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prisma liberal
.................................... ...por Julio José Elías Baturones, doctor en Derecho Procesal
Cien días
Como reflejo del talante rupturista de nuestro presidente de gobierno, el Sr. Rodríguez Zapatero quiere innovar su II Legislatura con la celebración de sus primeros "Cien Días" a través de un acto multitudinario en Madrid donde, a la manera de sus homónimos lideres populistas, Castro, Hugo Chávez o Evo Morales, proclamar las excelencias y logros de sus políticas sociales.
La realidad de España va por otro lado, sin embargo a ZP, como marca política que sobrepasa a su propio autor, se regocija de su mundo virtual donde todos son aciertos, el optimismo antropológico rige el devenir de lo políticamente correcto y el pensamiento único y exclusivista o excluyente, impide cualquier tipo de críticas o desavenencias, so pena de cometer una herejía laicista en contra del patriotismo de cartón construido para mejor gloria del nuevo emperador.
Pero hagamos un recordatorio histórico del origen de la denominación "Cien Dias", según se puede observar de la enciclopedia digital Wikipedia: "El periodo conocido como los Cien Días (en francés Cent-Jours), o Campaña de Waterloo, comprende desde el 20 de marzo de 1815, fecha del regreso de Napoleón a París desde su exilio en Elba, hasta el 28 de junio de 1815, fecha de la segunda restauración de Luís XVIII como rey de Francia. Este periodo pone fin a las llamadas Guerras Napoleónicas, así como al imperio francés de Napoleón Bonaparte."
Es decir, el precedente de nuestro peculiar líder, Napoleón, Emperador de los franceses, había regresado de su primer exilio de la Isla de Elba, con el ánimo de reinstaurar el esplendor de su imperio de años atrás. Su endogamia enfermiza apenas duró tres meses y de ahí la expresión en cuestión, mordiendo el polvo en las arenas de la ciudad de Waterloo, donde fue definitivamente derrotado no solo por una Coalición de Naciones en contra, sino, sobre todo, por el peso indiscutible del statuo quo de la realidad.
A nuestro presidente de gobierno le ocurre algo muy parecido. En treinta años de democracia, con cuatro presidentes constitucionales anteriores y legislaturas de todo tipo, nunca, a ninguno de ellos, de derechas o de izquierdas, incluido en este sentido Felipe González, tuvieron la ocurrencia de conmemorar sus primeros cien días. Y mucho menos con la fantasía aliciana de vivir en el Mundo de las Maravillas donde todo es color de rosa y la vida pinta en "colores". La crisis económica está apuntando ya sus primeras consecuencias: Una inflación por encima de 5 puntos y un déficit en las cuentas públicas en torno a 0´5 de nuestro PIB, con un derroche de más de 10.000 millones de euros en solo un año, a pesar de que los indicadores económicos, tanto a nivel interno como del exterior, aconsejaban una política economía basada en el control del gasto y en la sensatez.
Ignoro cual va a ser el "Waterloo" peculiar del Sr. Rodríguez Zapatero, pero lo peor es que en esta batalla nacional todos podemos ser bajas, todos estamos en el mismo barco y todos pagamos con nuestros bolsillos la locura endogámica del capitán de un barco sin rumbo ni timón.
Por lo menos podrían haberse ahorrado el espectáculo del día conmemorativo.
Evidentemente, no estamos ni para festejos, ni para tirar cohetes, con lo que nos está cayendo encima.
La defensa de la Constitución contra una consulta ilegal
Las decisiones políticas pueden tener diversas trascendencias prácticas, una de ellas la jurídica-constitucional, otra de índole estrictamente mediática y política.
El Lehendakari ha presentado, en nombre del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, una propuesta de acuerdo en relación al Proyecto de Ley de Convocatoria y Regulación de una Consulta Popular al objeto de “recabar la opinión ciudadana en dicha comunidad sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política”, que ha sido aprobada por el Parlamento Vasco, publicada oficialmente y objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional.
La Constitución española de 1978 establece en el artículo 149 las competencias exclusivas del Estado y, entre ellas, en su párrafo 32, “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”; en desarrollo de esta materia, la Ley Orgánica 2/1980 dispone en su artículo 2.1 que “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualesquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado”.
La finalidad de la consulta estaría, por lo tanto, encuadrada en la figura del fraude de ley, cuya definición aparece en el apartado cuarto del artículo 6º del Código Civil, con el siguiente contenido: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
La consulta pretendida por el Gobierno Vasco, amparándose en la denominación de “consulta” y “sin carácter jurídico vinculante”, no es más que un intento descarado de eludir la prohibición de la vía del referéndum para conseguir allanar sus objetivos secesionistas y de provocar una confusión legal en su naturaleza y validez jurídica respecto a la interposición, por parte del Gobierno Nacional, del recurso ante el Tribunal Constitucional en amparo de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 161 de la Constitución que, a su vez, dice lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Con todo este razonamiento la única conclusión sensata que me queda sería preguntarme sobre la mejor respuesta que se puede hacer contra este nuevo órdago, y si la vía de la impugnación por el artículo 161.2 de la Constitución no supondría seguir el juego a las intenciones y finalidades de sus promotores, favoreciendo el éxito político, que no jurídico, del objetivo final trazado.
Ahora bien, existe un mecanismo constitucional que igualmente podría ser utilizado por el Gobierno de la Nación, con el apoyo de una mayoría aplastante de las Cámaras, que sí representan la soberanía nacional. Me estoy refiriendo al artículo 155 de la Constitución, en cuyo apartado primero se dice que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”
Por lo tanto, la pregunta última y clave de todo este peligroso envite sería la siguiente: ¿Hay alguna actuación más contraria al interés general de España que el consentir que un gobierno nacionalista propicie una vía para que una parte del territorio nacional pueda iniciar un proceso de secesión y autodeterminación?
El artículo 155 no dice que el Gobierno de la Nación acuerde la suspensión de la actividad de una comunidad autónoma, tal como de forma equivocada se afirma en determinados medios. Este precepto lo único que regula es un supuesto excepcional de actuación del Estado en contra de la actitud de una comunidad que vaya en contra del interés general de España, es decir, del interés de todos los españoles. “Medidas necesarias” abarcaría un amplio abanico de medidas coercitivas para conseguir la protección de dicho interés general abiertamente inculcado por la comunidad autónoma, incluyendo, claro está, la suspensión de las actividades, si fuera necesario por la obstinada e irresponsable respuesta en contra de los dirigentes del gobierno autónomo, en este caso, del vasco.
Hay, por lo tanto, un margen prudente de ejercicio del mecanismo previsto en el artículo 155 de nuestra Ley de leyes. En el marco europeo se han producido situaciones de grave peligro del interés general muy parecido al nuestro, como en el caso de Gran Bretaña, que suspendió la autonomía de Irlanda del Norte en varias ocasiones y por unos periodos de tiempo prolongado, consiguiendo la definitiva solución de la violencia en este caso, sin merma de la unidad nacional.
La debilidad, el tactismo o la irresponsabilidad son los únicos peligros para la protección del interés general de la Nación, cuyos titulares no son ni el Lendakari, ni los nacionalistas soberanistas, sino los líderes de las dos formaciones nacionales mayoritarias, de aquellos que son los únicos que pueden decidir y adoptar las medidas drásticas y necesarias para la definitiva solución del conflicto abierto, que no de la sociedad vasca contra la española, sino la de la imposición contra el sentido común y la defensa del Estado de derecho."
El concepto de justicia ante la excarcelación de Juana de Chaos
El próximo 2 de agosto va a salir en libertad el tristemente archiconocido y terrorista De Juana Chaos. La legalidad de la medida es incuestionable, desde un punto de vista del derecho penal y penitenciario, en estricta aplicación de las normas del cumplimiento de las penas, pero si lo reflexionamos desde una perspectiva moral resulta evidente que 21 años de ingreso en prisión no es muy acorde con la veintena de víctimas mortales y un total de más de dos mil años acumulados por todos sus sangrientos delitos.
Vuelvo a repetir que, como persona procedente del mundo del Derecho y funcionario al servicio de la Administración de Justicia, no soy ajeno a la legalidad de la medida, pero ello no es óbice a que, como persona y ciudadano, no me haga la reflexión de cómo este caso en concreto, más allá de la siniestra personalidad del individuo en cuestión, es un claro síntoma de que algo falla en nuestro sistema penal, en el sentido de que la evidente desproporción entre los delitos cometidos y condenados y la sanción cumplida demuestra, a todas las luces, que se debería replantearse la finalidad preventiva de nuestro Derecho Penal, sobre todo teniendo en cuenta que, para mayor abundamiento, la finalidad de reinserción y rehabilitación social, que propugna nuestra Constitución, ni siquiera ha tenido un menor atisbo de reflejo en alguien que no solo no se ha arrepentido de sus delitos sino que, incluso, se reía a carcajadas limpias de las víctimas y de su dolor ante determinados y sonoros atentados.
Pero volvamos a la reflexión. El concepto de justicia. Los clásicos, desde el Digesto, definían a la misma como "la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde". O dicho de otro modo, retribuir o castigar según el comportamiento de cada cual, la equidad aplicada al comportamiento humano, símbolo de la civilización y de la humanidad, en sociedades avanzadas.
En España, desde hace ya tiempo, este concepto de justicia está sufriendo un claro retroceso, una desvaloración social, un replanteamiento a la baja en la cotización de lo moral y de lo justo. Y casos como el que estoy analizando, y los que van a venir, no mejorarán la buena imagen y el prestigio que requiere de esta institución, una de las más necesarias e importantes de una sociedad moderna y avanzada.
Alternancia, ¿para qué?
En la historia más que centenaria del PSOE han existido siempre diversas tendencias y diferentes estilos de liderato, desde los más moderados o reformistas a los más radicales o revolucionarios. Podríamos, en este sentido, recordar como durante la Segunda República se fraguó una división interna muy importante en el seno de esta organización entre los partidarios de Prieto o Besteiro, que representaban el talante más democrático liberal del socialismo, frente a los radicales de Largo Caballero, que apostaban, decididamente, por superar lo que ellos denominaban la "fase burguesa" de la república a fin de acceder, sin más, a la dictadura del proletariado. Basta con leer publicaciones como Claridad y otras por estilo, para darse uno cuenta de como se las gastaban los que, a la postre, y de forma muy desgraciada, fueron los que vencieron en el envite, postergando al olvido al ala más moderada del partido.
Con el Sr. Rodríguez Zapatero y escuchándole en profundidad sus palabras y su estilo, cada vez a uno le recuerda cada vez más al precedente histórico del PSOE, como si el Congreso de Suresnes, que patrocinó la socialdemocracia europea, no hubiera sido más que una mera anécdota sin importancia.
El radicalismo no es algo del presente, ni fruto de una estrategia electoral coyuntural, sino que forma parte del tejido ideológico del socialismo español, y que tiene sus orígenes desde sus principios, es decir, desde el último tercio del Siglo XIX.
Hay un caso muy simbólico en este asunto. El gran líder e intelectual D. Fernando de los Ríos realizó un viaje a la Rusia Soviética a principios de los años 20, a fin de comprobar la evolución del comunismo en ese país. Estando en dicho lugar se entrevistó con Lenin al que le preguntó en qué momento se procedería a la recuperación y restauración de la Libertad de prensa y opinión en Rusia, a lo que éste le contestó, con una frase archiconocida, "Libertad, ¿para qué?". Al lider socialista le bastó esta respuesta para darse cuenta del sendero y desvarío que iba a tener la revolución rusa, muy alejada de los valores humanistas y progresistas que defendía el gran profesor y politico español.
Recordando este episodio, llega el Sr. Zapatero y manifiesta, con gran jolgorio por parte de sus correligionarios, que la democracia es algo más que "alternancia", que para él lo importante no es el fin del poder, sino que el poder es un instrumento para lograr cambios radicales en el seno de la sociedad española, en la línea, claro está, de su pensamiento político excluyente y único.
Alternancia, ¿para qué?, se preguntaría entonces el sucesor de los caballeristas y revolucionarios doctrinarios del pasado. Lo importante es cambiar las estructuras de la sociedad y su escala de valores, sirviéndose de los mecanismos que la democracia le ofrece.
Por lo tanto la situación es realmente difícil, complicada y peligrosa. Es como si todos nosotros hubiéramos realizado un viaje en el tiempo, hacía atrás, por supuesto, y estuviéramos viviendo los tristes episodios de nuestro pasado más terrible y trágico, en donde los ideales del socialismo democrático había sido sustituido por la radicalidad más extrema y visionaria, como si las lecciones del pasado no hubieran producido ningún resultado práctico.
Abucheos para unos, aplausos para otros
En este fin de semana se han escenificado dos congresos muy significativos: El del PSOE en Madrid y el del PP de Cataluña.
En el primer caso, también a la "búlgara", el Sr. Rodríguez Zapatero ha conseguido aunar un proyecto del socialismo para los próximos cuatro años caracterizado por la unidad, con objetivos de izquierdas e infantilmente radicalizados, como la eutanasia, el aborto con Ley de plazos, el laicismo beligerante. Se podrá discutir la "bondad" de tales fines, pero nadie puede ignorar que corresponden a una organización firmemente unida, aunque fatalmente equivocada.
En el segundo supuesto, los pitos y abucheos a la vicesecretaria Ana Mato no deja duda alguna de la desunión y evidente desorientación que está sufriendo el principal partido de la oposición, tras un cierre en falso de su propio congreso a nivel nacional. Los objetivos del PP y sus valores representan la moderación, el sentido común, la lucha por una idea común de Nación y de igualdad entre todos los españoles, por lo tanto, desde un punto de vista moral y práctico, mucho más cercano a las necesidades de los ciudadanos en su inmensa mayoría, pero la triste realidad es que no llegan a los mismos, que lo único que se vislumbra es la desunión y falta de unidad en las filas populares.
No se trata de quienes sean los mejores, o quienes defienden las ideas más éticas y sensatas. Lo único que la sociedad española está dispuesta a avalar es la imagen de cercanía y unidad.
Por lo tanto el Sr. Rajoy debería reflexionar y, hacerlo, de forma urgente y perentoria. El liderato constituye el medio más útil para pilotar un proyecto de futuro, pero de un futuro con un mínimo de éxito. Y en esta coyuntura, desgraciadamente, la radicalidad de ZP está ganando por puntos.
Mejor sería que algunos se pusieran las pilas de una vez por todas.
Economía de derechas versus de izquierdas
Tras el debate monográfico del pasado miércoles hubo una cuestión que me llamó la atención: El hecho de que se defendiera una politica económica de "izquierdas" frente a otra "conservadora" o, si se prefiere, y en términos coloquiales, de derechas.
Vamos a ver, para entender la macroeconomía es muy ilustrativo el compararla con la economía a nivel familiar. Yo me preguntaría si en una familia tradicional formada por los dos esposos y unos hijos el control de los gastos y de los ingresos se podría calibrar del mismo tenor, es decir, haciendo una política de derechas o de izquierdas. Cualquier persona sensata y equilibrada diría que no, que lo único que cabe en estos casos es aplicar la lógica y el sentido común o, en caso contrario, a gastar de forma irresponsable, por encima de los ingresos familiares, a costa del caudal y patrimonio y con las consecuencias nefastas de insolvencia y morosidad que llevaría consigo.
Me parece que esta comparación, tan fácil como la vida misma, es del todo comprensible para cualquier ciudadano común, aunque no halla estudiado la carrera de económicas.
Pues, evidentemente, con las cuentas públicas ocurre, más o menos, lo mismo.
Si estamos incurso en un periodo de crisis, recesión, turbulencias, parada técnica o desacelaración, calificativos éstos últimos que tanto les gustan utilizar al Sr. Rodriguez Zapatero, de forma eufemística y con una clara finalidad de no reconocer la realidad de las cosas, lo único sensato es controlar el gasto, la inflación y sanear la economía apretándonos todos el cinturón. No hay otra manera de salir de las épocas cíclicas de crisis, por mucho que se empeñen en lo contrario.
Por esto, hablar de "derechas o izquierdas" en clave de política económica es lo más inútil, irresponsable y demagógico que se puede hacer en política, sobre todo porque los únicos que pagamos toda esta obsesión en "marear la perdiz" somos lo 45 millones de ciudadanos que vivimos en este país.
María San Gil: un valor añadido
En la política, como en la vida misma, siempre hay de todo: Unos más coherentes, otros más veletas, algunos válidos, y los que más simplemente anodinos.
Pero, en algunas ocasiones, tenemos los ciudadanos la suerte de que surjan unas personas muy diferentes, con una personalidad sobresaliente, con un talante ejemplar. Dentro de este selecto grupo de políticos se encuentra, sin duda alguna, Maria San Gil, presidenta del PP en el Pais Vasco y una gran persona.
María, como es conocida en la militancia del PP, es algo más que una líder territorial, mucho más que eso. Líderes las ha habido y las habrá, pero otra Maria San Gil, no.
María es, incluso, más que un símbolo vivo de la lucha por las libertades y por la vida. Es un valor añadido en la política, es un ejemplo a seguir.
Por todo esto resulta insoportable todo este circo mediático que, desde las mismas filas del partido, se le está tejiendo acerca de su postura crítica tras el cambio estratégico diseñado por la dirección en Génova desde la derrota electoral del 9 de marzo. Es insoportable e insufrible, no solo por lo falso de las noticias, sino sobre todo, por lo terriblemente injusto.
Maria lo único que defiende son los mismos valores y principios que los 10 millones y medio de votantes hemos apoyado al principal partido de la oposición. Es decir, un concepto de la Nación, de la libertad y de la justicia para las víctimas y los perseguidos por el pensamiento único y los nacionalismos soberanistas. Y lo hace en el lugar más difícil, en el epicentro de los horrores, como es en el País Vasco.
Por todo ello, mi sincero y emocionado reconocimiento a la Sra. San Gil, deseándole lo mejor y confiando que su palabra y personalidad siga ofreciendo sus frutos, aunque no sea en la "primera fila" de la política: Hay otros muchos escenarios y foros donde puede seguir luchando por lo mismo.
Una selección nacional para una nación en peligro
La selección española de fútbol está despertando, por sus éxitos deportivos, sentimientos de unidad nacional en la mayoría de los españoles, independientemente de su procedencia territorial, del lugar de su nacimiento, de la lengua en la que hable.
Esto representa una muy buena noticia, pero no deja de ser un hecho puntual y coyuntural que finalizará el domingo 29 de junio del 2008 con la final de la Eurocopa.
A partir del lunes volverá las aguas por su cauce, que no se encuentra, precisamente, calmado ni pacífico.
Siempre las buenas noticias de los éxitos deportivos son bien recibidas por todos aquellos que defendemos un mismo concepto unitario y solidario de la Nación, al constituir un buen ejemplo de lo que representa, es decir, un pueblo, una cultura común, una misma sociedad; pero, en realidad, no deja de ser una cortina de humo, un ilusionante espejismo, un medio como otro para despistar la triste realidad de nuestra existencia.
España es mucho más que una selección de fútbol. Es, sobre todo, una realidad única e indisoluble que requiere ser protegida de sus enemigos, de todos aquellos que escupen a sus símbolos, de todos los que, beneficiándose de la generosidad de los ciudadanos, no hacen más que conspirar para conseguir un único objetivo: La destrucción y liquidación de España como Nación, la subversión del orden constitucional, la negación del principio básico de que todos los españoles somos iguales en derechos y deberes.
De nada sirve que cada equis tiempo, por una simple cuestión de divertimento deportivo, los que sentimos y amamos a la Nación, a una gran comunidad nacional, solo gritemos “Viva España”, cuando lo importante es la auténtica defensa del mismo Ideal, la que simboliza su Historia y su prestigio dentro del conjunto de la sociedad de las Naciones Libres y modernas.
El Congreso del PP desde una perspectiva liberal
Comienza en este fin de semana el esperado congreso del PP, tras tres meses largos de una crisis profunda y de división entre sus líderes. Sin embargo lo importante no son las caras, ni las estrategias, ni las ideas: Lo único serio es averiguar si el principal partido de la oposición, que representa a la friolera de 10 millones y medio de ciudadanos españoles, sigue siendo un referente en la sociedad civil o no.
En este sentido considero que debemos partir del contenido del artículo 6º de la Constitución: " Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos."
Vamos a ver, en primer lugar habría que analizar si el PP concurre o no a "la formación y manifestación de la voluntad popular". Para ello deberíamos preguntarnos si es espejo de una ideología concreta, de un talante especial a la hora de ver la realidad y de afrontar los retos del futuro. Tengo mis serias dudas al respecto. Una formación política que flojea en las convicciones y principios, que postula el posibilismo y el tactismo político con el fin principal de conseguir el poder al precio que sea, por mucho que lo sienta, no goza de la confianza de aquellos que defendemos, por encima de todo, un modelo de sociedad, de valores éticos y de concepto de la Nación española como protagonista y eje de la vida pública. Y en estos tres meses se han producido múltiples manifestaciones de líderes del PP en aras a cambiar la estrategia en este peligroso sentido.
En segundo lugar, "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". Si dudoso era el punto anterior, más difícil todavía lo tienen a la hora de avalar la democracia interna del partido. ¿Es democrático blindar un liderazgo a costa de impedir, de facto, listas alternativas a la oficialista? ¿es democrático elegir a la dirección sin tener en cuenta a la militancia? ¿Es democrático que solo un 3% de dicha militancia hallan participado en la elección de los compromisarios?.
En fin, la reflexión es muy difícil. Pero lo realmente serio sería que en Valencia los líderes del PP, del único partido con opción de alternancia en el gobierno, se plantearan cuales son las prioridades más elementales, es decir, si el poder por el poder o la defensa de todos aquellos que de una forma sincera le hemos sido fiel en el voto, no per se, sino por representar un modelo de vida y de principios.
El triple peligro
En consonancia con la publicidad de "un país de mierda" detecto que en nuestro futuro más próximo se vislumbra un triple elenco de situaciones que pueden generar en una grave crisis en nuestro país, a distinto niveles.
En primer lugar, la economía. Podemos llamarlo como queramos, "turbulencias", desaceleración, rescisión, crisis propiamente dicha, pero lo que está claro es que en estos días lo único que se asoma es la punta del iceberg de una economía en galopante caída en picado: Los carburantes, la subida de precios, de las hipotecas, el ladrillo, el paro y la pérdida del poder adquisitivo, entre otros apuntes indudables.
En segundo lugar, la sociedad. Estamos sufriendo una pérdida de los valores y principios fundamentales que fundamentan nuestro estilo de vida, especialmente peligroso en el relativismo beligerante promovido no solo por la izquierda gobernante sino, lo que es peor, por una derecha posibilista y oportunista que solo desea alcanzar el poder por el poder, sin preocuparle el precio a pagar por ello.
En tercer lugar, el modelo constitucional y del Estado. Con el reconocimiento del Estado plurinacional y de las naciones compatibles con una Nación española cada vez más menguante, nos estamos acercando a un cambio de régimen y a una organización territorial de imprevisibles consecuencias para la vida y el bienestar de los ciudadanos españoles. De una Nación solidaria en sus partes y de igualdad para todos a una especie de "confederación" asimétrica en donde cada uno se busque el pan como pueda
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Al final, lo único que importa, es decir, el español de a pié, con sus propias preocupaciones y luchas personales y familiares, pues nada, sin enterarse de lo que se le viene encima.
No hay peor ciego que el que, evidentemente, no quiere ver.
¿Un país de mierda?
Se ha presentado a la opinión pública una iniciativa que lleva el titulo "un país de mierda", que tiene el objetivo de luchar contra las manipulaciones informativas, con contenido xenófobo, respecto a las políticas de países democráticos como es Israel, en relación a la situación con el pueblo palestino desde la creación de dicho estado hace justamente 60 años.
No voy a entrar en el análisis de fondo, sobre la presunta xenofobia o no de Israel.
Pero sí voy a analizar si en lo que a nosotros nos toca, es decir, en este país que todavía se llama España, realmente se le podría calificar, por motivos diferentes a la xenofobia, como de "mierda", o no.
Vaya adelante que me siento muy orgulloso de haber nacido español y, con todo el tiempo que Dios me conceda, es mi deseo de morir conservando mi DNI de español, si el Sr. Rodríguez Zapatero y sus adláteres no lo impiden.
Yo creo que los chovinismos y los nacionalismos son una auténtica lacra, por lo que, a pesar de mi profundo sentimiento españolista, detesto todo tipo de reivindicaciones y parafernalias nacionalistas, incluso, hasta las españolas. El español no necesita ni requiere defender esta ideología ultra y antihumanista. El español es, por historia, cultura y talante, internacionalista, ciudadano del mundo. Por este motivo nuestra lengua y nuestras raíces están profundamente espaciadas por casi todas las latitudes del mundo.
Pero, a pesar de ser herederos de una tradición y un pueblo milenario, desgraciadamente, pertenezco a una generación que podría finiquitar todo nuestro patrimonio. Sucede como en las mejores familias, donde siempre hay un "garbanzo negro" que por su irresponsabilidad y prodigalidad no solo destrozan su vida personal sino, lo que es peor, la fortuna de toda la familia.
En España sucede lo mismo. Cada equis generaciones se presenta algún irresponsable con el insano gusto de destruir lo andado, de autosuicidarse, desde el punto de vista colectivo.
Para mayor gravedad de los hechos, no sé si por empatía o abducción, el único partido que representaba el sentido común y el equilibrio, amén de la firmeza de las convicciones y los principios patrios, parece que ha optado por la misma deriva hacia el abismo. Como en los episodios apocalípticos, todo el mundo a quemar las naves y "tonto el último".
Por lo tanto, en este afán de "progresismo al revés", entre todos lo mataron y el solito se murió, como en el dicho popular se recoge.
El Sr. Rajoy debería reflexionar un poco sobre este asunto. Al menos pensar hasta diez y luego tomar decisiones correctas. El poder, que no deja de ser "pan para hoy y hambre para mañana", no justifica determinados sacrificios nacionales.
A no ser que juguemos a convertir este país, efectivamente, en un lugar de "mierda", como se recoge en el vídeo publicitario y crítico en cuestión.
La consulta de Ibarretxe
Las decisiones políticas pueden tener diversas trascendencias prácticas, una de ellas la jurídica-constitucional, otra de índole estrictamente mediática y política.
El Lehendakari ha presentado, en nombre del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, una propuesta de acuerdo en relación al Proyecto de Ley de Convocatoria y Regulación de una Consulta Popular al objeto de “recabar la opinión ciudadana en dicha comunidad sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política”.
Antes de criticar una propuesta hay que leerse previamente su contenido, máxime si tiene un contenido jurídico con una gran trascendencia para el futuro del País Vasco y, sobre todo, del conjunto de la Nación española.
En este sentido voy a analizar, en primer lugar, su validez jurídica. Se dice en el preámbulo de la Propuesta que “dicha consulta constituye un instrumento legal y democrático para que el Pueblo Vasco pueda ejercer el derecho fundamental de participación ciudadana en los asuntos de trascendencia que son de su incumbencia (…)reconocido en el apartado e) del artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que establece la obligación de los poderes públicos vascos, en el ámbito de sus atribuciones de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco. Dicha consulta habilitadora, aun no siendo jurídicamente vinculante, tiene plena validez política y social para abordar e impulsar el fin definitivo de la violencia (…) Por tales razones, al no tratarse de una consulta popular por vía de referéndum, en cualquiera de sus modalidades, ni ser jurídicamente vinculante, a dicho proceso consultivo no le resulta de aplicación la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, ni tampoco precisa, por tanto, la previa autorización del Estado para su convocatoria.”
La Constitución española de 1978 establece en el artículo 149 las competencias exclusivas del Estado y, entre ellas, en su párrafo 32, “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”; en desarrollo de esta materia, la Ley Orgánica 2/1980 citada, efectivamente, dispone en su artículo 2.1 que “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado”.
Por otra parte hay estatutos de autonomía de comunidades autónomas que se le ha reconocido la competencia de convocar consultas populares que no tengan la naturaleza jurídica de referéndum; por ejemplo en Andalucía, recientemente reformado en su integridad, en cuyo artículo 78 se dice, textualmente, que “corresponde a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por ella misma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con la excepción del referéndum.”
Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, pese a quien pese, una consulta propiciada por una comunidad autónoma que no tenga la denominación de “referéndum”, es decir, que su resultado no sea jurídicamente vinculante, no es ni ilegal ni inconstitucional; en el supuesto del País Vasco, cuyo estatuto de autonomía no ha sido reformado y tiene cerca de treinta años de vigencia, se podría discutir su “legalidad” o a legalidad de la propuesta, por no tener una norma expresa como la que en el caso andaluz se regula en su artículo 78 pero, ciertamente, no se podría afirmar su carácter de ser contrario a la Constitución, al menos formalmente.
Por ello tengo que reconocer que el proyecto en cuestión ha sido hilado muy finamente por parte de sus redactores.
Ahora bien, en segundo lugar, hay que analizar el aspecto político que encierra la consulta, su objetivo principal que es el de “posibilitar un proceso de diálogo y abrir una negociación entre todos los partidos políticos con el objetivo de alcanzar un Acuerdo de normalización política en el que se establezcan las bases de una nueva relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco (…), como un instrumento democrático para recabar la opinión de la ciudadanía y poner en manos de la sociedad vasca la apertura de un proceso para abordar el fin definitivo de la violencia y la solución del conflicto político”.
¿Y cuál es el conflicto político?. La respuesta viene implícita en el contenido de la segunda pregunta a consultar, es decir, todo aquello que impida el alcanzar un “Acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho de decidir del Pueblo Vasco”, que, por cierto, sí sería sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010, es decir, en esta segunda ocasión, con carácter jurídicamente vinculante.
Resumiendo, el objetivo de la propuesta es conseguir abrir un puerta falsa en nuestro sistema democrático y constitucional para que se reconozca, con carácter vinculante y con efectos jurídicos, el derecho de autodeterminación del Pueblo Vasco, y sometido esta cuestión solo al arbitrio de la voluntad de una parte del territorio del Estado y de la Nación española.
La finalidad de la consulta estaría encuadrada en la figura del fraude de ley cuya definición aparece en el apartado cuarto del artículo 6º del Código Civil, con el siguiente contenido esclarecedor: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
La consulta pretendida por el Gobierno Vasco, amparándose en la denominación de “consulta” y “sin carácter jurídico vinculante”, no es más que un intento descarado de eludir la prohibición de la vía del referéndum para conseguir allanar sus objetivos secesionistas y de provocar una confusión legal en su naturaleza y validez jurídica respecto a la interposición, por parte del Gobierno Nacional, de un recurso ante el Tribunal Constitucional en amparo de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 161 de la Constitución que, a su vez, dice lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.”
Hay que tener en cuenta que la decisión se va a adoptar, por la vía de urgencia, en “lectura única” ante el Pleno de la Cámara Vasca, antes de que finalice el mes de junio, por lo que, siendo la fecha de la celebración de la consulta el día 25 de Octubre del 2.008, estaría forzando un margen muy estrecho de plazo temporal, inferior a los cinco meses, con otra finalidad encubierta, como es la de presionar al Tribunal Constitucional a ratificar o levantar la suspensión de la resolución con anterioridad a su celebración, y dentro de un marco político fuertemente mediatizado por la coyuntura que, en su momento, existiera en vísperas del evento.
Esta sería la segunda baza con la que jugarían los promotores de la “consulta trampa”.
Con todo este razonamiento la única conclusión sensata que me queda sería preguntarme sí la vía de la impugnación por el artículo 161.2 de la Constitución no supondría seguir el juego a las intenciones y finalidades de sus promotores, favoreciendo el éxito del objetivo final trazado.
Ahora bien, existe un mecanismo constitucional que podría ser utilizado por el Gobierno de la Nación, con el apoyo de una mayoría aplastante de las Cámaras que sí representan la soberanía nacional. Me estoy refiriendo a la vía del artículo 155 de la Constitución, en cuyo apartado primero se dice, con claridad meridiana, que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”
Por lo tanto, la pregunta última y clave de todo este peligroso envite sería la siguiente: ¿Hay alguna actuación más contraria al interés general de España que el consentir que un gobierno nacionalista propicie una vía para que una parte del territorio nacional pueda iniciar un proceso de secesión y autodeterminación?
La crisis del PP
Hace justamente 72 años, tras las elecciones de Febrero de 1936, el único partido del centro derecha español que había representado la moderación y el equilibrio entre los dos frentes polarizados de los extremos, sufrió una grave derrota, pasando de los 104 escaños que obtuvieron en las elecciones de 1933 a quedar, prácticamente, inexistente en el convulso mapa político español.
Las causas de este desastre, preludio de nuestra Guerra Civil, fue una mezcla de diversas
circunstancias, desde los casos de corrupción, como el Estraperlo, pero, sobre todo, por su división interna, entre aquellos que oscilaban por la unión con la derecha más conservadora y la izquierda republicana. Fue un momento de pérdida de identidad, confusión de ideologías y una irresponsable apuesta raquítica en la estrategia electoral.
Mucho se ha estudiado y publicado sobre la triste historia del Partido Radical, de su ocaso y caída, pero lo más importante, vuelvo a insistir, es aprender de las lecciones de los errores del pasado para, con inteligencia y sentido común, no volver a repetir los mismos para bien de las generaciones futuras.
Podríamos discutir si el Partido Radical puede ser un precedente o no del actual Partido Popular, ya que, posiblemente, estuviera más a la izquierda, encontrándose éste en la equidistancia entre la CEDA (conservadores no monárquicos) y el citado Partido Radical, de corte más avanzado y republicano, pero sí puede servir de ejemplo casuístico de como una formación representativa, en alza y con éxito electoral puede llegar a morder el polvo del olvido y, lo que es peor, arrastrar en su caída a muchos millones de españoles.
Afortunadamente la España de 2.008 no es la misma que la de hace siete décadas. Hemos gozado de una gran estabilidad democrática y la polarización entre los dos grandes partidos no es, ni por asomo, equivalente a la existente en ese escenario tan penoso.
No obstante, sería muy peligroso por nuestra parte "dormirnos en los laureles". En este sentido resulta necesario que el PP, que representa a más de diez millones de españoles, recupere su unidad y equilibrio interno, pero dentro de la coherencia con los valores y principios que nos anima a una gran parte de la sociedad civil. En esto reside la diferencia.
La nación en peligro
El día 20 de mayo del 2.008 el presidente del gobierno de la Nación española va a reunirse con el Lehendakari del Gobierno Autónomo del País Vasco, con la intención de dialogar sobre la propuesta abierta que este último propondrá al primero sobre "Convivencia" entre lo que considera, a nivel de igualdad y de bilateralidad, los dos representantes de dos naciones.
Leyendo los folios de la propuesta lo que más me llama la atención es lo que se enfatiza como "compromiso democrático para la Normalización Política".
Vamos a ver, el PNV, sólo o en coalición con otros partidos, incluido el PSE (no nos olvidemos, con el Sr. Ardanza en la década de los 90), lleva la friolera de 30 años de gobierno autonómico y, en este sentido, hablar de "normalización política" resulta un tanto contradictorio en quien, precisamente, ha ejercido la labor de gobierno durante tres décadas sucesivas, desde la implantación de la democracia en España y la vuelta a los gobiernos autónomos en el País Vasco y el resto del Estado (a lo mejor, precisamente, en ésto se encuentra el origen del problema, en lo pronto que se le reconocieron a los nacionalistas la autonomía de lo que, hasta entonces, no eran más que regiones administrativas, con un poder político superior a los Lander alemanes, por no ir muy lejos).
La única anormalidad política es que estén mareando la perdiz durante tantos años, gozando del poder político, ejerciendo su política nacionalista en su territorio, con el resultado que todos ya sabemos.
Por otra parte también resulta llamativo el punto 3.1 de las bases para tal "acuerdo de normalización", que tiene el título y premisa fundamental, el carácter y la identidad NACIONAL del Pueblo Vasco.
Como el Lehendakari le gusta llamar las cosas por su nombre, no tiene ningún tipo de reparo en reconocer que la identidad nacional vasca, llamada Euskal Herria, es el preludio de la autodeterminación y la soberanía de un nuevo Estado que emglobará no solo lo que actualmente es el País Vasco, sino también Navarra y los tres territorios reclamados de Francia, en los Pirineos Atlánticos.
Todo este proyecto tendrá el refrendo de la ciudadanía vasca, que con carácter de autónoma y no ligada a la soberanía del resto del pueblo español, ejercerá su última palabra en Referéndum, el próximo 25 de Octubre, dentro de una Hoja de ruta que llevará a una decisión última y unilateral de soberanía antes que finalice el 2.010.
Así de claro y sencillo.
Este texto podría ser calificado de absurdo e irracional, pero tras lo sucedido en el seno del Tribunal Constitucional en el debate jurídico sobre la constitucionalidad del concepto de nación en el Estatuto de Cataluña que, tras el fallecimiento de un magistrado de la línea "conservadora", da lugar a un status quo de mayoría de magistrados proclive a su reconocimiento, no me parece ni tan absurdo ni, por supuesto, irracional, sino todo lo contrario, muy acorde con lo que será la sentencia definitiva.
El concepto de nación de una comunidad autónoma, que llevaría a una Nación de naciones, y una realiad plurinacional del Estado español, es la punta de lanza de los nacionalismos periféricos para proyectos como el que el presidente vasco va a plantear a su homónimo español, como si de iguales se tratara. En definitiva son representantes de dos naciones, por lo que se considera avalado por un plus de legitimidad que pocos le tienen que negar, visto la forma en que nuestras instituciones y altos tribunales le discuten.
En estas estamos. No ver la realidad es la forma más fácil de caer en el abismo, de una tragedia nacional que cada vez está más cerca de cumplirse, sin que nadie lo vaya a remediar, ni un gobierno claudicante y una fuerza mayoritaria de la oposición en un proceso de crisis de identidad.
María San Gil: principios y valores
La presidenta del PP del País Vasco, Dª María San Gil, ha anunciado su abandono de la ponencia política de su partido para el próximo Congreso de Junio por motivos de coherencia política y personal.
En política se puede optar por dos modelos diametralmente diferentes e incompatibles entre ellos: El primero, primar la estrategia del voto, del oportunismo, de todo lo que sea necesario para conseguir o, en su caso, conservar el poder. El segundo, primar las ideas, las convicciones, los principios y valores que se defienden, aunque se nade contra corriente o sea considerado políticamente incorrecto.
María San Gil, persona de un gran valor ético y profundamente arraigada a la defensa de los principios ideológicos del centro derecha, caracterizado por un concepto de Nación y de las libertades de los ciudadanos y en contra de los nacionalismos soberanistas y excluyentes, ha optado, claramente, por el segundo de los modelos descritos, frente a aquellos que, en el seno del principal partido de la oposición, han apostado por cambiar de rumbo en la línea estratégica de la formación que acerque posturas y políticas con los partidos nacionalistas.
Por lo que a mi respecta manifiesto mi apoyo y simpatía con la posición de la Sra. San Gil y, sobre todo, por su valentía y arrojo personal.
Con esto de la política y de los políticos profesionales en su obsesión por estar a la altura del poder me recuerda los tristes acontecimientos que sucedieron en la Alemania de la República de Weimar, a primeros de los años 30, cuando el nacionalsocialismo, con Adolf Hitler a la cabeza, lograron alcanzar la mayoría parlamentaria y, en el caso de su líder, ser nombrado Canciller, equivalente al presidente de gobierno o primer ministro.
En la Alemania democrática de entreguerras, los partidos denominados "democráticos", como el Zentrum Católico o el SPD socialdemócrata, cayeron en un terrible abismo, aliándose con extremistas que, en ningún caso, tenían la intención de salvaguardar los valores democráticos y el Estado de Derecho. En el supuesto del equivalente al PP de hoy, el centroderecha alemán optó por ningunear y apartar sus principios e ideas con el único fin de conseguir el poder y alejar del mismo a sus adversarios de la izquierda. Sabían que defendían y postulaban la extrema derecha, pero a sus líderes le dieron igual.
Las ideas y los principios que representan el PP y los diez millones y medio de votantes son el eje fundamental y principal de su línea política. Solo desde la coherencia se puede recuperar el gobierno de la Nación y no desde el posibilismo y el oportunismo.
Maria San Gil, en este sentido, se ha convertido en la gran heroína, en la nueva Agustina de Aragón, por así decirlo, tras doscientos años de nuestra reciente Historia, aunque más le valdría el apodo "de España".
Sería bueno que su ejemplo sirva para algo práctico, recuperar la sensatez y el sentido común, es decir, la que nos lleva a identificarnos con un proyecto nacional y no partidista.
Julio José Elías Baturones, doctor en Derecho Procesal
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