el día del jueves en Toledo, con la fiesta del Corpus Christi. Es incalificable, además de extravagante, que la ministra Chacón haya provocado un insulto tan alevoso contra los sentimientos religiosos y la tradición del pueblo toledano, vulnerando, de una forma tan flagrante, su obligación de acatar y respetar las “creencias religiosas de la sociedad española”, representada, esta vez, por la sociedad toledana, en una tradición de más de cuatro siglos de Historia.

Se podrá estar de acuerdo o no con las tradiciones como, de igual forma, uno, en el libre ejercicio de su libertad de creencias, podrá creer o no, y todas las posturas son respetables. Pero lo que no tiene sentido es fomentar la discordia y la tensión a costa de los sentimientos y la tradición secular de los españoles.

De todas formas, lo que resulta evidente es que, con todos los problemas gravísimos de paro y crisis económica que estamos padeciendo, lo último que sirve de estimulo y de ayuda, es crispar las conciencias de los ciudadanos con polémicas falsas e inventadas, que no venían de nada a cuento. Lo mejor que podría hacer Zapatero es cesar a su ministra de defensa, y hacerlo ya. Por cierto, quien se lo agradecería, en primer lugar, no es tanto el pueblo de Toledo sino, por lo contrario, tanto su alcalde, socialista, como el presidente de las Comunidades de Castilla de la Mancha, también socialista, a quienes la ministra no le han hecho, precisamente, un favor.

Los nuevos Hijos de San Luís

España está siendo objeto de una intervención “de facto”, aunque no de “iure”, por parte de la Unión Europea. Por tal motivo, se puede afirmar con rotundidad que, desde principios del pasado mes de Mayo, la política económica nacional no está regida ni guiada por el gobierno sino por Alemania y Francia, a través del Consejo de Ministros de economía de la Unión. Los resultados de tal intervención han sido, en primer lugar, el Real Decreto, convalidado por el Congreso con el único respaldo del PSOE, sobre medidas de recorte en el gasto público, incluyendo la congelación de las pensiones y, en segundo lugar, el eventual “decretazo” en el que se reformará la legislación laboral, abaratando el coste del despido, entre otras medidas más sustanciales, según guión previamente trazada por nuestros auténticos regidores, que provienen de Europa, no de la Moncloa.

El concepto de soberanía hay que contemplarlo muy relativizado. España no es ya soberana de sus destinos, al depender, en lo más importante, como es la política económica y social del país, de las decisiones de un organismo supranacional, la Unión Europea. Esta realidad es incuestionable, se quiera o no aceptar, si bien la culpa no la tiene el intervencionismo francés o alemán, sino el peligro inherente de las políticas internas que, de forma irresponsable, ha llevado Rodríguez Zapatero en los últimos años, caracterizado por un abuso incontrolable del gasto público que ha supuesto un incremento del déficit a dos dígitos, el 12 por ciento del PIB, con perjuicios a todos nuestros socios comunitarios, lo que justifica el lógico enfado de los mismos. Para que los profanos lo podamos entender, es como si en nuestra familia nos hubiéramos dedicados a gastar de forma incontrolable y alocada hasta llevar a la economía familiar a la insolvencia y suspensión de pagos; si pretendiéramos que un banco o, por otro lado, el ayuntamiento u otra administración pública, nos ayudaran a salir de la ruina, con subvenciones o avales, lo sensato sería que éstos nos exigieran contrapartidas y controles en el dinero que nos prestaran. Es tan sencillo como justificable.

Más o menos a Rodríguez Zapatero le han dicho: “O cambias de política o sales del euro”. Así de claro y, por tal motivo, los dos decretazos en cuestión: Al final, los pagadores son, los pensionistas, los empleados públicos, los dependientes y los trabajadores en general.

Hace cerca de doscientos años, en concreto, el  7 de abril de 1823, tropas francesas, los "cien mil hijos de San Luis", lideradas por el duque de Angulema y siguiendo instrucciones de la Santa Alianza, invadieron España con el único objetivo de finiquitar el gobierno liberal español y a petición expresa del rey felón, Fernando VII. En Europa no se podía permitir que España tuviera un régimen liberal que pusiera en peligro el absolutismo que regía en el continente. Fue la última intervención militar extranjera que este país ha sufrido en nuestro territorio. Es muy cierto que las circunstancias históricas y los tiempos son bien diferentes pero, las consecuencias y las causas, muy parecidas: Un líder que no hace las cosas correctas y un pueblo que paga, en sus carnes, los errores de los malos gobernantes.

Los descendientes de los hijos de San Luís son los mismos que, hoy en día, marcan los destinos de más de cuarenta y cinco millones de españoles. Esta es la triste realidad, un país que no es soberano de sus destinos y un Gobierno intervenido por su falta absoluta de solvencia. Pero, vuelvo a repetir, los pagadores últimos somos todos. Que no se nos olvide.


Una muy buena noticia, si fuera creíble

Según los datos oficiales, en el Mes de Mayo, ha bajado el paro en 76.223 personas. Una muy buena noticia de la que nos tenemos todos que alegrarnos, pero, sin ánimo de enturbiar la fiesta, hay algo que no me cuadra y paso a explicarlo.

Mayo suele ser un mes no sujeto a estacionalidad alguna. Por otra parte, precisamente el mes ha sido el “horribilis” para el Gobierno. Comenzó con una posible intervención del país, a estilo de Grecia, cuando la deuda española no valía prácticamente nada. Después, se produce el anuncio gubernamental del recorte drástico, especialmente trágico para pensionistas y empleados públicos. La bolsa no ha hecho más que bajar, por la reacción adversa de los mercados ante la situación interna de la economía española. Por no citar otras desgracias patrias.

Y, en este contexto tan negativo, yo me pregunto, ¿cómo es posible que se haya conseguido un aumento tan significativo de la contratación hasta llegar a las cotas más favorables de la creación de empleo no conocidas hasta hace varios años, antes de la crisis? Y, de igual forma, con un crecimiento de una sola décima superior al PIB, ¿cómo se ha podido crear tanto empleo neto? Que me lo expliquen porque, yo, con mis pocas luces y conocimientos en materia económica, no alcanzo a entenderlo.

Lo que sí comprendo es que esta cifra viene muy bien para lograr dos objetivos
perentorios: El primero, avalar la prórroga en la aprobación de un pacto entre sindicatos y empresarios para la reforma laboral, evitando así que al final de la presidencia española de la Unión se convoque y se produzca una huelga general, ya anunciada en caso de nuevo "decretazo". El segundo, dar una imagen perfecta y positiva tanto a los mercados como a nuestros “vigilantes” socios comunitarios. Es como si hubiera venido del “cielo”.

Evidentemente con todo esto no digo que sea falso el dato. A lo mejor, y así lo espero, no ha habido “cocina” en los números del Ministerio del Trabajo y, por motivos del momento, efectivamente el dato sea del todo exacto. Pero, al menos, desde lo ocurrido hace solo unos pocos meses, con el intento de maquillar la encuesta de la EPA del primer trimestre, me otorgo el derecho a la “duda razonable”. Tampoco desconozco que, ante la subida inminente del IVA a partir del 1 de Julio, se está produciendo una especie de “burbuja coyuntural” que esté favoreciendo el número de contrataciones, especialmente en el sector inmobiliario, con objeto de cerrar operaciones antes del incremento fiscal.

Entre la peste y la cólera

Un nuevo regeneracionismo: Joaquin Costa, in memoriam

En el refranero popular hay un refrán famoso que dice que “no vendas la piel del oso antes de cazarlo”. La moraleja que encierra el dicho es tan claro que no merece el mayor comentario.
En España hay muy poca tradición democrática a nivel del pueblo. Es cierto que el próximo 15 de junio se conmemora el 33 aniversario de las primeras elecciones libres, en concreto, las celebradas en el año 1977. Desde este primer envite electoral ha habido múltiples convocatorias, municipales, autonómicas, generales, con diversas alternancias políticas, desde el centro derecha, pasando por la izquierda y la derecha propiamente dicha. De todos los colores, por tanto. Pero, una cosa es la práctica del voto y otra, bien distinta, es que en el seno del tejido social haya calado el sentimiento democrático. Como sí ocurre en los países anglosajones o de cultural continental europea. En España, no.

Hasta tal punto es cierto esta tesis que, como ejemplo, se da el siguiente fenómeno sociológico: Si bien nuestro sistema político es de carácter representativo, en lugar del modelo presidencialista, lo cierto es que se produce la paradoja de que, si preguntamos al español medio, éste no diferencia, con nitidez meridiana, entre los programas políticos de los principales partidos, sólo la imagen propagandista del líder en concreto. Que si Rajoy, que sí Zapatero, como en otros tiempos eran los de Felipe González, Manuel Fraga o Aznar. Por lo contrario, preguntar si sabe la diferencia entre una política conservadora o una socialdemócrata, la respuesta sería, en la inmensa mayoría de los encuestados, el no sabe y no contesta.

Evidentemente, es también más cierto que los programas y las ideologías tienden, en la práctica, a la aproximación y confusión entre ellas. Conceptos básicos de derecha o izquierda están siendo superados por el avance inexorable de los tiempos. Pero, en una sociedad democrática avanzada, todavía hay diferencias. Una cosa es defender una política liberal-conservadora, con una apuesta fuerte en la defensa del protagonismo de la sociedad civil, y otra, bien diferente, la de tipo socialdemócrata, más proclive al intervencionismo del Estado, dejando en un segundo plano la iniciativa privada. Y, entre ambas, hay posturas mixtas, como las representadas, a nivel europeo, formaciones emergentes como el Partido Liberal Demócrata del Reino Unido o el nuevo liberalismo social del continente.

Pero, volviendo al tema en cuestión, en España no hay formación política en el contexto de la sociedad civil. La inmensa mayoría del pueblo está alejado de esta realidad, y así lo revelan las encuestas. No solo es esto sino que, además, ven en lo político un problema a solventar, en lugar de la solución propiamente dicha. Y, en parte, tienen motivos para ello, dado la escasa solvencia de nuestra clase política y del creciente fenómeno de corrupción en todas las formaciones políticas en el momento de asumir la responsabilidad de gobierno, ya sea a nivel local, autonómico o, incluso, nacional. No se trata de dar ejemplos pero, por su desgraciada actualidad, todos somos conscientes de ello.

Sea por una razón u otra la consecuencia de todo ello es que el pueblo español padece de una falta de formación pública. Y, por definición, una sociedad que no es responsable de sus destinos tiene todos los puntos a favor para fomentar la decadencia, la corrupción y la ineficacia en la gestión de los asuntos públicos. No es quitar la culpa a los políticos ineptos o corruptos sino asumir nuestra propia responsabilidad como ciudadanos libres. Los españoles somos aún más súbditos que ciudadanos. Así es la realidad.

Por lo tanto, el PP cometería un craso error si se durmiera en los laureles en el supuesto de hacer caso a las encuestas, sobre todos aquellas excesivamente positivas para sus intereses electorales. Es como si quisieran vender la piel del oso antes de cazarlo. Mientras que, en cambio, el PSOE, organización mucho más preparada, a nivel demoscópico que su adversario, lo tienen mucho más claro. Y, además, tienen razón. Los socialistas son, en términos coloquiales, listos por encima de eficaces, algo que es malo para el bienestar de los españoles a la larga, pero a corto plazo, les beneficia en sumo. El PP les ocurre, justamente, lo contrario.

Personalmente, a mi me da igual que el PP gane o no gane las próximas elecciones generales,  e igual que si las gana el PSOE o no. Como liberal que soy, no afecto a marca de partido sino a principios éticos muy concretos, como la defensa de la libertad, del progreso bien entendido y de la prevalencia de la sociedad civil, compatible con una Justicia social solidaria con los más débiles, no veo con simpatías a ambas formaciones, las cuales, alejadas del consenso y del bien común, están dominadas por la misma aspiración endogámica del poder por el poder, en lugar de mirar el bienestar de la Nación. Pero, no por ello, soy neutral o equidistante, sobre todo en la coyuntura dramática en la que vivimos en la actualidad. A falta de una formación genuinamente liberal y social, como sí hay en otros países de nuestro entorno, me gustaría que, al menos, existiera un PP y un PSOE centrado, en lugar de enroscados en su lucha ciega, alejada de los problemas reales de la ciudadanía. Pero, a pesar de ello, el problema mayor es la enorme mediocridad de los líderes y la escasa, por no decir, nula existencia de programas eficientes y novedosos para salir de la gravísima crisis que sufrimos.

No hay liderato y eso es un grave hándicap. Pero, peor aún, no hay ideas que ilusione o pueda convencer, a propios y a extraños. En esto reside el quid del problema, no tanto en adquirir una piel del oso bastante roída y podrida. Hace falta imaginación y, sobre todo, preparación. O, incluso diría más, a lo mejor la solución está en cambiar, radicalmente, las reglas de juego, con un nuevo sistema electoral que establezca las listas abiertas, primando la ejemplaridad del candidato por encima de las siglas, y unas formaciones políticas realmente democráticas, con primarias para elegir a sus líderes y con protagonismo de las bases en lugar de la cúspide de la pirámide. Es hora, en suma, de regenerarse.

Por cierto, y hablando de regeneracionismo, muy pronto se conmemorará el centenario de la muerte de uno de los prohombres más importantes de este país:

Joaquín Costa, fallecido el 8 de febrero de 1911. En su testamento político se puede encontrar la siguiente cita:

«Renovación del liberalismo abstracto y legalista imperante, que ha mirado no más a crear y garantizar las libertades públicas con el instrumento ilusorio de la Gaceta... sustituyéndolo por un neoliberalismo orgánico, ético y sustantivo, que atienda a crear y alianzar dichas libertades con actos personales de los gobernantes principalmente, dirigidos a reprimir con mano de hierro y sin tregua a caciques y oligarcas».

Muy posiblemente, si Costa viviera, concretaría la figura de los “caciques y oligarcas” en las personas de los barones y gerifaltes que dominan, con mano de hierro, las castas políticas, auténticos cánceres que están destruyendo el tejido de nuestra sociedades al nivel errático resultante.

Julio José Elías Baturones, doctor en Derecho Procesal
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