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prisma liberal

.................................... ...por Julio José Elías Baturones, doctor en Derecho Procesal y.. ..............................Profesor Asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla. .......... ............................ .............Experto en Criminología por la Universidad de Sevilla. .................................................................Gestor procesal de la Administración de Justicia



El mal menor: una última reflexión sobre el Congreso del PSOE

Se conoce como la “alternativa del diablo” a aquella en la que, entre dos pésimas y malísimas opciones, hay que escoger, siempre, la menos mala. Pues bien, en este fin de semana, comienzo del Carnaval en muchas localidades de España, se va a celebrar un congreso realmente histórico, el 38º del PSOE.

Realmente más que un evento congresual propiamente dicho es una especie de “cónclave”, por el hecho de que no se van a discutir ni ideas ni proyectos políticos de futuro, solo la sucesión de Zapatero, y en un marco de una división dramática al cincuenta por ciento.

Ni soy militante socialista ni pretendería tener el atrevimiento de aconsejar, en donde no me corresponde, que tienen que decidir los delegados en su propia casa. Allá ellos. Pero, como ciudadano afectado por quienes son los líderes que pueden dirigir a mi país, si creo tener el derecho de sentirme afectado por lo que se decida el próximo sábado. De igual forma, el nombramiento de Rodríguez Zapatero en el 35º Congreso, ha sido determinante para comprender la gravedad de nuestra situación actual. Se quiera o no reconocer, los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, son los únicos con opciones de poder gobernar a esta Nación y, por tal notoria evidencia, sus respectivos lideratos no son, ni muchos menos, una cuestión sin trascendencia, más bien, todo lo contrario.

El gobierno de los mejores

Platón, en su República ideal, postulaba una forma de gobierno dirigida por los más preparados, los más eficaces; en suma, los mejores. Se puede denominar de distintas formas pero, al final, los clásicos llevaban la razón: No hay nada peor que delegar la administración de la cosa pública en manos de los mediocres.

Nuestro filósofo de cabecera, Ortega y Gasset, en una de sus mejores obras- España Invertebrada- definía a la Nación como “una masa humana organizada, estructurada por una minoría de individuos selectos”. De este modo, cuándo en una  sociedad, la clase dirigente, perdía su excelencia, aquella se deslizaba inevitablemente, en un proceso letal de decadencia. Además, el problema se agravaba sí el mal, por encima de la responsabilidad de los gobernantes, se encontraba en el mismo seno de la sociedad civil, “en el corazón y en la cabeza de casi todos los españoles”- Ortega, una vez más-.

5.273.600 millones de parados y  22,85% de la población activa

No hay mejor  título que los datos objetivos: El balance histórico del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se resumen en esta cifra de desempleados y que, representa, porcentualmente, más del doble- 11 %- del que recibieron en 2004. Con estos datos reales, bien podría el PSOE aprovechar su congreso en Sevilla para hacer acto de contrición “laica” y pedir perdón a la sociedad española, por el daño que ha infringido.

No es demagogia. Todo gestor se califica, asimismo, por su trabajo. En 1996, el PSOE también dejó el gobierno con un 23 por ciento de desempleo y sin ningún requisito para poder entrar en el Euro. Por lo tanto, a semejanza de lo que se exige en la Justicia, ya hay dos sentencias “sociales” que han sentado jurisprudencia.

El PSOE no es un partido que represente a los trabajadores y los más desfavorecidos sino un clan sectario que solo se representan a ellos mismos.

Cada vez que toman las riendas del Poder son como las cigarras del cuento o, si se prefiere el símil histórico, como ese Atila, Rey de los Hunos, que arrasaba por todo aquel lugar por donde pasaba, sin dejar, ni siquiera, las yerbas bajo sus pies. Esta es la realidad de un  socialismo hispánico que, desgraciadamente, padecemos.

De la reforma de la Justicia

El Ministro de Justicia ha presentado una batería de reformas en relación a la Justicia, todas ellas con un mismo común denominador: El cumplimiento real de las propuestas electorales en temas de una enorme resonancia social como es el de la instauración de la pena de prisión permanente revisable, la modificación de la Ley del Menor, la reforma de la Ley del Aborto, la modificación del sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, por citar las más importantes.

Se trataría de legislar en una materia especialmente sensible: El concepto de Justicia material. Porque, desde el punto de vista de la Teoría del Derecho, podemos distinguir entre una Justicia Formal y otra Material. La primera, en torno a los medios e instrumentos formales en que se protege a los ciudadanos contra aquellos comportamientos antisociales más peligrosos y atentatorios contra los bienes jurídicos más preciados, la vida, la libertad, la seguridad pública; la segunda, en cambio, es bien distinta. La Justicia Material es el resultado real del sistema jurídico penal, la constatación de sí nuestro ordenamiento jurídico responde a las expectativas de defensa de los derechos e intereses legítimos de los justiciables, en el sentido de Tutela Judicial Efectiva que contempla el artículo 24.1 de nuestra Constitución.

El problema se plantea en los “casos” en concreto: La realidad es que los delitos, las penas, actualmente vigentes, son notoriamente insuficientes para frenar y proteger a la ciudadanía por lo que, el principio de prevención general de las normas penales no se cumplen como se debiera. Más o menos sería como si nuestro sistema judicial se ve impotente para hacer frente a una delincuencia cada vez más compleja. Para seguir un símil médico es que como si nuestro organismo estuviera indemne a una especie de virus mutantes que sortean al sistema inmunitario. Al no haber una respuesta suficiente, el sistema se pone entredicho. No ver el problema es la peor de las soluciones posibles.

Al menos, el Ministro Gallardón no ha perdido su tiempo, nuestro tiempo en realidad, en coger el toro por los cuernos. No deja de ser, por lo tanto, un motivo de esperanza de que, sobre el Estado de Derecho, se comienza a atisbar una luz tenue en el horizonte. Un buen comienzo, en suma.


Un consejo general del poder judicial independiente

 <<La finalidad de la norma sería así,  cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo  refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en  el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente  atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el  riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la  Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera  Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el  efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse  que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime  cuando la Ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría  Calificada de tres quintos en cada Cámara (art. 112.3 LOPJ).

Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si  las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo  perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a  la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de  la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el  Poder Judicial.

La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide  una interpretación adecuada a la Constitución. Ocurriendo así en el presente  caso, pues el precepto impugnado es susceptible de una interpretación conforme a  la Constitución y no impone necesariamente actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a la Constitución.>> (Sentencia del Tribunal Constitucional 108/986, de 29 de julio).

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional cuya misión es la de ser “el órgano de gobierno del mismo”- artículo 122.2 CE-. Es importante delimitar su ámbito de actuación ya que, no es lo mismo ser un órgano de gobierno que ser el titular del Tercer Poder del Estado. Según la Constitución, con escrupuloso respeto al principio de separación de poderes, el Poder Judicial, lo componen la totalidad de jueces y magistrados, los cuales, administran la Justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, siendo absolutamente “ independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”- artículo 117.1 CE-.

Para el cumplimiento de esta función esencial en un Estado democrático y de Derecho, como es el nuestro, se regula el nombramiento de los vocales del CGPJ y, concretamente, en el artículo 122.3 de nuestra Constitución, con la siguiente redacción:

“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.”

Ahora bien, desde la proclamación de nuestra Constitución y, sobre todo, a partir del reconocimiento constitucional del Consejo General del Poder Judicial como su órgano de gobierno, con competencias fundamentales en los procesos de nombramiento, destinos, responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados, entre otras, se politizó el debate en torno a la mejor interpretación, de entre las posibles, para la elección de sus veinte vocales.

Actualmente, y  desde  mediados de los 80, son ambas cámaras legislativas, el Congreso de los Diputados y el Senado,  las que nombran a la totalidad de los 20 miembros del Consejo, si bien, y esto hay que reconocerlo, en la última adaptación, se ha atribuido un relativo protagonismo a las asociaciones profesionales de la Magistratura y de los Jueces en lo que afecta al nombramiento de los 12 de procedencia judicial, con esta terna de 36 candidatos.
La Constitución, por mor del Pacto y del Consenso, no estableció un  sistema fijo y claro. Se remitió a la ley orgánica posterior. Pero, en esta controversia doctrinal, me adscribo plenamente al sector doctrinal que opinan que, del  tenor del artículo 122 de la Constitución, al menos hay un “espíritu” constitucional que establecía unos criterios cualitativamente distintos, entre los 12 vocales de procedencia judicial, y los 8 vocales de procedencia no judicial; respecto a éstos últimos, como la Constitución sí es clara, en aplicación de  un principio jurídico básico y elemental, “in claris non fit interpretatio” -que significa, que donde hay  claridad, no  cabe interpretación alguna- nada hay que objetar.

Pero, en lo que afecta a los 12 de procedencia judicial, mantengo el criterio de que era mucho más ajustado al espíritu de los constituyentes el sistema inicial, dejando que fueran las organizaciones representativas de jueces y magistrados, o los mismos jueces  no asociados, los que, mediante el derecho al sufragio, eligieran a los mismos.

Dejando aparte los criterios de oportunidad y conveniencia partidista, lo cierto es que en esta polémica fundamental, lo que late es una cuestión previa básica: ¿Qué Poder Judicial aspiramos a tener? Creo que todos coincidiremos que para garantizar el principio de respeto a la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial, es necesario articular un sistema de selección de sus miembros que garantice las máximas cuotas de garantías de independencia. Al menos, en lo  que afecte a los 12 miembros de procedencia judicial. Porque, en suma, ya hay los otros 8 miembros que son seleccionados a criterios políticos, guste o no  guste, pero eso es así. Hagamos, al menos, un esfuerzo, entre todos, para lograr  un justo equilibrio entre las dos fuentes de selección.

Por otra parte, incluso en la misma sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que estableció el criterio de ampliar el nombramiento de los vocales del consejo a las cámaras legislativas, hay un reconocimiento implícito de que esta interpretación favorable al criterio “originario” de selección a través del sufragio entre los propios integrantes del Poder Judicial, jueces y magistrados, está más ajustado al “espíritu de la Constitución” y más acorde con el respeto de la independencia del órgano, en los siguientes términos recogidos en la reseña jurídica de la sentencia ut
supra:

“Que esta finalidad se alcanza más fácilmente  atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda”.

Y, además:

“La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que  hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional”.

En este sentido, tras más de veinticinco años de experiencia de un criterio de nombramiento de los vocales del CGPJ, que ha acompañado, e incrementado, el proceso incuestionable de “politización” de nuestro sistema de Justicia a partir de este alto nivel en la cúpula del gobierno de jueces y magistrados, es hora ya de replantearnos el cambio de rumbo y, una vez alejado cualquier tipo de “peligro de que se traspase al seno de la Carrera  Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad”, con una plantilla de profesionales de la judicatura que son, en su inmensa mayoría, un paradigma de independencia y adscripción partidista o ideológica- salvo sonoros, pero minoritarios, ejemplos de excepción de esta regla general en las personas de determinados jueces “estrellas” o “mediáticos”-, que trabajan en una ejemplar y laboriosa tarea de juzgar y ejecutar lo juzgado en sus respectivos tribunales, a pesar de la sobresaturación impresentable, y nada razonable, que soportan en los mismos, dar el paso de una más que necesaria reforma legislativa en torno de recuperar el sendero para la selección de los vocales en los mismos términos de la Constitución y del espíritu que animaba en este sentido.

Un congreso en familia

Repaso el lema del 35 Congreso del PSOE, celebrado en Madrid, julio del 2000, con el título de “El impulso necesario”. Resulta ilustrativo. Tras doce años después, y con un mismo escenario de un partido que, durante cerca de dos décadas, había sido hegemónico en gran parte de España, tras una dura derrota electoral que alumbró, por vez primera en un periodo democrático, la mayoría absoluta de la derecha, se vuelve a convocar otro Congreso, el 38, en la ciudad de Sevilla, con una idéntica situación de derrota electoral.

A diferencia del 38º Congreso, de celebración inmediata, en el 35 había hasta cuatro candidaturas diferentes. Sin embargo, la favorita era la de José Bono.

Por circunstancias complejas de orden interno en la “familia socialista”, un  diputado, absoluto desconocido, y por León, se alzó con la Secretaría General del partido. Este hecho histórico marcó, definitivamente, el futuro de los españoles, ya que, per se, el que ocupa este cargo está designado, in pectore, candidato a la presidencia del gobierno del país. Evidentemente, si hubiera ganado Bono, los siete años y medios de Zapatero no hubieran sido lo mismo, ni se habrían practicado las “ocurrencias” radicales y extremistas que tanto han dividido a la sociedad española: Pacto del Tinell- Estatuto de Cataluña, Negociación Política con ETA, legislación sobre el Aborto, etcétera.

Por tal motivo, no es un tema menor ni, por supuesto, de índole interno, la persona que vaya a suceder a Rodríguez Zapatero. El problema es que, de la misma forma que el felipismo acabó con la derrota electoral del 2000, el zapaterismo también debería haber tenido el mismo final, con una regeneración de líderes e ideas. No ha ocurrido tal cosa, sino todo lo  contrario. Las dos candidaturas presentadas para el Congreso, hasta el día de la fecha y salvo sorpresas de última hora con una tercera candidatura, representan las dos caras de la misma  moneda. No hay diferencias ideológicas alguna entre ellas, solo matices insignificantes. Y, en este punto, reside el quid de la cuestión.

Y, sobre todo, la gran paradoja.

Entonces, mucho cuidado con el dato: De Sevilla saldrá un sucedáneo reconvertido del mismo espíritu y talante que ha llevado al país a 5 millones y medio de parados, a la peor de las ruinas imaginables y a una sociedad civil absolutamente atrofiada. Una izquierda sectaria que se resiste a soltar la vara de mando y dar el testigo a otras personas bien distintas que representen a una socialdemocracia homologable con nuestros socios europeos, en lugar de los “amigos” de Zapatero, impresentables tiranos del Tercer Mundo (que aún les queda). Una socialdemocracia nacional, sensata y moderada.

Mario Vargas Llosa: paradigma de un liberal

No se trata de alegrarse de que al Gobierno del PP le hayan dado, por primera vez, “calabazas” en una proposición de un cargo público de Alto Nivel pero, lo que deben de comprender algunos es que, tratándose de un liberal, hasta “las entrañas”, como es D. Mario Vargas Llosa, el hecho de que, al final, rechazara una invitación de presidir el Instituto Cervantes, era algo de esperar. El liberal, como dijo Gregorio Marañón, se debe, antes de nada a sus propios principios y, es muy difícil conjugar la coherencia con sus ideales con la, digamos, adscripción a una marca partidaria, aunque fuera solo por empatía o agradecimiento a aquellos que le han propuesto en una responsabilidad honorífica del calado de la Presidencia de una Institución tan honorable.

No se puede ignorar que en la negativa del Premio Nobel de Literatura han coincidido presiones, intereses oportunistas y la falta de un mínimo de prudencia, entre otros factores coadyuvantes pero, por encima de todo, lo que más ha debido de primar en la decisión es la de perseverar en la defensa de su independencia. A igual que la negativa al primer Gobierno de Aznar porque, no hay que olvidar, es la segunda vez que Vargas Llosa rechaza el mismo nombramiento. Por tal motivo, la  razón básica es la de que, por su coherencia liberal, no ha querido “contaminarse”, por muchas simpatías que pudiera tener con algunos miembros del Gobierno. Es que parece mentira pero todavía hay personas, del prestigio de este hombre, que priorizan en sus decisiones. Así de sencillo. Un modelo de talante y, sobre todo, de conducta.

Gracias, D. Mario, por su ejemplo.

La nación, un concepto recuperable

Los diputados en las Cortes de Cádiz, en los tiempos del Asedio y a la hora de la redacción de la primera constitución liberal y demócrata de Europa, priorizaron en torno al concepto de Nación, a modo de piedra angular en torno a la cual se desarrollarían el resto del articulado de la Norma Fundamental.

Como resultado de esta labor, un texto extraordinariamente extenso, con 384 artículos, comienza, precisamente, en su artículo 1º con un concepto de la Nación española, en los siguientes términos: “es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”.

La ponencia política del PP, en su próximo Congreso, girará, precisamente, en torno a la recuperación de la Nación, tras dos legislaturas socialistas caracterizadas por un intento de relativizar, hasta el límite, su concepto, como algo “discutido y discutible”.

Es muy cierto que solo en tiempos difíciles, como ocurrió en España tras el fracaso de la Monarquía de Carlos IV y de su sucesor, Fernando VII, que favoreció la entrega del país a Napoleón y el comienzo de la última guerra de independencia contra un invasor extranjero, es cuándo más se requiere priorizar, es decir, delimitar lo esencial de lo meramente accidental.

Rodríguez Zapatero constituye el paradigma del gobernante que abandona a la suerte a su país, a semejanza de lo que el capitán del Concordia ha demostrado hace unos pocos días. Del mismo modo que la vergonzosa y traidora huida de los borbones a Bayona, en 1808.

Tras el abandono, los españoles escalaron un puesto, un escalón y de meros súbditos pasaron a la condición de ciudadanos, únicos titulares de la soberanía nacional. Precisamente, para mayor aclaración, los artículos 2º y 3º de la Constitución de 1812, tras definir que es la Nación, añade que “es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona” y que solo a la Nación, como conjunto de los españoles, le corresponde “exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.

Es decir, y sin necesidad de innovar en la materia, desde hace doscientos años el concepto de la Nación, su carácter ontológico y axiológico como norma jurídica fundamental del ordenamiento jurídico, está más que definido con una tinta indeleble: La soberanía reside en la Nación, la cual, no es otra distinta que la suma de todos y cada uno de los ciudadanos que la componen, a modo de una especie de multipropiedad donde un simple ciudadano, le corresponde, con exclusividad, la cuota parte de soberanía, fuente original del Poder democrático en un Estado avanzado y socialmente adaptado a las necesidades cívicas de la  sociedad civil a la que sirve.

El problema no es, por lo tanto, de redefinir, reinventar o recuperar un concepto básico preexistente a todas las Normas fundamentales de este país desde la proclamación de la Pepa, hace dos siglos. El problema es que no puede haber persona, organización o institución que pretenda suplantar la legitimación, originaria, del auténtico sujeto constituyente: La individualidad de la persona, el ciudadano en sí mismo considerado, sin estructuras intermedias que sublime o supedite el ejercicio exclusivo de su soberanía.

Liberal, a secas

Es un hecho histórico que pocos saben pero, en España, nació el concepto de liberalismo, desde el punto de vista de la modernidad. En concreto, con las Cortes de Cádiz y la Constitución que, en fechas ya próximas, se va a conmemorar su bicentenario. El partido liberal, así definido pero, sobre todo, el liberal como actitud y talante, en los asuntos públicos. Todas las constituciones europeas, posteriores a la española, así lo han reconocido, en sus trabajos preliminares.

Sin embargo, siendo el país pionero del liberalismo, es el único de Europa donde no hay un partido liberal propiamente dicho. Ahora bien, liberales o, mejor dicho, políticos que se reconocen como tales, sí los hay, aunque, todos ellos, los matiza con diversos adjetivos. Así, unos se definen como “liberales conservadores”, otros como “liberales moderados”, y no faltan los que, con ánimo de calificarse como más avanzados, de “liberales progresistas”. El problema es que, con tanto afán de priorizar el adjetivo lo que, a la postre sucede es que, de una forma u otra, se pierde el sustantivo, o dicho de una forma más clara, que en el fondo lo que hay son conservadores, moderados y progresistas, de derechas y de izquierdas, pero no liberales.

El liberal, en palabras de Gregorio Marañón, no es una categoría partidista sino una actitud, un modo de ser y, en este sentido, el partidismo ahogaría el espíritu liberal que lo reclama. Y, como decía el maestro, aquel que apueste por la obediencia de partido, no es un liberal auténtico. Por este motivo se explica que, en España, no prospere ningún partido liberal y que, todos los intentos de hacerlo durante la Transición, hayan fracasado, bien en origen, como el intento del Partido Reformista Democrático, de la Operación Roca, o bien en su desarrollo por caer en la trampa del “partido bisagra”, como le ocurrió al CDS de D. Adolfo Suárez.

Sin embargo, cada vez hay más ciudadanos que reclaman una Tercera Vía, diferente del bipartidismo actual, entre un modelo conservador, representado por el PP y otro radical, representado por el PSOE. Vías novedosas como UPyD, a nivel nacional, o Ciudadanos, a nivel autonómico, han conseguido un éxito coyuntural pero, evidentemente, si nos atenemos a sus programas y estatutos, representan, más bien, nuevas tendencias socialdemócratas o de centro izquierda, apostando por políticas claramente intervencionistas de lo público, en lugar del inexcusable primado de lo individual y protagonismo de la sociedad civil, que, en definitiva, en esto último reside la fuente genuina del liberalismo, sin matices ni adjetivos, tan superfluos como contraproducentes.

Es, por lo tanto, una tarea de muy difícil resolución. Por mucho que se autodefinan como liberales, no hay una formación liberal propiamente dicha. El Gobierno del PP lo ha demostrado en decisiones recientes, como apostar por las subidas de impuestos para luchar contra el déficit. Evidentemente, el incremento del IRPF es una medida, de manual, de un partido socialdemócrata.

Decir lo contrario, no es ajustarse a la verdad.

El liberal se define a través de sus propios actos. Por este motivo, el liberalismo está, hoy por hoy, huérfano de representación.  Se requiere una mayor reflexión de este hecho notorio, justamente, cuando celebramos un aniversario histórico: El nacimiento de una Nación que alumbró el liberalismo moderno.Una paradoja histórica que, en el fondo, encierra un paradigma: El liberal en su travesía del desierto, asumiendo, en su soledad, su destino.

Fraga o el paradigma de la derecha

En la figura de Manuel Fraga, como la de todos aquellos que, de una forma ejemplar, son protagonistas de la Historia, se puede vislumbrar múltiples facetas, incluyendo, algunas, aparentemente, contradictorias. Sin embargo, tras cerca de noventa años de vida muy intensa, lo esencial, a diferencia de lo anecdótico, es que ha sido, indudablemente, un infatigable servidor público.  Esto, a nivel profesional y personal.

Ahora bien, lo más importante de su figura, bajo mi modesto punto de vista, es que ha representado el paradigma de una derecha española nunca bien entendida y, para mal de muchos, peor vista: La derecha social que, tras el fracaso de la Segunda República, apoyó al régimen franquista como mal menor ante las tropelías antidemocráticas y autoritarias de la izquierda más sectaria y violenta de la Europa de entreguerras.

Una derecha sociológica que abarca desde las amplias clases medias hasta una clase trabajadora que, con dificultades extremas, superó los tremendos años de la post guerra. Los mismos trabajadores que, por paradoja del destino, consiguieron derechos sociales básicos como el pleno empleo y una seguridad social pública, durante una dictadura ultra conservadora y antiliberal, como la que representaba Franco, un dictador, para muchos, un salvador, para otros.

En España el maniqueísmo ha sembrado raíces muy profundas, sin parangón en otros países de nuestro entorno. Desgraciadamente, para una parte de los españoles la figura de Manuel Fraga representa algo diametralmente distinto que para otra parte igualmente importante. Esta polémica solo lo suscita personas ejemplares y valiosas, a diferencia de los mediocres y anodinos.

Se ha dicho que Manuel Fraga atrajo al franquismo a la democracia. Es muy cierto. Pero, por Justicia, no es cierto que representara a toda la derecha en este país ni fuera el que fundara el primer partido de derechas de masas. La derecha, al igual que la izquierda, admite una diversidad de matices y, lo que supuso Alianza Popular es una digna formación conservadora, homologable a los partidos conservadores de la Europa Occidental, tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho él se identificaba con el Partido Conservador británico, fruto, muy posiblemente, de sus años de “destierro dorado” como embajador en Londres. Pero, ahora bien, hay que reconocer que, en estos años, los 60 y primeros de los 70, en el país proliferaba otra “derecha” bien distinta, con un perfil más liberal que, en la Transición, forjó la Unión de Centro Democrático, con sus luces y sus sombras. Por mor de elogiar la figura de D. Manuel, no lo hagamos a costa de deslucir la valía de otros dignos protagonistas del centro derecha, algunos de los cuales, todavía están vivos.

Lo mejor de ser de derechas es que, a diferencia del sectarismo de la izquierda, cada cual puede abanderar diversas tendencias de un sentimiento de defensa de la libertad, de la sociedad civil y de un concepto de Nación como suma de todos los españoles, iguales en derechos y en deberes. Manuel Fraga Iribarne, de un modo muy ejemplar, representó una tendencia conservadora e, indudablemente, sin su presencia activa, durante los difíciles años de la Transición, éste periodo sin parangón, no hubiera tenido el éxito histórico reconocido. Pero, no sería justo, confundir a todos ni endosarle un papel de monopolio. La derecha española, ciertamente, ha recibido un duro golpe con su muerte pero, no huérfano de referentes. La mejor gloria de Manuel Fraga es, sobre todo, reconocer que, en todo momento, supo permanecer en su sitio y no ocupar un lugar que no le correspondía. Un valor añadido y un mérito que, desgraciadamente, en España no está muy enraizado.

De lege ferenda (La  moraleja de una sentencia)

Dice el profesor WINFRIED HASSEMER, en una magnífica obra titulada “Fundamentos del Derecho Penal”, que <<El papel auxiliar del caso respecto de la ley y su interpretación se evidencia, singularmente, en una clase de literatura penal que, al igual que las exposiciones de metodología inductiva en tratados e introducciones, puede justificarse en el interés de los estudiantes. Se trata de los compendios de casos prácticos que presentan a éstos en el sistema de preguntas y respuestas. El caso aparece aquí como un mero artilugio gimnástico. Tales casos quedan deformados por mor de reducirlos a “lo esencial”, pero resulta que lo esencial es, precisamente, un problema normativo>>.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una sonora, controvertible y, para muchos, incomprensible, sentencia sobre el caso de la menor Marta del Castillo. Al final, se condena únicamente al confeso Miguel Carcaño con autor de un delito de asesinato a la pena de 20 años de prisión. El resto de los imputados han sido absueltos por el tribunal.

Desde un punto de vista moral se puede comprender el lógico sentimiento de incredulidad que, para una inmensa mayoría de ciudadanos legos en la materia, ha supuesto este fallo condenatorio para uno y absolutorio para otros pero, sin embargo, es conveniente que para entender la lógica del sistema se entienda algunas claves inherentes a nuestro Derecho Procesal y Penal.

En este sentido, el tribunal no puede condenar por meras suposiciones, solo a través de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral. De ellas, el único elemento probatorio fundamental es la confesión del autor del delito que, por la libre apreciación y valoración judicial, se ha podido desprender la autoría de un delito de asesinato tipificado en el artículo 139.1 del Código Penal , es decir, como un caso de homicidio cualificada por una acción alevosa “sorpresiva” al propinarle un golpe mortal con un cenicero sin que, por parte de la víctima, pudiera esperar tal acción dolosa y violenta, con una imposición de la pena “máxima de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, así como la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta del Castillo por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo”.

Este es el caso.

Siguiendo a HASSEMER, de lo que se desprende el alcance del mismo y de las consecuencias penales, es que nos encontramos con un problema normativo evidente, la desproporcionalidad entre el mal causado y la sanción impuesta a los responsables. Una pena a un menor notoriamente insuficiente y otra al mayor de edad que no es acorde ni con la inmoralidad del daño causado ni, por supuesto, la maliciosa y retirada estrategia de evitar la localización del cadáver, provocando, aún más, un incremento hiperbólico del dolor de sus familiares.

Por tanto, no es un problema de que haya fallado la Administración de Justicia. Los jueces han dictado una sentencia impecable, desde el punto de vista de la legalidad, al estar perfectamente acorde con las pruebas existentes y el respeto escrupuloso a los principios constitucionales de respeto de la presunción de inocencia y de cumplimiento de las garantías procesales a fin de evitar cualquier tipo de indefensión. El problema, es diferente, ya que, corresponde a la evidencia de que ha fallado el principio de prevención general de las normas penales en lo que se refiere a una regulación de nuestro Código Penal con una sanción que ha demostrado ser claramente insuficiente, por desproporcionada, a la protección del bien jurídico protegido como es el supremo de la “vida”.

De lo que se trata es que, con el caso de Marta del Castillo, nuestro Gobierno cumpla con su compromiso electoral,  reformando el Código Penal, y se regule la pena de prisión perpetua revisable, para estos tipos de delitos que, desgraciadamente, antes y después del asesinato de Marta, son cada vez más habituales: Delitos de homicidios, asesinatos, violaciones, violencia de género, terrorismo, entre otros caracterizados por atentar contra los valores más importantes e inherentes a la dignidad del ser humano.

Este es el auténtico “problema normativo”. Desgraciadamente, y con todos mis respetos a los padres, abuelos, familiares y amigos, de Marta del Castillo, con el Código Penal vigente, se ha dictado la sentencia con la pena privativa de libertad más grave de las permitidas, 20 años de prisión. La absolución por el resto de los delitos imputados al culpable y la libre absolución del resto de los imputados podrán ser discutible y, en su momento, el Tribunal Supremo dictará la correspondiente sentencia de casación. Sin embargo, sea cual sea esta última sentencia, de nuestro más Alto Tribunal, lo que resulta indiscutible es el marco legal y penal en dónde nos regimos.

Una tercera vía para el PSOE

A semejanza de la famosa novela, “La Historia Interminable”, del escritor alemán, Michael Ende, el PSOE está atravesando un proceso muy similar. Tras la justa derrota electoral- aunque todavía insuficiente para lo que se merecían-, los dirigentes socialistas están sufriendo una travesía del “desierto” que, en lugar de propiciar una regeneración total, a modo de catarsis estructural, están intentando conseguir una supervivencia de su estirpe, es  decir, del modelo impuesto por José Luís Rodríguez Zapatero, basado en la improvisación, el radicalismo, el sectarismo y la mediocridad.

Las dos opciones, Rubalcaba y Chacón, son las dos caras de la misma y siniestra moneda, por mucho que se esté vendiendo una imagen, distorsionada, de que representan dos versiones distintas de socialismo. Todo lo contrario, el “señor oscuro” y la “ dama catalanista y soberanista”, constituyen los dos pilares donde el “iluminado de León” pretendió reinventar a España en una espiral de ingeniería social que, tras siete año y medio, fracasó, de una forma estrepitosa, gracias a una grave crisis económica y  a la desmotivación del pueblo español.

Pero, a pesar del fracaso, los mismos que han dirigido a este país en el sendero de la destrucción del empleo y de la pérdida de prestigio de la marca nacional, a nivel internacional, están, erre que erre, machacando a sus militantes para “sostenerla que no enmendarla”. A estas alturas, resulta grotesco que aún puedan existir terminales mediáticas que se crean la falacia de que, una u otro, representan un nuevo liderato en el PSOE. Hace falta tener cinismo y cara dura.

Por ello, las  voces discrepantes de determinados líderes del PSOE, como García-Page,  alcalde de Toledo, me parece, como mínimo, digno de ser atendidos y una tenue luz en el agujero negro en el que se ha transformado la alternativa socialdemócrata del país. Ignoro si este “embrión” de Tercera, Cuarta o Distinta, Vía, en el seno de una organización que se encuentra en proceso de putrefacción, puede ser realista o no. A lo mejor- o quizás a lo peor-, no deja de ser un mero juego de artificio, para conseguir una mayor atención o publicidad al Congreso de Sevilla pero, por lo menos, es una esperanza- aunque leve- de que, en el PSOE, puede haber voces discrepantes al esperpéntico dúo formado por dos de los peores líderes de la izquierda española de los últimos tiempos.

El incumplimiento del déficit por CCAA

Parece ser que el incremento del déficit en torno a dos puntos porcentuales del PIB, los máximos culpables son las comunidades autónomas. Ello ha supuesto un paquete de medidas draconianas cuyos principales perjudicados vamos a ser todos los españoles, con un incremento de la presión fiscal.

En este contexto, el nuevo Gobierno amenaza con sanciones a aquellas comunidades que, a partir de ahora, incumpla el límite establecido. Hay que tener en cuenta que con solo seis décimas de desviación, el incremento equivale a 5.000 millones de euros. Algo, evidentemente, injusto.

Sin embargo la mejor solución sería el de aplicar la Constitución que, como todos sabemos, es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.

Además es que hay un artículo que prevé una situación  en estos términos de causar un grave perjuicio al interés general del Estado. Me estoy refiriendo al artículo 155 que tiene el siguiente tenor literal: “1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

De lo que se trataría es de garantizar dos objetivos fundamentales, a saber:
El primero, que el interés general de España esté por encima de los intereses particularistas de las comunidades autónomas; el segundo, que en ningún momento sean los ciudadanos, titulares exclusivos de la soberanía nacional, los que paguen los errores de organismos públicos a través de subidas de impuestos.

La cuestión sería la de determinar el alcance de tales consecuencias, vía sancionatorias. Pues bien, con la Constitución en la mano, es hora de plantear la posibilidad de suspender el funcionamiento regular de las comunidades autónomas que, de forma persistente, sigan incumpliendo el control del déficit público o, al menos, proceder a la devolución de aquellas competencias sobre materias que, por sí mismas, están provocando tales disfunciones.

El liberalismo de Aguirre

Se podrá decir cómo se quiera pero, no es nada liberal ni de derechas- en general-, subir impuestos y, menos, el IRPF que grava, de forma directa, la economía de los trabajadores. En política se puede defender lo que cada uno le parezca bien pero, lo coherente es lo coherente. Una política económica liberal se caracteriza, a grandes rasgos, en estimular la economía en base a favorecer políticas de ahorros y de estímulos, lo que, evidentemente, no se consigue en incrementar la fiscalidad, mientras que, las recetas de izquierdas se fundamentan en exprimir al contribuyente- que somos todos-, lo máximo posible.

Por tal motivo, Esperanza Aguirre, vuelve de nuevo, a acertar. En lugar de subir impuestos, lo reduce. Esto sí es coherente con su ideología liberal. Lo contrario, no. Además, si lo que hay es un tremendo agujero negro de déficit oculto por los socialistas, hay formas y formas de taparlo y solucionar el problema. Es decir, no tanto en subir ingresos a través de los impuestos sino, sobre todo, reducir gastos inútiles. A lo mejor de lo que se trataría es de poner a régimen unas autonomías sobredimensionadas, o unas diputaciones provinciales que son unas reliquias del Siglo XIX, o unos municipios sin control del Estado. Lo fácil es subir impuestos pero no lo más justo o equitativo.

De ciudadanos a soberanos

Se ha publicado, recientemente, en una revista histórica, un monográfico dedicado a la Constitución de 1812, la primera y, muy posiblemente, más importante de nuestro ciclo constitucional, al ser la madre de la Libertad frente a toda forma de autoritarismo y absolutismo. Pues bien, en este artículo extenso, se hace alusión a cómo los españoles pasamos de “súbditos a ciudadanos”, lo que, efectivamente, con mucho esfuerzo, sacrificio y sangre, así aconteció. Han transcurrido doscientos años pero, tras este periodo de tiempo, con guerras civiles y más oscuros que claros, es hora ya de que, de igual forma que nuestros antepasados, los ciudadanos españoles del 2012 demos un nuevo paso histórico en lo que, de una forma emblemática, considero de transitar del modelo de “ciudadanos” a “soberanos”.

Porque, políticamente hablando, no es lo mismo ser un ciudadano nominal, con un papel residual en la toma decisiva de las decisiones, que un ciudadano activo, protagonista real de un destino colectivo, en el seno de una sociedad civil avanzada, independiente, emprendedora. En el año 1812, con un contexto de un país dividido y ocupado, se forjaron los primeros cimientos de un nuevo modelo de Estado basado en el principio de la legalidad, de la participación y del control del Monarca. Ahora, es necesario superar esta fase y pasar a un sistema político distinto dónde, los ciudadanos no seamos solo unos instrumentos para alcanzar el Poder por parte de una clase política burocratizada y endogámica, sino los únicos titulares de la soberanía nacional.
De ciudadanos a soberanos.

El artículo 3º de la Constitución de 1812 lo decía con extraordinaria claridad, “la soberanía reside esencialmente en la Nación”, mientras que, con anterioridad, el artículo 1º definía a la Nación como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. El concepto de soberanía, así definida, instituye a cada uno de los ciudadanos y, globalmente, a todos ellos- a todos nosotros-, como los nuevos soberanos, no a reyes ni organizaciones políticas, meras estructuras temporales y coyunturales intermedias. Es hora ya de dar a cada uno su sitio.
En un contexto histórico también de país ocupado, Johann G. Fichte, publica una serie de lecciones en la Academia de Berlín, durante el duro invierno de 1807-1808, con el título de “Discursos a la nación alemana”. De estos textos, destaco la siguiente reflexión en torno a lo que debe de entenderse como pueblo soberano: << Un pueblo, en el sentido superior de la palabra, considerado desde una perspectiva espiritual, es la totalidad de personas que conviven en una sociedad reproduciéndose  por sí mismas natural y espiritualmente de forma continua y que se halla sometido a una ley singular de desarrollo de lo divino desde ese mismo pueblo>>.
Es cierto que Fichte argumenta desde una posición idealista, incluso cuasi teológica, profundamente espiritual, de lo que el pueblo soberano representa en el tejido de la Historia de los pueblos y de las naciones pero, evidentemente, coincido con que el nexo causal de la soberanía reside en la tensión ciudadano-Ley-pueblo. Es decir, desde un plano horizontal de ejercicio soberano, no de la sumisión al Poder Absoluto o su deslizamiento al traspaso sine tempore de la titularidad, que es lo que, en última instancia, ha ocurrido desde el clamor revolucionario de los ciudadanos en armas contra el Poder tiránico o, en su evolución, meramente plutocrático y oligárquico.

Nuestro insigne regeneracionista, Joaquín Costa, en una famosa memoria al Ateneo de Madrid, hace justamente cien años, lo expresaba de este modo: << En el siglo XIX desaparece en España el absolutismo, pero no es verdad que la soberanía reside en la nación pues, hasta 1868, cada región y cada provincia se hallaba dominado por un particular irresponsable, diputado o no, vulgarmente apodado en esta relación con el nombre de “cacique”>>; y, de forma magistral, concluía: << de un lado hay un millar de privilegiados (los oligarcas que residen en Madrid, los caciques de los pueblos provinciales, y los gobernadores civiles que les sirven de órganos de comunicación y que gobiernan en vista de su interés personal), y al otro lado, el País, los 18 millones de avasallados que viven aún en plena Edad Media>>.  Tras un siglo, la diferencia es meramente cuantitativa, no cualitativa, pues, dónde  Costa hablaba de “gobernadores civiles”, ahora serían los taifas regionales, y en lugar de 18 millones de “avasallados”, lo cierto es que, hoy por hoy, somos 30 millones más, en la misma situación de sometimiento.

Cuándo a la luz de acontecimientos de presuntas corruptelas que afectan a personas cercanas de nuestro Jefe de Estado se recupera la controversia del modelo de Estado, entre Monarquía o República, lo realmente importante no es el nominalismo puro, sino lo que realmente representan. El concepto de soberanía, desde el punto de vista del derecho constitucional histórico, se inicia a raíz de la superación del Antiguo Régimen al Nuevo. Tras dos siglos, cada vez más los reyes y monarcas quedan en vestigios del pasado y las sociedades occidentales avanzan en sistemas más horizontales, democráticos y auténticamente liberales, sustituyéndose la soberanía “compartida” por una “exclusiva”. Por todo lo expuesto, y como ciudadano-soberano, reclamo mi cuota de soberanía, pero, no solo cada cuatro años en unas urnas. De una democracia accidental a una esencial. El debate merece una mayor repuesta y clarificación, hacia un replanteamiento de quienes son los auténticos titulares del poder soberano.

La responsabilidad de un Gobierno

No se puede aceptar,  ni es nada razonable,  que un pueblo pague los errores o negligencias de sus gobernantes. Durante el Antiguo Régimen, antes del constitucionalismo y los Estados Liberales, era frecuente que el Rey Absoluto cesara, de forma fulminante, a aquellos ministros que, por una razón u otra, no practicaban políticas económicas que beneficiaran el bienestar del pueblo.

Un buen ejemplo se puede comprobar en el reinado de Luis XVI, durante las décadas previas que provocaron la Revolución de 1789.

Evidentemente estamos en un Estado democrático y de Derecho. Según dispone la Constitución, en el apartado primero del artículo 9, “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Con esta afirmación lo que se quiere acentuar es que nadie, en este país, está fuera de la legalidad y, además, los miembros de un gobierno, aunque hayan cesado en sus cargos, son responsables de sus actos en diversos niveles, no solo en el político. Es decir, si un gobierno, o algunos miembros del mismo, han actuado en contra de los intereses generales, deben ser objeto de investigación y, en su caso, de procesamiento en el ámbito penal. Las responsabilidades políticas ya han sido dirimidas el pasado domingo 20 de Noviembre.
En este sentido, el Gobierno de Rodríguez Zapatero afirmó, hasta el último día antes de tomar posesión el nuevo Gabinete del PP, que las cuentas públicas estaban claras, especialmente en el control del déficit. Sin embargo, lo cierto es que, a finales de año, del 6 por ciento comprometido con la Unión Europea, se ha pasado a más del 8 por ciento, una desviación de dos puntos del PIB que, en cifras globales, representan una cifra en miles de millones de euros que toca ahora tapar, a base de subidas de impuestos y otras medidas draconianas que, poco a poco, nos están endosando el nuevo gobierno de la Nación. Y, desde el punto de vista de la legitimidad, esto no es nada razonable.

Las cosas están bien claras. O ha mentido, descaradamente, el anterior gobierno o, en su caso, el nuevo está intentando traspasar las responsabilidades al anterior. Para saber quien ha mentido es muy fácil la solución: El Tribunal de Cuentas, que para algo está instituido, según el artículo 136 de nuestra Constitución, como “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”.

Por tanto, lo que se tendría que hacer es requerir al Tribunal de Cuentas para que, en un plazo breve, remita a las Cortes Generales un informe sobre el balance real de las cuentas públicas que el gobierno saliente tenía a fecha de Diciembre del 2011,  para así comprobar si, efectivamente, han existido irregularidades contables que pudieran ser constitutivos de algún tipo de sanciones penales, como por ejemplo, presuntas malversaciones o falsedades en documentos públicos, tipificados en el Código Penal.

Lo que no es de recibo es que se queden las cosas tal cual. Es decir, que un gobierno diga que el déficit es del 6, el otro que del 8, tirarse unos a otros la pelota de las responsabilidades y, tras un juego político, ser el pueblo, a través de la fiscalidad- los impuestos-, los que, únicamente, paguen los platos rotos.

Pues, no. Exigir que sean los ciudadanos los que asuman un agujero que, muy posiblemente, sea muy superior a los veinte mil, o treinta mil, millones de euros, no sería nada equitativo. Lo que sucede en la sociedad civil, en la administración de las empresas privadas,  dónde sí se exige, con regularidad, las responsabilidades penales de los malos administradores, también debería de acontecer en la vida pública, ya que, el primado del cumplimiento del principio de legalidad, que se exige en la Constitución, es que hay que garantizar la igualdad efectiva de todos en dicho cumplimiento y en la responsabilidad de sus actos. Todos, sin excepción, somos iguales ante la Ley.
Así lo reconoció el Jefe de Estado, en su último discurso navideño y, además, es que debe ser de tal modo, caigan quienes caigan. Los políticos, los gobiernos, no son ni deben ser, de facto, intocables. De lo contrario, nos estaríamos desviando a un sucedáneo de república bananera del Tercer Mundo.
Concluyendo: En primer lugar, depuremos las responsabilidades, sancionando a los culpables del desaguisado, con todas las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico para, luego, en segundo lugar, tener la “legitimidad” de exigir al pueblo soberano y honrado que se sacrifique a este nivel tan extremo de austeridad, perdiendo un poder adquisitivo sin precedentes.

El agosto de la justicia

Cuándo se es profesional de los Juzgados y lleva dos décadas en más de quince destinos, con toda humildad, se consigue, al menos, algo evidente, que es enterarse de lo que tiene entre manos, independientemente de que haga mejor, o peor, su trabajo. Esto lo quiero decir sin ánimo de contienda pero, tras computar más de seis trienios a mis espaldas, lo cierto es que llega un momento en que uno se cansa de constatar la práctica inutilidad de tantas políticas en un sector, tan denostado, incomprendido y abandonado a su suerte, como es el de la Administración de Justicia.
En estos veinte años he sido testigo de tantas reformas legislativas, procesales y organizativas, que no tengo ya ni memoria de cuales han sido.

Tendría que hacer un esfuerzo memorístico de tal envergadura que, en mis cincuenta años de vida, necesitaría algún tipo de ayuda farmacológica para poder recordar, una a una, todas las reformas que, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se han producido en este país. Sin embargo en todas ellas hay un mismo denominador común, el intento de agilizar y modernizar una “vetusta y anticuada” administración cuya lentitud e ineficacia requerían una urgente como necesaria actuación. Debo reconocer que, muy ciertamente, todos los gobiernos de este país, en sus  diversas modalidades partidarias, lo han intentado pero, en la realidad judicial del 2012, lo cierto es que, el balance final, es el mismo desolador de siempre:

Juzgados saturados y procedimientos acumulados en los archivos, justiciables abandonados a su suerte y profesionales del foro hastiados de tanta lentitud y atrasos.

Entonces, ¿cuál es la raíz del problema de que no se haya logrado un resultado positivo y definitivo en la Administración de la Justicia, a pesar de tantas reformas legislativas? Una pregunta de muy difícil contestación. O, mejor dicho, aunque pueda parecer contradictorio, de tan fácil respuesta que, por obvia, nadie la quiere ver.

Porque, en el fondo, lo que más hace falta en los Juzgados son medios materiales y personales en serio, no meros parches transitorios o populistas.

No es un problema de modernización, ni de informatización, ni de reestructuración de la Oficina Judicial- que también-, sino de invertir sendos recursos en un servicio público de primera necesidad, a costa de reducir gastos en otras partidas absolutamente prescindibles.

Siempre lo he dicho, en realidad, lo que el pueblo necesita son tres servicios esenciales, y por este orden de importancia: Sanidad, Educación y Justicia.

Sin la primera, es decir, sin un servicio de Salud de calidad, de poco sirve lo demás, porque estaremos todos muertos. Sin la segunda, estaremos sanos pero totalmente incultos, meros súbditos inútiles e inservibles. Pero, aún consiguiendo los dos primeros objetivos, la falta endémica de una Justicia Eficaz e Independiente, que solucione- en lugar de empeorar- los conflictos interpersonales que constituyen la base de su existencia, constituye un claro obstáculo para la consecución de un auténtico Estado democrático y de Derecho.

Todo lo anterior me sirve de argumento para comentar la última “ocurrencia” para solucionar esta Administración de la Justicia al que presto mis servicios desde que, en diferentes profesiones y responsabilidades, terminé mi licenciatura hace justamente veinticinco años: Declarar hábil el mes de Agosto para todas las actuaciones judiciales.

Entiendo que cualquier persona lega en la materia le pueda parecer positiva esta medida que, aparentemente, redundaría en un mayor rendimiento y eficacia en la labor judicial, pero, cualquier profesional que trabaje en los juzgados, ya sea abogado, procurador, juez, secretario o, incluso, el miembro del digno Cuerpo de Auxilio Judicial, les podrá decir lo mismo, es decir, que es una auténtica barbaridad y, que tal medida, en la práctica, atascaría aún más la sobresaturada situación de la inmensa mayoría de oficinas judiciales. Y, paso a explicarlo con palabras sencillas, para que todo el mundo lo pueda comprender.

Antes de ello tengo que advertir que no es cierto que el mes de Agosto no se trabaje en los juzgados, sino que, con carácter general, es inhábil para determinadas actuaciones judiciales, especialmente en orden civil. Para otras distintas, como en el orden penal, en lo que afecta a la fase de instrucción, es hábil, así como para determinadas actuaciones urgentes, en los términos que las leyes procesales así lo contemplen. Por otra parte, incluso en jurisdicciones como la civil o la laboral, en caso necesario, suele ser habitual la habilitación de días inhábiles, como son lo del mes de Agosto, para todo tipo de actuaciones judiciales. De este modo, la habilitación que permite tanto el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como el artículo 131 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus actuales redacciones vigentes, constituyen un instrumento procesal oportuno para impulsar, debidamente, los procesos pendientes, sin necesidad de una ulterior reforma en esta materia.

Y, dicho lo anterior, explico, con meridiana claridad, lo que todos los que estamos en el seno de esta Administración, lo sabemos desde el primer día de nuestro expediente personal. Si se produjera la reforma pretendida de eliminar la “inhabilitación general” del mes de Agosto, sin excepción alguna, a la postre,  lo que provocaría,  es un efecto inverso al pretendido, ya que, al ser un  mes hábil, correrían los plazos procesales, se acumularían  audiencias y  juicios en un mes tradicionalmente estacional, multiplicándose suspensiones innecesarias, por ausencias más que justificadas de partes, peritos, testigos, etcétera, y todo ello con  la duplicidad del trabajo- al haber sido inútil el anterior- ; y, por no citar, otras  consecuencias aún más perniciosas, como eventuales nulidades procesales y sobrecargas inútiles. Y, al final, por no añadir que,  al coincidir en fechas donde, mayoritariamente, el personal judicial y colaborador- funcionarios, por más señas-, suelen disfrutar de sus vacaciones- que es un derecho constitucional que todos tenemos, como es lógico reconocer y tener en cuenta- forzaría a replantear las agendas de los juzgados, las vacaciones de abogados y procuradores y un sinfín de irregularidades que, todas ellas, darían lugar a un caos tan tremendo que, a pesar de lo que he visto en veinte años de experiencia, no puedo- ni deseo- imaginar.

A ver si lo entendemos: No se trata de trabajar menos, sino  de hacerlo con racionalidad, cordura e inteligencia. La “parada” del mes de Agosto constituye, de facto,  un medio inmejorable de reforzar la organización de nuestros juzgados, la labor de los abogados y procuradores y, en última instancia, lograr el mejor servicio para los justiciables, al servir de instrumento para repartir, utilizando el Sentido Común, la enorme carga de trabajo, durante los meses de Julio y Septiembre de cada año judicial. Esto es algo tan obvio que solo un absoluto inexperto- o ignorante- lo puede desconocer.

Vuelvo a repetir, el hecho de que el mes de Agosto sea, por principio, inhábil, no es obstáculo a que se pueda habilitar por causas concretas de urgencia o de necesidad. No hay que confundir “las churras con las merinas”, y menos aún, en un servicio tan esencial como es éste.

Ahora bien, es muy cierto que, tras tantos años de esperar la aplicación de una nueva Oficina Judicial que, sobre todo, esté sostenida por unos medios materiales y personales suficientes y que, al día de la fecha, son notoriamente insuficientes- como se repite en todas las memorias anuales del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Tribunales Superiores de Justicia-, es más que  loable que el nuevo Gobierno de la Nación se preocupe en preparar medidas radicales y perentorias para paliar el dramático estado de la Justicia. Pero, esto hay que hacerlo con la suficiente preparación, estudio y talento, sin caer en improvisaciones peligrosas:

Recomendaría, por lo tanto, al nuevo gabinete del Ministerio de Justicia,  que pregunten, primero,  a los colectivos afectados, a los que, diariamente, nos dedicamos a luchar para que nuestros juzgados y negociados estén lo más al día posible, a pesar de ser, éste, un auténtico esfuerzo titánico- más o menos como el mito de Sísifo, al que recomiendo su lectura-, y antes de hacer público medida alguna al respecto, tanto la que afecta al mes de Agosto como a cualquiera otra que vaya por el mismo camino.

Hablando claro

Personalmente, a estas alturas de mi vida, lo único que me importa es que no me tomen el pelo. Y, en este sentido, los socialistas -vulgarmente conocidos como sociolistos- lo han vuelto a hacer. Han mentido, y  de una forma descarada, al pueblo español. Prometieron el pleno empleo y han dejado el país con más de cinco millones de parados. Prometieron no recortar los derechos sociales y congelaron las pensiones, por no mentar la reducción del sueldo de los empleados públicos, ambos eventos que no tiene ningún antecedente histórico. Se comprometieron a reducir el déficit público al 6 por ciento y, al final, no bajará del 8 por ciento, dos puntos que representa una losa multimillonaria que nos hipotecará a varias generaciones de españoles, por ser éstos los que, en primera y única instancia, pagarán las facturas impagadas de los socialistas.

Por mucho que se quiera mentir, esta es la única verdad, acreditada por los hechos y las hemerotecas. Los culpables son, por este orden, Zapatero, Rubalcaba, Salgado y toda la bancada socialista que, conscientemente, respaldaron las políticas antisociales del anterior gobierno. Y, ahora, una vez más, deben ser otros los que reciban los golpes y las consecuencias de los errores ajenos. Así de claro.


Progresistas versus progresivos

La política, entre otras cosas, es el arte de manipular el lenguaje en pro de intereses partidistas. En este sentido, no hay mayor tergiversación que confundir la lógica aspiración de superación, avance y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo cual es lo sensato y lógico, con un concepto capcioso de “progresismo”, identificándolo con lo anterior.

Sinceramente, estoy muy cansado de leer, o escuchar, según sea el medio de comunicación de que se trate, que el PSOE o, si se prefiere, la izquierda, en general, representa valores “progresistas” en contraposición con las ideas retrógradas de la de derecha, entre otras razones porque no hay ni un solo partido, con aspiración de gobernar, que pueda defender proyectos regresivos.

La vida pública y de las Naciones, como un cuerpo vivo, tiende, por naturaleza, a expandirse, nunca a retroceder. Que yo sepa, en los países de Occidente, el concepto de progreso no es monopolio de ninguna ideología, sino un denominador común compartido por las diversas opciones partidistas, con aspiraciones de poder.

Pues, en España, no. En este país aún hay ciertos mentecatos con escaños que vomitan mensajes cavernarios de “progreso”, como si fueran, ellos, los únicos legitimados en aspirar las necesarias mejoras de vida de los demás. Y, al final, las cuentas son lo que son. Estos progresistas de “salón” son los mismos que, cada vez que gobiernan, dejan a la Nación en las mayores de las ruinas posibles. Para esta misión, mejor sería que dejaran, a otros, la bandera del “progresismo”. Personalmente, prefiero el término “progresivo” que, según definición de la Real Academia Española, hace una referencia, más naturalizada y sensata, a la idea de lo que favorece al avance o progreso, en lugar de “progresista”.

La paradoja

El alarde

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 317, apartado tercero, exige que un juez o magistrado, titular de un órgano de Justicia, cuándo lo deja, debe de redactar un documento que se llama “alarde”, y el cual tiene como objeto el de  fijar una “relación de los asuntos que queden pendientes en el respectivo órgano, consignando la fecha de su iniciación y el estado en que se hallen”.

Por otra parte, el apartado cuarto del citado artículo establece que el nuevo titular del órgano judicial, “al tomar posesión, examinará el alarde elaborado por el anterior, suscribiéndolo en caso de conformidad”.

Pues bien, si un juez o magistrado, anónimo y de una responsabilidad limitada al órgano jurisdiccional en concreto, se le exige depurar sus responsabilidades con un resumen detallado de asuntos pendientes, sería razonable y más que justo que, el Presidente de Gobierno de la Nación hiciera algo parecido. Ya sé que en el traspaso de poderes, en principio, se suelen facilitar extractos de información entre el equipo saliente y entrante pero, lo cierto es que, a la postre, no deja de ser una mera formalidad sin que, en ninguno de los casos, la exhaustividad o el rigor estén contemplados como requisitos legales de obligado cumplimiento.

El próximo martes el Sr. Rajoy será investido Presidente del Gobierno. Lo primero que tendría que hacer es ofrecer a la opinión público cual ha sido la herencia recibida y en los siguientes términos:
Primero, la información que le han suministrado el anterior Gobierno.
Segundo, la información real contrastada.

Tras lo anterior, en el supuesto de que no se haya producido un traspaso de poderes basados en datos reales y objetivos, sin maquillaje alguno, a semejanza de lo que debe hacer, en este supuesto, un juez o magistrado responsable y sensato al tomar posesión de su nuevo cargo, el nuevo Gobierno debería de no suscribir el “alarde” entregado, mostrar su disconformidad con el mismo y con todas sus consecuencias, incluyendo medidas procesales, tanto administrativas o incluso penales, para depurar las responsabilidades que, por acción u omisión, el anterior Presidente, haya podido incurrir.

Si a un juez o magistrado, la Ley, le obliga a elaborar alardes y asumir las consecuencias en el momento de dejar un cargo, incluyendo disciplinarias graves, con más motivo y justificación se le debería exigir al máximo representante del Poder Ejecutivo. En otros países así acontece, como muestra de una maduración en su sistema democrático. En España, no.

La grave situación así lo exige. El nuevo presidente no puede comerse “el marrón” tal cual. No es nada justo si así lo hiciera. Si las cuentas no cuadran, alguien deberá asumir responsabilidades porque, de lo contrario, no sería de recibo que el pueblo pagara los errores de otros. Por ejemplo, como funcionario de carrera, no me parecería justo que, ante el reiterado incumplimiento del Plan de Estabilidad y de la fijación del límite del gasto público, es decir, del déficit, me tengan que recortar, por segunda vez, mi sueldo, a consecuencia de la pésima gestión económica de Rodríguez Zapatero.

Y, para mayor injusticia, el mismo responsable del desaguisado, que me va a provocar una pérdida de derechos adquiridos y, consecuentemente, un empobrecimiento en la economía de mi familia, vaya a ser nombrado Consejero de Estado, a partir del próximo mes de Enero. A mí me reducen sueldo y derechos, mientras que a Zapatero le conservan un sueldo de ensueño durante el resto de su vida, además de un nuevo cargo que es contradictorio con su gestión pública.

Carta de despedida para Zapatero

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “felonía” significa, textualmente, “Deslealtad, traición, acción fea”. En la Historia de España, es muy significativo el caso del Rey Fernando VII, el cual, por su trayectoria se le conocía como el “Rey Felón”, al haber traicionado a todos, a su propia familia pero, sobre todo, al pueblo español en reiteradas ocasiones.

Desgraciadamente, la felonía no es un atributo exclusivo del monarca citado.

Si la deslealtad, traición o acción fea, ejercidas todas ellas contra el interés general de los únicos soberanos que, como todos sabemos, somos todos los ciudadanos, ha dado lugar recientemente en este país, sin duda algunas, el caso del Presidente por Accidente, Sr. Rodríguez Zapatero, es un buen ejemplo de ello. Tanto a nivel de la protección y defensa del Estado contra sus principales enemigos, los terroristas, negociando, pactando en secreto, favoreciendo su estrategia de segregación, por no  decir el haber dejado la economía del país en el peor de los escenarios imaginables, con un balance último de más de cinco millones de parados y unas cuentas públicas deficitarias en torno a los dos dígitos que comprometerá la solvencia de la Nación española hipotecando el futuro de varias generaciones de españoles.

Fernando VII cometió muchos errores y traiciones. Al morir propició una escalada de varias guerras civiles internas y, muy posiblemente, no se podría entender los acontecimientos de finales del Siglo XIX y primera mitad del Siglo XX, sin analizar las bases que estableció, de modo trágico, este funesto monarca en el primer tercio del XIX. Las felonías, traiciones y demás malversaciones públicas de los Gobernantes no tienen un efecto directo e inmediato en sus pueblos sino, por lo contrario, tienen un efecto retardado, manifestándose los efectos a medio y largo plazo. La herencia de Rodríguez Zapatero, basada en sus desgraciados siete años y medio de Poder, tendrán consecuencias en varias décadas. Por lo tanto, no es tan preocupante el mal que ha infringido al pueblo español sino, sobre todo, que su “talante” e ideología “sectaria” pueda sobrevivir a su penosa administración, como una especie de espada de Damocles que penden, literalmente, en la yugular de nuestra Nación.

Las risas de sus señorías

En estos días se están inaugurando los primeros días de la nueva legislatura y, de las fotos obtenidas de sus distinguidas señorías me asombra y, en cierto modo, me deja atónito, un hecho que es común en todos ellos y ellas, sus amplias sonrisas. Entiendo que debe ser la muestra de que están muy contentos con su privilegiada situación, es decir, que son una clase selecta con unos contratos blindados para los próximos cuatro años pero, realmente, me gustaría interpelar a todos ellos a fin de que me contestaran si, ciertamente, hay motivos para tantas risas compartidas.

Puede parecer una cuestión anecdótica e, incluso, de orden menor. Yo, en cambio, estoy perplejo. Señorías, el país no está para bromas. El Rey, el otro día, en la despedida al gobierno saliente, lo dijo muy claro, “nos espera un año muy duro”. Peor que duro, objetivamente insoportable para más de cinco millones de desempleados (vamos ya para seis millones, si superamos el listón del 23 por ciento de la población activa, durante el año 2012), millones de pensionistas y otros tantos con sus economías en el umbral de la pobreza, necesitados muchos de ellos de las comidas, en comedores públicos, por no llegar, ni de lejos, a fin de mes.

En este contexto de ruina colectiva y desamparo social, la pregunta sería si los representantes públicos, meros mandatarios de la soberanía popular, tienen el derecho de mostrar, tan abiertamente, su alegría por sentarse en unos escaños, por muy aparentes y lustrosos que éstos sean. Vuelvo a responder, radicalmente, no. Lo que se espera de ellos es un poco de respeto hacia lo que sufren estos momentos tan difíciles que recuerdan, y en mucho, a las peores imágenes del NODO con españoles esperando las colas del racionamiento de los años 40. Y no es exageración, sino el reconocimiento de una realidad incuestionable.

En este tema recuerdo una historia que me comentaba mi padre, un niño más de la postguerra. En los meses anteriores al desastre del 36, en su calle, había una señora que se dedicaba a acumular comida por doquier en su casa, amontonando sacos de garbanzos, lentejas y otros productos básicos. Sus vecinos, como los parlamentarios de hoy en día, también se reían a carcajadas limpias, a lo que, la pobre señora le contestó: “Ustedes ríanse pero, ¡qué hambre van a pasar¡”. Evidentemente, se cumplió su augurio.

Otro ejemplo: Se ha publicado, en estos mismos días, una noticia no menor: Un caso de estafa más propia de la época del estraperlo, una empresa que se dedicaba a vender aceite de oliva cuando, en realidad era una mezcla fraudulenta con aceite de girasol y de calidad menor. Menos mal que no era de colza. Pero, tristemente, no será algo aislado, sino el comienzo de una espiral de pobreza y desesperación.

Comprendo que en estos tiempos de Adviento no es políticamente correcto ser tan pesimista aunque, más cierto es que no cabe confundir el pesimismo con el realismo. España no está para bromas, ni para risas, ni para fiestas. Solo cabe más sentido de la responsabilidad y de solidaridad con los más desfavorecidos de la sociedad. Por un concepto de Justicia social, independientemente de ideologías y dogmatismos. Hay que pensar en los que necesitan recuperar los mínimos necesarios para vivir con dignidad. De verdad, no entiendo tantas risas de los diputados y senadores electos. No tienen motivo para ello.
                                                                                                                                                                                
Una reparación histórica pendiente

En la vida ocurren hechos que son, por definición, objetivamente contradictorios. En términos lingüísticos se denominan “paradojas”. Pues bien, el Gobierno en funciones ha consumado una de estas paradojas que llaman poderosamente la atención a cualquier ciudadano con un mínimo de interés por los libros de Historia. Me estoy refiriendo a la declaración de reparación y reconocimiento personal que, recientemente, se le ha otorgado a la figura del primer presidente de la Segunda República Española, D. Niceto Alcalá- Zamora.

Lo cierto es que en la breve exposición de motivos que justifica tal declaración, el Sr. Ministro de Justicia en funciones, afirma algo que no es del todo cierto, al decir que “padeció persecución por razones políticos e ideológicas” para a continuación concluir que “sufrió un doloroso exilio en momentos trágicos de nuestra historia”. Pues bien, en lo que respecta a la persecución lo más cierto es que la misma se inició desde el minuto uno de que fuera nombrado presidente de la República y por parte de los mismos “republicanos” que le alzaron en esa Alta Responsabilidad. Especialmente fueron duros los meses anteriores a su destitución, en lo que se conoce como el “Golpe de Estado Parlamentario”, a través de una perversa e injusta interpretación de la Constitución de 1931. Pero, sobre todo, lo más cierto es que el “exilio” lo inició D. Niceto con anterioridad al comienzo de la Guerra Civil y posterior Dictadura, como consecuencia del miedo que tenía a los destituidores y la escalada de violencia sin precedentes que se institucionalizó contra cualquier persona que se atreviera a discutir los excesos antidemocráticos del Gobierno del Frente Popular.

Si alguien tiene dudas sobre estos extremos le recomendaría que leyeran sus famosos “Diarios Robados”, que recogen, íntegramente, todos estos acontecimientos fatales e injustos que tuvo que padecer un republicano fiel al Estado de Derecho y al principio de la legalidad. En cualquier librería de este país lo pueden ustedes adquirir y comprobar el nivel de infamia que provocó el exilio de Alcalá Zamora, que fue, en este punto, absolutamente ajeno a acontecimientos posteriores como fueron la Guerra Civil y la Dictadura.Por tanto, si lo que se pretende es de reparar moralmente, y no solo económicamente a sus familiares, lo que se debería hacer, y no se ha hecho aún, es que todos aquellos que son herederos de los mismos culpables de la destitución ilegal del Presidente de la República, reconozcan, de forma pública, que cometieron un craso error con éste, que tal destitución fue absolutamente ilegal y que, por último, propiciaron la marea que provocó, en semanas posteriores al exilio de Alcalá Zamora, la más horrenda de las guerras civiles que el pueblo español haya sufrido nunca en su Historia. Sinceramente, en este reconocimiento “moral” creo que, D. Niceto, estaría más que satisfecho. Con dinero no se debe comprar la dignidad de los muertos.
                                                                                                                                                                        

Equipo, no particularismos

Con este título no me estoy refiriendo a esa soberana idiotez que es lo del “clásico”. Haciendo un inciso, no puedo entender como en un país donde la ruina nos desborda a todos, se puede perder tanto el tiempo en discutir sobre cómo un equipo de futbol gana a otro. Si en tiempos de Marx “la religión era el opio del pueblo”, evidentemente, en la España del Siglo XXI la mitad de la población se droga con el futbol y la otra mitad con los estúpidos programas de televisión.

Pero, volviendo al tema, cuándo me refiero que lo importante es el “equipo y no particularismos”, me estaba refiriendo, lógicamente, al diseño del nuevo Gobierno que, en pocas semanas, tendrá que lidiar con este toro de enormes cuernos que se llama crisis. Personalmente, me da exactamente igual quien vaya a presidir el Congreso o el Senado. También la identidad de los ministros. Lo que no me da al pario es qué tipo de Gobierno se va a postular. La formación técnica de los dirigentes, si están o no  suficientemente preparados, el perfil global, no si, a semejanza del símil futbolístico, vamos a fichar a un “Messi” o a un “Cristiano Ronaldo”.

Por cierto, jugar con quinielas es muy arriesgado. Por este motivo, tampoco comprendo ni alcanzo a ver el porqué del juego de Rajoy en no haber adelantado, desde el principio, la identidad de algunos responsables futuros, como quien va a ser el Ministro responsable de la Economía o el de Trabajo, por acentuar las dos áreas de trabajo más sensible a la dura realidad. A lo mejor es que se me escapa los entresijos de la “política” pero, a mis cortas luces, mejor hubiera sido clarificar la situación en el minuto uno tras las elecciones.

Un sueño de un liberal

Lo que nos jugamos en Europa

El buen sentido común de un diputado electo

Como suele ser una excepción de la regla general de los políticos, que es la de aprovecharse de los privilegios inherentes a sus cargos, cuándo acontece un hecho radicalmente distinto, es decir, que uno solo de los electos decida, mutuo propio, renunciar, de forma voluntaria, a prerrogativas, pues es digno de ser elogiado y destacado.

Me estoy refiriendo al diputado de UPyD por Valencia, Toni Cantó. En este sentido ha manifestado algo tan normal, como paradójicamente, inaudito, de que sería un “timo” aceptar planes de pensiones privadas, por el mero hecho de ser un parlamentario, sufragado del erario público, o ADSL gratis, por el mismo motivo. Por “sentido común”. Además ha denunciado que se paguen dietas, con carácter irrenunciables, cuándo él, como tantos otros diputados electos, tienen un domicilio en Madrid.

Se podrán criticar las manifestaciones del actor, hoy representante público.

El primado de la libertad

El nudo gordiano y el dilema de Rajoy

El Presidente Electo ha manifestado que España puede salir de la crisis. El problema es cómo lo va a hacer. Es muy conocida la historia del Nudo Gordiano.

Según la leyenda griega, aquel que consiguiera desatar el entresijo de nudos endiablados atados a un yugo, conquistaría todo Oriente. Alejandro Magno, de un solo tajo, lo consiguió, manifestando que “es lo mismo cortarlo que desatarlo”. Pocos años después, conquistó todo el Oriente conocido.

A Rajoy le ocurre algo parecido. Más que desatar el terrible embolado que ha provocado la desidia de un socialismo irresponsable, tendrá que cortar por lo sano. Ahora bien, lo que tendrá que tener mucho cuidado por dónde pone el bisturí. No es justo que paguen los de siempre, mientras que los responsables del desaguisado salen de “rositas”. Sin perjuicio de que, desde el punto de vista del Derecho Penal, no quepa imputar responsabilidades penales a los salientes, ello no es obstáculo a reputar responsabilidades “políticas”. Es necesario que se diga al pueblo la verdad de las cosas, de cómo se han encontrado, en realidad, las arcas del Tesoro Público y de cómo se han fiscalizado nuestras cuentas en los últimos años. No es de recibo el ocultar el balance del Debe y del  Haber. Es necesario depurar responsabilidades, aunque no sean penales ni jurídicas.

La reforma electoral

Una vez más, la Presidenta de Madrid, como buena liberal, es la promotora de una reforma electoral que intenta, con seriedad, una mayor democratización en nuestro sistema de partidos. Sin embargo, creo que le falta una premisa básica: Las listas abiertas.

Porque, en el fondo del asunto, que sean circunscripciones más cercanas al votante o, incluso, un sistema de doble vuelta, es lo que, en principio, lo que menos importa. Lo que realmente es trascendental es la libertad del ciudadano para escoger sus propios representantes, de modo directo y sin el bloqueo de una lista cerrada. De este modo, independientemente de las siglas, cada candidato se cuidaría de proteger, a nivel individual, los intereses reales de los ciudadanos a los que representa. El hecho de que sea de izquierdas, de derechas, de centro, nacionalista o no, sería secundario. A estas alturas, donde la ideología se difumina por mor de la cruda realidad, lo único que a los ciudadanos nos duele es que nuestros representantes sean coherentes con sus compromisos con los que les votan.

Desde esta perspectiva, con todo respeto y admiración por Esperanza Aguirre, de liberal  a liberal, le propondría que se atreviera a dar un paso más, quizás el único definitivo, y abandere las listas abiertas y desbloqueadas.

Así de claro y sencillo. Con pocas palabras.


La legitimación sindical

El artículo 7º de nuestra actual Constitución define la labor de los sindicatos y asociaciones de empresarios en el sentido de que, éstos, “contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”.

A estas alturas del Siglo XXI, la representatividad de los sindicatos tiene una función más que cuestionada. Los datos oficiales reflejan que cada vez la afiliación es menor. Por lo tanto, una cosa es que se les atribuya una representatividad y un roll en el diálogo social y otra, bien distinta, es que su legitimación sea real. Personalmente, aunque pertenezco desde hace ya veinte años a un sindicato en concreto, lo más cierto es que tenga que aceptar el paradigma de que, en esta época, el sindicalismo tradicional pueda gozar de una representatividad que no es tal.

Me parece muy bien que el presidente electo haya querido reunirse con los líderes de los dos sindicatos “más representativos”. Pero, lo que no estoy dispuesto a aceptar es que estos señores hablen por todos los trabajadores.

Que solo lo hagan en nombre de sus propios afiliados. Ante la crisis económica y los gravísimos problemas heredados de unas políticas erráticas, sectarias y absolutamente equivocadas, que cada palo aguante con su vela.

Gaspar Melchor de Jovellanos

Se conmemora, en estos días- 27 de Noviembre- el bicentenario de la muerte de uno de los más ilustres liberales o, mejor dicho, percusores del Liberalismo en España, Jovellanos.

Aunque su vida pública es muy conocida, así como sus obras literarias, Jovellanos es un paradigma del patriota, y liberal, español. Su sentido del Estado, de la Nación española-entendida como el conjunto de los españoles, como se reflejaría en la Constitución de Cádiz de 1812-, del servicio público, y en general, del buen hacer en la política, en lugar de servirse de ésta para sus fines privados, es un referente y un orgullo para cualquier español de pro.

Se pueden reseñar múltiples citas. Sin embargo, su honestidad y coherencia es lo más importante. Sufrió cárcel, humillación e, incluso, vejaciones pero, por encima de todo, supo prevalecer su enorme amor por un concepto de país, en lugar de suplicar prebendas y honores.

Jovellanos, a igual de otros tantos liberales ilustres posteriores, representa lo mejor de una Nación. Frente a la mediocridad y la bajeza moral de políticos rastreros sin escrúpulos. Siempre, y no solamente en efemérides como su bicentenario, deberíamos recordar su figura, como modo de reflejarnos en lo mejor de nosotros mismos. Que así sea.


El plano transversal de la política

Si fijáramos una línea recta y, en la misma, en un punto equidistante estableciéramos un punto, podríamos decir que en un lado estaría la derecha, en el otro, la izquierda y, en medio de las dos, el centro político. Esta diferenciación, dependiendo del espectro político, proviene desde la Revolución Francesa, donde surgió la diversidad derecha-izquierda, teniendo en cuenta el lugar donde se sentaban los grupos políticos de la Asamblea. Pero, el problema es que han pasado más de doscientos años desde que, por primera vez, se comenzó a utilizar una terminología política claramente desfasada en el tiempo.

Ortega, en su Rebelón de las Masas, decía que “Ser de izquierdas es, como ser de derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral". Sin perjuicio de lo certero de la tesis orteguiana, lo más cierto es que, en pleno Siglo XXI, los conceptos doctrinales de derecha, centro o izquierda, responden a una realidad temporal más propia de los dos siglos anteriores.

En plena era de la Revolución Tecnológica y de la Información, con sociedades civiles desclasadas, que responden a un contexto bien diferente del conflicto "capital-trabajo", que era el sustrato social e ideológico donde ser formaron los grandes partidos de masas, tanto de derechas como de izquierdas- independientemente de sus nombres-, la línea de diferenciación partidaria debe situarse en un plano inmediatamente superior al tradicional. Es esta la razón, que no otra, del éxito electoral, y en progresión geométrica, de UPyD, partido que hace de la transversalidad su principal bandera.
Se podrá  discutir si UPyD es, como afirmó Aguirre, un partido de la izquierda. Posiblemente, si nos atenemos a la procedencia de su líder, quizás, de una forma aparte, así sea. Pero, lo que explica su éxito electoral es lo transversal de sus votantes. No todo el montante de su voto viene de la izquierda. Hay muchos ciudadanos que no son de izquierdas y se sienten representados por esta nueva sigla. Pero, lo más importante es algo superior.

Lo trascendente es que, a muy corto plazo, hay que cambiar, radicalmente, de lenguaje y de paradigmas. El discurso político debe dar un paso adelante en la línea espacial de la derecha-izquierda. Lo que la gente, realmente, reclama, es la superación de un modelo que está ya más que anticuado. En este sentido, más pronto que tarde, la alternativa al Poder actual será no tanto este binomio del pasado, sino el hecho de que, si lo que se aspira es, o más sociedad civil, o más intervencionismo estatal. Claro, no niego que al decir ésto, no es más que una forma de reproducir los modelos liberales o socialdemócratas de actuación. Pero, con un estilo radicalmente diferente al planteado por los partidos tradicionales. En una sociedad globalizada lo que nos jugamos es si conseguimos más espacios de libertad o de control. Y, en este contexto real y actualizado, con los pies en el suelo y no en los manuales de estilo de escuelas, personalmente, apuesto por el primado de la Libertad, en un marco renovado de Liberalismo integrador y socialmente adaptado a las nuevas circunstancias y a los nuevos retos que nos afectan a todos.

El futuro del PSOE

En España es necesaria una alternativa de centro izquierda, de la misma forma que debe de articularse un Gobierno de derechas, homologable a la derecha europea.

Tras el resultado electoral, se desprende una conclusión muy clara, la derecha ha conseguido una victoria a costa del derrumbamiento del PSOE en su fracaso como izquierda radical e intransigente, titular en los últimos ocho años de una dictadura del pensamiento único.

Ya es hora de que seamos un país europeo. En Francia, en Alemania o en el Reino Unido, por citar los más importantes, desde hace mucho tiempo, hay formaciones políticas conservadoras, socialdemócratas, liberales. Se turnan en el Poder y en la Oposición, sin ningún tipo de dramatismo ni enfrentamientos.

Son democracias consolidadas porque, con carácter previo, sus sociedades están igualmente vertebradas. El ser de derechas o de izquierdas es un debate superado. Solo importa los programas y los resultados de las gestiones públicas respectivas. Si un partido, independientemente de su color o tendencia, lo hace bien, se le revalida en el Poder y, en sentido contrario, si lo hiciera mal, se le hecha del gobierno y entra uno nuevo. La alternancia está garantizada y, como en un organismo sano, se consuma de forma cotidiana.

A diferencia de nuestros vecinos europeos, en España padecemos una asignatura democrática pendiente, la auténtica regeneración y renovación de un partido socialdemócrata, reformista, centrista y con Sentido Común y de Estado. El PSOE podría y, debería, haber jugado este papel. Tras el Congreso de Suresnes, con la llegada de un joven sevillano a la secretaría general, parecía- y solo de forma aparente, como se demostró después-, que se iba por el buen camino y, de ahí, el enorme apoyo en las urnas el 28 de Octubre de 1982. Sin embargo, en lugar de consolidarse una alternativa laborista o reformista, al estilo del SPD  alemán, se ha degenerado en una posición radicalizada como la que ha representado Rodríguez Zapatero, con el inconveniente añadido de que pretenden sucederse a sí mismo en las personas de sus más próximos colaboradores, ya sea Rubalcaba o Chacón.

La derecha y su Talón de Aquiles

Desde el advenimiento de la Democracia, a partir de la Ley para la Reforma Política, cuyo trigésimo quinto aniversario se acaba de cumplir, en España el centro derecha ha sufrido un proceso oscilante que bien podría compararse con el recorrido fluvial del rio Guadiana, de aparición y desaparición.
El problema de fondo es ya antiguo. Durante el Siglo XIX pero, muy especialmente, en el primer tercio del XX, la derecha española se tiñe de contradicción interna, con muy fuertes enfrentamientos. El momento más dramático es la división sufrida en las fechas previas a las desgraciadas elecciones de febrero de 1936, cuyo resultado fue una derrota electoral que precipitó el desastre final de la Segunda República.

En este sentido histórico, tras la muerte de Franco, la derecha democrática funda el proyecto de la Unión del Centro Democrático- UCD- coalición de partidos moderados cuya ideología oscilaban entre el conservadurismo hasta la socialdemocracia no marxista. Efectivamente era un conglomerado excesivamente plural, motivo principal de su hundimiento tras cinco gloriosos años de la Transición.
Cuándo más cerca se estaba del Poder, la derecha española más propicia se encontraba para los “palos” internos. “Azules” contra “democristianos”, “liberales” contra “socialdemócratas”, y todos contra todos. Realmente, una auténtica lástima porque, a la postre, la caída de la UCD fue la base de la primera década del socialismo en España, con un balance de un veintitrés por ciento de paro, una corrupción política generalizada y una pérdida de prestigio internacional sin precedentes. Más o menos, lo mismo que la herencia de la segunda versión del socialismo en el Poder en España, cuya última página hemos cerrado el pasado 20 de Noviembre.

Pero, ciertamente, estamos en los días posteriores a la victoria electoral del 20 de Noviembre. Sin embargo, no han pasado ni tres días de que se cerrara el escrutinio y, otra vez, se atisban nubarrones de crisis interna en el partido que, para bien o para mal, representa a la derecha española. Lo último, en el PP de Madrid.

No quiero entrar en los motivos de fondo de la crisis de la derecha madrileña.

Soy consciente de que los problemas vienen de hace ya tiempo. Sin embargo, en política, como en la vida misma, hay que saber respetar los tiempos y las circunstancias. A pesar de mis simpatías ideológicas con Esperanza Aguirre, al compartir un mismo ideario liberal clásico, no por ello debo de manifestar mi estupor por el haber tomado una decisión de cese fulminante en un contexto evidentemente inoportuno.

Es triste comprobar cómo se vuelve a demostrar que la derecha española padece de un mal endémico tan reiterativo. Justamente, al recuperar el Poder, con todo lo que hay que hacer, que no es poco, y se enturbia el momento del impulso democrático de regeneración y alternativa por el cambio, con disputas personales insignificantes.

No entiendo tales maniobras internas en los partidos. Por este motivo, nunca podré militar en ninguno de ellos. Ni siquiera en uno liberal. Al final, la frase de Marañón, retumba en mi conciencia liberal. No se puede estar en un partido si se quiere priorizar en la coherencia de las ideas. El liberalismo, en España, como el río Guadiana. Desgraciadamente es así, por mor de tanto individualismo y proyectos personales exasperados.

Carta abierta al presidente electo, Sr. Rajoy

Estimado Sr.  Presidente del PP.

Antes de nada le tengo que felicitar por su amplia victoria del pasado domingo 20 de Noviembre.
Sin embargo, es hora ya de exigirle, como nuevo Responsable Máximo del nuevo gobierno de la Nación, cual debe ser, a mi juicio, sus principales obligaciones en torno a la labor que va a tener encomendada a partir de las próximas semanas, una vez sea nombrado tras la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados.

Básicamente, le recuerdo los tres primados en que se fundamenta el imperativo categórico recogido por Kant, a saber:

      1. «Obra sólo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal».
      2. «Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio».
      3. «Obra como si por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines».

Desde esta exigencia moral, le recuerdo que un buen gobernante no es solo aquel que logra el respaldo mayoritario del sufragio, sino el que no olvida los principios y valores a los que representa. Es muy cierto que ni siquiera ha jurado su cargo, que todavía no lleva ni un solo día en la responsabilidad que le ha puesto el pueblo. Como cualquier presidente democrático, tendría el beneficio de la duda. No se lo niego. Pero, asimismo, es más cierto que las circunstancias, excepcionales, en las que ha conseguido la mayor mayoría que la derecha española hubieran podido ni imaginar, le obliga a actuar de un modo, igualmente, excepcional.

Por último, está muy bien que quiera ser el presidente de todos los españoles, les hayan votado o no. Pero, asimismo, es mejor que no olvide que, en política, lo único que sirve es la coherencia. No nos defraude y, sin más demora, sea usted responsable y valiente en sus decisiones. Sin olvidar que representa a millones de españoles que creen en un concepto de sociedad, de cultura y de valores. No pretenda contentar a todos.


Un comienzo

El Partido Popular ha ganado por una amplia mayoría absoluta. Es un buen comienzo, por cuanto se ha consumado la única alternativa posible al mayor desgobierno que este país ha sufrido en los últimos cincuenta años pero, no por ello, todo se ha conseguido.

El resultado supone que el centro derecha ha recuperado la responsabilidad del Gobierno. En el peor de los escenarios posibles, con una prima de riesgo sobre 500 puntos y en situación técnica de rescate. La herencia del socialismo es trágica y demoledora.  Hace falta mucho por hacer.

Pero, al menos, hay un comienzo. Por algo se debe de empezar. Con pocas palabras. Ahora toca el trabajo bien hecho, el Sentido Común y la moderación.

La época del relativismo, el sectarismo y la radicalidad, ha pasado a la Historia. Ojalá no vuelva esta izquierda insensata durante muchos años. Ojalá el PSOE, o lo que queda de él, se regenere. Por el bien de todos.

Una última reflexión, antes de la jornada

Escribo el presente artículo apenas día y medio antes de abrirse las urnas electorales. Por lo tanto, en lo que se conoce como “jornada de reflexión”.

Pero, la pregunta sería, ¿hay algo que reflexionar?

El 20 de Noviembre del 2011 no serán unas elecciones más. Lo cierto es que los mercados, la  Unión Europea, la crisis de la deuda, nos han puesto en nuestro sitio, en uno bien triste, por cierto. España no ha logrado superar el examen.

Técnicamente, estamos intervenidos y, de facto, rescatados.  Por lo tanto, votar en este contexto histórico constituye una alternativa entre lo difícil y lo inadmisible.

Lo difícil es apostar por el PP. Lo tienen realmente complicado, porque tienen que recortar de una forma drástica y sin contemplaciones. Decir lo contrario, es mentir.

Lo inadmisible es creerse el cuento del PSOE. El socialismo español se ha cargado al país. Tras dejar más de cinco millones de parados y con una prima de riesgo superando los 500 puntos básicos.

Se quiera o no reconocer, este es el marco en que nos miraremos el próximo domingo. Si no fuera por lo de las elecciones, Zapatero hubiera sido el próximo presidente europeo obligado a dimitir, como sus homólogos, griego e italiano. Nunca ha habido un caso igual. Hoy por hoy, los españoles somos el mayor problema de Europa, por culpa, exclusivamente, del presidente por accidente y de un partido, el PSOE, que ha forzado la destrucción de toda una Nación.

En resumidas cuentas, el 20 de Noviembre, en el momento de votar, la decisión es muy clara. Personalmente, me gustaría votar con libertad de acción. En este sentido, la elección sería bien distinta. Posiblemente, lo haría en blanco o, como mucho, a una opción minoritaria como UPyD, o algo parecido. Sin embargo, no está el “horno para bollos”. Rubalcaba, Zapatero y todos estos impresentables, se merecen una respuesta ciudadana rotunda. El PSOE debe ser, literalmente, demolido, destruido y desbancado de la vida pública. La única salida factible es, por lo tanto, votar masivamente al PP. No hay otra.

El mensaje de la Unión Europea, el último día de la campaña, ha sido muy clara: "España tiene que ayudarse a sí misma". ¿Más claro, agua?


Los Quinientos

Se venía venir y, desgraciadamente, los peores augurios se han cumplido. Como si fuera una pesadilla apocalíptica, nos encontramos, en menos de setenta y dos horas para que se abra las urnas, en un marco de rescate real de España.

La prima de riesgo ha superado, ya, los 500 puntos. Algo políticamente inaceptable. Si no fuera porque estamos en pleno periodo electoral, la consecuencia directa hubiera sido la irrevocable e inmediata dimisión de Rodríguez Zapatero.

Es injusto que nuestro presidente del Desgobierno vaya a salir de “rositas”.

Han caído otros líderes tan irresponsables como él, mientras que, por lo contrario, el peor presidente de toda nuestra Historia no le va a pasar factura su notoria incapacidad e ineptitud. No hay derecho y es manifiestamente injusto. Sin embargo, lo único sensato que nos queda es machacar al PSOE el próximo domingo, día 20 de Noviembre.

Porque, vamos a ver. La pregunta del millón sería el cómo, a estas alturas, el PSOE y su candidato aún tienen la cara dura de reclamar el voto a los españoles. Es increíble. Han llevado al país a la más completa de las ruinas y, todavía, pretenden ser una opción de gobierno. Es como si, por ejemplo, unos pirómanos, convictos y confesos, pretendieran aspirar a ser los máximos responsables del servicio de los Bomberos. Algo, evidentemente, surrealista.

Esta carta o artículo viene a ser el colofón de mis opiniones tras estos nefastos siete años de era ZP. Si el 20 de Noviembre no hay una derrota total del PSOE, el pueblo tendrá la responsabilidad de lo que ocurra el 21 de Noviembre. Así de claro y terminal.

Por lo que a mí respecta, se acabó la fiesta.

La necesidad de un cambio político

El 4 de julio de 1776, un grupo de patriotas americanos se reunieron en Congreso y acordaron, de una forma unánime, una declaración para la Independencia de las Colonias que, en su día, constituyeron el germen de los actuales EEUU.

En el citado documento se contiene un párrafo con el siguiente tenor literal:

<< Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad.>>

Desde su aprobación, la exigencia de una “forma de gobierno” acorde con los principios naturales básicos de una sociedad democrática, como son los de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, configuran un paradigma. Por lo tanto, y a sensu contrario, cuándo un tipo de poder gubernamental, sea del color político que sea, atenta contra tales principios o, como mínimo, no garantizan la protección de los mismos, es prudente, es sensato pero, sobre todo, es necesario propiciar el cambio inmediato y su sustitución por uno nuevo.

Para no ir muy lejos, el próximo 20 de Noviembre, los ciudadanos tenemos la oportunidad y la legitimidad de conseguir el cambio político. Lo que bien sirvió de base para unos pocos prohombres del Siglo XVIII, de igual forma, puede sustentar la necesidad incuestionable de un cambio en nuestro país.


La realidad ante el 20 de noviembre

Se puede aceptar o no la realidad, guste o no guste los acontecimientos pero, lo cierto es que, sí o sí, el PP no tiene más remedio que ganar las elecciones generales el próximo domingo. La prima de riesgo en España se aproxima al punto de no retorno, cercano ya la escalofriante cifra de 500 puntos porcentuales. Es duro reconocerlo pero, el interés nacional y el general de los ciudadanos pasa porque el 20 de Noviembre haya un cambio radical de gobierno. Es decir, el problema no es tanto si se gana o no gana las elecciones, que ya es inevitable e irreversible. El problema de fondo, para que lo comprendamos bien todos, es que, en el improbable supuesto de que el Sr. Rubalcaba tuviera una mínima probabilidad de conseguirlo, el resultado sería, el lunes 21 de noviembre, que España tendría que pagar un precio absolutamente irrazonable.

A estas alturas de la película, que es más propia de un serial de terror, lo que solo nos importa a los españolitos de a pié es que, entre el símbolo de las dos nuevas Españas, una de ellas, la que representa el PSOE marca ZP-Rubalcaba, no nos hiera, mortalmente, el corazón. Sin posibilidad de recuperarnos, ni con una unidad móvil del 061. Así de claro. Ahora bien, podemos seguir discutiendo de los programas, de las ideologías de cada marca, de los estilos personales de los candidatos. Una vana e inútil discusión, por cierto. Lo que a nosotros nos importa es sí optamos por salir del túnel o nos hundimos en él. Es nuestra elección, por supuesto, y de forma colectiva pero, la realidad está más clara y nítida que el agua. Que nadie se preste al engaño. La opción PSOE- ZP-Rubalcaba es lo mismo que si usted, o yo mismo, optemos por tirarnos, directamente, al río más cercano con una piedra de una tonelada a nuestro cuello. Es nuestra opción y, por supuesto, tenemos toda la libertad del mundo en hacer lo que  nos venga en gana.

Sin embargo, las consecuencias de nuestros actos están muy claras. Si gana el PP, con una mayoría más que absoluta, habrá, al menos, una posibilidad, una oportunidad de salir del desastre. Si gana el PSOE, ya sabemos a qué atenernos.

Lo demás, pura demagogia barata. No es hora de las ideologías, sino del Sentido Común. Como han hecho en Grecia y en Italia. No hay más que esperar los  acontecimientos. Vote usted lo que quiera pero, no ignore que su acto conlleva unas consecuencias inequívocas. Que pueda ser injusto, por supuesto, pero así están las cosas.

Si Rodríguez Zapatero hubiera adelantado las elecciones el 12 de mayo del 2010, como tendría que haber hecho por pura coherencia con sus ideas, el escenario electoral hubiera tenido una contexto radicalmente distinto al de ahora. Por todo ello, el PSOE no puede ganar, ni siquiera tener una "dulce derrota". Es necesario el desastre electoral, ni siquiera una mera derrota. Es necesario que el PSOE, por culpa de sus líderes, pague una factura histórica, por debajo de los 30 puntos y no alcanzando ni siquiera los 100 diputados. Una factura ganada, por cierto, a pulso. Así es la vida. Y, todos, tenemos que ser responsables de nuestros actos, como ciudadanos y como país.

Un nuevo ciclo, nuevos tiempos

Faltan solo diez días para que todo esto acabe. Se quiera o no reconocer, el ciclo socialista en el poder, en su versión de Rodríguez Zapatero, con todo lo que representa, está ya a punto de finalizar. Comienza una nueva época aunque, desgraciadamente, sin beneficio de inventario, es decir, teniendo el gobierno del PP que salga de las urnas que afrontar la dura, e injusta, herencia del socialismo. Una vez más, como en el año 1996, habrá que remontar una situación grave, desde el punto de vista económico, institucional pero, sobre todo, en el campo de la moralidad pública.
La diferencia fundamental con hace quince años es que el pozo tiene un fondo aún más profundo y negro. La remontada, por lo tanto, será mucho más difícil.

Se requiere un esfuerzo distinto, en el fondo y en las formas de hacer política. Menos ideología y sectarismo, a cambio de un mayor pragmatismo y sentido común. Una regeneración total.

Ortega, hace 80 años, en vísperas de un cambio de régimen, reclamaba un nuevo modelo de Estado, "¡reconstruírlo¡", decía. Pero, para reconstruir, primero hay que establecer las bases en que sustentarse el nuevo edificio. El viejo, hay que demolerlo. No cabe una política de continuismo, con un solo cambio en el color político del gobierno. Espero que el sentir del pueblo lo sepan entender los nuevos gobernantes. Por el bien de todos.


El estilo Rubalcaba

Tras haber escuchado, íntegramente- lo que no deja de ser un mérito-, el debate entre los dos principales líderes con opciones realistas de gobernar, tuve la impresión de que el candidato del PSOE había tomado como base estratégica la misma que su partido, en el año 1888, en su primer proceso congresual tras su fundación por Pablo Iglesias, estableció como resolución de principios. En concreto, dicho documento decía lo siguiente: <<Que la actitud del PSOE con los partidos burgueses, llámense como se llamen, no puede ni debe ser conciliadora y benévola, sino como lo viene observando desde su fundación, de guerra constante y ruda>>.

Ojo al dato, este texto es de fecha 1888. Ha transcurrido, por lo  tanto, más de ciento veinte años desde su aprobación, con todos los eventos históricos de este país, es decir, incluyendo los cruentos episodios de nuestra Guerra incivil. Sin embargo, a pesar de las lecciones de la Historia, el Sr. Rubalcaba y, por definición, su propio partido, no han aprendido realmente nada. Siguen empecinado en lo que sus antecesores definían como “guerra constante y ruda”.

Se puede explicar el  contenido y tenor de la resolución decimonónica en base a su contexto sociopolítico del momento. De hecho, los  reclamos violentos, agresivos, revolucionarios- en el peor de los sentidos-, tenían homologación con sus hermanos partidos marxistas de su época. Pero, tras ciento veinte años, ya no. En Europa, y en los países más civilizados de nuestro entorno, el socialismo ha evolucionado a formas de reformismo socialdemócrata, que aceptan al contrincante como un mero adversario, no como un enemigo a batir. La alternancia, en estos países, es algo aceptado, como piedra angular del sistema democrático de convivencia. No se piensa en “guerrear”, sino en contraponer proyectos y programas. Sin embargo, tras las formas y los discursos del Líder del PSOE, representados en este último  debate, me temo que todavía en España tenemos la asignatura pendiente- quizás, la última de entre ellas, tras el conflicto civil del 36-, de tener un centro izquierda responsable de sus actos, respetuoso con las ideas de los adversarios- que no enemigos- y consciente de que, en democracia, lo único que merece la pena es el salvaguardar la alternancia como la menos mala de los modelos políticos, en lugar de las dictaduras y las republicas bananeras de los países en desarrollo y del Tercer Mundo.

Rubalcaba, en este sentido, es hijo de un pasado colectivo, el que representa un PSOE atrincherado en su soberbia y en la impotencia ante los notorios resultados de sus políticas, especialmente, en materia económica y social, con la lacra provocada de cinco millones de parados.

No es tanto un problema de quien gane las elecciones sino del modelo de izquierdas que representa este señor y su partido. Tan importante como si tuviéramos una derecha cavernaria que, por cierto, y en momentos electorales, tanto denuncian como si fuera cierto eso de que “viene la derecha”, es decir, el coco de nuestras pesadillas infantiles. Desgraciadamente, hoy por hoy, el único peligro proviene de esta izquierda retrógrada y retrospectiva.

Un debate de 300.000 €

Realmente ha sido impresionante. Un debate que nos ha costado a todos los españoles, de una forma u otra, sobre cincuenta millones de las antiguas pesetas para, literalmente, provocar solo miedo e incertidumbre. Como si el patio estuviera para estos menesteres.

Rubalcaba ha perdido los pocos papeles que aún tenía. En lugar de informar a los españoles sobre sus propuestas, se dedicó, durante todo el debate, a comentar e interpretar- a su manera, claro- el contenido del programa del PP.

Parecía como si hubiera aceptado, como algo inevitable, que tuviera alguna posibilidad de ganar las elecciones y aplicar su propio programa, del que, por cierto, no dijo ninguna palabra.

Rajoy, que llegaba avalado por unas encuestas demoledoras, a su favor, incluyendo las gubernamentales del CIS, se dedicó a defenderse como si su posición fuera del presidente del gobierno en los últimos ocho años.

Es decir, lo más absurdo que he podido contemplar en los últimos años. Para estos menesteres, mejor hubiera sido el haberse ahorrado tanto dinero de coste de un debate prescindible.

Rubalcaba solo sabe meter miedo a los españoles, claro, como ha sido el jefe del SITEL, es el gran hermano que todo lo sabe y controla. No quiere dejar de gobernar. Lo estuvo con Felipe González y con Zapatero. Ahora quiere ser el Jefe supremo de lo políticamente correcto. Es el ejemplo del más soez e impresentable socialismo de hojalata que representa las siglas del PSOE en los últimos treinta años.

Pero, el Sr. Rajoy, debería ya haber aprendido la lección. No se puede ser caballeroso con gente de esta calaña. Parece mentira, pero aún la derecha de este país no ha conseguido tomar la debida medida a sus rivales. Por esto, y por otras cosas, así nos va en España.

Que llegue ya el 20 de noviembre, ¡por favor!

Un debate inútil y costoso

En un procedimiento judicial civil se plantean tres fases fundamentales: La primera, alegatoria, en la que las partes presentan sus respectivas alegaciones al Juez de Instancia, a través de la demanda, contestación a la demanda y, en su caso, reconvención. La segunda, probatoria, en donde las partes tienen la obligación de acreditar la veracidad de los hechos controvertibles. La tercera, decisoria, cuándo el Juez resuelve, definitivamente, la cuestión en una sentencia, basándose en el resultado de las dos primeras fases.

Pues bien, existen supuestos dónde la Ley procesal, en este caso, la Ley de Enjuiciamiento Civil, prohíbe la práctica de pruebas. En concreto, cuándo el hecho es notorio. Así, el párrafo cuarto del artículo 281 dice, textualmente, que “No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general”.

Pues bien, siguiendo el mismo esquema procesal, en una contienda electoral tiene sentido y utilidad práctica, a la hora de que el electorado pueda fundamentar su voto, los debates electorales, constituyendo un elemento muy importante en el seno de las sociedades democráticas avanzadas, especialmente, a partir de lo que se conoce como sociedad de la información. Sin embargo, los hechos públicos, que gocen de una  notoriedad absoluta y general, no deben de ser objeto de prueba sino, solo, de respeto y reconocimiento por parte de los máximos responsables públicos.

El debate entre los dos principales candidatos que, a la postre, son los únicos con posibilidades reales de alcanzar el poder el 20 de noviembre, resulta desproporcionadamente costoso, en una cifra superior a los 300.000 euros, es decir, más de cincuenta millones de las antiguas pesetas. En una situación de una extrema y grave crisis económica, con más de 5 millones de parados, costear una cifra de tal magnitud, resulta, a priori, contraproducente, sobre todo si, en el análisis posterior, nos diéramos cuenta de la inutilidad del debate, en sí mismo considerado.

Porque, la pregunta sensata sería la siguiente, ¿de qué van a debatir estos dos señores? Lo cierto es que la campaña gira, exclusivamente y de forma monográfica- y, así lo han consensuado ambos- en torno a la crisis económica y la pérdida de cuotas del Estado del Bienestar en este país. Desde esta perspectiva, sobran palabras y debates millonarios innecesarios, a costa del bolsillo de los contribuyentes. El PSOE, el Presidente Rodríguez Zapatero y su ex Vicepresidente- actual candidato-, son los ÚNICOS responsables de que se haya llegado a superar los cinco millones de parados y que los pensionistas se les hayan congelado sus pensiones, lo que, en datos históricos, no tienen precedentes ni parangón alguno. Por lo tanto, son hechos notorios, que no requieren prueba alguno, ni de su existencia ni de su autoría o responsabilidad.

Lo mejor que se podría hacer es suspender tantos debates inútiles, que solo benefician a los responsables y a los demagogos. La ciudadanía se merece que no se le insulte más a su inteligencia y, sobre todo, a sus esquilmados bolsillos. Es necesario neutralizar el uso indebido de los medios públicos. No hay nada que debatir, solo falta asumir las consecuencias de la mala gestión de los últimos ocho años.

Las encuestas

Se están publicando las últimas encuestas previas a la cita electoral del 20 N. Todas, sin excepción, han anunciado lo mismo: La derrota más estrepitosa que el PSOE haya podido sufrir ni en la peor de sus pesadillas. No digo la victoria de la derecha- el PP-, ya que, por mucho que se enfatice que vayan a tener cerca de 200 diputados, realmente, sin saber la participación real en el día de autos, muy difícilmente se puede anticipar, con un mínimo de error, si la horquilla será en torno a los 200 ó, más posiblemente, más cerca de los 180 diputados. Eso sí, la mayoría absoluta parece que, con casi total seguridad, lo tienen ya garantizado.

Personalmente, soy de la opinión que hay que tomar las encuestas con muchísimo cuidado y cautelas. Todo el mundo es consciente de que sirven para influenciar en el electorado, en lugar de ofrecer una información aproximativa de lo que vaya a ocurrir. Y, de ellas, la del CIS es de un tenor más que significativo y superlativo. Este organismo público, absolutamente en manos del Gobierno socialista, es un instrumento indispensable para evitar la victoria de la oposición. De hecho, si éste fuera un país democrático, ya haría tiempo que se hubiera eliminado un órgano de esta naturaleza.

Utilizando el mismo eslogan de los “amigos” de Rubalcaba, ¡ojalá¡ fuera cierto lo que aventura las encuestas, incluyendo la del CIS. El PSOE se merece, no solo una derrota electoral sino, si hubiera una Justicia real, debería convertirse en un partido extra parlamentario. Pero, lo cierto es que, con tanto estomago agradecido que hay en España y tantos subvencionados en nómina- incluyendo las sectas sindicalistas, de la ceja y otros variopintos-, es muy difícil el sueño de ver a un PSOE sin un solo diputado. Pero, al menos, que bueno sería que bajara de los cien diputados y con una diferencia porcentual por encima de los veinte puntos.

De una falsa convocatoria y de presuntos orgullos

Hay dos clases de mentirosos, los normales y los políticos.

El primer ministro griego es el paradigma del mentiroso público por excelencia. Primero cede y pacta unas contrapartidas draconianas a cambio del dinero del rescate; luego, se envalentona y finge un orgullo nacional defendiendo el derecho democrático de su pueblo para decidir su futuro, a través de la vía del referéndum; y, en el último acto de la tragicomedia griega, se baja, literalmente, sus pantalones para renunciar a la legitimación democrática pretendida para, finalmente, aceptar, de un modo humillante, las condiciones de los poderosos.

Pero, el ejemplo del socialismo griego ha cundido en otros lugares como, por ejemplo, en España. Dice Rubalcaba que su lema es el “orgullo”. Pero, vamos a ver, ¿orgullo de qué, por favor?, ¿de llevar al país a la mayor ruina económica, moral e institucional desde los últimos cincuenta años? ¿orgullo en el mismo día que se publica, oficialmente, el dato del desempleo del mes de Octubre, con cerca de 140.OOO parados más, a una cifra de cerca de cinco millones de damnificados por sus políticas sociales?

Hay que tener cara dura y desprecio por la verdad y el Sentido Común. Tanto el paradigma griego como español de socialismo es un buen ejercicio de que es más fácil coger a un mentiroso que a un cojo. Así de sencillo.

Pero, el problema de fondo es que, a la postre, es el pueblo el que padece los errores de sus malos gobernantes. En Grecia, en España y en el resto de los países. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar? Una vez más, se actualiza el lamento de Cicerón, de hace más de dos milenios, Quo usque tándem abutere, Catilina, patientia nostra? El tiempo, aunque parezca mentira, pone siempre a los indeseables en su sitio.

El referéndum de la discordia

El  primer ministro griego Yorgos Papandreu va a  someter a referéndum popular, en las próximas semanas, la decisión última sobre el contenido del plan de rescate a Grecia,  y que ha sido aprobado por la Unión Europea en la pasada cumbre, lo cual, ha provocado una auténtica crisis histérica y una enorme tensión en los mercados y en los países de la Zona Euro.

Cada vez resulta más evidente la teoría de la pérdida de la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea, ante situaciones como la griega. Es muy cierto que nos encontramos con un problema muy serio y de incalculables proporciones. El hecho de que los griegos rechacen el plan europeo sobre su segundo rescate y, por tal motivo, la salida inminente, a modo de castigo, de Grecia del Euro, supone, automáticamente, el principio del fin de la moneda única europea y, por ende, una herida de muy difícil sanación. Ahora bien, lo que no resulta de recibo es que sea, a la postre, los ciudadanos los que tengamos que pagar el pato de los errores y de las irresponsabilidades de sus gobernantes.

El artículo 92.1 de nuestra Constitución proclama que “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Sí en España, a nivel constitucional, se contempla esta posibilidad, ¿por qué se veta el derecho de los griegos a decidir sobre su futuro?

La economía, las decisiones de los mercados, la falta de la unidad y el consenso de los Estados miembros en la crisis financiera y de deuda, está provocando una situación de pérdida de legitimidad democrática a nivel de los órganos de gobierno de los Estados. Se toman decisiones de ajustes drásticos, con pérdida no solo ya de derechos adquiridos sino de reducción de salarios y despidos masivos de empleados públicos, y se pretende que el pueblo soberano se mantenga pasivo y mudo. ¿No es mucha exigencia?

Nos estamos deslizando a un nuevo modelo global de convivencia. La democracia está siendo objeto de un ataque en su línea de flotación, allí donde se fundamenta su legitimación. Posiblemente caerá el gobierno griego y Grecia salga del Euro. Los ciudadanos griegos van a sufrir, durante mucho tiempo, una recesión y una pobreza sin precedentes, a cambio de salvar una Unión más política que real. Pero, así están las cosas. Son tiempos históricos los que estamos viviendo y, por supuesto, España está en la misma línea de peligro y, por ello, todos nosotros.

Como dice el refrán, “cuando veas las barbas del vecino…”.

Las propuestas del PP

El PP ha presentado su programa electoral para el 20 de noviembre.

Básicamente, constituye una lista exhaustiva de medidas para salir de la crisis. Sin embargo, lo que me preocupa no es tanto lo que se dice sino, sobre todo, lo que no se dice. Me explico.

En primer lugar, como eventual votante del PP quisiera reconocerme, a nivel ideológico, con el programa. Es decir, que fuera una respuesta clara de una fuerza política de derechas frente a la alternativa de izquierdas que representa el PSOE de Rubalcaba. No entiendo el porqué no hay una reivindicación clara de un posicionamiento político tan democrático y legítimo como el de la izquierda habitual. En toda Europa hay partidos democráticos de derechas que ganan elecciones y, que por tal motivo, han sido respaldados por la ciudadanía, sin tener que ocultar su ideología. En Alemania, en Reino Unido, en Francia, por citar los tres grandes países de nuestro entorno. En todos ellos, fuerzas de derechas y centro derecha, gobiernan sin ningún tipo de problemas de identificación de sus siglas.

En segundo lugar, como eventual votante del PP quisiera que se concretara, aún más, medidas puntuales de reformas, especialmente en lo que se refiere a las materias básicas de competencia del Estado Central, como son la sanidad, la educación y la justicia. Es cierto que se recogen propuestas, pero son pinceladas, nada más. Sería bueno que se exprese con claridad los detalles de tales reformas, a fin de que el PSOE, y la izquierda en general, no critique lo que denominan “programa oculto” del PP.

Por todo ello, el programa del PP me parece necesario pero, todavía, insuficiente. Se requiere un plus de mayor honestidad y valentía, por no decir, coherencia. Ya es hora de que el PP diga, con claridad, que representa los valores de la derecha democrática en este país. Sin más historias ni miedos a perder electorado.

Por cierto, soy liberal y me sitúo en un lugar más transversal que la derecha tradicional y conservadora del PP. Pero, no tengo ningún tipo de inconveniente en votarles, una vez más, siempre y cuando me digan, con sinceridad, que es lo que pretenden hacer con este país. De lo contrario, igual apuesto por votar en blanco o, incluso, a algún otro partido minoritario que presenten candidatos que, a nivel personal, me merezcan confianza. A falta de un sistema de listas abiertas, y sin un partido liberal propiamente dicho, homologado a nivel europeo, cada vez estoy más cercano de “pasar” de siglas y apostar por personas concretas,  aunque su ideología no coincidan con la mía. En política, no siempre se es más patriótico votar por empatía, sino por necesidad, lo que sea mejor para la Nación y los ciudadanos.

Es decir, que al PP aún le queda dar un paso más, precisamente, en aquel lugar donde se termina lo políticamente correcto y comienza la originalidad y el talento. Por el bien de todos.

El problema español

El maestro Ortega y Gasset, en su magna obra “España Invertebrada”, recogió una tesis que, tras cerca de un siglo, considero que, en la actualidad, cobra una vigencia absoluta: El problema de los españoles no es sólo de la política, de sus gobernantes- qué, por supuesto, también- sino es de mayor calado, al afectar a toda la sociedad en su conjunto.

Antes de continuar, reseñaré las palabras de Ortega:

<< Todas las páginas de este rápido ensayo tienden a corregir la miopía que usualmente se padece en la percepción de los fenómenos sociales. Esa miopía consiste en creer que los fenómenos sociales, históricos, son los fenómenos políticos, y que las enfermedades de un cuerpo nacional son enfermedades políticas. Ahora bien, lo político es ciertamente el escaparate, el dintorno o cutis de lo social. Por eso es lo que salta primeramente a la vista. Y hay, en efecto, enfermedades nacionales que son meramente perturbaciones políticas, erupciones o infecciones de la piel social. Pero esos morbos externos no son nunca graves. Cuando lo que está mal en un país es la política, puede decirse que nada está muy mal. Ligero y transitorio el malestar, es seguro que el cuerpo social se regulará a sí mismo un día u otro. En España, por desgracia, la situación es inversa. El daño no está tanto en la política como en la sociedad misma, en el corazón y en la cabeza de casi todos los españoles>> Podemos analizar la coyuntura histórica del momento de diversas maneras y puntos de vista pero, indudablemente, la conclusión es que, el problema español, es mucho más serio que un mero disparate de la desviación política, en lo que afecta a la pésima gestión económica de los recursos públicos. Si fuera solo esto, la solución sería más fácil, con un mero cambio de gobierno.

En este punto lleva razón el todavía presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando afirmaba que “la crisis no se va a resolver sólo porque gobierne el PP”. Evidentemente, las causas del problema español es de tal calibre y gravedad, que la alternancia en el poder solo es un requisito necesario, pero notoriamente insuficiente, para la consecución de la salida de la crisis.

Pero, retomando a Ortega, en la misma obra citada, añadía:

<< La enfermedad española es, por malaventura, más grave que la susodicha “inmoralidad pública”. Pero que tener una enfermedad es ser una enfermedad.
Que una sociedad sea inmoral, tenga o contenga inmoralidad, es grave; pero que una sociedad no sea una sociedad, es mucho más grave. Pues bien: éste es nuestro caso. La sociedad española se está disociando desde hace tiempo porque tiene infeccionada la raíz misma de la actividad socializadora>>.

Llegado a este punto de la reflexión habría que preguntarse si España, como Nación, país y sociedad, ha sufrido un proceso de disociación tan profunda como la descrita por Ortega en los años 20 del pasado siglo. Y, objetivamente, creo que sí.

Sí el problema fuera solo de una grave crisis económica, el cambio en el timonel del gobierno podría ser un evento suficiente para la recuperación. Sin embargo, al tratarse de una crisis más profunda, que afecta al tejido social, en lo que respecta a la escala de valores y principios, a su estructura institucional y, sobre todo, a la moralidad individual de cada uno de los ciudadanos, hace que el problema sea, exponencialmente, mucho más grave que lo aparente y superficial. En solo siete años se han demolido conceptos básicos, como el respeto al principio de legalidad, el consenso fundamental en las cuestiones de Estado y el valor supremo de la Justicia, entendida ésta última en su sentido radical de dar a cada uno lo que realmente le corresponde.

Por ello, el problema español es muy profundo y no lo sana una simple alternancia en el Poder. Lo puede aliviar, por supuesto, pero no lo soluciona de un modo efectivo.

Es muy posible que,  a estas alturas del proceso de degeneración y decadencia que estamos padeciendo, las últimas palabras de Ortega- en una última reseña-, puedan resonar de un modo desagradable. Pero, desgraciadamente, por ello, completamente atinado. Son las siguientes:

<< Cuando la masa nacional degenera hasta el punto de caer en un estado de espíritu como el descrito, son inútiles razonamientos y predicación. Su enfermedad consiste precisamente en que no quiere dejarse influir, en que no está dispuesta a la humilde actitud de escuchar. Cuanto más se la quiera adoctrinar, más herméticamente pisoteará a los predicadores. Para sanar será preciso que sufra en su propia carne las consecuencias de su desviación moral.
Así ha acontecido siempre>>.

Por supuesto que siempre que una sociedad degenera y permite- como ha ocurrido en estos últimos años- que sus gobernantes perviertan, de una forma flagrante e impune, las bases de un Estado de Derecho, tienen que pagar y sufrir “en su propia carne las consecuencias de su desviación moral”. Económicamente, en lo que más duele a esta sociedad, que ha hecho del materialismo y del relativismo los nuevos dioses paganos a quien adorar. Pero, sobre todo, en lo que menos podrá doler pero, a la postre, más difícil será recuperar: El Sentido Común y la Dignidad, como sociedad y como ciudadanos de una sociedad democrática y sana.

Por este tenor, el 20 de Noviembre solo será un principio, necesario. pero insuficiente, en la consecuencia última de sus resultados. Hace falta, no solo regenerar la política sino, por encima de todo, recuperar la moralidad pública, la sanación en los vicios que hemos permitido y refrendado, con nuestras actitudes pasivas y conformistas.

Ahora toca los lamentos, también la responsabilidad de nuestros actos.

La herencia del socialismo

Las comparaciones son siempre odiosas pero, a fuer de insistir en el error, es necesario recordar algunas cosas. El 28 de Octubre marca dos eventos históricos, el de 1982, victoria del PSOE por mayoría absoluta de 202 diputados y el de 2011, encuesta de población activa del tercer trimestre, con cinco millones de parados netos, sin maquillaje alguno.

Son cerca de treinta años de margen. En 1982 se inicia el ciclo histórico del socialismo en el poder. Se prometieron 800.000 puestos de trabajo, ¿recuerdan?

Y, ¿cuál fue el resultado? Tras catorce años de gobierno, se elevó el paro hasta el 22 por ciento. Llega el PP al poder, en 1996, y se produce el comienzo de ciclo del gobierno de la derecha en este país. Tras ocho años, la tasa de paro se reduce al cincuenta por ciento, es decir, en tasa anual, el 11 por ciento en el 2004. Después de las dos legislaturas del PSOE de Rodríguez Zapatero, se vuelve a invertir la tendencia y, drásticamente, se incrementa el paro hasta cerca del 22 por ciento, a fecha 30 de septiembre, 4.978.300 desempleados y, el 21,5 por ciento de la población activa con ganas y disposición de trabajar, pendiente de los datos del último trimestre del año, con este presidente socialista en el poder.

Los datos son lo que son y no engañan. El socialismo en España ha demostrado su capacidad para la destrucción del empleo. Su gestión económica, en sus dos ciclos históricos, ha sido nefasta y demoledora. Lo demás, pura demagogia. El 20 de noviembre es el momento para que los españoles hagamos un ejercicio de responsabilidad, con el único fin de dar una debida respuesta a la herencia socialista, con cifras y no espejismos. Así de claro.

La prevención general de las penas

<<El castigo judicial no puede nunca ser usado como mero medio para promover otro bien, ya sea en favor del criminal mismo o de la sociedad civil, sino en cambio debe en todos los casos imponérsele bajo el sustento de que se ha cometido un crimen>> (Inmanuel Kant).

Desde el punto de vista del Derecho Penal la prevención general de las penas consiste en que hay un efecto preventivo en el castigo a los hechos delictivos para la población en general, sin perjuicio del efectivo especial y concreto para el delincuente, consistente en que se envía un mensaje -que se pretende que sea inequívoco-, de que aquél que traspase las líneas rojas de lo que es antijurídico y punible, lo va a pagar. Otra cosa bien distinta sí el sistema de penas es lo suficientemente persuasivo o, por lo contrario, resulta más bien intrascendente.

En el caso del juicio de Marta del Castillo, en lo que respecta a las respuestas de los presuntos autores, en sus diferentes responsabilidades, se demuestra que, en una amplia capa de la sociedad civil, especialmente en la más joven, el principio de prevención general está en crisis. Sin ánimo de reproducir algunas frases de los presuntos responsables, ni de darle publicidad gratuita,  pero, evidentemente, todos sabemos la falta más absoluta de sensibilidad al dolor ajeno que están demostrando.

Kant, hace ya tres siglos, definió esta situación con mucha racionalidad y claridad, por no decir clarividencia. No hay sustento de que se ha cometido un crimen, solo, un “fruto del acaloramiento del momento”. Estas “cosas” ocurren, qué le vamos a hacer. “Tú has sido más listo que yo y por ese motivo estás en libertad y yo no”, etcétera.

El fin  y los medios

<<En las acciones de todos los hombres, pero particularmente en las de los príncipes, contra los que no cabe recurso de apelación, se considera simplemente el fin que llevan. Dedíquense, pues, el príncipe a superar siempre las dificultades y a conservar su Estado. Si logra con acierto su fin se tendrán por honrosos los medios conducentes al mismo, pues el vulgo se paga únicamente de exterioridades y se deja seducir por el éxito. Y como el vulgo es lo que más abunda en las sociedades, los escasos espíritus clarividentes que existen no exteriorizan lo que vislumbran hasta que la inmensa legión de los torpes no sabe ya a qué atenerse.>> (El Príncipe, Capítulo XVIII, Nicolás Maquiavelo).

El fin justifica los medios. Esta frase se atribuye a Nicolás Maquiavelo, el cual, en su obra, El Príncipe, reflexionaba sobre la importancia de que el buen gobernante se esforzara en conseguir la conservación y defensa del Estado, superando siempre las dificultades. Para ello, era intrascendente los medios empleados, incluso se tendrían “`por honrosos” por parte del “vulgo”, es decir, por el pueblo llano, que son tan torpes que no saben ya a qué atenerse. Son sus propias palabras en el contexto histórico de una época de la Italia de finales del Siglo XV, convulsa y enormemente enfrentada, por no decir dividida. Maquiavelo es un hombre de su época pero, sus obras, trascienden el  plano histórico y se actualiza de una forma atemporal. Hoy mismo, también se puede aplicar.

¿Es cierto que el vulgo o pueblo llano es tan tonto que mira para otro lado en relación a los medios utilizados por sus gobernantes en la consecución de sus fines? La pregunta alarma pero, evidentemente, se aconseja la reflexión. En este sentido, lograr el bien común es la primera exigencia del gobernante moderno, dentro del seno de una sociedad avanzada y democrática. Sin embargo, no  todos los medios son igualmente morales y lícitos. Los atajos no son convenientes. Llegar al éxito sin detenerse en los medios para alcanzarlo, tampoco, porque, son los medios los que justifican los fines y, no, al revés.

España vive un momento crítico en su Historia. Es éste un periodo de clara decadencia, en lo político, en lo económico pero, sobre todo, en lo social y en lo moral. No todo sirve. Es urgente una regeneración integral. Hace falta una altura de miras, un pensar en “grande”, en términos del maestro Ortega y Gasset. Luces largas, en  tiempos difíciles. Las cortas nos pueden llevar al desastre.

Personalmente, creo que ya no hay partido en el escenario del 20 de Noviembre.
El PP va a arrasar pero, otra cosa bien distinta es si va a ser así por méritos propios. Más cierto es que el PSOE, en sus dos legislaturas, lo ha hecho francamente mal. Mejor dicho, peor que mal. Un desastre, para los mismos socialdemócratas de manual. Sin embargo, ganar por lo mal que lo han hecho los adversarios, en lugar de hacerlo incitando ilusiones y esperanzas, no es nada bueno. Hace falta un plus en la vida pública. Más coherencia, responsabilidad y talento. De lo contrario, tendremos más de lo mismo, aunque cambie el color político del momento.
Para terminar, creo que se ha cerrado un ciclo político, el de la ideología.

El fin, pactado, de ETA

<<En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado>> <<ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones, hasta construir un escenario de paz y libertad>> Las ideas autoritarias, procedan de quienes procedan, no asumen un concepto democrático de solución de los conflictos, ni de la existencia de una diversidad de opiniones, ni de diferentes ideologías, ni del respeto al adversario. No creen en la paz, sino en el fin de la guerra, una vez que alcancen sus objetivos militares. Solo cuándo se hayan alcanzado tales objetivos, nunca antes.

ETA, en el día de hoy, no ha decidido su fin, solo un “cese definitivo de la actividad armada”, como paso previo a la “superación de la confrontación armada”.

“Pacta sunt servanda”. Lo pactado, obliga. Ahora toca comprobar los términos del Pacto Histórico. Y, hay actas redactadas y firmadas.

El apaciguamiento: un nuevo error del pasado

«Tuvo usted para elegir entre la humillación y la guerra, eligió la humillación y nos llevará a la guerra.» Winston Churchill

Si la Historia sirve para algo es, únicamente, como medio para evitar errores garrafales del pasado. Durante el periodo conocido  como de “entreguerras” es famoso el episodio de cómo las Potencias Democráticas entregaron, de una manera cobarde y vil, Checoslovaquia a Hitler, a través de Los Acuerdos de Múnich, los cuales,  fueron aprobados y firmados durante la noche del 30 de septiembre de 1938 por los máximos responsables políticos de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, con el objeto de solucionar la crisis de los Sudetes. Una vez que Hitler consiguió lo que pretendía, Daladier y Chamberlain, primeros ministros de Francia  Y Reino Unido, respectivamente, fueron recibidos,  en París y Londres,  por decenas de miles de ciudadanos que les saludaban como salvadores de la paz. Chamberlain resumió su postura cobarde con la siguiente frase lapidaria:"la paz con honor, la paz de nuestro tiempo". No pasó ni siquiera un año cuando, la respuesta del Dictador a la política de apaciguamiento de Chamberlain, fue que en marzo de 1939, Hitler invadió lo que quedaba de la pobre Checoslovaquia.

Una declaración de vergüenza

Tras la pantomima de la Reunión, o Declaración, de San Sebastián, los promotores de esa autodenominada “Conferencia de Paz”, hablan del fin de ETA a partir de una premisa mayor: La resolución de un conflicto previo.

De todas las mentiras más canallescas que hemos padecido los españoles durante las dos funestas legislaturas de Zapatero, la más grave es, sin duda alguna, lo que se conoce como “proceso dialogado del fin de la violencia”.

Principalmente, porque no es cierto que exista un conflicto en el País Vasco, en equivalencia al que sí había, históricamente, en Irlanda del Norte o Sudáfrica. A diferencia del primero, el País Vasco forma parte del territorio español desde el mismo instante en que, por vez primera en Europa, se constituye un Estado Moderno: El de España, tras la reunificación peninsular a finales del Siglo XV. Los territorios que hoy son parte del País Vasco, eran parte del Reino de Castilla y León, como fruto de más de tres siglos de pactos entre los hombres de esos lugares que, por razones de disputas y enfrentamientos seculares, se negaban aceptar el “vasallaje” respecto al Reino de Navarra- que, por cierto, no al revés.

Pero, sobre todo, la diferencia con Sudáfrica es que, ningún vasco, por su pertenencia a una presunta “raza” diferente, ha sido, históricamente, objeto de un apartheid como, sí aconteció con la población mayoritaria, de origen negro, del Sur africano. Comparar ambos supuestos es tan absurdo como ridículo.

Por lo tanto, la Conferencia de Paz no es más que un esperpento y una afrenta, por no decir, una falta de respeto a millares de víctimas del terrorismo. Lo más parecido a un terrorista etarra es un gánster asesino de los años veinte en los EEUU o, si se quiere, de los elementos mafiosos de la vieja Sicilia o de la Cosa Nostra. No hay otra comparación posible.

Una vez negada la mayor, los demás puntos de la Declaración resulta absurdo perder el tiempo en comentarios que, más que otra cosa, sería seguir el juego a los violentos, a sus cómplices y, especialmente, a esa camarilla de políticos traidores que, por mor de conservar el Poder, son capaces de vender su alma al Diablo.

Así de claro y no nos insulten más. Aunque solo sea por un respeto a la estética de los muertos ya que, por cuestiones éticas, evidentemente, no tienen el menor conocimiento de ello. A ETA solo se le puede vencer, no convencer. Los terroristas no son más que unos vulgares criminales, que merecen su Justo castigo. En España no hay ninguna guerra ni conflicto armado, solo una pandilla de asesinos, con la cobertura de unos hipócritas más el grupito de cobardes de turno.


El socialismo y la balsa de la medusa (para Alfonso Lazo)

Cuando tuve la oportunidad de visitar el museo del Louvre, entre otras impresionantes obras, hubo dos que me causaron una enorme impresión: La libertad guiando al pueblo, magnífico cuadro de Eugéne Delacroix, y La Balsa de la Medusa, del pintor y litógrafo francés del Romanticismo, Théodore Géricault.

Ambos cuadros simbolizan dos realidades igualmente contrapuestas pero, simultáneamente, convergentes. Por un lado, en la Balsa donde yacen un grupo de seres humanos que habían naufragado- recreando un hecho histórico-, que quedaron a la deriva durante 13 días, hasta que fueron rescatados, y forzados, por las terribles circunstancias, al hambre, a la sed, a comerse los unos a los otros para sobrevivir y, por último, a las mayores locuras que un hombre puede abocarse. Por otro lado, el pueblo soberano, levantado al unísono, contra la injusticia y el absolutismo, la libertad en su plenitud.

Recientemente un articulista al que le tengo un gran respeto y, además, he tenido el enorme orgullo de haberlo conocido, personalmente, Alfonso Lazo- ex diputado socialista de los primeros momentos y ex secretario provincial del PSOE en Sevilla-, ha apostado por la necesidad de que su partido se aboque a la derrota electoral más profunda de las posibles, a modo de catarsis, para conseguir una urgente refundación, so pena de hundirse en la corrosión más horrible que le derive en su proceso de autodestrucción.

A Alfonso le tengo una enorme simpatía. A pesar de su condición de socialdemócrata de manual, su dignidad y honestidad, me parece del todo memorable y ejemplar, en estos tiempos de mediocridad e intransigencia. Es muy posible que el Liberalismo que profeso no esté tan lejos de sus creencias y que, a pesar de todo, los liberales y socialdemócratas tengamos más puntos en común que diferencias. De hecho, soy de la opinión de que nuestra Constitución de 78, fruto del Consenso Constitucional, es una obra pactada por los más notables representantes de ambas ideologías, que supieron aunar esfuerzos de concordia, abandonando los sectarismos y enfrentamientos seculares de antaño.

Sin embargo, amigo Alfonso, tengo que discrepar de usted en algo esencial. No es que el PSOE necesite refundarse, es que el socialismo ha perdido su razón de ser, a nivel del sustrato ideológico que lo fundamentaba. La socialdemocracia ha sido, históricamente, la vía reformista que el socialismo del Siglo XX caminó entre un viejo Estado en decadencia y los experimentos autoritarios del nazismo y el comunismo. Ahora bien, tras la crisis endémica que estamos sufriendo, es el Estado del Bienestar, resultado último de la socialdemocracia, lo que está en fase terminal. Aunque no guste reconocerlo, las recetas de la izquierda socialdemócrata, se han visto, definitivamente, superadas por los avatares de los cambios de los tiempos.

A semejanza de la Balsa de la Medusa, son los despojos humanos que se aprecian en el cuadro los que, de una forma simbólica, bien podrían representar el final de la socialdemocracia. Y, lo digo, con pesar, porque, a pesar de mis convicciones liberales doctrinarias, siempre he pensado que se necesitaba un referente complementario desde las filas de una izquierda racional y sensata.
Pero, la realidad es como es, guste o no aceptarlo.

La libertad guiando al pueblo. En este segundo cuadro se representa la eclosión de nuevas formas revolucionarias de cambio, a costa de los cadáveres de los tiempos pasados. El absolutismo del Siglo XVIII, que bien podría ser el conservadurismo de una izquierda terminal. Al final, como bien se puede leer entre líneas, Marx llevaba la razón en un único punto de su Tesis: La burguesía y, su ideología, la Liberal, ha sido la única fuente de revolución y regeneración de la humanidad, en sentido positivo. Las utopías decimonónicas, han fracasado en su integridad.

Pero,  a pesar de todo, todavía queda el camino del converso. Desde el punto de vista del racionalismo y el Sentido Común, el pragmatismo y la cordura, aún hay margen para recuperar el buen camino a aquellos, que como los pobres diablos de la Balsa, esperan que puedan ser salvados in extremis. En este sentido, la ideología desaparece pero, a la postre, es sustituido por el retorno al origen que, bajo mi punto de vista, se encuentra en la Casa Común donde liberales y socialdemócratas hemos bebido de las mismas fuentes intelectuales.

No se puede regenerar, ni refundar, sobre algo definitivamente muerto y enterrado. Así de sencillo.

Reinventemos el futuro.

Una situación crítica de la Justicia

Es muy cierto, lo reconozco, que a  la presidenta de la Comunidad de Madrid, tanto por su talante como por sus ideas, le tengo una especial simpatía. Es la única Liberal- así, en mayúsculas- de este país. Representa, por lo tanto, todos los ideales de libertad en los que creo con toda firmeza. Pero, es que además, tiene la valentía de decir lo que piensa aunque, en gran parte de sus opiniones, no sean acorde con lo políticamente correcto. Le da igual y no tiene miedo en defender sus ideas, lo cual, le hace aún más atractiva su presencia, en el marco de una clase política caracterizada por la mediocridad y el entreguismo.

La última propuesta, a una interpelación del Líder de UPyD en el Parlamento de Madrid, ha sido el de proponer, sin ningún tipo de reserva mental, el de devolver las competencias de Justicia al Gobierno de la Nación ya que, considera, que debe ser una competencia de ámbito exclusivamente estatal. Y, lleva toda la razón del mundo. Me explicaré.

Soy consciente de que el desarrollo de eso que se denomina “Estado de las Autonomías” es, para bien o para mal, un proceso irreversible. Personalmente soy partidario de un modelo racional de federalismo simétrico, basado en la compatibilidad de un Estado descentralizado con el sostenimiento razonable de un Estado Central con un mínimo de competencias exclusivas en aquellas materias en que, el Estado, no puede ni debe desligarse ni delegar en las comunidades autónomas, a riesgo de destruir al conjunto de la Nación. Entre éstas competencias están, por este orden de importancia, tres básicas: La sanidad, la educación y la Justicia. No pueden existir 17 modelos distintos en estas competencias, a riesgo de destruir una base fundamental de la soberanía nacional, como es el de ser la suma de todos los ciudadanos españoles, libres e iguales, independientemente del territorio en que habiten.

Por lo que respecta a la Justicia, que es el entorno Laboral y Académico en que me envuelvo- por mi condición de Trabajador Público de la Administración de Justicia y Profesor Asociado de Derecho Procesal- cada vez soy más testigo de una realidad incuestionable: El fracaso de un concepto de la Justicia, dividida en partes desiguales. Es necesario que la Administración de los Juzgados y Tribunales, en todas sus facetas- incluyendo los medios personales y materiales, desgraciadamente transferidos a las Comunidades Autónomas-, sean urgentemente devueltas al Estado Central. Es el único medio para recuperar un concepto del Poder Judicial único e igual para todos los españoles. Por otra parte, y desde el punto de vista económico, se ha demostrado que la Justicia no ha sido mejorada por el proceso de fragmentación en trozos desiguales. No es nada justo pero, sobre todo, eficaz, un modelo descentralizado, por no decir, atomizado, de administraciones judiciales con diversos modelos, proyectos y políticas contrapuestas, a fuer de ideologías y partidismos varios.

Podría poner ejemplos concretos de mi Tesis, pero no quisiera caer en perderme en los árboles en lugar de detenerme en el análisis objetivo y responsable del bosque en su conjunto. Son ya demasiados años de prestación de servicios en quince destinos distintos, con diversas responsabilidades. Cada vez con mayores niveles de decepción. Sinceramente, estoy cansado de chocar, una y otra vez, con la misma piedra: Que si no hay recursos suficientes, que si no hay suficiente presupuesto, que si las plantillas- notoriamente insuficientes y anticuadas- no pueden ampliarse a pesar de su más absoluta ineficacia.

Tantos compañeros absolutamente “quemados” en el camino, por no decir literalmente tratados como “cabezas de turco”.  Ya es hora de que las cosas, en los Tribunales, cambien radicalmente de perspectiva. A no ser que se pretenda caminar por un sendero irreversible de total hundimiento de nuestro sistema de protección de los derechos y libertades fundamentales. Así de claro y de sencillo, a no ser que se quiera negar la dura y objetiva realidad de los datos estadísticos.


Treinta años

En estas fechas cumplo con un aniversario muy importante en mi vida profesional y académica: En el mes de Octubre de 1981 comencé mis estudios de la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Sevilla. Eran otros tiempos, tanto históricos como universitarios. Han transcurridos tres décadas y, tras mi licenciatura, me he dedicado, en plenitud, tanto a profesiones relacionadas con el mundo del Derecho como a profundizar en los estudios de post grado en la carrera.

En este sentido, en lo que respecta a la actividad profesional, estuve ejerciendo durante tres año y medio la Abogacía para, con posterioridad, aprobar las oposiciones al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia- actualmente Gestores Procesales-. Así durante quince años y, en los últimos cuatro años, hasta estas fechas, trabajar como Secretario Judicial Sustituto.

En total, cerca de veinticinco años y, como trabajador público, unos veinte y en quince destinos distintos, todos ellos en Juzgados de la Capital y Provincia de Sevilla.

Por otra parte, tras conseguir la licenciatura, hice un Curso de Especialización en Criminología para, inmediatamente, cursar estudios de doctorado, alcanzando el Grado de Doctor en Derecho Procesal. Recientemente, y tras el correspondiente Concurso Público, he sido contratado- por la misma Facultad en la que, hace treinta años, inicié mis estudios jurídicos- como Profesor Asociado en el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Con este resumen de mi vida académica y profesional quiero destacar que son ya muchos años dedicándome a la Justicia, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. No es que haya alcanzado el clímax pero, si algo he aprendido en todo este tiempo, es que más sabe el Diablo por viejo que por Diablo.  Y, aún, me queda mucho por aprender, tras treinta años.

Con el transcurso de tan largo y extenso periodo de tiempo he llegado a una conclusión: He sido testigo de cómo se ha profundizado en las nuevas tecnologías, tanto en el Mundo de los Tribunales de Justicia como en la Universidad pero, con la distancia en el tiempo, debo de manifestar- con todo mi pesar- que no se ha conseguido una mejora sustancial en la calidad y en el talento, a nivel académico como jurisdiccional. La Universidad y la Justicia a comienzos de los 80, con menos medios técnicos eran, cualitativamente, mucho mejores que las del Siglo XXI, en su primera década. A pesar del Internet y del correo electrónico y de tantos ordenadores portátiles.

Entiendo que esta conclusión puede parecer paradójica. Pero, desde un punto de vista objetivo, creo que no estoy alejado de la verdad. A veces, las mejoras tecnológicas no van acompañadas con unas mejoras en la calidad. Y, esto es lo que ha acontecido con la Universidad y en la Administración de Justicia, ambas enroscadas en una decadencia y una falta de talento. Los datos están ahí, y son irrefutables: Juzgados saturados, Estudiantes desmotivados.

Me hubiera gustado haber cumplido los 30 años de experiencia profesional y académica  con otro diagnóstico. Pero, decir lo contrario, es haber faltado a la verdad. Aunque soy consciente de nadar contra corriente al afirmar una Tesis de tal calibre. Al menos espero vivir otros treinta años para comprobar que la tendencia se invierte, a favor del logro de la calidad y del talento, en lugar de lo que se adolece en este presente tan mediocre. Que así sea y yo lo vea.

Los 300

El PP ha propuesto reducir el número de diputados a 300, es decir, suprimiendo 50 actuales. La propuesta es muy oportuna e interesante pero, a mi juicio, se queda aún corta, por los siguientes motivos:

En primer lugar, lo que habría que reformar es la Constitución para eliminar el mínimo de 300 diputados que establece el artículo 68, en su apartado primero y así plantearse una reducción superior, como es necesario hacer.

Pero, y en segundo lugar, la premisa mayor a este silogismo es distinta, porque, ¿cuántos diputados son suficientes para hacer su labor?

Básicamente, la labor de nuestros representantes en el Congreso, se centra en votar en los Plenos y su labor en las comisiones parlamentarias. A la hora de votar, hay un representante de cada grupo parlamentario que indica, con unos dedos de su mano, que sí hay que votar afirmativamente, un dedo, sí es en contra, dos dedos, y sí es abstención, tres dedos; más o menos, así trabajan en el Pleno. La presencia física no es obligatoria y, suele ser habitual que falten muchos de ellos en la mayor parte de las sesiones, salvando, claro está, las más mediáticas, es decir, en aquellas en las que sus señorías se puedan “lucir” cara a las cámaras de televisión.

Por tanto, ¿sólo 50 menos? Y, ¿por qué no 100 menos, o 150 menos?

Y, no digamos ya, el plantearse la eficacia de la segunda cámara legislativa, el Senado, con tantos senadores elegidos directamente como por parte de los 17 mini estados en los que está fraccionada  nuestra Nación española.

Reducir 50 diputados no sería más que el comienzo de una “poda” más que necesaria. Es de puro sentido común, sobre todo cuando vivimos unos momentos en que a millones de pensionistas le han congelados sus pensiones y a otros tantos empleados públicos le han recortado sus sueldos, algo inaudito en un Estado Social y Democrático de Derecho.

Un proyecto liberal para la salida de la crisis

Decía un autor clásico del Liberalismo, apenas dos años antes del funesto 1929,  que “el único camino abierto a quien desea llevar al mundo por la vía del liberalismo es el de convencer a sus propios conciudadanos de la necesidad de una política liberal; el trabajo de clarificación es el único que el liberal puede y debe realizar para contrarrestar, en la medida de sus fuerzas, el declive hacia el que hoy la sociedad se encamina a pasos veloces; no hay ya espacio para las concesiones a los perjuicios inveterados y los viejos y ya queridos errores teóricos;  sobre las cuestiones del ser o no ser de la sociedad, del desarrollo o declive de millones de hombres, ninguna  concesión para cualquier forma de debilidad o de diferencia es ya posible (El liberalismo- la tradición clásica- Ludwing Von Mises, 1927)”.

Von Mises representa al Liberal, así,  en mayúscula, y en oposición a lo políticamente correcto, en un momento histórico de una enorme conflictividad.

Aunque lo afirmara hace ya muchos años,  su contenido y tenor, en su misma literalidad, bien podría servir, como paradigma,  para afrontar los retos del presente. Es muy cierto que un Liberal tiene como  misión principal y fundamental el de “convencer” en lugar de “vencer” o “imponer”, sobre la necesidad y eficacia de una política liberal. A diferencia de otras ideologías contrincantes, especialmente la socialdemocracia, el liberal asume un roll pedagógico, en lugar de una postura demagógica. No se tratar de “vender” falsas expectativas o ilusiones sin  fundamento. De lo que se trata es de formar voluntades y actitudes, sobre un escenario realista y nada pacífico.

Retomando el escenario actual, la situación económica y política en España, como en otros países de nuestro entorno, se contempla de una guisa realmente difícil y complicada. Se habla de articular las bases para una salida de una crisis de una gravedad equivalente a la del crack del 29, justamente la misma de la que fue un testigo directo Von Mises. Es una crisis estructural, no coyuntural. Desde esta perspectiva, hablar de una “salida progresista”, en contraposición a una  “salida conservadora”, no tiene una base científica ni realista alguna. La única salida es la que es, no la que se quiera uno inventar, por  intereses de partido.

Se habla, asimismo, que esta es una crisis terminal del modelo liberal o, mejor dicho, neo liberal de mercado. Que hace falta más protagonismo del Estado, más intervencionismo estatal, frente a las “ligerezas o egoísmos del mercado”. Como diría Von Mises, esta afirmación lo único que recoge son los “perjuicios inveterados y los viejos y ya queridos errores teóricos” propios de unas políticas que no han sabido afrontar la  crisis.  Más que la derrota del Liberalismo, habría que afirmar que se ha certificado el ocaso, posiblemente definitivo, del modelo socialdemócrata del Estado del Bienestar. Las recetas keynesianas,  las  mismas que sustentaban los pilares de la socialdemocracia moderna- tras la Segunda Guerra Mundial-, son las que se han visto superadas por la dura realidad inexorable de los nuevos tiempos. En suma, es la ideología la que ha perdido, frente al pragmatismo.

La izquierda, que no la derecha liberal, es la que tiene un serio problema de futuro. Todos los gobiernos de izquierdas, en Europa y, también, el de “progreso” del presidente norteamericano Obama, han fracasado en sus recetas, anticuadas, de salida de la crisis. A todos ellos la realidad les ha doblado el pulso y la muñeca. Han mordido el suelo. A pesar de todo, el modelo liberal de austeridad en el gasto, es el único camino posible de la crisis.

Y, pese  a quien pese, en España, también. La izquierda se ha quedado sin mensajes ni recetas. Solo les queda la propaganda.

Ahora bien, la derecha debe recuperar la valentía y la coherencia en la defensa de sus principios, entre otras cosas, porque llevan, sencillamente, la razón. Aunque las consecuencias, a nivel social, sean dolorosas. Y, en esta tesitura, poco práctico es insultar a la inteligencia, con frases acerca de las maldades del neoliberalismo ni las políticas de recortes. Porque, paradójicamente, ha sido un gobierno socialista el que se ha visto obligado a iniciar estas mismas políticas liberales, de ajuste y de reformas estructurales. Y, esta última lección, es ya definitiva, frente al discurso y a la palabrería pre electoral.

En el País del Nunca Jamás

Siguiendo la historia de Peter Pan, en el País del Nunca Jamás viven los niños que no quieren madurar ni crecer. Se empecinan en mantenerse en la inmadurez permanente y, de tal forma, evitan enfrentarse con la cruda realidad.

España ha estado gobernada por un Peter Pan y un grupo de seguidores del mismo tenor durante los últimos años. Hasta el máximo ideólogo del comunismo moderno, Lenin, denunciaba, en los primeros años de la Revolución Bolchevique, los errores del “izquierdismo infantil”. La Política, en mayúsculas, se rige por principios del pragmatismo, no de la ideología. En la Conferencia Política del fin de semana último, puesta de largo del PSOE cara a las próximas elecciones generales, ha triunfado una estrategia basada en la ideología, no en la realidad de las cosas. Y, las cosas, están bastante mal. Cien mil parados más en Septiembre, algo no visto en quince años. Se dice poco, tras meses de recuperación del empleo. Otra vez con cinco millones netos de desempleados.

Realmente, poco importa si el PP gana o no las elecciones. Lo que realmente interesa es recuperar el Sentido Común y las Políticas de Estado. Cincuenta días de propaganda inútil van a forzar el definitivo descarrilamiento de un proyecto nacional para la salida de la crisis. No hay salida “progresista” de la crisis, como tampoco hay una salida “conservadora” de la crisis. Solo hay una única vía de salida de la crisis: El sentido común, la austeridad, bien entendida por todos, el espíritu del sacrificio y la vuelta a los valores y principios que animó, en su momento, a toda una generación, como la de los setenta, deseosa de cambios estructurales, y no solo políticos. El fruto fue los treinta años más gratificantes de España, como Nación. Hemos de conseguir recuperar el buen sendero, en lugar de perder el tiempo con tanta palabrería.
Se ha acabado el País del Nunca Jamás. Peter Pan ha madurado, aunque le pese reconocerlo.

Listas abiertas, ya

Cada vez que se aproxima un evento electoral me hago la misma pregunta: “ Pero, ¿ por qué tengo que votar, necesariamente, a una lista cerrada de personas?. Lo lógico, lo sensato y, sobre todo, lo genuinamente democrático sería el que tuviéramos un sistema electoral con listas abiertas a fin de que, en una demarcación electoral- por ejemplo, la de Sevilla, que es la que me corresponde por zona- cada ciudadano pudiera elegir entre los candidatos más idóneos, independientemente del color político que los avalara.

Es muy sencillo. La cuestión es que uno no tiene adscripción militante o partidaria alguna. Personalmente, no le debo favores a ninguna sigla política, ni de derechas, ni de izquierdas, ni las de todo lo contrario. Gracias a Dios puedo votar sin ningún tipo de subordinación ni agradecimiento a partido alguno. Voto a quien me dé realmente la gana, o no voto, si fuera menester. O voto en blanco, lo que, por otra parte, cada vez me apetece más el cuerpo hacer, en vistas de padecer un sistema electoral caracterizado por la cerrazón y la antigualla.

Un país democrático requiere un sistema electoral con listas abiertas y desbloqueadas. Y, además, con distritos electorales mucho más cercano al ciudadano. En lugar de circunscripciones provinciales, de distritos. Por ejemplo, a nivel comarcal, agrupando municipios limítrofes, con la finalidad de no dispersar tanto el voto a través de un territorio, tan excesivamente amplio, como es el de una Provincia.

Con ello ganaríamos en democracia material. Ahora que tanto se habla de “democracia real”, más deberíamos preocuparnos en las formas que, en estos temas, son tan importantes como las cuestiones de fondo. Denuncio las listas cerradas y el sistema electoral actual, y reclamo listas abiertas. Mientras ello no acontezca, personalmente, no me sentiré del todo debidamente representado. El hecho de que uno, ideológicamente, se sienta, muy profundamente, liberal, no significa que tenga que votar siempre lo mismo.

Entre otras cosas porque, si lo pienso bien, en España no hay un partido liberal propiamente dicho. Ni el liberalismo que uno profesa tiene que ver con partidos al uso. Así que, a ver si en la próxima legislatura a alguien se le ocurre, como en el techo de gasto, reformar la Constitución para democratizar, de verdad, nuestro sistema electoral y parlamentario. Mientras tanto, solo habrá una democracia meramente formal y ritual.

Fin de ciclo

La política es como la vida misma, un periodo de tiempo limitado con diferentes etapas en su transcurrir. El ser humano comienza su devenir en la infancia, seguido de una dura adolescencia y juventud- donde se forja su carácter-, para terminar, con la madurez, el ocaso y la vejez final. En política, más o menos igual.

El presidente del Gobierno de España ha disuelto, oficialmente, las Cortes Generales y ha convocado elecciones para el domingo 20 de Noviembre. Con ello cierra un ciclo histórico del país. Se quiera o no reconocer, Rodríguez Zapatero representa ya un capítulo de nuestra Historia. Con el tiempo, y en un plazo razonable, habrá historiadores y especialistas que diagnosticarán, no pacíficamente, su trayectoria y resultados. Pero, lo importante, es mirar al futuro, es decir, el 21 de Noviembre del 2011. Día D.

Estos dos meses son un mero impasse de nuestra Historia. Pero, ha dejado huella.
Comienza un nuevo ciclo, una nueva legislatura, unos nuevos protagonistas, un nuevo liderato, tanto de gobierno como de la oposición. Ignoro quién ganará las elecciones del 20 N y, además, sinceramente, no considero que sea lo más importante. Hace un año, en el mes de Mayo del 2010, si hubiera sido importante un eventual giro de timón. Ya, a estas alturas, poco importa. Los acontecimientos en este año y medio, todos frenéticos, han roto un devenir normalizado de cambio de testigo en el juego democrático. La situación es crítica y nos jugamos mucho más que el color político de la nueva Administración. Nos jugamos, en muy pocos meses, las bases de la supervivencia de un modelo de Estado. El actual, a nivel político, institucional y estructural, ha entrado en un proceso terminal. Ha fracasado el modelo en su conjunto. Así de sencillo. Es hora de una regeneración total y global: Una nueva Constitución, un nuevo sistema de partidos, una nueva administración de Justicia, un nuevo equilibrio entre poder central y autonómico, una nueva forma de gestionar las cuentas públicas, una nueva relación entre gobernantes y gobernados, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, el 20 N es algo insignificante, si nos atenemos a una fecha concreta. Es como lo que se recoge en el adagio popular, “que los árboles no te impidan ver el bosque”. Pues, algo así.

El retorno de Alicia

Sí hay una obra emblemática del síndrome del infantilismo patológico de los adultos, que se empeñan en no crecer ni madurar, esa es, sin dudas alguna, “Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas” de  Lewis Carroll. El capítulo penúltimo de la obra se titula, “¿Quién robó las tartas?”. Si leemos el libro, comprobaremos que, el Juicio contra la Sota, es precisamente por tal motivo. La protagonista es acusada, procesada y, esperpénticamente, condenada por denunciar lo absurdo del juicio.

El País de las Maravillas es un lugar paradigmático de todo aquello que no tiene sentido ni explicación racional posible. Normalmente, en la época infantil, los seres humanos se rigen por comportamientos inmaduros, propios de personas que, por razón de su escasa edad, actúan de tal modo. Sin embargo, a medida que uno va creciendo, las cosas cambian, a no ser que sufra un proceso de estancamiento y, a pesar de entrar en la edad de la madurez, permanezca como si fuera un infante.

Alicia se despierta al final de la obra. Recuerda el episodio como un mero sueño pero, vuelve a la realidad de los hechos concretos de la vida ya normalizada. Ahora bien, hay personas que no. Y, lo que sucede en la sociedad civil, también se presenta en la vida pública.

Nadie que no tenga un mínimo de sentido común puede obviar que estos últimos siete años han sido muy especiales. Al final, los resultados son los que son.

Se quiera o no reconocer. Aunque las circunstancias de fuera hayan condicionado la coyuntura. Pero, debemos ser responsables y coherentes con las consecuencias de nuestros actos. Hay que despertarse del sueño de Alicia y recuperar el sentido común. Todos, sin excepción.

Pasar página, cuanto más pronto, mejor

Durante los últimos siete años y medio de las dos legislaturas de Rodríguez Zapatero, España, como país y como Nación, ha vivido un periodo histórico muy sui géneris. Sería injusto y desproporcionado decir que todo lo que se ha hecho, legislado o aprobado, ha sido malo. En la vida, nadie es del todo bueno o malo. En la política, con la única excepción de los regímenes totalitarios, tampoco.

Sin embargo, entrar a discutir las presuntas “bondades o maldades” de las políticas de este presidente, muy pronto en “funciones”, es una tarea que resulta, a mi juicio, absolutamente estéril. Habría que particularizar hechos en concreto y, como son siete años largos, no es el momento procesal oportuno para un análisis suficientemente objetivo y sereno. Lo que realmente interesa a los ciudadanos es el futuro. Mirar al pasado, no sirve de nada, ni tiene resultado práctico.

Y, una vez dicho lo anterior, vamos a lo importante. Pasar página. Cerrar un capítulo de nuestra historia reciente. Apuntalar las bases necesarias y urgentes para afrontar un camino riguroso, sensato y eficaz de salida de la crisis. Porque, lo único cierto de todo esto es que, la situación actual, sin alarmismos ni tremendismos, es muy peligrosa y nada halagüeña. Solo hay que mirar los teletipos de las agencias de noticias. La crisis de deuda que no tiene salida fácil, los datos del desempleo, tan brutal como injusto, entre otros, por citar solo los dos más flagrantes y sangrantes. En esto reside el sentido común, en mirar hacia delante, no atrás. Y, tras las elecciones generales a celebrar en un plazo de sesenta días vista, articular un nuevo Gobierno y una nueva Oposición, nuevas formas de sentir la política, más cercana a solucionar los problemas reales de los ciudadanos, en lugar de provocar, o incitar, a problemas innecesarios o, al menos, radicalmente secundarios. Y, con sentido de responsabilidad y de un concepto de Estado, no guardando en las alforjas ni rencores ni “vendettas” personales.

El partido moderado

El líder del PP se ha definido, en una autobiografía recientemente publicada, como de “moderado”, frente al radicalismo de otros.

Durante el reinado de Isabel II, el Partido Moderado era una corriente del Liberalismo español caracterizado en la defensa del Ideal Liberal en su vertiente moderada, frente a los conocidos como “exaltados”.  Después de haber gobernado durante diferentes periodos históricos, el partido se fundió con Unión Liberal, constituyendo el Partido Liberal Conservador, liderado por D. Antonio Cánovas del Castillo, auténtico artífice del Estado Liberal moderno, en el último tercio del Siglo XIX.

La moderación, en el Siglo XXI, ha dejado de ser una ideología para mutarse en una especie de “talante” en la forma de practicar la política. Desde este punto de vista, hay moderados en la derecha como en la izquierda, todos ellos con un mínimo común denominador, la sensatez y el diálogo, en contrapunto con el sectarismo y la demagogia. Desde el punto de vista Liberal, la moderación es la columna vertebral de su ideología. No se puede ser liberal si no se es moderado. Precisamente, la Constitución de 1978, es el fruto de los moderados de los representantes del anterior régimen y de los partidos de la oposición democrática. Tras treinta y tres años de régimen constitucional, el Partido Moderado está compuesto por ilustres miembros de la derecha y de la izquierda democrática.

La política, como la Historia, tiene sus propios procesos de evolución, con carácter cíclico. Tras dos legislaturas de radicalismo, toca ahora un nuevo periodo de moderación y recuperación del consenso y del sentido común o del pragmatismo. Otra cosa será quien lidere este nuevo proceso histórico. Lo importante es que impere la moderación. Como liberal, así lo espero.


De ricos y pobres

Resulta inaudito que,  en un momento en el que el país sufre la peor crisis económica de los últimos cincuenta años, los políticos se planteen discusiones tan rocambolescas como el de la reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio, desactivado- que no derogado- hace tres años, a nivel de territorio nacional.

Y, todo ello, sin perjuicio de reconocer que, a pesar de estar en el Siglo XXI, es de pura justicia social el cumplimiento de una Ley no escrita que establece la obligación de pagar más a los que más tienen, en beneficio de los más pobres. Porque, evidentemente, todavía hay ricos y pobres en el seno de esta sociedad o, si se prefiere, personas que viven de lujo- las que menos-, mientras que, las que más, le cuestan llegar a fin de mes, por no mencionar a los millones de españoles que malviven por debajo del umbral de la pobreza.

Y mantengo lo de polémica inútil ya que lo que se necesita no es tanto que un centenar de miles de “ciudadanos vips” paguen una tasa extra, sino que, de forma global, el 99 por ciento del resto de la población podamos sostener un Sistema que, cada vez más, se encuentra al borde del colapso. Creo que recuperar un impuesto- que es más bien una antigualla histórica, en palabras de los propios miembros del PSOE que, ahora dicen lo contrario- que representaría una cifra absolutamente ridícula en el conjunto de la fiscalidad, es una decisión manifiestamente prescindible. Lo importante es recaudar más a cambio de producir más y mejor, no tanto con subidas de impuestos inútiles. Es decir, crecer, incrementar el PIB y recuperar a los cinco millones de desempleados que, o bien viven en la economía sumergida, o bien es que no encuentran trabajo alguno.

Un proyecto nacional

Se quiera o no reconocer, no hay margen de tiempo factible para enfrascarnos, en dos meses vistas, en un estéril enfrentamiento electoral. Las elecciones generales serán convocadas para el 20 de Noviembre pero, al ritmo de los acontecimientos, especialmente en lo relativo a la crisis de las deudas soberanas, la quiebra de Grecia como país y la falta de una respuesta conjunta de la Unión Europea que pudiera equilibrar a los mercados, todo ello hace inútil y contraproducente el debate partidario.

En estos dos meses solo cabe una apuesta por un proyecto nacional. Es necesario que los dos principales partidos nacionales aparquen sus diferencias ideológicas y partidistas, diferenciando lo esencial de lo accidental. Ganar o perder las elecciones es lo menos importante. Lo que realmente urge es conseguir un Pacto Nacional de salida realista de la crisis. Sumar, en lugar de restar. Dos meses de disputas y de eslóganes, no van a servir para nada.

Nos jugamos el futuro de una década, no solo un gobierno de turno.

No entiendo la demagogia y la miopía de la clase política. Están peor que ciegos, porque no quieren ver. Personalmente, que gane el PP o se mantenga en el poder el PSOE, a estas alturas de la película, me resulta ya intrascendente. Lo que reclamo es una altura de miras y una visión de futuro.

Rodrigo Rato y el sentido común

En vísperas de las elecciones generales y en una coyuntura económica extremadamente compleja y difícil, el ex vicepresidente económico con el gobierno del PP, Rodrigo Rato, ha ofrecido un discurso realmente importante en el Foro preparado por el principal partido de la oposición, cara a su programa electoral. En el mismo, ha conjugado propuestas técnicas y realistas con recetas ya aplicadas de antaño. Se podrá discutir la ideología del conferenciante pero, lo que nadie puede dudar, es de los fundamentos en el que se apoya.

En economía lo que resulta trascendental es el resultado, no las premisas ideológicas. Se puede partir de posiciones keynesianas, de izquierdas, liberales o de derechas, más conservadoras pero, al final, es el balance definitivo del Activo y del Pasivo, lo que realmente importa a los ciudadanos.
Desde esta óptica,  abiertamente aséptica y sin contaminación ideológica o dogmática, en España, por dos gobiernos distintos, se han puesto en práctica dos modelos de política económica, que son contrapuestos: El primero, el del PP liderado por Aznar, el cual, desde una posición de crisis- como el actual o similar-, adoptó una serie de medidas de reajustes presupuestarios y de control financiero en las cuentas públicas, junto con una política fiscal de bajadas significativas de impuestos en beneficio de amplias capas de la sociedad civil, entre otras, cuyo resultado es conocido.  El segundo, el del PSOE, liderado por Rodríguez Zapatero, el cual, desde una posición de bonanza, adoptó una serie de medidas de gastos que, en solo una legislatura- desde 2004 a primeros del 2008-, finiquitó el superávit y arrastró al Estado en un sendero de déficit hasta alcanzar los dos dígitos, es decir, cuatro veces lo permitido, como máximo, por la Unión Europea. Y, no digamos ya, en lo que respecta al empleo, basta con contrastar las curvaturas y tendencias que se encuentran publicadas en los organismos públicos correspondientes, tanto del INEM como de la EPA, en el periodo transcurrido entre el 2000 y el 2011.

Son datos y nada más que datos, fríos, objetivos, determinantes. No es necesario ser un experto en materia económica para darse uno cuenta de la diferencia de resultados entre la política económica representada por un modelo frente al otro. Solo es una cuestión de números los cuales, no engañan.

Más o menos es como el adagio popular: “Busque, compare y si encuentras algo mejor, cómprelo”. Esta es una regla de oro de los mercados y de la vida misma.

Pues, en política, exactamente igual. El 20 de Noviembre es el momento de optar y decidir.

Sobre el informe Aguirre

Una vez más la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado en el clavo: El Estado de las Autonomías, en su desarrollo actual, es radicalmente insostenible.

Ahora bien, creo que, desde el punto de vista conceptual, Esperanza Aguirre comete un error técnico. España no es de facto un “Estado federal”. Por lo contrario, habría que afirmar que ojalá fuera un Estado federal, como en Alemania, por no ir muy lejos. Lo que tendría que haber afirmado es que, “de facto”, España ha derivado en una sub especie de estado confederal. Para mayor ilustración, paso a diferenciar ambos modelos de Estado.

El Estado Federal se caracteriza porque el Estado Central, o Federal, tiene primacía en caso de conflicto con los Estados federados. La descentralización no centrífuga, como ha ocurrido en España. Así, basta con revisar la copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo de los EEUU- que es el máximo órgano judicial en todos los órdenes, incluyendo la materia de la constitucionalidad de las leyes y actos de las administraciones públicas- para constatar como el Estado Federal está blindado ante las eventuales exageraciones de los Estados federados. Es cierto que le costó una guerra civil- La Guerra de Secesión-, pero, a la postre, gracias a la victoria de los “unionistas o federados”, sobre los “confederados”, los EEUU llegó a consolidarse como principal potencia mundial.

En cambio, el Estado Confederal, se diferencia del anterior porque, al final, las “partes”, o países confederados, prevalece por encima del Estado en su conjunto, incluyendo la posibilidad de revertir el pacto y recuperar su soberanía inicial. En Europa, hay un caso único con Suiza, que es la Confederación Helvética, desde el mismo momento histórico de su Independencia, en plena Edad Media. Lo llamativo es que, a pesar de esta eventualidad, los suizos siempre han tenido el sentido común de continuar con su unión, sin perjuicio de los privilegios de los cantones.

Ahora bien, aparte de la excepcionalidad del caso de Suiza, lo cierto es que casi todas las confederaciones históricas, tienden a la separación, división, incluso por vía de la violencia y de la guerra civil. Como, por no ir muy lejos, le ocurrió a la extinta Yugoslavia: Un caso de confederación de “manual”.

Por ello, vuelvo a repetir, la conclusión de la Sra. Aguirre es errónea, en el concepto. Precisamente por ello, lo que habría que hacer es reformar la Constitución del 78, especialmente en la redacción del artículo 2º y de la totalidad del Título VIII, para blindar al Estado Central, con competencias exclusivas e indelegables, como en materia de Sanidad, Educación y Justicia, entre otras básicas, a partir de un modelo de federalismo simétrico y solidario entre todas las comunidades autónomas, previa liposucción de la grasa que le sobran a todas ellas, en beneficio, tanto del Estado y de la Nación española como, sobre todo, de los españoles, independientemente de su residencia y lugar de nacimiento.

El federalismo no es el problema, sino la solución. Como en Alemania o en los EEUU. Volver a un neo centralismo sería una peligrosa equivocación, tan grave como el terrible deterioro de la Nación española en esta absurda e irresponsable pseudo confederación de facto.
De todas formas, hay que reiterar la gran valentía y coherencia de la Sra.

El efecto mariposa y la crisis de deuda

Se conoce como “efecto mariposa" a una teoría matemática, aplicada sobre todo en la meteorología, en la que, partiendo del contexto de una situación global caótica, la más mínima variación en factores coyunturales del momento,  puede provocar un efecto considerablemente grande e un plazo de tiempo relativamente corto. Este concepto es fundamental para entender la teoría del caos.

Pues bien, lo único que cabe entender de la crisis de deuda pública que está afectando a España- junto a Italia-, desde el mes de Agosto, es que, en una situación de debilidad extrema de nuestra economía, cualquier tipo de variante, aunque sea mínima, está provocando una espiral de desconfianza en los mercados, que eleva, exponencialmente, nuestro diferencial de prima de riesgo país. Aunque pueda parecer excesivo y desproporcionado, así es la rosa.

Uno no es  experto en la materia pero, evidentemente, tiene ojos para ver y oídos para escuchar. El diferencial de nuestra prima de riesgo se llegó, a primeros de Agosto, a más de cuatrocientos puntos básicos. Sólo se ha salvado una inminente intervención de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, o de una combinación de ambos, por la compra masiva de nuestra deuda por parte del Banco Central Europeo. En este margen de un mes escaso, esta intervención se ha perpetuado en el tiempo, de un modo constante, a modo de  una sub especie de  rescate light, pero rescate en suma.

No es cierta la última afirmación de Rodríguez Zapatero. España no tiene suficiente recursos financieros “propios” para solventar la crisis de deuda soberana. Se contradice con la  realidad de los hechos. Es contradictoria afirmar tal cosa y solicitar, rogar, que la Unión Europea adopte medidas extremas y urgentes. Decir una cosa y reconocer lo contrario, no favorece la solución del problema, más bien lo contrario.

Por otra parte, una reforma legal y constitucional del techo de gasto, como se está tramitando en estas fechas, tampoco soluciona el problema a corto plazo.

Puede servir de cláusula de garantía para reducir la reproducción del mal en un futuro próximo pero, en lo que respecta a esta “tormenta perfecta de crisis de deuda actual”, es absolutamente irrelevante. Hay que tomar decisiones precisas y concretas para un escenario del presente.
Se quiera o no reconocer, esta crisis de deuda nos ha llevado por delante.

Necesitamos una ayuda desde fuera, posiblemente, a costa de reducir el margen de la renovación del gobierno, es decir, abreviando, lo máximo posible, la convocatoria de las elecciones generales. Para conseguir este objetivo, teniendo en cuenta las exigencias del calendario electoral, aceptar que haya un referéndum para la reforma constitucional, colocando una tercera urna en la mesa electoral. Ganaríamos así los 15 días en que una décima parte de diputados o senadores puedan solicitar el referéndum. Además, ganaríamos confianza a someter a la decisión del pueblo la reforma y sus consecuencias.

Creo que el pueblo es lo suficientemente maduro y consciente para que comprenda la necesidad de la reforma constitucional y de la limitación del techo de gasto. Y, además, las elecciones se podrían celebrar a finales del mes de Octubre, tras la aprobación en el Senado.

Por tanto, todo es una cuestión de fondo pero, igualmente, de formas.

Anticipar las elecciones es conseguir una constitución de un nuevo gobierno para primeros de Diciembre, en lugar del año próximo. Y, en esta coyuntura, el tiempo corre en nuestra contra, al ritmo de la agravación de la crisis de deuda soberana. La realidad es tozuda, aunque nos pese  y, alguno,  como Zapatero, lo quiera modificar. España está al borde del abismo, como lo reconoce, él mismo, en privado. Sí es así, ¿por qué no pisar el acelerador al máximo?


La travesía del desierto

Según el Antiguo Testamento, el pueblo judío necesitó cuarenta años en llegar a la Tierra Prometida, vagando por  el desierto del Sinaí. Una travesía excesivamente prolongada en el tiempo. El motivo, por los pecados de una generación.

Si aplicáramos la Historia de Israel a los ciclos históricos del momento, podríamos concluir que, los españoles, vamos a sufrir un castigo casi bíblico.

Según los datos de los principales organismos internacionales y de las agencias de calificación, España va a necesitar más de una década para volver a recuperar un nivel de crecimiento y prosperidad similares al que gozábamos a primeros del 2000.

¿Es justo que el pueblo pague, a este coste, los errores de sus gobernantes?

No se trata de exigir cabezas de turco pero, evidentemente, el gobierno actual algo tendrá de culpa por el balance de resultados, a fecha septiembre de 2011.

A poco de dos meses y medio de  unas elecciones generales, los administradores del fiasco nacional algo tendrán que ver con lo que está ocurriendo en este país, digo yo. Me pregunto si el PP lo va a hacer mejor. Peor, muy difícilmente. Ni un gobierno del PP, ni de otro signo posible. Por eso no hay nada mejor que conseguir confianza en los mercados, si ofrecemos garantías adicionales de cambio, con una escenificación de un cambio real a corto plazo.
Hegel, maestro de la dialéctica, lo enfocó del siguiente modo: Tesis, antítesis, síntesis. Si la tesis fue Aznar y la antítesis Rodríguez Zapatero, la pregunta del millón sería la siguiente: ¿y la síntesis? Un nuevo gobierno, con ideas distintas de los anteriores, que conjugue lo mejor de ambos. ¿Es posible?

Hablando claro: una tomadura de pelo

En algunas ocasiones parece ser como si no tuviéramos memoria. Ver a Rodríguez Zapatero defender el techo de gasto público y  su reconocimiento constitucional vía reforma expreso, es alucinante.

Pero, vamos a ver, ¿es que no recordamos que el ex ministro Pedro Solbes fue cesado en 2009 precisamente por discrepar con el presidente a causa del déficit público? Corría los primeros momentos de la crisis económica, con un paro galopante y un ZP enloquecido por frenar la sangría de centenares de miles de parados al mes y, como únicas medidas, el Plan E, con cerca de ocho mil millones de euros, que elevó,  de  forma exponencial, el déficit, muy por encima del límite del tres por ciento exigido por la Unión Europea. Y, Pedro Solbes, diciendo que “no había más margen”, y ZP, lo contrario. Además, era la época en que el Presidente pactaba, con los partidos nacionalistas, a cualquier precio, para garantizar la mayoría  parlamentaria, a un nivel de gasto absolutamente desproporcionado. Y, Pedro Solbes, volviendo a enfrentarse con su Jefe en su ere que ere de que “no había más margen”, a lo que el indómito ZP- hoy adalid de límite del techo  de gasto- diciendo que sí, que era necesario darle a los nacionalistas todo lo que quisieran.

Pedro Solbes, a pesar de sus muchos errores, fue coherente, avisando de lo que iba a suceder si el déficit superaba el límite del tres por ciento. Por esta motivo fue cesado de forma fulminante y sustituido por una Elena Salgado caracterizada por seguirle la corriente al Líder al precio de que fuera. Y, estas son las consecuencias.

Una reforma constitucional trampa

Rodríguez Zapatero no nos deja de sorprender, hasta el último minuto de su mandato. Cuando el final de la legislatura estaba ya fijado, de pronto, aprovecha un instante en la última jugada del partido y, anuncia, a bombo y platillo, una reforma constitucional de urgencia a fin de fijar el límite del gasto público a nivel de la Carta Magna. Es muy cierto que esta medida está siendo adoptada por otros países de la Unión Europea, como instrumento para evitar los ataques de los mercados ante un uso indebido- por no decir incontrolado- del déficit público pero, evidentemente, si esta era la intención del Gobierno, tiempo han tenido para propiciarlo, desde los fatídicos idus de Mayo del 2010.

El PP ha apoyado esta decisión. Sin embargo, a pesar del consenso entre los dos principales partidos, que garantiza la viabilidad de la reforma en los términos del artículo 167 de la Constitución, no por ello deja de ser criticable los tiempos y las formas en que el presidente ha utilizado para encajar la reforma de nuestra Constitución. Por otra parte, hurtar la posibilidad de que el pueblo pueda ratificar la decisión, en los términos del párrafo tercero del citado artículo- al bloquear la posibilidad de que una décima parte del Congreso o del Senado lo insten-, por problemas de agenda, hace que la decisión consensuada por el PSOE y el PP, esté contaminada, en origen, de muy dudosa legitimidad en términos democráticos. Si lo que se quiere es reformar nuestro texto constitucional para evitar que otro gobierno irresponsable- como el de Zapatero- vuelva a utilizar la vía del gasto público para engañar a la población por los efectos de la crisis económica- ¿recuerdan lo del Plan E?- , lo sensato hubiera sido aplazar tal reforma para la próxima legislatura, una vez que el pueblo soberano hubiera decidido la formación de una nueva mayoría parlamentaria. Para que se pueda comprender, es como sí en una jugada de póker, al final de la partida, se cambiara las cartas con otras marcadas. El hecho de la presunta “bondad” de la medida, no justifica, en modo alguno, formas y prisas nada consejeras.

Rajoy ha vuelto a ser engañado. En su ánimo de llegar a la Moncloa, el tahúr de la Moncloa le ha vuelto, quizás por última vez, a robar la cartera. No ha sido capaz de ver la trampa en una medida de tamaño calibre. Le pierde las prisas por llegar al Poder. Y, así, no es la mejor forma de recuperar el sentido común y la responsabilidad.

Pero, desgraciadamente, el mal ya está hecho. Si el PP quiere deshacer el entuerto, lo mejor que podría hacer es anunciar una reforma constitucional de mayor calado, en la próxima legislatura, que abarque, no solo la limitación del gasto, sino reformas estructurales imprescindibles del modelo de Estado, como el excesivo tamaño de las Comunidades Autónomas, con el fin de recuperar, a nivel de las competencias básicas, a un Estado Central absolutamente raquítico e inviable. En el fondo, con esta medida de última hora, lo único que se ratifica es el fracaso más estrepitoso de un modelo de Estado y sociedad, en los términos irresponsables diseñados por Rodríguez Zapatero y sus socios nacionalistas, a partir del Pacto del 2003. No solo es un problema financiero, es, sobre todo, un problema de modelo de Estado. El resultante, ha sido un despropósito. Es necesario, por ello, que en las elecciones del 20 de Noviembre, se consiga una mayoría parlamentaria holgada, por parte del PP, y un partido líder de la oposición recuperado de su excentricidad y extremismo, el PSOE.

Así, con un cambio en ciento ochenta grados a lo que, desgraciadamente, ha representado el zapaterismo en España, sí se podría encauzar una reforma constitucional con suficiente tiempo y estudio, sin prisas pero sin pausas, y con un objetivo común de lograr la recuperación nacional, política, económica y, sobre todo, moral, que los ciudadanos necesitamos.

Valores y principios

En vísperas de un periodo pre electoral excesivamente prolongado en el tiempo, desde primeros de septiembre hasta la cita histórica del 20 de Noviembre- última broma de Rodríguez Zapatero, por lo de la Memoria Histórica de la fecha-, vamos a ser testigos de un vorágine sucesivo de frases estereotipadas, mensajes vacios y eslóganes variados, que pretenderán vendernos los mismos productos de siempre pero, en un mercado absolutamente saturado.

Se quiera o no reconocer, la izquierda ha perdido la capacidad de ofrecer soluciones a la ciudadanía. Tras siete años de gobierno- mejor dicho, desgobierno-, resulta inaudito que aún se pretenda convencernos de que, al votarles,  puedan facilitar la salida de la crisis, cuándo lo único cierto es que, más que la solución del problema, es el origen del problema en sí mismo considerado.
La apuesta por la salida racional de esta crisis económica y nacional es muy difícil. No hay recetas fáciles. Sinceramente, soy de la opinión que es necesario recuperar, antes de nada, un espacio nuevo de valores y principios.

Se trata de reinventar los conceptos de sacrificio, austeridad, racionalidad y responsabilidad.  Y. digo “reinventar”, porque el relativismo se ha cargado las nociones tradicionales que desarrollaban tales conceptos. Se requiere una nueva savia. Nuevos valores y principios que sustituyan a los ya desfasados.

Pero, a la postre, no son distintos a los tradicionales. La recuperación de aquéllos que habían sido despreciados, ninguneados, por una izquierda sectaria y hedonista.

Por lo tanto, hay  que recuperar un mensaje de esperanza, en un esfuerzo que requerirá la unión de muchos, en lugar de la división existente. La clave no es ideológica sino de fuertes, y firmes, convicciones.


España, ¿sigue siendo católica?

A raíz de los actos en conmemoración a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid, me planteo si, actualmente, podríamos afirmar que España, como país, sigue siendo católica. Según los datos del CIS, más del 70% de la población española se reconoce como católica pero, coincidiendo con un artículo célebre publicado en el diario El Sol el día 14 de Octubre de 1931, <<Que haya en España millones de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura>>.

Realmente esta cita no corresponde a un artículo periodístico propiamente dicho, sino a la reproducción taquigráfica de una previa Sesión de las Cortes Republicanas donde, Manuel Azaña, a la postre, Ministro de la Guerra del Gobierno Provisional de la República, pronunció en torno al debate sobre la “cuestión religiosa”. El título era afirmativo, “ España ha dejado de ser católica”. Tras cerca de ochenta años, esta tesis sobre el carácter no católico de los españoles, no deja de ser discutido y discutible.

Para un análisis sereno, objetivo y no dogmático sobre la religiosidad católica de la sociedad española, mantengo las premisas del Sr. Azaña, coincidiendo en sus bases pero no en sus conclusiones. Efectivamente, es muy cierto que lo importante del ser católico, desde el punto de vista sociológico y nacional, no es tanto la “suma numérica de creyentes”, por ser un dato
incontrovertido- cerca de tres cuartos de la población es católica-, sino el “esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura”. En este sentido, España, los españoles, no somos ajenos a la terrible ola de relativismo moral que impera en Occidente, la caída de los valores y principios que forjaron Europa, en general y, España, en particular.  Valores y principios de identidad cristiana- se quiera o no reconocer-. Sin embargo, el reflejo del sentimiento de millones de creyentes, solo en lo que respecta a jóvenes españoles, en las calles de Madrid, es un símbolo de nuevas fuentes inagotables de esfuerzo creador, de nuevo rumbo de un proceso de neo evangelización, en un mundo globalizado y en crisis.

El gobierno nos recorta, una vez más

Rodríguez Zapatero se quiere despedir a lo grande. Tras haber permanecido inactivo durante los difíciles días de Agosto, cuando nuestra prima de riesgo superó el nivel de los cuatrocientos puntos básicos, y no hacer absolutamente nada, solo permitir que la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo, nos volvieran a “salvar la vida”, con compras masivas de nuestra deuda soberana, ahora, a destiempo, y siguiendo la sombra de los auténticos líderes europeos, Ángela Merkel y Nicolás Sardozy, ha decidido convocar una pleno extraordinario para convalidar un decreto de nuevas medidas económicas que, en el fondo, no son más que una nueva atacada a los bolsillos de los españoles.

Porque, al parecer, de lo que se trataría es de reducir el impresentable déficit público con más recortes antisociales, vía pagar las facturas farmacéuticas, cargar sobre el impuesto de sociedades y, como se esperaba, volver a recortar el sueldo de los funcionarios públicos.

Ahora bien, se plantea la prórroga de la “propina” de los cuatrocientos euros a los parados, con la única finalidad de que, en la cita electoral del 20 N, no le vayan a castigar, más de la cuenta. Algo realmente impresentable, en tiempo de crisis y de austeridad.

Me parece muy bien ayudar a los que más lo necesitan y que, como funcionario público, tenga que volver a sumar un agujero más en mi cinturón, apretándomelo hasta lo máximo, aunque sea perdiendo más poder adquisitivo, en perjuicio de mi familia. Todos, en estos tiempos dramáticos, debemos dar ejemplos de sacrificio y solidaridad. Pero, ¿por qué no se reducen tantos cargos inútiles, tantos ministerios de cartón piedra, tantos asesores de pacotilla y tantos gastos absolutamente prescindibles? Pedir nuevos sacrificios manteniendo privilegios de muchos políticos impresentables, no me parece nada justo.

El libre mercado y los abusos especulativos

La Autoridad Europea de Valores Financieros (ESMA) ha acordado, con fecha de inicio del  pasado viernes,  que las ventas en corto al descubierto se prohíban en Francia, España, Italia y Bélgica, como un intento, in extremis, de impedir los "falsos rumores"  que están, literalmente, volviendo locos a los mercados.

La noticia, en sí misma, tiene su carácter positivo. Es muy cierto que lo que se está produciendo en estos días del mes de Agosto, en los mercados, es absolutamente impresentable: Cada día, los especuladores de turno forzando altas y bajas bruscas en los valores bursátiles, con el objetivo del refrán, “en río revuelto, ganancias de pescadores”. Pero, ojo con el dato, una cosa es frenar la especulación desmedida, otra bien distinta, cargarse las reglas de oro del Libre Mercado.

Es algo parecido con lo que ha acontecido con la deuda pública de los Estados Soberanos que, a consecuencia de los pésimos datos de los EEUU, se había disparado a límites descontrolados, especialmente en países con alto nivel de riesgo y debilidad interna, como España e Italia. Por este motivo, el Banco Central Europeo, incluso contraviniendo reglas no escritas, pero hasta ahora “sagradas”, está forzando rebajas de la prima de riesgo de estos países a base de comprar, de forma masiva, deuda pública, interviniendo, de una forma límite, en el Mercado, aunque, evidentemente, no es esta su función. Ahora, se impide, se interviene, se restringe, la actividad de agentes en las bolsas.

Vuelvo a repetir, si bien pueden ser medidas extraordinarias, no por ello conlleva un peligro a medio plazo.

Ora et labora

Se conoce en física como “vasos comunicantes” una suma de recipientes que se comunican, entre ellos, por su parte inferior y que contienen un líquido  y, de tal modo, consta  que cuando el líquido está en su estado de reposo, se alcanza el mismo nivel en todos los recipientes, sin influir la forma y volumen de éstos. Además, si añadimos líquido adicional, el nivel sube a la misma altura en todos los recipientes, a consecuencia del efecto de los vasos comunicantes.

Pues bien, aplicando esta propiedad física a las relaciones humanas, mucho más complejas e imprevisibles, podríamos deducir que, en muchas ocasiones, acontece algo parecido. En concreto, los terribles sucesos de violencia que están sufriendo en Reino Unido que, por sus causas, bien podrían contagiar al resto de los países europeos, como en España. En este sentido, resulta ilustrativo las palabras del Líder británico Cameron, el cual, ha dicho que “algo se ha hecho mal en nuestra sociedad cuando los niños están saqueando e hiriendo a gente para robarle. Algo en nuestra sociedad está enfermo. El problema es la falta de responsabilidad, la falta de una educación familiar, de una buena crianza, de ética y de moral.”. A esta argumentación, un joven inglés, ha replicado lo siguiente: “Todos escuchamos que la policía acepta sobornos, que los parlamentarios defraudan miles de libras, que los gastos sociales van a reducirse para salvar bancos. Ése es el ejemplo que tenemos.”

Aunque puedan parecer opiniones encontradas, sin embargo, son igualmente compatibles porque, si lo reflexionamos un poco, ambos llevan razón. Se comunican sus ideas, a igual que los vasos comunicantes se comunican entre ellos, por su base.

Al final, es que las dos opiniones citadas reflejan el mismo lado de la realidad: Una sociedad civil en crisis, un Estado en crisis. No se puede exigir un comportamiento ético a los ciudadanos si no hay un ejercicio ejemplarizante del poder político por sus responsables. La ética, los valores y principios que sustentan una sociedad sana, debe ser sustentada por el comportamiento ético de sus Líderes. Si hay motivos para creer que vivimos en una sociedad enferma es por la sencilla razón de que algo se está haciendo mal desde la cúspide de la pirámide social que, no es otra cosa, que el Poder público. Es hora de predicar y dar trigo.

La tutelada soberanía nacional: un caos inaceptable

"Por un clavo se perdió la herradura
Por una herradura se perdió el caballo
Por un caballo se perdió el jinete
Por un jinete se perdió la batalla
Por una batalla se perdió el reino"

La conclusión del anterior dicho popular británico es el siguiente: Por un clavo se perdió el reino.
En el área del conocimiento, se conoce como “Teoría del Caos”, aquella en la que, en un sistema dinámico, como es el del mercado, pequeñas variaciones en sus condiciones iniciales, pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro. Por su parte, la volatilidad implica cambios bruscos y constantes que implican, por definición, un aumento de la incertidumbre y el riesgo.

En España se está produciendo un escenario muy peligroso en una economía ya de por sí excesivamente delicada y frágil a las turbulencias del mercado global.

Desde hace ya tres años, a consecuencia de una política económica raquítica, endeble, cortoplacista y nada coherente, los datos macroeconómicos de nuestras finanzas están siendo golpeadas, y sin piedad, contra los duros escollos del mercado. Un déficit público disparatado, una deuda pública con una prima de riesgo enloquecida, en general, una economía intervenida por la Unión Europea, con un Banco Central que es el que, de facto, controla el destino de nuestras cuentas.

Por lo tanto, conclusión: Por una política equivocada, se perdió el ejercicio real de la soberanía. Rodríguez Zapatero es un títere sin cabeza y liderando un gobierno que, desde hace más de un año- a partir del fatídico 12 de Mayo del 2010, día del Pearl Harbour español-, no toma decisiones autónomas sino condicionadas por un poder supranacional superior. A diferencia de países como Alemania, Francia o Reino Unido, España ha dejado de ser soberana en lo fundamental. El hecho de que, otros países, como Grecia, Irlanda o Portugal, estén en peores condiciones que nosotros, no es motivo de congratularse. Y, que Italia, nos sigue en nuestros pasos, tampoco.

Un balón de oxígeno, para un país en la UCI

Tras una semana de vértigo, cuándo la prima de riesgo de España había sobrepasado los cuatrocientos puntos básicos- a igual que en Italia-, el Banco Central Europeo, no sin dudas al respecto- por parte de sus miembros directivos-, han forzado, de una forma artificial, una bajada radical del diferencial a costa de comprar, masivamente, bonos españoles e italianos.

Aunque uno no sea un experto en la materia, por lo que mi sentido común me indica, esto es algo así como si a un enfermo terminal se le pusiera un balón de oxígeno en los últimos momentos de su vida.

Un problema endémico de deuda pública no se soluciona con “pan para hoy y hambre para mañana”. Es de pura lógica. La compra masiva de bonos nacionales por parte del BCI tiene un efecto, inmediato, de carácter indudablemente positivo, al bajar el diferencial por el aumento de la demanda pero, al mismo tiempo, a medio plazo, puede tener un efecto negativo- como una especie de “boomerang”- ya que, al no ser el fruto de la libre iniciativa de los mercados y de sus agentes, con el paso del tiempo, la prima de riesgo tenderá a invertir la caída, una vez que el “balón de oxígeno” sea eliminado. Porque, lo que resulta del todo evidente, es que el BCI no va a tutelar, de una forma indefinida, al Estado español de un modo intermitente y sine die. España, como país, necesitará hacer sus deberes por su propia cuenta y riesgo- nunca mejor dicho-, mediante una política firme y sensata de reformas estructurales, que permita convencer, sin ayudas externas- y menos artificiales-, a los mercados de deuda.

Comprendo que, a lo mejor, no había otra solución posible y que, en caso de no haberse comprado deuda de forma masiva, en estos momentos, tanto España como Italia, estarían en un diferencial estratosférico, con más de quinientos puntos básicos, en lugar de los doscientos noventa actuales- tras la intervención del BCI- pero, una cosa es la medida coyuntural “in extremis” y, otra bien distinta, la solución correcta de futuro.

Ganar unos pocos meses o, quizás, semanas de margen, no tiene sentido positivo alguno. Sin perjuicio de la ayuda, el Gobierno español tiene que cargarse las “pilas”, reuniéndose con carácter de urgencia en Consejo de Ministros, en lugar de “dormirse en los laureles” del oxígeno extra suministrado por el BCI.

Una buena opción: la gran coalición

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha abogado por un Gobierno de Coalición del PP y el PSOE y no anticipar las elecciones, con la finalidad de que los mercados perciban que hay una unidad en los dos principales partidos nacionales y, de tal forma, afrontar la reformas urgentes sin que exista la lógica crispación electoral, con lo que, los mercados, relajarían la presión de nuestra deuda.

En este sentido, ha resumido su opinión con la siguiente frase lapidaria: "Yo soy partidario de que se gobierne juntos -como ha ocurrido en otros países como Alemania en el que se entendieron la izquierda y la derecha- hasta donde es posible y, en este momento, a lo mejor no sería bueno ni para el PP ni para el PSOE, pero sí para España".

No voy a entrar en analizar al personaje público pero, sí, a sus palabras. Lo único cierto es que no es posible permanecer inmutable ante una coyuntura como la actual, dónde en un día sí y, el otro, también, nuestra deuda se dispara a cifras inimaginables e insoportables, por encima de la cuota de los cuatrocientos puntos básicos. Y, además, sin percibirse un gobierno fuerte que lo controle, con una convocatoria electoral a cuatro meses vista. Es imposible, es contraproducente, es irrazonable.
Por tal motivo, la opinión de José Bono es del todo digna de ser estudiada. Lo que realmente importa es que el país salga de este atolladero, independientemente de las culpas de unos o de los otros. Rodríguez Zapatero no puede seguir en el cargo ni un día más. Se ha convertido en la principal causa del riesgo país. De este modo, lo que habría que hacer es que dimitiera de una forma inmediata, se convocara, en este mismo mes de Agosto, un Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados y se pactara la persona, de máximo prestigio internacional, para que presidiera este Gobierno de Coalición. Ni siquiera es necesario que sea un político en activo, por ejemplo, un Rodrigo Rato- ex director gerente del Fondo Monetario Internacional- un Javier Solana- ex mister PESC y máximo dirigente de la OTAN- o, incluso, un profesional de alto nivel y prestigio internacional, con una formación política y económica suficientemente ilustrativa, pactado por los dos partidos, con una formación de un gobierno de Notables y, preferentemente, de naturaleza técnica.

 Sería para los próximos seis meses y se lograría, además de enfriar a los mercados, recuperar la confianza y elaborar unos Presupuestos Generales del Estado fundamentales para el 2012, en lugar del prorrogado que se nos espera.

La Primera Ley de Murphy y la prima de riesgo española

Es muy conocida la Ley de Murphy, la cual dice, textualmente lo que sigue: «Si algo puede salir mal, saldrá mal.>>

La prima de riesgo de   España se ha consolidado ya en los cuatrocientos puntos básicos y, lo ha hecho, de una forma irreversible, guste o no guste.

Nuestro gobierno puede hacer dos cosas: Aceptar la realidad o no aceptarla. No se trata de una circunstancia meramente coyuntural. La triste experiencia de nuestros países vecinos nos indica que, una vez llegado a este punto de “no retorno”, la prima de riesgo tenderá a subir, un día tras otro, hasta que, superado el listón de quinientos puntos básicos- a la vuelta de la esquina, para ser más exactos-, el país se vuelve impotente para hacer frente a sus pagos y, de este modo, ser intervenido por la Unión Europea. El problema, sin embargo, es que España- como Italia- por su enorme envergadura, no puede ser rescatada, como sí ha sido posible en Grecia, Irlanda y Portugal. La imposibilidad del rescate es un mal añadido, al dejarnos aún más indemne a las consecuencias del impago.

A pesar de esta dura realidad, nuestro Gobierno, todavía no ha querido aceptar el mensaje. Se empeña en el error y, por tal motivo, los mercados se ceban aún más en nuestra extrema debilidad. En lugar de recuperar espacios de confianza, los aumenta. En lugar de actuar con agilidad, bien dictando un nuevo paquete de reformas urgentes, bien convocando- pero, de verdad- las elecciones generales ya, hacen, justamente lo contrario, con el beneplácito de una clase política irresponsable. No se puede decir que las elecciones van a ser para dentro de cuatro meses, cuando nuestra prima de riesgo se dispara,  de una forma tan enloquecida, a este nivel. Hay que reaccionar, en lugar de lo que se está haciendo, un nuevo ejercicio de juegos de artificios. Los mercados son inexorables, ni perdonan ni titubean, muerden a su presa de una forma inmisericorde. Y, por cierto, nuestra yugular está absolutamente abierta y al descubierto.

Rodríguez Zapatero ha ofrecido su último error. Sólo le queda una única salida honorable: Reunir al Consejo de Ministros con carácter de  urgencia, en el menor plazo posible y, disolver las Cortes Generales,  convocando elecciones generales para el primer domingo hábil del mes de Octubre que permita la Ley.

Cualquier atraso en hacerlo, empeorará, de forma exponencial, nuestra situación.

Una situación, más que insostenible, emergencia nacional

La prima de riesgo de España, en relación con el diferencial con el bono alemán a diez años, ha llegado ya a 400 puntos básicos y, lo que es peor, con tendencia a subir. Para que todos lo podamos comprender, esto significa que, técnicamente, necesitaríamos ya el rescate de la Unión Europea, si no fuera porque el coste económico para nuestros socios europeos de la zona Euro sería tan brutal que, aunque quisieran, no podrían pagarlo. Pero, lo que resulta incuestionable es que, con este diferencial, no podemos continuar.

No voy a decir que la culpa la tenga, exclusivamente, José Luis Rodríguez Zapatero. Sería demagógico el afirmar algo así. Sin embargo, el presidente del gobierno sí ostenta la máxima responsabilidad ante este terrible problema. La solución de convocar elecciones generales con tanto margen, para el 20 de Noviembre, no ha servido para nada. Los mercados no lo han recibido con agrado ni con confianza. Es necesario que se replantee la fecha y la convoque ya, de forma inmediata, para el primer domingo hábil, según se establezca en el calendario y en la Ley Electoral. Además, si presentara su inmediata e irrevocable dimisión, mejor sería. Que otro miembro del gobierno, o el candidato Alfredo P. Rubalcaba, se haga cargo del timón de este barco a la deriva en estos pocos meses de interinidad. El coste del diferencial, que solo lo vamos a pagar los ciudadanos, es radicalmente injusto e impresentable.

Un gran país y una gran nación

Se puede reprochar a los EEUU muchas cosas, en su tres siglos de Historia. Su carácter de potencia intervencionista- otros lo califican de imperialista-, su excesivo protagonismo en la política internacional, su prepotencia, si se quiere. Pero, lo que no se puede negar es que, a pesar de todo, es un gran país y, sobre todo, una Nación con una fuerza y una unidad incuestionable.

En este sentido, los últimos acontecimientos lo acreditan. EEUU se encontraba- aún se encuentra- en una situación límite de suspensión de pagos. Pero, los dos grandes partidos, el Republicano y el Demócrata, con sus diferencias ideológicas y de liderato, han llegado a un acuerdo- in extremis- para poder solventar el problema de liquidez y de techo de gasto público. Unos ceden, otros otorgan. Do ut des. Es tan fácil como irrepetible para la mísera mentalidad de otros pueblos. Por ejemplo, el español. Para nuestra desgracia.

Con ello no hay que desconocer que el debate interno ha sido terrible. Se han dicho de todo, se han intercambiado calificativos tremendos, incluso llegando a la grosería y al insulto personal. Pero, vuelvo a insistir, a la hora de la verdad, pactan, acuerdan, anteponen el interés general, por encima de las diferencias de partido. Es un buen ejemplo de lo que tienen que hacer, de cómo hay que estar a las alturas de las circunstancias, de cómo se es realmente patriota, en lugar de unos miserables,  apegados al poder.

Hace unos pocos días conocí a una persona ejemplar.  Es una gran mujer que, con muy  pocos años aún, ha sabido llegar a una posición laboral encomiable, fruto de su valía y esfuerzo personal. Sin entrar en nombres, porque su humildad y grandeza, no lo necesita. Esta mujer, en concreto, trabaja en pleno centro de la Gran Manzana, desde hace ya tiempo, en una altísima y merecida responsabilidad financiera. Pues bien, me dijo, textualmente, lo que iba a ocurrir, es decir, que a pesar de todo, los dos grandes partidos llegarían al acuerdo que, independientemente de su contenido final, serviría para salvar los muebles nacionales.

España, la Nación española- milenaria-, los ciudadanos españoles, debemos de tener la honestidad de aprender de los demás, sobre todo si, éstos, nos demuestran, con ejemplos reales y no  solo con propaganda, que en política, lo que únicamente vale, es la responsabilidad, la generosidad y la alturas de miras. Así de claro y sencillo.

La encuesta del CIS

Hay un viejo dicho que dice que “hay tres clases de mentiras, las buenas, las malas y las estadísticas”. Pues bien, en España hay una cuarta clase de mentira, las encuestas, sobre todo si proceden de un organismo estatal tan manipulador, como  desprestigiado, como es el Centro de Investigaciones Sociológicas. Si en este país hubiera una democracia seria y consolidada, ya hacía  tiempo que habría sido desmantelado un engendro tan impresentable como el CIS.

Personalmente, ignoro lo que votarían mis conciudadanos en el caso de que, dentro de unos pocos días, se celebraran elecciones generales. Conociendo el peculiar carácter voluble de los españoles, no me sorprendería ningún tipo de resultado, incluyendo que un PSOE, liderado por Rubalcaba, volviera a ganar, por tercera vez consecutiva, a un PP liderado por Mariano Rajoy. Pero, en absoluto. Sin embargo, utilizar, de una forma asquerosamente partidista, el instrumento de un órgano público, sufragado por los impuestos de todos nosotros, con el único fin de hacer campaña al Sr. Rubalcaba, no me parece de recibo.

Que haya o no siete puntos de diferencia entre el PP y el PSOE, es tan creíble, como si dijeran que fuera cinco, tres puntos o, incluso, un empate técnico. Si lo que pretenden es engañar al ciudadano incauto, no se anden con tonterías y que lo  digan ya directamente. Rubalcaba será el nuevo presidente del gobierno.

Si no  fuera porque este país tiene el peor futuro de su Historia, con cinco millones reales de parados, un déficit público muy superior al que se reconoce- cercano a los  dos dígitos-, una deuda pública a diez años cercana a los cuatrocientos puntos básicos, y millones de familias con todos sus miembros en paro, entre otras cifras macroeconómicas parecidas, lo cierto es que los  datos de la encuesta del  CIS no sería más que una broma sin gracia.

Pero, no está el “horno para bollos”, quiera o no lo quiera reconocer los socialistas del  CIS.

Podrán engañar y salir de rositas pero, no  por ello, la realidad de España, tras las elecciones generales- toquen cuando toquen- no dejará de ser como es:

Una Nación  en  decadencia y un país en el fondo del pozo. Lo demás, puras fullerías de ineptos, con destinatarios que no saben de la misa ni la mitad.

Puros pardillos. Sr. Rubalcaba, siga usted así, que a lo mejor, hasta  lo consigue, como el 13 de Marzo del 2004, durante la jornada de reflexión que usted  violó sin ningún tipo de escrúpulos. Que poco sentido del decoro y de la vergüenza tiene usted, y vaya cartel electoral. Para que mejore nuestra imagen en los mercados. Un auténtico subidón de moral. Vivir para ver.


Un estado insostenible

Tras las elecciones autonómicas del 22 de Mayo, las Comunidades Autónomas regentadas por el PP- que son la práctica mayoría-, van a exigir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al Gobierno de Rodríguez Zapatero de que se le conceda una ampliación del el plazo para que las comunidades autónomas puedan devolver los anticipos de ingresos adelantados por el Estado, ya que, de otra manera, van a tener un serio problema de liquidez.

El problema de fondo es muy serio. No se trata solo de conceder unos plazos para poder cumplir con sus obligaciones fiscales con el Estado Central. La cuestión es otra bien distinta. El problema reside en un fallo multiorgánico del conjunto del sistema, es decir, que padecemos un Estado autonómico que se ha venido al traste, desde el punto de vista exclusivamente financiero. España no puede mantener una organización territorial basada en diecisiete estados confederados. Y no solo por problemas políticos, institucionales o ideológicos. En otras circunstancias distintas, con un país estructuralmente factible y propicio, podríamos discutir si sería oportuno, y constitucionalmente viable, la reforma del Estado autonómico al Confederal, como quieren sectores del PSOE y todos los partidos nacionalistas de la periferia. Pero, para bien o para mal, el debate no es éste, ya que, materialmente, es imposible mantener un Estado compuesto de diecisiete estados en pequeño.
La encrucijada es, por lo tanto, muy clara. O retornamos al punto de origen, con una reforma de nuestra Constitución para que el Estado Central recuperar competencias básicas o, por lo contrario, el Estado salta por los aires, rompiéndose la totalidad de las costuras que lo sostienen. Es así de sencillo, y los nacionalistas lo saben. Pero, el PSOE, abducido por el sectarismo integrista de Rodríguez Zapatero y su gobierno- incluido el candidato Rubalcaba-, junto con un sector blandengue de los otros partidos de ámbito nacional, no quieren enfrentarse con lo políticamente correcto que, no es otra cosa, que llevar la corriente a los nacionalistas.

Sinceramente, la única solución a este disparate sería un Pacto de Estado entre el PP y el PSOE que recupere el sentido común, reformando la Constitución para reforzar al Estado Central y, todo ello, independientemente del resultado electoral de los próximos comicios generales. El interés general, por encima de coyunturas electoralistas y cegueras de partido. Una coalición que esté apoyada por el voto del ochenta por ciento del electorado.

A no ser que se prefiera el suicidio colectivo.

Una nueva noche de los cuchillos largos

Cuándo se produce un acontecimiento,  de la enorme brutalidad,  de los asesinatos de cerca de un centenar de personas en Noruega, a manos del integrista de turno, a uno le viene a la memoria de cómo, en otras épocas anteriores, se han producido hechos parecidos. Por ejemplo, en la “Noche de los Cuchillos Largos”, durante los días 30 de junio al 2 de julio de 1934, cuándo miembros de las S.A, “los camisas pardas”, de ideología nazi, fueron masacrados por miembros de las S.S y de la GESTAPO, con la misma ideología pero, por una cuestión de poder, se odiaban mutuamente.

Sin entrar en más detalles históricos, la cuestión de fondo es que no hay un integrismo de extrema derecha, de extrema izquierda, cristiano, islámico, o de cualquier otro tipo de variante o color religioso o ideológico. Los asesinos son simplemente eso, asesinos sin ningún tipo de calificativos “extras”. El hecho de que asesinen a una sola persona, por razones de ideologías, resulta, a mi juicio, absolutamente intranscendente. No hay ideología, religión o creencia, que justifique la vida de un solo ser humano. Así de claro y sencillo.

El entrar en el juego del falso discurso de  si el loco de turno era de extrema derecha, como sí hubiera sido de extrema izquierda, es un tremendo error. Porque, en suma, la pregunta sería la siguiente, ¿se es más abominable que el culpable sea de extrema derecha que sí hubiera sido de extrema izquierda?. O, si se quiere, ¿es más inhumano el integrismo criminal islámico que el cristiano?. De ningún modo.

Lo peor de estas masacres es, a la larga, la asquerosa demagogia con la que, por parte de los sectarios de un signo y de otro, siempre intentan vendernos.

Lo único cierto es que la vida humana no tiene precio alguno.


El espíritu de la cigarra

<<¿Qué hacías durante el verano?
le preguntó a la pedigüeña
-Día y noche a quien me encontraba,
le cantaba, no te disgustes
-¿Le cantabas? Me alegro,
pues bien, baila ahora!>>
( Jean de la Fontaine)

De entre las fábulas más conocidas está la de “La Cigarra y la hormiga”.

Básicamente, como se recordará, es un diálogo entre la hormiga, trabajadora tenaz y previsora, frente a la cigarra, holgazana, irresponsable y despreocupada. Al terminar el verano, con la llegada de la terrible crudeza del invierno, la cigarra suplica a la hormiga, que le dé algunos granos de arroz para poder sobrevivir. Ante esto, la respuesta de la hormiga es muy clara, “sí te has pasado el verano cantando, ¡baila ahora!”.

Básicamente hay dos tipos de pueblos: El pueblo hormiga y el pueblo cigarra.

El primero sabe disciplinarse y ser austeros, en previsión de los tiempos difíciles; el segundo, todo lo contrario. Alemania, es un pueblo hormiga. Por lo contrario, otros, como España, son un buen ejemplo de pueblo cigarra.

En el momento en que escrito este artículo se está celebrando la, posiblemente, más trascendental reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en toda su historia. Se está jugando algo más que el rescate definitivo de Grecia. Se está jugando la existencia del euro, como moneda única y, sobre todo, el futuro de la misma Unión. Ahora bien, y sin ser especialista en la materia, por un simple ejercicio de sentido común, no me parece justo o equitativo que siempre sean los países más responsables, los que siempre cumplen con los deberes, los más austeros, los que, a la postre, paguen los despropósitos de los países más calamitosos. Como, tristemente, España.

La canciller alemana lleva toda la razón del mundo. ¿Hasta cuánto tienen que pagar los ciudadanos alemanes el coste de los errores de los gobernantes de los países periféricos, como José Luis Rodríguez Zapatero, el que, primero engañó, después mintió, continuó negando la realidad y, al final, darse de bruces contra el muro de sus propios fracasos?. Es muy posible que, incluso, al terminar de redactar y perfilar este artículo, la Sra. Merkel ceda en su posición inicial, y apoye el rescate a través de sus propios fondos públicos.

Pero, aunque ello sea así, no por tal motivo hay que ignorar el alcance del problema real. Un mero parche más, para que, dentro de unos pocos meses, nos volvamos a encontrar en una situación límite similar.

Porque, si pensáramos un poco- más allá del cortoplacismo coyuntural y oportunismo político chauvinista de cada cuál-, la cierto es que no pueda haber una autopista para el proyecto europeo con tantos carriles de aceleración. Debe haber solo un único carril, con una misma política económica común y con una única fuente de gobierno global. A no ser que se pretenda, reconstruir un proyecto de Estados Unidos de Europa a través de una conglomeración amorfa de Estados residuales. Al menos, con toda modestia, así lo veo.

El camino correcto, el más difícil

<< Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la Vida, y son pocos los que lo encuentran.>> (Mateo, 7:13-14) Al final, Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana, ha cumplido y, sobre todo, acertado. Podía haber optado por el camino fácil pero, a mi modesta forma de ver, ha tomado la decisión correcta. Ojo, digo la “correcta” y no la “más correcta”, ya que, en este espinoso y farragoso asunto judicial y mediático, solo había una decisión acertada. El haber aceptado la estrategia de conformarse con la culpabilidad forzada para así, poder continuar con el cargo y evitar el juicio, no era de recibo, aunque favoreciera los intereses de Mariano Rajoy. De hecho, el protagonista ha calificado su decisión de “sacrificio personal y familiar”. Es posible que así sea pero, a la postre, como político y presidente, no tenía más remedio que asumir, plenamente, sus responsabilidades políticas para, así, una vez liberado de esa terrible losa, poder defenderse con total libertad.

Yo creo que Mariano Rajoy se ha equivocado en todo, tanto en las formas como en el fondo. Camps, en cambio, aunque tarde, ha tenido la visión correcta. Con su dimisión,  entra por la “puerta estrecha y angosta”, en lugar del “espacioso camino que lleva a la perdición”. Antes que el interés mundano, prima el valor supremo de la consciencia. Y, ha acertado.

Ignoro si Camps es o no culpable de los hechos que se le imputan. Por lo pronto, y mientras no se dicte una sentencia firme, es completamente inocente de todos los cargos. Afirmar lo contrario, como hacen los “miserables”- que todos ya sabemos quiénes son- es demostrar el más absoluto de los desprecios a la presunción de inocencia, al Estado de Derecho y al principio de legalidad.

Se podrá discutir la moralidad pública del Sr. Camps pero, tras su gesto inequívoco, ha dejado absolutamente sin argumentos a un socialismo deprimente que, ante su raquítico balance de resultados, no tenían más argumentario que escupir las conciencias de los ciudadanos en torno a unos trajes.

Tu quoque, Brute, fili mi

En la magnífica obra de  William Shakespeare, sobre los últimos momentos de Julio César, éste, al ser apuñalado por alguien al que consideraba como un hijo, Marco Junio Bruto, le replicó, ¿pero, tu también, Bruto,  hijo mío?

La conspiración contra César es un paradigma de los conceptos de lealtad y patriotismo que, en algunas ocasiones, entra en una abierta contradicción. Por una parte, Julio César se había convertido en un dictador, con intenciones claras de perpetuarse en el poder, más allá del legado del Senado- no hay que olvidar que la dictadura, en Roma, no era algo ilegal sino, por lo contrario, una hipótesis de salida in extremis de una coyuntura de crisis nacional-, pero, por otra parte, Bruto, conspirador y traidor a la persona del Líder, a la vez era también un político honesto, que quería salvaguardar los derechos de la República y del pueblo de Roma, representado por el Senado. En resumidas cuentas, todos nos podríamos preguntar si en este episodio trágico, quiénes eran los buenos y quiénes los malos.

La realidad histórica, con la perspectiva de la Historia y del tiempo transcurrido, no es tan nítida como aparentemente se relata. Todo depende del punto de vista que se quiera adoptar. César, en este sentido, fue una víctima pero, al mismo tiempo, un tirano. Los medios utilizados para su eliminación física, reprobables, evidentemente, pero, a pesar de ello, los papeles del reparto no son muy claros.

En el transcurso de los hechos históricos, este suceso de la muerte del César, se ha repetido en innumerables ocasiones, aunque no tuviera un final necrófilo propiamente dicho. La muerte no tiene que verse, solamente, como una eliminación vital o física. También hay la muerte “civil”, es decir, la que significa la supresión de un proceso político contra un líder irresponsable.

Ejemplos sobran en los manuales de la Historia, desde que en el Idus de Marzo -15 de Marzo del 44 a.de C.- un grupúsculo de senadores, con Bruto incluido, eliminaran al César.

En estas fechas se está comprobando, una vez más, los intentos de un sector del socialismo de finiquitar al máximo responsable de la crisis de la izquierda, tras la derrota electoral, sin  precedentes, del 22 de Mayo.

Rubalcaba, a semejanza de Bruto, pretende sustituir al César. Las formas de hacerlo, es lo que se está ventilando en este momento. Traidor o continuista, en esto reside el problema. Pero, lo importante no es esta especie de vendetta en petit comité, sino los destinos del pueblo, como el de Roma de entonces.

Más que acuchillar al Tirano, lo mejor sería pasar página a la ideología que ha representado, por cierto, la misma, en todos los sentidos, que el proclamado sucesor. Así de fácil.


Los últimos días de Zapatero

Hay que saber cuándo hay que terminar una obra. El buen actor es aquel que, consciente de que está llegando el final del Acto, inclina su cabeza y reconoce, con meridiana sencillez, que todo ha terminado. El mal actor, se empeña en continuar la obra, a pesar del ridículo añadido.

En la película, “Los últimos días de Pompeya”, habían una serie de personajes que, lejos de aceptar la realidad del desastre, se reían de los ruidos y los humos del Vesubio. Precisamente, éstos fueron los primeros en sufrir la muerte. A los políticos ciegos, les ocurre, más o menos, lo mismo.

El principal diario pro socialista y su editor más afín al socialismo de los últimos treinta y cinco años, han  exigido a Rodríguez Zapatero que,  de una vez por  todas, anuncie la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

Evidentemente, cualquiera que conozca a Cebrián, esta llamada in extremis no es, precisamente, un reclamo para acelerar la llegada al poder del PP. Todo lo  contrario, es una llamada angustiosa para evitar un desastre electoral apocalíptico, si se retrasara, hasta Marzo, la convocatoria electoral. Al PP le interesa que las elecciones se celebren en la fecha, inicialmente prevista,  consciente de que el tiempo juega a su favor. Aunque Camps se siente en el banquillo. El tsunami de la caída de nuestra economía, arrastrada por la crisis del mercado de la deuda de los países periféricos, empeora las expectativas electorales del PSOE. A más tiempo de retraso electoral, mayor sería el beneficio para el PP, aunque pueda parecer una simpleza. La vida misma, es así de simple.

Responsabilidades, penales versus políticas

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el Presidente de dicha comunidad, y otros altos cargos, por el caso “Gürtel”. Es un paso más de un procedimiento penal que estaba por venir y, en sí mismo, no significa una condena anticipada para los imputados pero, una cosa es la vía de las responsabilidades penales por unos presuntos delitos de cohecho impropio y, otra bien distinta, son las responsabilidades políticas.

Recuerdo las declaraciones del, entonces, presidente del Gobierno, Felipe González, en el momento de que se procesaron al ex Ministro del Interior y los Altos Cargos de dicho ministerio por los delitos del GAL. Más o menos vino a afirmar que no había responsabilidades hasta que no hubiera una sentencia firme. Desde el punto de vista procesal y penal llevaba y, lleva, toda la razón jurídica, porque, el principio de la presunción de inocencia garantiza que cualquier persona es inocente de cualquier cargo penal que se le pueda imputar hasta que no se pruebe, en un juicio y con una condena firme, los hechos que se le imputa. Pero, ello no significa que esa misma persona, si ostentara un cargo de responsabilidad política, no asuma, desde la apertura del Juicio Oral, sus responsabilidades en el ámbito político. Como bien demostró, de forma ejemplar, Esperanza Aguirre, al cesar y exigir la marcha de miembros destacados de su partido, en el ámbito madrileño de este mismo caso de corrupción política.

Por lo tanto, el Sr. Camps debe demostrar su capacidad de asumir responsabilidades políticas, frente a la ciudadanía valenciana como frente a su propio partido. Permanecer en el cargo, incluso, en el enojoso momento de sentarse en el banquillo y en un juicio de Jurado, resulta del todo inaceptable. Aunque fuera inocente de todos los cargos, lo que se le presume, mientras que no se demuestre lo contrario. Si no acepta esta regla básica de diferenciar las responsabilidades penales de las políticas, en última instancia, al único que beneficiará es al PSOE, a Rodríguez Zapatero y a Rubalcaba, como un AS de incalculable valor para manipular a la ciudadanía, en unas elecciones generales de muy corto recorrido y alcance. Es decir, para que se comprenda con cristalina claridad: Les daría una fuerza increíble que utilizaría como petróleo en su favor.

El mito de la democracia en España

El artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que “Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados”.

Desde que Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, publicó su magna obra, “El espíritu de las Leyes”, diseñando lo que, en el siglo siguiente, es decir, el XIX, se configuró como teoría de la separación de poderes, es de común conocimiento que no es factible la existencia de un Estado democrático y de Derecho si no se respeta la independencia del Poder Judicial. Respeto que debe comenzar, como es lógico, por parte del Poder Ejecutivo, representado por el Gobierno.

El auto de procesamiento dictado por el Magistrado Juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, imputando a la cúpula del Ministerio del Interior por sendos delitos de colaboración con banda armada, ha levantado “ampollas” en el seno del Gobierno. Evidentemente, desde el punto de vista político, este procesamiento a destacados miembros de la Policía, principiando por su ex Director General, tercero en la cadena de mando del Ministerio, salpica, de una forma clara, al actual candidato a la Presidencia del Gobierno por parte del PSOE. Y, lo hace, en el peor de los momentos posibles para sus intereses.

Pero, la Justicia tiene sus propios cauces y tiempos, y no cabe admitir una impunidad tal cual.
La presunción de inocencia abarca a todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a las personas imputadas en ese procedimiento judicial, conocido como el caso “Faisán”. Pero, lo que no es de recibo y resulta inadmisible, es que el Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se haya atrevido a calificar la resolución judicial como de “disparatado” y “especulativo”, para añadir además algo aún peor, afirmar su convicción de que será “revocado”. Las resoluciones judiciales solo pueden ser objeto de acatamiento por parte del Poder Ejecutivo, gusten o no gusten su contenido y, en ningún caso, es lícito ni admisible que se pretenda interferir la tramitación de un procedimiento penal por cauces distintos a las vías de recurso, pero solo a iniciativa de las partes personadas. Reclamar la revocación, fuera del cauce procesal legítimamente oportuno, es propio de un Estado autoritario, a semejanza de lo que sucedía en los regímenes fascistas, nacionalsocialistas  o comunistas, del siglo pasado.

No entiendo los motivos de la desproporcionada reacción del Ministro Jáuregui.

Es algo incomprensible y, si tuviera un mínimo de sentido común y respeto por las instituciones democráticas, debería presentar su dimisión de forma inmediata o, en su caso, ser cesado de una forma fulminante.

Así no podemos continuar. Y, después, se quejan los miembros de este Gobierno que no nos tomen en serio por parte de instituciones internacionales. Es que, con ejemplos de este calibre, no hay forma de devolver la credibilidad de la marca España. Y, lo que es peor aún, al final, siempre seremos los ciudadanos quienes paguemos los platos rotos.

13 de Julio

Comprendo que recordar determinadas fechas históricas, por sus implicaciones y connotaciones, es “políticamente incorrecto” pero, no por ello, resulta necesario hacerlo, con la única buena intención de evitar que se repitan determinadas atrocidades.

Me estoy refiriendo a lo que ocurrió un 13 de julio de hace, justamente, 75 años, es decir, de 1936. Era en la madrugada y, tras un asesinato igual de vil, el del Teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, presuntamente a manos de pistoleros de extrema derecha, en el acto más escandaloso y tremendo de una República agónica, miembros de esa “fuerza de seguridad del Estado” y de militantes socialistas, sacaron de su domicilio a la fuerza a un diputado elegido por el pueblo, asesinándolo sin ningún tipo de piedad y con la máxima impunidad pensable, con la complicidad del Gobierno del Frente Popular. Como todos ya sabemos, la víctima fue José Calvo Sotelo pero, igualmente, podría haber sido cualquier otro representante de la oposición de la derecha parlamentaria de entonces, en un contexto de absoluta anarquía y de voladura del Estado de Derecho.

Es muy cierto que hace 75 años en España la situación política y sociológica era, afortunadamente para nosotros, muy distinta de la actual. El odio, la venganza, los extremismos de un signo u otro, la villanía, entre otros males, eran el pan nuestro de cada día. Tras una sangrienta guerra civil, una postguerra terrible y una Transición modélica, fruto del sacrificio de varias generaciones de españoles, ahora podemos disfrutar de una sociedad más justa, igualitaria y libre. Pero, no nos engañemos, aún las cosas podrían cambiar a peor.

Cuándo llegan estas fechas del mes de julio, siempre recuerdo a mi padre. Él tenía, en el año 36, 11 años de vida y le marcó, para siempre, los acontecimientos históricos, máxime en una ciudad tan castigada, entonces, como Sevilla. Sus memorias, no escritas, están grabadas en mi cerebro. Los fusilamientos, las envidias, los engaños, las peores maldades que un ser humano puede demostrar, todo ello, me los explicaba mi padre en estas fechas.

Un gobierno inexistente, una situación insostenible

¿Hasta cuándo vamos a aguantar?

El problema no es que en España tengamos cinco millones de parados o que la prima de riesgo de nuestra deuda haya alcanzado la cifra inimaginable de 340 puntos básicos. No. El problema es otro bien distinto y lo paso a explicar.

Un país puede tener un gobierno bueno, regular o malo pero, lo que no puede tener es un gobierno que no gobierna. Incluso, en un Estado tan avanzado como Bélgica, se puede permitir el lujo de no tener un gobierno durante un año.

Pero, España, no.

La situación es la siguiente: Rodríguez Zapatero no ejerce su obligación de gobernar el país. Tampoco piensa adelantar las elecciones, a no ser que Rubalcaba se lo exija. Llegar al 4 de marzo de 2012. Es decir, ocho meses de una inactividad absoluta con el único objetivo de que se produzca el milagro “electoral”, a modo de un nuevo vuelco, que le permitan conservar el poder, “cueste lo que cueste”. El precio o factura para lograr tal objetivo, no quiero ni pensarlo.

Mientras tanto, al ritmo de que vamos, el desempleo superará, con creces, el 22 por ciento de la población activa, es decir, por encima de los cinco millones actuales, la prima de riesgo alcanzará los 400 puntos básicos (muy superior al que forzó el rescate de  Grecia, Irlanda o Portugal), el crecimiento se estancará y la credibilidad del país no valdrá ni un bono basura. Las víctimas del fiasco seremos los ciudadanos, una vez más.

Viejas políticas, viejos errores

Como se esperaba, la proclamación oficial de la candidatura de Alfredo P. Rubalcaba ha sido una demostración de cómo el PSOE persiste en cometer los mismos errores de antaño. Es increíble, pero cierto.

Repaso la historia más que centenaria del PSOE. Son momentos históricos diferentes, desde su constitución en el inicio de la Restauración, continuando con su acomodación a la Dictadura de Primo de Rivera, su falta de lealtad a la Segunda República, su inactividad durante el régimen de franco- Los famosos cuarenta años de “vacaciones”-, la breve “iluminación” durante los primeros años de la Transición, su complicada actividad durante los catorce años de felipismo, su traicionera oposición a los gobiernos del PP, los nefastos años de zapaterismo; y, en todos ellos, no hay motivos de estar orgullosos de una socialdemocracia moderna, democrática, homologable con los países occidentales de nuestro entorno.

El socialismo español persiste en su terrible error: Su falta de respeto a la alternancia, su desprecio a la inteligencia de los españoles, su despreciable tufo autoritario. Pérez y Rubalcaba, son lo mismo. Ahora quieren jugar al engaño. Una especie de bicefalia anormal, con un gobierno antisocial y un candidato adalid del Movimiento 15 M. Es como sí, por ejemplo, el PSOE jugara a policías y ladrones, simultáneamente. O a bomberos y pirómanos, con la misma caradura.

Lo sensato hubiera sido algo muy distinto. En primer lugar, Rubalcaba debería haber optado a sustituir a Zapatero en el gobierno y, desde esta atalaya, poner en práctica estas medidas que él sabe de cómo solucionar los graves problemas del país, especialmente el paro. En segundo lugar, Rubalcaba solo sería creíble si fuera el secretario general del partido, no un mero florón, cómo si el pueblo fuera idiota. En tercer lugar, desde la presidencia y la secretaría general, en manos de una misma persona, Rubalcaba, convocar elecciones generales ya, con un único programa y no dos, el de un gobierno y una candidatura distinta. No tiene sentido, es una agresión al sentido común y repugna el intento imbécil de pretender engañar, una vez más, a todos los españoles con políticas absurdas, propuestas irrealizables y errores de formas del pasado.

Una vez más, los socialistas pretenden engañar, por no decir, estafar, la ilusión y las esperanzas de cerca de cincuenta millones de ciudadanos. Una alternativa que camina al desastre y, peor aún, nos lleva a todos por delante.

Entre Escila y Caribdis

<<Al lado opuesto hay dos escollos. El uno alcanza al anchuroso cielo con su pico agudo, coronado por el pardo nubarrón que jamás le suelta; en términos que la cima no aparece despejada nunca, ni siquiera en verano, ni en otoño.

Ningún hombre mortal, aunque tuviese veinte manos e igual número de pies, podría subir al tal escollo ni bajar de él, pues la roca es tan lisa que semeja pulimentada. En medio del escollo hay un antro sombrío que mira al ocaso, hacia el Erebo, y a él enderezaréis el rumbo de la cóncava nave, preclaro Odiseo. Ni un hombre joven, que disparara el arco desde la cóncava nave, podría llegar con sus tiros a la profunda cueva. Allí mora Escila, que aúlla terriblemente, con voz semejante a la de una perra recién nacida, y es un monstruo perverso a quien nadie se alegrará de ver, aunque fuese un dios el que con ella se encontrase. El otro escollo es más bajo y lo verás Odiseo, cerca del primero; pues háyase a tiro de flecha. Hay ahí un cabrahigo grande y frondoso, y a su pie la divinal Caribdis sorbe la turbia agua. Tres veces al día la echa fuera y otras tantas vuelven a sorberla de un modo horrible. No te encuentres allí cuando la sorbe pues ni el que sacude la tierra podría librarte de la perdición. Debes, por el contrario, acercarte mucho al escollo de Escila y hacer que tu nave pase rápidamente; pues mejor es que eches de menos a sus compañeros que no a todos juntos.>> (Odisea, Canto XII) Cuándo Homero relataba el episodio de Escila y Caribdis, hacía constancia de las enormes dificultades que todo hombre- representado por Ulises- se puede plantear en determinadas encrucijadas históricas, frente a dos escollos igualmente dramáticos. Alfredo P., antes conocido como Rubalcaba, va a encontrarse en una situación similar el próximo sábado, en su proclamación oficial como candidato por el PSOE a la presidencia en las próximas elecciones generales. Escila y Caribdis, en la encrucijada concreta del candidato, estarían simbolizadas por su pasado, que es el mismo del socialismo español de las dos últimas décadas. No representan al futuro, sino a un pasado y, además, siniestro. Porque-felipismo y zapaterismo-, siniestros fueron sus frutos y resultados. Acercarse a cualquier de los dos escollos, ya sea el de Escila o el de Caribdis- da igual la elección concreta- es un modo fácil y rápido para que la nave socialista se mueva, pero pagando un precio indudable, la factura del pasado y su legado.

“Pues mejor es que eches de menos a sus compañeros que no a todos juntos”.

El retorno del felipismo

Parece ser que el candidato a la presidencia del gobierno por el PSOE, Alfredo P., ha formado una especie de “grupo de sabios” para que, en la máxima altura, le asesore cara a las próximas elecciones. La noticia, en sí misma, no es anormal pero, los componentes del grupo, sí, ya que lo lidera el ex presidente Felipe González.

Evidentemente, Alfredo P. tiene todo el derecho del mundo de asesorarse cómo le venga en gana. Sin embargo, que la alternativa de futuro de Rodríguez Zapatero vuelva a ser una especie de retorno del felipismo, pues la verdad, no es nada positivo. Hay que recordar que en el año 2000, un joven e inexperto diputado por León, alcanzó la secretaria general del partido con un discurso de superación del pasado, es decir, de los años de la corrupción, del GAL, de los FILESA y CIA, entre otras marcas del PSOE años 80. Y, lo paradójico del tema es que, tras diez años de presunta “renovación generacional”, en lugar de continuar con este proceso, se recupera un discurso absolutamente desfasado.

El PSOE no tiene solución.

Es que estos socialistas son los típicos “D. Erres que erres”. Persisten en el error, una vez y otra. En lugar de regenerarse por completo, vuelta al pasado y, por cierto, un pasado siniestro, documentado en los libros de la Historia de nuestra joven democracia. Si no fuera por el hecho de que caminan, irreversiblemente, por un camino de derrota sin paliativos, lo cierto es que sería muy desalentador, si pensáramos en términos patrióticos.

Porque, lo vuelvo a reiterar: En España hace falta una alternativa seria y responsable de centro izquierda, una socialdemocracia homologable con los países más prósperos y democráticos de Occidente. Sin embargo, la realidad es como es. Alfredo P y CIA.

El partido del sentido común

En España florecen los partidos políticos como si fueran coles. Recientemente, como colofón del Movimiento “15M”, varios indignados han fundado un partido que quiere representar a este peculiar y complejo fenómeno mediático. No hace mucho, y con anterioridad, se ha presentado en sociedad un partido ecologista, de esa especie de izquierda verde que, asimismo, pretende abanderar una ideología difusa, a la izquierda del PSOE. Como si el panorama político español le hiciera falta de nuevas siglas, en un espacio de “sopa de letras” que más bien, tienden a aburrir al personal, por no decir, indigestarlo.

El problema del país o, mejor dicho, del conjunto de los ciudadanos, no es de un partido político u otro. Especialmente, porque, como en la vida misma, lo importante no es la cantidad sino la calidad y, en España, se adolece de calidad política. Más aún, se padece de una hipertrofia partidista. Mejor sería que se produjera, a semejanza de las fusiones bancarias, una especie de unión de partidos con el fin de clarificar, en lo esencial, el panorama político en general. Personalmente, me aburre todo este discurso de creacionismo partidista.

Como liberal, estoy más convencido de los proyectos que de las siglas. Los conceptos de partido, de izquierdas, de centro, de derechas, progresistas, conservadores, etcétera, están absolutamente desfasados por el avance inexorable de los tiempos. Básicamente, lo que el pueblo necesita, es claridad, no más confusión.

Alfredo P. ó el retorno de la timocracia

Según los clásicos griegos, desde que Solón la introdujo en Atenas, allá sobre el Siglo VI antes de Cristo, la Timocracia es aquel régimen en el que prima una oligarquía férrea de los más fuertes, los más preparados, de los mejores de la polis. Sin embargo, tras muchos siglos, parece ser que hay un intento de redescubrir tal idea político- filosófica, con el candidato Alfredo P., del PSOE, a las próximas elecciones generales pero, de un tenor y contenido absolutamente diferente.

En primer lugar, porque en el “timos” griego lo que prima es la idea del honor. Y, evidentemente, este valor no es un componente de la ideología del candidato socialista.

Pero, sobre todo, la diferencia sustancial con la idea original de los clásicos, es que Alfredo “P”, lo que realmente está pretendiendo es “timar” a los españoles, con una especie de reedición del timo de la “estampita”, más o menos vulgarizado.

Porque, vamos a ver, la pregunta sería la siguiente: ¿Es razonable que el candidato Alfredo “P” pretenda vendernos un producto radicalmente distinto de la de su actual Jefe de filas, ZP? Si éste último se ha caracterizado en el último año en recortar, de una manera drástica, desproporcionada e inútil, derechos sociales adquiridos de trabajadores, pensionistas y contribuyentes en general, a partir de recortes en los sueldos, congelaciones de las pensiones y aumento de los impuestos, beneficiando injustamente a los sectores más pudientes, como el “amiguito del alma” de Rodríguez Zapatero, el Sr. Botín, ¿cómo se explica que, de una forma esquizofrénica, el actual vicepresidente primero del Gobierno se dedique a insultar a los banqueros? Sencillamente, tamaña contradicción, no tiene más explicación posible y razonable de que, estos dos timócratas del Siglo XXI, como pirueta final de su circo personal a dos bandas, han decidido trazar una estrategia para tontos de que, el PSOE, es el partido de los más necesitados. Primero se les esquilma para después, pretender representarlos.

Un auténtico ejemplo, de manual, de insulto a la inteligencia media de los españoles. Otra cosa, bien distinta, sería que, los ciudadanos, se dejen engañar con un timo tan evidente, como vulgar.

De calamidades y otros desvaríos

<<Cuando la masa nacional degenera hasta el punto de caer en un estado de espíritu como el descrito, son inútiles razonamientos y predicación. Su enfermedad consiste precisamente en que no quiere dejarse influir, en que no está dispuesta a la humilde actitud de escuchar. Cuanto más se le quiera adoctrinar, más herméticamente cerrará sus oídos y con mayor violencia pisoteará a los predicadores. Para sanar será preciso que sufra en su propia carne las consecuencias de su desviación moral. Así ha ocurrido siempre>> (España Invertebrada, José Ortega y Gasset).
El gobierno de Rodríguez Zapatero ha aprobado un Real Decreto que tiene como objetivo el paliar, de una forma urgente, las terribles consecuencias de la crisis económica, en lo que respecta al impago de las hipotecas, subiendo el valor de tasación de las fincas subastadas y el límite legal del embargo del sueldo y pensiones, con el objetivo de que, por parte de los afectados, puedan evitar la actual situación de depauperación y, con la simple entrega de los pisos, cerrar el camino a futuros embargos sine die.

En este sentido, es decir, la subasta de los pisos hipotecados, con la actual redacción de los artículos 579 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la realidad es que, en caso de impago, los bancos suelen quedarse, casi en un noventa por ciento de los casos, con pisos por un valor del cincuenta por ciento de la tasación. Para que se comprenda con facilidad, un ejemplo práctico: Una hipoteca de 100.000 €, con un piso tasado en 120.000 €, si se ha dejado de pagar 80.000 €, el piso, a falta de postores, el banco se lo queda por 60.000 €. El problema es que, a pesar de ello, todavía el deudor debe al ejecutante 20.000 € de resto de principal, más los intereses devengados y las costas del procedimiento que, más o menos, podrían duplicar la deuda restante, aproximando dicho resto de sumas pendientes de pago, en cerca de 50.000 €, o más.

En la práctica actual- y llevo cerca de veinte años como trabajador público en el servicio de Justicia- la realidad es que, al desgraciado deudor, se le continúa embargando todos sus bienes, sueldos, pensiones, otra vivienda familiar, etcétera, hasta que el banco cobre su último euro, y sin piedad posible.

En pocas palabras, una situación dramática y de ruina total de la familia en cuestión.

Es muy cierto que la responsabilidad de toda esta lamentable lacra social no es solo de los bancos, sino que son de todos, incluyendo a los que firman hipotecas a cambio de un dinero prestado muy por encima de sus posibilidades de devolución.

Las consecuencias son éstas.

Sin perjuicio de la compasión por tantas familias morosas, lo justo sería también exigir cordura, sentido común y responsabilidad general a todo el mundo, sin victimizar a unos, mientras poner en la picota a los otros. En esta película de terror real, no hay malos ni buenos.

Ahora, el Gobierno, con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, en periodo electoral a muy pocos meses, quieren ganarse la voluntad del electorado, a cambio de reformas parciales que, ante la falta de un estudio riguroso, tanto legislativo como macroeconómico, para averiguar los riesgos de tales medidas a medio plazo, puede conllevar a un mal mayor al existente en la actualidad. Soy partidario de aplicar la Ley a favor del más necesitado pero, de igual forma, no estoy en pro de destruir la “gallina de los huevos de oro”, por mor de ofrecer “pan para hoy, pero hambre para mañana”. Es necesario plantear un estudio en profundidad porque, en suma, y lo digo con conocimiento de causa- desgraciadamente-, el problema es mucho más serio y complejo de lo que a simple vista aparece.

A este ritmo de improvisaciones, llegaremos al momento histórico que el maestro Ortega anunciaba, a nivel de profecía, en su obra magna, es decir, de cómo un pueblo en decadencia, a la postre, deberá sufrir en sus carnes los errores de la desviación moral de sus dirigentes.

Así es de triste pero, la realidad es tal cual, no cómo se quiere aparentar.

En el fondo, o se reforma la legislación procesal e hipotecaria a fondo, con la aplicación de la "dación en pago" con todas sus consecuencias legales o, por lo contrario, más prudente sería serenar el debate, en esperas de un reflexión más profunda.

No es razonable legislar al ritmo del oportunismo político, y menos aún,  con improvisaciones irresponsables, a cambio de un puñado miserable de votos.


Esperanza Aguirre y el Partido Liberal

Aunque pueda parecer una paradoja, el país en dónde por primera vez se constituyó un partido liberal, propiamente dicho, no tiene una formación política que abandere el proyecto liberal y con representación parlamentaria.

Es cierto que hay pequeños partidos que dicen ser liberales pero, la triste realidad es que, el liberalismo en España,  no tiene quien lo represente, lo cual no deja de ser una incoherencia histórica, máxime si tenemos en cuenta que una gran parte de intelectuales, trabajadores, emprendedores, profesionales liberales, estudiantes y de otros sectores varios, afirman su adscripción, sin fisuras,  a un partido liberal inexistente.

El liberalismo no es solo una ideología. Autores clásicos del liberalismo moderno, como Ludwig Von Mises o Hayek, así lo explicaron, a un nivel científico. En España, de los muchos pro hombres del liberalismo, destacaría a Gregorio Marañón quien, en el prólogo de su libro ejemplar,  “Ensayos Liberales”, afirmó que <<el liberalismo es, pues, una conducta y, por lo tanto, es mucho más que una política>>. Después de leer a muchos otros autores liberales clásicos, llego a la conclusión de que Mises, Hayek y Marañón, llevaban toda la razón: Por ser liberal se debe optar por las convicciones, posponiendo, en todo momento, la eventual obediencia de partido.

Retomando la cuestión, vuelvo a insistir que, en España, de una forma anómala, no hay un partido liberal. Sin embargo, también podría ahondar en este problema patrio añadiendo que, para mayor colmo de los males hispánicos, tampoco tenemos un partido socialdemócrata. Pero, en este segundo punto, como no soy socialdemócrata, me parece un tema menor. Que aquéllos que defiendan la moderación y el sentido común, desde una perspectiva inteligente de izquierdas, se preocupen en reivindicar tal posición. A nosotros, los liberales, nos toca otra batalla ideológica.

En este sentido, y tal como está el patio político actual, soy de la opinión que la única persona pública que representa el Liberalismo en España (así, en mayúsculas) es la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre, por sus principios pero, sobre todo, por sus acciones. “La conducta”, si seguimos las palabras de Marañón. Pero, es triste que su zona de influencia solo se reduzca al territorio de Madrid. Es necesario que se extienda a toda España. Necesitamos que el Partido Liberal, que representa con una gran dignidad y honestidad la Sra. Aguirre, cunda en toda la Nación, en todos los territorios, en todas las ciudades. Por lo que a mí respecta, apoyaría una Plataforma de Constitución del Partido Liberal a nivel nacional, con una Líder y un programa de acción política e ideológica bien definida. Lo necesita España, como país pero, sobre todo, sus ciudadanos, hartos de la situación política y de la irresponsable ineptitud de las políticas de izquierdas.

Un liberalismo que recupere la responsabilidad, el sentido común, la eficacia en la gestión pública y tantos otros valores que adolece el Gobierno inútil que padecemos y sufrimos. Pero, sin perjuicio del papel alternativo del principal partido de la oposición, es necesario el resurgimiento de nuevos aires, nuevas políticas y nuevos proyectos. Esperanza Aguirre es la persona más idónea para encabezar esta nueva ilusión. Una regeneración total para una sociedad española necesitada de un cambio real.

Por cierto, no se trataría de quitar terreno al PP, sino de reforzar una alternativa fuerte para un futuro incierto. El centro derecha requiere una nueva refundación ideológica y una clarificación valiente de sus principios y valores. Antes de vencer a la izquierda, hay que convencer. El Liberalismo ha demostrado, desde siempre, ser la ideología que más ha favorecido las políticas de libertad, igualdad y progreso, frente a un socialismo en una crisis terminal. La supremacia moral, en suma.


La travesía del desierto

<<Mientras tanto, sus hijos andarán vagando por el desierto durante cuarenta años, sufriendo por las prostituciones de ustedes, hasta que el último cadáver quede tendido en el desierto>> (Números, 14-33) Tras el inútil Debate sobre el Estado de la Nación, lo único que ha quedado meridianamente claro es que el presidente, en funciones, del gobierno- o mal gobierno, mejor dicho-, no ha decidido anticipar las elecciones, a pesar de reconocer que la legislatura, como tal, está más que finiquitada. Serán seis meses de prolongación parlamentaria absolutamente estéril, que provocará un agravamiento de nuestra situación económica, perjudicando, y de una manera absurda, el inicio de un camino solvente de recuperación.

El problema de fondo es que Zapatero se niega a reconocer que sus políticas son un completo fracaso histórico. Tras el 12 de Mayo del 2010, cuándo la Unión Europea le hizo cambiar de rumbo, de una forma traumática y drástica, el presidente ha gestionado un gobierno que más que motor de solución para la crisis ha sido un factor exponencial de la misma crisis. Lo cierto es que, en el Idus de Mayo, tuvo el momento y oportunidad histórica de haber tomado una de dos opciones sensatas, la primera, haber anticipado las elecciones generales, la segunda, haber consensuado con el PP un Pacto Nacional de salida de la crisis, a semejanza de los Pactos de la Moncloa de hace treinta años, en un contexto de crisis muy similar. Sin embargo, la falta de visión y, sobre todo, el sectarismo de Zapatero, le impidieron decidir con juicio. Hemos perdido un año, con el resultado que todos ya sabemos pero, lo peor es que, en el último momento, cuándo ha tenido una oportunidad de oro para demostrar a la ciudadanía que, a pesar de todo, era un hombre de Estado, ha reafirmado su talante partidista y sectario.

El debate sobre el Estado de la Nación

A partir del martes 28 de junio se va a debatir, en el Congreso de los Diputados, sobre el Estado de la Nación. Si bien este debate constituye una constante en estas fechas estivales, sin embargo, la triste realidad es que, desde que se instauró tal práctica por el primer gobierno de Felipe González, en septiembre de 1983, nunca jamás se va a celebrar en un contexto y coyuntura socioeconómica, institucional y moral, más críticos en sus dos décadas de Historia.

España, como Estado, ha sufrido, de una forma cíclica, momentos históricos muy difíciles. Sin embargo, como Nación, es decir, como el nexo común de la totalidad de los españoles, patria común e indivisible, según el vigente artículo 2º de nuestra Constitución, no existe un precedente parecido, en los últimos doscientos años, si descartamos la Guerra de la Independencia y la doble traición de los reyes Carlos IV y Fernando VII, los cuales, literalmente, consintieron la entrega del país a Napoleón Bonaparte.

La Nación española, en vísperas del debate, está sufriendo una crisis que es triple pero, como mínimo común denominador, se caracteriza por el estado de decadencia económica, institucional y moral más demoledora en dos centurias.

A nivel económico, con cinco millones de parados, un crecimiento plano de la economía, un diferencial de trescientos puntos básicos con el bono alemán a diez años y un déficit de las cuentas públicas que triplica el máximo permitido por la Unión Europea, por no decir, unas administraciones públicas en situación real de suspensión de pagos, muy parecido, en sus datos, a Grecia.

A nivel institucional, tras la derrota del Estado de Derecho respecto a ETA-BATASUNA-BILDU y la traición del Presidente del Gobierno, apoyado por seis magistrados del Tribunal Constitucional, y la destrucción del Estado del Bienestar, poco más se puede añadir.

Pero, lo que es peor, la crisis moral, caracterizado por la más absoluta pérdida de los principios y valores que representaba a los españoles, es decir, el honor, la valentía, el talento, la responsabilidad , la cultura del sacrificio y del esfuerzo, por no decir, la defensa de la libertad y de la vida, valores supremos de cualquier ordenamiento jurídico avanzado. Como último botón de muestra, la Ley de Plazos para abortar con total impunidad y el proyecto de “Muerte Digna”, que constata las políticas sociales del socialismo español, más garante del proceso de la muerte de las personas que de la protección de un mínimo de calidad de vida razonable y justa.

En definitiva, Rodríguez Zapatero, en su último debate sobre el pésimo y paupérrimo Estado  de la Nación,  que ha demolido sin misericordia ni escrúpulos de conciencia. En esto se podría resumir su Epitafio de su última hora. Lo cierto es que, premeditadamente o no, se ha cuidado mucho de destruir todo lo construido por sus predecesores, tanto de izquierdas como de derechas.

La hipocresía de Zapatero

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la hipocresía es el “Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.”

José Luís Rodríguez Zapatero, el presidente, en funciones, del Gobierno, ha manifestado que “no le gusta nada, pero nada, que BILDU tenga tanto poder acumulado en el País Vasco pero, como no tienen la mayoría absoluta, en cualquier momento se le podría quitar dicho poder”.

Vamos a ver, nuestro presidente miente como un bellaco. El poder de BILDU, es decir, según sentencia del Tribunal Supremo, el equivalente de ETA-BATASUNA, tiene un poder por una única explicación posible: La decisión del Tribunal Constitucional, por una mayoría de seis magistrados contra cinco, de dejar sin efecto y casar, inaudita parte, la resolución firme del Tribunal Supremo. Todo el mundo ya sabe que si BILDU está gobernando en San Sebastián, en la Diputación Foral y en tantos municipios del País Vasco y Navarra, es a consecuencia de la decisión política de Zapatero de permitir la entrada en las Instituciones de la nueva marca de ETA, como contrapartida de que ésta continuara con su pacto de no atentar mientras tanto.

Zapatero ha querido y provocado que BILDU-ETA-BATASUNA, esté en el poder. Esta es la única verdad y lo demás, pura patraña. El decir ahora que no le gusta que detenten tanto poder, es una hipocresía de “manual” ya que, evidentemente, no refleja la sinceridad de sus reales intenciones y deseos.

Por lo tanto, que los enemigos de la democracia y el Estado de Derecho hayan conseguido el poder más fuerte de toda su sangrienta historia solo tiene como único y exclusivo responsable al presidente de un gobierno, que se ha postrado ante el violento, que ha vendido la unidad de la Nación española, que ha destruido la eficaz y dura labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante décadas y, sobre todo, que ha vendido rendición por paz. Así de claro.

Personalmente, a estas alturas, que estos individuos quiten la foto del Rey del consistorio y reclamen la inmediata retirada de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército español del territorio, me dá exactamente igual, aunque me duela el reconocerlo. Lo que no soporto es que Zapatero y sus aliados, hayan consentido la derrota del Estado frente a los violentos, mancillando el recuerdo de un millar de víctimas inocentes del terrorismo.

Conseguirán la Independencia pero, antes, han conseguido destruir el honor y el recuerdo de los muertos, que exigían Justicia y la derrota de los terroristas, no al contrario, como ha sucedido ya, y de una forma irreversible.

La traición nunca será olvidada.

La política de apaciguamiento

Tras el acuerdo del Gobierno de Rodríguez Zapatero con los nacionalistas del PNV y CIU, a fin de lograr un apoyo suficiente para las reformas paliativas necesarias de conseguir su objetivo de agotar la legislatura, a cambio de contrapartidas absolutamente desproporcionadas, a uno le viene a la memoria lo que se conoce como “Política de Apaciguamiento”, es decir, la  llevada a cabo por el Primer Ministro británico,  Neville Chamberlain, antes de la Segunda Guerra Mundial.

El portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, lo ha resumido muy bien:."En mi trayectoria no he conocido un caso semejante".

Rodríguez Zapatero lo tiene muy claro: Agotará la legislatura, “cueste lo que cueste”. El problema es que el precio o factura no lo va a pagar él, sino los españoles, en su conjunto. Faltan nueve meses para  Marzo del 2012. Es mucho tiempo, demasiado, si se tiene en cuenta la encrucijada económica tan extremadamente peligrosa en la que nos encontramos. La Unión Europea ha dado un ultimátum a Grecia, cuyo plazo se agotará a primeros de Julio. Si el país helénico no es capaz de cumplir las condiciones draconianas impuestas por el FMI y la Unión, estará condenado a una quiebra estatal, llámese como se llame en su momento. La consecuencia automática para España será dramática y sus efectos demoledores. Por ese motivo, los juegos de artificios y los engañabobos de Zapatero, como presidente en funciones, son absolutamente inútiles y perniciosos, a muy corto plazo. Las contrapartidas a los partidos nacionalistas, además de radicalmente desproporcionadas e injustas, no van a servir, en el fondo, para nada, y menos para evitar el colapso económico de nuestra economía nacional cuándo suframos los ataques de los mercados en contra de nuestra deuda, por causa de no haberse adoptado el paquete de medidas de reformas estructurales y laborales impuestas desde arriba. Es así de sencillo. Por lo tanto, esta política de “apaciguamiento interno”, pactada en secreto con partidos que aspiran a la secesión, constituye la última traición de Zapatero en contra de la Nación española pero, sobre todo, perjudicando a los ciudadanos.

El ejemplo griego

El Primer Ministro griego, ante las exigencias de la Unión Europea, ha optado por presentar una moción de confianza en el Parlamento Heleno, a fin de que sean los representantes del pueblo soberano los que tomen la última palabra en un momento crucial para el futuro de su país, al borde de una quiebra estatal.

No hace mucho, el anterior presidente del Gobierno de nuestro vecino portugués, igualmente planteó una moción similar, favoreciendo la definitiva solución del problema de credibilidad.

Nuestra Constitución, en su artículo 112, regula la Moción de Confianza, en los siguientes extremos: <<El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados>>.

La consecuencia de una Moción de Confianza es doble, a saber: Si se gana, consiguiendo que una mayoría parlamentaria suficiente- mayoría simple-, pues el Gobierno recobra prestigio y fortaleza, especialmente a nivel exterior, favoreciendo la puesta en práctica de las políticas de reformas que son ya ineludibles. Si la pierde, y de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 114 de la Constitución, el Presidente del Gobierno y, todo él, <<presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno>>, por lo que, igualmente, será positivo para los intereses generales del país, ya que, propiciaría la entrada de un nuevo Gobierno alternativo que, por su parte, le correspondería llevar adelante la adopción de tales medidas necesarias y perentorias.

Alternativa, ya

La Plataforma 15 M está demostrando que en España hace falta ya, no una democracia real sino, más bien, una alternativa urgente a la situación política del país.

Porque si repasamos las noticias, los datos son, cada vez, más preocupantes.

La crisis del sistema euro, la quiebra inevitable de Grecia y su contagio automático a los países periféricos, muy especialmente España, el agotamiento de la credibilidad del gobierno Zapatero para afrontar la reformas estructurales pendientes, como el de la negociación colectiva, la reducción del déficit y la reforma del sistema bancario, entre otras, hacen que la marca “España”, con este gobierno agónico, está absolutamente desvalorada, a un nivel próximo al bono basura griego.

Utilizando una terminología marxiana, que no marxista, podríamos llegar a la conclusión que la superestructura está eclosionando el sistema interno del país. Las manifestaciones de los “indignados” no son más que las plañideras en donde se resienten el modelo socialdemócrata, se quiera o no reconocer. El PSOE va a perder irremediablemente las elecciones generales, sean cuándo sean, en Noviembre o en Marzo, pero no por mor del harta