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Fundación DENAES María San Gil, referencia política Durante el último año de mandato de Aznar, una ETA moribunda, con sus vías de financiación asfixiadas, con su épica juvenil, la kale borroka, reducida a la mínima expresión, expulsada de las instituciones, aislada en Europa, con su brazo político en la lista de las organizaciones terroristas, era incapaz de asesinar, estaba más cerca de su final que nunca. ¿Y ahora? La ETA vuelve a matar y el PP ofrece su colaboración al gobierno que posibilitó su rearme. Bien está en nombre de la ética. Porque un acto repugnante como el cometido por la ETA en Legutiano genera, de modo inmediato, una conmoción expresada en sentimientos de indignación, asco, ira, etc. por los terroristas, acompañados de tristeza y empatía por las víctimas. Para cualquier individuo, que no sufra una espectacular falta de sindéresis, que no sea una “persona cero”, actos de esta calaña le resultan inadmisibles. ¿Pero se puede, sin más, establecer esta “conciencia ética”, esta nivelación en la respuesta psicológica, como razón suficiente para unir a las fuerzas políticas en contra del terrorismo? Desde la Fundación DENAES no lo estimamos posible. Porque los principios éticos no pueden aislarse, en un acto terrorista, de las razones políticas. Ahora que María San Gil es aplaudida -muy justamente- por ser una referencia moral y ética para todos los españoles, por su defensa de la dignidad y de la vida de las personas, tenemos que recordar que para nosotros es aún más: un referente político por su defensa de España, por su inequívoca decisión de poner a su Nación por encima de los intereses del partido con la misma determinación y arrojo con la que pone en peligro su existencia para defender la libertad de los españoles.
Así, como si los etarras mataran simplemente por ser “malvados” o porque, como mucha gente afirma, fueran unos “psicópatas” o unos “enfermos”, se trata por parte de Ibarreche de sustraerle simbólicamente su condición de vascos y desentenderse por su parte, con fines propagandísticos, de los medios asesinos etarras, pero utilizándolos, a su vez, inmediatamente como chantaje: “si no queréis que Eta siga matando, dejad que los vascos decidan sobre su futuro”. Y es que, en efecto, la causa de la actividad secesionista asesina etarra no es, ni mucho menos, psicopatológica, sino que es la misma causa que opera en la actividad secesionista del PNV (aunque esta no esté penalizada) y que procura la realización de un proyecto definido, recurrente e inequívocamente explicitado: la fundación de “Euskal Herria” como nación frente a España y Francia. De este modo, y con el encubrimiento cómplice del PSOE e IU (que enseguida se apresuran a menospreciar la amenaza, incluso a negarla cuando no a alimentarla), ya se han dado muchísimos pasos en este sentido. Desde la Fundación DENAES quisiéramos traer al recuerdo las declaraciones manifestadas en sede parlamentaria por el actual presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, con ocasión del debate que allí tuvo lugar al presentarse en el Congreso el llamado “Plan Ibarreche”. Decía así: “Por eso me siento con autoridad para decir al pueblo vasco, a los ciudadanos vascos, que la construcción de su identidad y que sus aspiraciones de las más altas cotas de autogobierno son posibles. Y como hoy son posibles y las vamos a llevar adelante, hay que hacerlo decidiendo juntos, y como no hay una única concepción de la identidad territorial en España, sino muchas, y como ninguna es más verdadera que la otra, la mejor solución es que todas convivan, que todas puedan ser vividas” (Zapatero, en el Pleno del Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005, debate de reforma de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi) En efecto, el día de ayer hemos visto cómo “conviven” estas múltiples “concepciones de la identidad”: unas viven matando, y otras viven muriendo... Con esta doctrina, el panfilismo posmoderno, por el que no se ve la incompatibilidad de planes políticos contrarios, es con lo que se pretende combatir a la Eta. Ahora bien, si el monarca expresó su opinión se debió a que una periodista del periódico El Mundo, Mercedes Ibaibarriaga, preparando una entrevista al presidente del Gobierno, según confiesa, quiso interpelar al Rey. Con sus palabras (“-Majestad, ¿me permite hacerle una pregunta?”) comienza esa entrevista aparecida en el último suplemento dominical del periódico mencionado, que pasa, por cierto, por ser el “medio” de la oposición al gobierno de Zapatero. Eppur si muove... porque para los anales del llamado “cuarto poder” la entrevista quedará como uno de los mayores panegíricos, que sepamos, hecho a ningún presidente. Con el título de “Zapatero íntimo” y un texto acompañado de fotografías ensalzadoras del personaje, no ya el Rey, insistimos, sino un inusitado documento de adulación emitido por El Mundo, es el que convierte al inquilino de la Moncloa en el santo laico que adelantaban las palabras del monarca. Y es que don Juan Carlos, a pesar de que sus palabras han sido entendidas como un elogio, y prueba de ello ha sido que tanto miembros del gobierno como de la oposición las han disculpado como un desliz impropio de quien debe mantener la neutralidad, tampoco ha usado unos calificativos tan claramente significativos de virtud política o moral alguna. Es más, incluso se podría decir que ha señalado una serie de cualidades en sintonía con lo que Gustavo Bueno ha definido como Pensamiento Alicia, aquel cuyo simplismo se vale de una razón abstracta que todo lo encubre. Honestidad, rectitud o integridad, pueden ser virtudes si presuponemos la materia que se mantiene recta, o limpia o íntegramente. En realidad son virtudes formalistas, que suelen ser vicios en realidad. Porque un estúpido puede ser recto en su estupidez; íntegro, en su incapacidad para incorporar nuevos elementos en su concepción de la realidad, que de simple que es, es íntegra, o sea, cerrada. E igualmente diremos para la honestidad, ya que la sinceridad o la coherencia no tienen relación directa con la verdad, que es lo que debe importar.
Todos recordamos el cruel asesinato de Sandra Palo, la proliferación de asesinatos con canibalismo incluido, innumerables secuestros de niños a manos de pedófilos asesinos, o raptos para establecer prostíbulos particulares, como ocurrió con la austriaca Natascha Kampusch. Éste crimen ha sido superado por el también austriaco Josef Fritzl, que no se ha conformado con saciar sus vicios violando a una menor de edad sino que, además, y para facilitar la tarea criminal, decidió volcar sus deseos sobre su propia hija, con la que ha tenido hasta siete hijos-nietos. Mientras, y lejos de Europa, la vicepresidenta del Gobierno español, la misma que favorece uniones matrimoniales que rebasan los límites tradicionales basados en la heterosexualidad, dice “estar horrorizada” por haber posado en una foto con un polígamo musulmán (buen imitador de Mahoma), cuando lo que debería horrorizarle es su ignorancia sobre la institución de la poligamia en el Islam, así como sus indiscriminados ataques a la moral católica de la que parece haber renegado, aunque, de hecho, supone un freno para tal práctica. Suponemos que, desde su particular feminismo, el horror ante el polígamo fue provocado por la circunstancia de que fueran mujeres las consortes de un único varón, y no viceversa. Los comentarios más habituales ante los crímenes aberrantes mencionados suelen ser de este tenor: “¡Es indignante que ocurran estas cosas!” o “Lo único que quiero es que la muerte de mi hijo sirva para que este crimen no se vuelva a repetir”, etc. Ahora bien, por mucho que mejore la educación moral, la promulgación de leyes o la prevención policial, una sociedad política no puede erradicar completamente la formación de este tipo de criminal (sean locos o no). Lo que sí cabe es tratar de hacer justicia con tales individuos. Es decir, lo verdaderamente indignante es que se permita que tales sujetos (a los que se considera personalmente degradados: monstruos, malas bestias, etc.) vuelvan a formar parte de una sociedad de personas en la que, por principio, no caben. ¿Cómo puede consentir alguien -en sus justos cabales- que tales sujetos sean reinsertados mientras las víctimas son irrecuperables, con las repercusiones que conlleva para las familias y la sociedad en general? Más allá de los sentimientos de muchas víctimas (que llegan a perdonar a los asesinos) este asunto es transcendental para el sostenimiento de una sociedad de personas. Sólo desde una concepción individualista y metafísica de la persona cabe justificar la reinserción social de tales criminales, aunque se disfrace de humanismo barato. Pues en el caso de que el criminal asumiera personalmente (como determinante para su propia vida) la responsabilidad de sus actos, debería llegar a la conclusión de que el mal causado es irreparable y, por lo tanto, inasumible. La injusticia perpetrada y perpetuada por la mayoría de las democracias capitalistas con tales criminales, al no situarles en el lugar que se merecen, es uno de los mejores indicadores de la degeneración moral de las mismas.
Sin embargo, consideramos que puede presentar algún interés detenerse un momento sobre los contenidos de lo que ZP va a «escuchar» sin duda que con el mayor de los respetos cuando el próximo día 20 de mayo reciba en la Moncloa la visita de este personaje: según la carta abierta dirigida por el propio Ibarreche al «Presidente de España» (pues bajo este rótulo se refirió Ibarreche -suponemos que en su calidad de «Presidente de Euzkadi»- a su «homólogo» José Luis Rodríguez en una entrevista a la Eukal Telebista el pasado miércoles), las líneas de fondo de la oferta que el propio lehendakari pretende cursar a Alicia en su cita madrileña (a saber: bilateralidad, reconocimiento de la «identidad nacional» del Pueblo Vasco, incorporación de Navarra a Euskal Herria, reconocimiento del «derecho a decidir», etc., etc.) se sustancian, precisamente, en la oferta que el propio gobierno del PSOE habría a su vez sometido a la consideración de la ETA durante sus reuniones con Batasuna en el «santuario de Loyola» durante el «proceso», unas reuniones -por cierto- en las que también estaban presentes, al parecer, diversos representantes del Partido Nacionalista Vasco, etc. Y en estas condiciones, claro está, no parecen entenderse que digamos excesivamente bien las razones por las que el PSOE habría de rechazar ahora conceder a los «demócratas» lo que, antes, estuvo dispuesto a ofrecer a los «violentos». Con su desparpajo habitual, Jesús Eguiguren (según todos los indicios: uno de aquellos nobles negociadores que se «acogieron a sagrado» en Loyola) habría puesto la venda antes de la herida declarando que tal oferta habría perdido todo su sentido al decidir la ETA volver a las armas; pero, ¿no es esto tanto como una suerte de reconocimiento, por parte del mismo PSOE, de que el consabido «diálogo resolutivo» incluía de hecho una «negociación política» cuyos contenidos , en cambio, no convendría mantener ahora? Desde la Fundación DENAES, lo que ciertamente nos parece una vergüenza es el mero hecho de que el Gobierno de España haya llegado alguna vez al extremo de avenirse a discutir con ETA sobre algo que desde luego no es suyo, a saber: el «derecho a decidir» o, lo que es lo mismo, la soberanía de la Nación española sobre el País Vasco.
Ya hemos escrito en algunos editoriales de DENAES sobre la importancia de las llamadas “políticas de inmersión lingüística” en la construcción artificiosa de naciones fraccionarias. No vamos a hacerlo una vez más. Sólo señalar que al calor de la reforma de la identidad de España -o “segunda transición”- desde una Nación política a una “confederación de naciones” se produce, de modo inmediato, la desunión efectiva de los españoles. Y lo hace porque la deriva de la constitución del 78 -siempre interpretada a mayor gloria de los partidos secesionistas hasta llegar a la reforma de los estatutos de autonomía- posibilita políticas lingüísticas que constituyen un auténtico ejercicio de ingeniería social, que termina afectando, no ya la identidad de España, sino a su misma unidad real. Al primar, por encima de los méritos específicos para el cargo, el uso de la lengua regional al médico, a la enfermera, al profesor, al registrador de la propiedad y a cualquiera que aspire a funcionario de estas autonomías con ínfulas de nación, se reduce el conjunto de candidatos del universo de la Nación al ridículo subconjunto de la aldea. El personal sanitario, educativo, administrativo, que no comulgue con esta rueda de molino (así tuvieran ochocientos apellidos vascos y la pericia del doctor House) tendrá que emigrar forzosamente. Súmese a esto el tiempo y el dinero empleados para que los funcionarios en ejercicio se adapten a los criterios lingüísticos -en lugar, por ejemplo, de ampliar sus conocimientos mediante el estudio de sus disciplinas propias- y se tendrá un retrato muy ajustado del grado de idiotez inmoral al que hemos llegado con este desarrollo autonómico. Un hipotético Dr. House de Vitoria que desconociera el vascuence tendría que dedicar sus esfuerzos no a salvar vidas, mediante complejas deducciones con su equipo, sino a aprender a expresarse en una lengua artificial en la que los conceptos precisos de su disciplina se toman prestados o se adecuan de modo ridículo. La construcción nacional de euskalerría bien merece que se le mueran los enfermos siempre que aprenda a chapurrear euskera. No obstante, mientras no llega el día en el que los planes demenciales de extirpación de la lengua nacional hayan logrado su realización plena, este baremo vasco-racista servirá para allanar el camino de su promoción personal a los vascoparlantes en detrimento de los demás. Para asegurar, aún más, su delirante ideología el gobierno vasco no encuentra camino mejor que mostrar lo bien que se progresa en Euskadi cuando uno se expresa en la lengua que identifica al buen nacionalista vasco. Una vez que los separatistas se han apropiado de todos los símbolos -desde el folclore hasta el Athletic de Bilbao- regionales vascos, la siguiente vuelta de tuerca es el control absoluto de los funcionarios públicos. La valoración que hace el gobierno autónomo vasco de la importancia de hablar “la lengua del paraíso”, por encima de la capacitación profesional, de los méritos académicos o de la experiencia en el trabajo a desempeñar, busca quebrar la unidad de la Nación, construyendo una red de funcionarios públicos, una verdadera infraestructura o armazón, diseño del futuro estado de euskalerría, que tiene como vehículo de expresión una lengua minoritaria con una extensión e implantación insignificante. Extirpar el español, llegar a la secesión, son tareas difíciles que contarán como escollo principal, no sólo la oposición y la lucha de buena parte de los hijos de la Nación Española, también la más que previsible incompetencia de sus funcionarios públicos, seleccionados en función de criterios ideológicos estúpidos -que reducen el campo a límites ridículos- antes que por sus méritos profesionales.
La Fundación DENAES recogió el testigo y ha materializado su particular homenaje a través de un monumento financiado por ciudadanos anónimos, creado en bronce por el artista Pedro Requejo en forma de vértice (3,10 metros de alto x 2,20 de ancho) y presidido por una figura de la libertad que enarbola la bandera nacional. La sigue una víctima del terrorismo y decenas de españoles, figuras a través de las cuales hemos querido transmitir un doble mensaje: la profunda identidad entre España y las víctimas del terrorismo y la fortaleza del espíritu de la Nación, que surge precisamente en aquellos momentos históricos más difíciles. Hora es ya de que los todos ciudadanos consigamos entender el hondo vínculo que une a la Nación española con la sangre que se ha vertido por ella. En este sentido, todas las víctimas del terrorismo son también víctimas de una España malinterpretada, desnaturalizada y a menudo traicionada precisamente por quienes tienen el deber de defenderla. Desde su origen la Fundación DENAES se ha marcado la tarea de explicar y recordar la vigencia de este nexo entre Nación y víctimas, promoviendo al mismo tiempo el amor desinteresado a la primera y la obligación moral de homenajear a las segundas. De ahí que la Fundación DENAES, profundamente convencida de la utilidad y trascendencia de este acto, realice un fervoroso llamamiento a para acudir al mismo portando, si es posible, la enseña nacional; con la conciencia de que al hacerlo estaremos ayudando a remover los obstáculos y vencer a los enemigos -no, por porfiados, invencibles- que impiden la consecución de una España encarnada en el mismo dolor de sus víctimas y por tanto justa, libre y a la altura -en fin- de su heroico pasado. Ello resulta más evidente, si cabe, teniendo en cuenta que se trata del único monumento en Madrid a las víctimas del terrorismo, excluyendo el dedicado a las del 11-M. La ocasión, por tanto, merece la máxima participación y el mayor de los entusiasmos. Allí nos vemos.
Lo primero que cabe destacar es la incoherencia de un gobierno que, como el de Zapatero, rechaza la intervención de Estados Unidos y sus aliados sobre Irak (interpretando que no tenía la recomendación de la ONU, y haciéndonos creer que dicha institución es una especie de Tribunal supremo de “la Humanidad”) y, por otra parte, asume con admiración la invasión que la Francia napoleónica llevó a cabo sobre España. Suponemos que justifican las invasiones cuando -de manera genérica y oscura- las interpretan como “ilustradas” y “progresistas”. Pero deberían especificarse las supuestas contribuciones de la invasión napoleónica en la “modernización” y el “progreso” de la sociedad española. No deja de ser sintomático que en la Constitución de Bayona no se hable para nada de la soberanía de la Nación española, y que las Indias fueran tratadas más como colonias (que tanto ambicionaba Francia) que como prolongaciones de España. Además, y redundando en su incoherencia, la señora vicepresidenta no parece saber que la misma monarquía josefina buscó la supresión de los fueros vascos y sus privilegios, en contra de lo que busca el PSOE actual, en un afán por satisfacer a los nacionalistas fraccionarios aunque con ello rompan la igualdad política entre los españoles que, precisamente, cristalizaría gracias a la Pepa. Y es que los principios revolucionarios promovidos en 1789, frente al Antiguo Régimen, fueron recogidos de una manera más amplia y clara por la Constitución de Cádiz, forjada con la importante contribución de izquierdistas liberales que, ante todo, se consideraban españoles, y que no renunciaron a una tradición con cuya plataforma se identificaban, aunque fuera para transformarla. Lo incuestionable, en contra de lo que opina la señora De la Vega, es que con la invasión napoleónica España perdía su independencia, su libertad, con todo lo que ello implica. Por eso mismo personajes como Melchor Gaspar de Jovellanos prefirieron ser seguir siendo españoles, independientes, antes que “modernos” y “progresistas” (tal como los afrancesados actuales ven a los de entonces). En la Pepa se asume que la plataforma política que le permitió ver la luz era eminentemente hispana, no gala, sin caer en los tópicos de la Leyenda Negra que, con Llorente a la cabeza, tanto daño hicieron y hacen a nuestra patria. Lo que parece claro es que el PSOE, más allá de su supuesta ideología internacionalista, no confía en España como plataforma de sus proyectos, y a falta de la Francia napoleónica o de la URSS estalinista, hoy parece buscar en una idealizada Europa –realmente dirigida por Alemania y Francia-, la plataforma para liberar a la Humanidad y alcanzar la felicidad canalla, aunque en la práctica sólo disfruten de ella ciertas democracias capitalistas.
Sin embargo, y aun sin necesidad de entrar en este momento en la debilidad que una y otra vez ha venido mostrando la presupuesta «unidad de los demócratas» (puesto que algunas fuerzas políticas «del campo democrático», como pueda serlo Izquierda Unida o Eusko Alkartasuna, han venido negándose y de hecho se niegan todavía a anular sus acuerdos municipales con el «brazo político» de ETA), lo que no parece en absoluto como algo demasiado claro son las razones por las que, en efecto, se supone que tales alcaldes, en ocasiones por cierto elegidos por porcentajes cercanos a la mayoría absoluta, etc., aparecen como «indignos» a ojos de los «demócratas» como representantes de la ciudadanía que de hecho los ha votado. Y, a su vez, si se responde que precisamente tal indignidad «democrática» radicaría, justamente, en la negativa por parte de dicho partido político a «condenar» la «violencia» (es decir, los crímenes) etarra, esta misma respuesta adquiriría, creemos, un formato muy próximo al que cuadra a una petición de principio desde el momento en que lo que, entonces, no parecería verse que digamos demasiado bien es qué tenga que ver tal «violencia» con la «democracia». Y tampoco creemos se justificarán tales mociones, por mucho que se hayan presentado explícitamente de esta manera (y aquí creemos que reside la cuestión), por motivos «éticos», como si en efecto se estuviese dando en todo momento por supuesto que lo que convierte a tales alcaldes en sujetos indignos -desde un punto de vista «ético»- es su uso de estrategias homicidas, dando de esta manera a entender que si en cambio promoviesen sus fines políticos secesionistas de modo «pacífico» no quedaría, entonces, razón alguna para intervenir en tales gobiernos municipales. Ahora bien, si es verdad que la razón que aconseja la expulsión de los representantes de ANV de los municipios vascongados en los que gobiernan no tiene por sí misma que ver con la «democracia» aunque tampoco, desde luego, con la «ética» (por ejemplo con los «derechos humanos»), ello nos parece que se debe ante todo a que lo que verdaderamente resulta intolerable, políticamente, es que muchos municipios españoles estén gobernados por fuerzas políticas cuyo objetivo no es otro, justamente, que destruir la Nación en nombre de cuyas leyes gobiernan; sólo que proceder en nombre de principios políticos -no ya éticos- como estos implicaría, como es natural, cesar de inmediato toda colaboración con otras fuerzas políticas secesionistas -aunque en este caso sean «pacíficas»- con las que el PSOE «necesita» entenderse.
Desde la Fundación DENAES consideramos de plena nobleza reivindicar la memoria de aquellos héroes que murieron durante los primeros momentos de la rebelión, como los capitanes Luis Daoiz o Pedro Velarde, pero también la de tantos otros héroes en todo el territorio nacional que en dramática situación supieron sacrificarse, hacer frente al tirano y verter su sangre en defensa de la libertad y la soberanía de la madre España. Debemos por tanto tomar conciencia de lo que significa esta fecha no sólo en la historia de la Nación española, sino también para la conmemoración de su soberanía y de un Estado de libertades que disfrutamos, mal que les pese a algunos, dos siglos después de tan heroica gesta. Creemos, de este modo, necesario dar la máxima importancia a este bicentenario por parte de quienes aún nos mantenemos firmes en la defensa de una España unida, orgullosa de su historia y legítima heredera de las gestas de sus antepasados. Hoy, justo cuando estos valores supremos (sacrificio, lealtad, patriotismo, etc.) son permanentemente ridiculizados, negados y atacados por otros españoles instalados en el arribismo o en un odio a la Nación del que ellos mismos son víctimas, e incluso por el Gobierno de todos los ciudadanos, pensamos que es urgente el ejercicio de la memoria -esta, sí, profundamente histórica- y la obligación moral del homenaje. En casa, pues, y en nuestro entorno más cotidiano conviene recordar esta trascendental fecha y, por qué no, extenderla en el tiempo hasta servirnos de escenario para explicar y comentar terribles aspectos actualidad diaria que tienen mucho, demasiado que ver con valores por los que aquellos héroes dieron su vida frente al invasor vecino. Desde la Fundación DENAES ponemos todo nuestro entusiasmo en este empeño.
Pues bien, ¿qué se celebra entonces en este día?, ¿desde qué coordenadas?. La interpretación más común, de estirpe rousseauniana, es aquella por la que la “humanidad” aparece contemplada como dividida en dos clases transversales a todos los Estados: la clase de los propietarios y la clase de los “desposeídos” (que es lo mismo que decir expropiados, y en cierto modo “robados”) convirtiendo, eo ipso, a los “propietarios” en, sencillamente, una panda de ladrones. El patrono capitalista sería el propietario en la sociedad contemporánea, siendo el obrero asalariado el desposeído. Esta distinción, aparentemente tan nítida para muchos de los que salen a celebrar esta jornada festiva, es, sin embargo completamente fantástica porque parte de una división del Género Humano en clases producida con anterioridad al Estado, cuando la fractura o división tiene lugar con posterioridad a él y precisamente a su través. Ni siquiera cabría hablar, pues, de fractura de la Humanidad en estados porque tampoco tiene sentido, si no es metafísico, partir de una unidad previa: antes de estar repartido en Estados, el Género humano, estaba dividido en tribus, hordas, bandas... Así pues no cabe hablar de una clase universal de desposeídos, como tampoco cabe hablar de la clase universal de los propietarios, ni de lucha antagónica entre ellas. La lucha de clases, que desde la Fundación DENAES de ninguna manera negamos, tiene lugar en efecto, pero siempre a través de la plataforma de los Estados, siendo solo desde esta plataforma como es posible una “acción de clase” que no sea utópica. Poco sentido tiene pedir a un gobierno que luche “contra los propietarios en favor de los poseídos” cuando no hay tal distinción (además de que sería completamente desproporcionado pedirle a un gobierno que desarrolle un poder sobre lo que no tiene potestad). Desde la Fundación DENAES pedimos, y así se lo sugerimos a sindicatos y partidos, algo bastante más modesto que luchar universalmente contra “los propietarios”: a saber, que no se procure la destrucción del mercado laboral español imponiendo “fronteras” internas (por ejemplo lingüísticas) en España. Sepan cuantos que hoy, en España, no es suficiente hablar español (lengua oficial y común) para acceder al mercado laboral.
Y si traemos a colación este título y esta fecha, se debe a que hoy es noticia la despedida de la política de uno de los gobernantes españoles que, como Goya, también podrá decir “Yo lo vi” cuando haga memoria -no “histórica”, sino personal- de la etapa que él mismo ha dicho que hoy se cierra. Nos referimos a Eduardo Zaplana. Puede que la mencionada etapa, concluida para su carrera política personal, siga un ritmo distinto para la propia España; en cualquier caso, creemos no equivocarnos al decir que dio comienzo con las más horribles escenas de la historia contemporánea de la Nación española: los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Planeados para dar la victoria al Partido que había anunciado previamente que retiraría las tropas de Irak si ganaba las elecciones, y que convirtió de este modo a España en el blanco perfecto de la acción terrorista, la tragedia concluye, al menos así lo cree nuestro protagonista, con la segunda victoria electoral de ese Partido. Y, al contrario que Goya, Zaplana ya no puede o no quiere decir “Yo lo vi” tan solo ocho años después. Denunciar lo evidente del desastre de Zapatero fue su estrategia durante la primera legislatura como portavoz en la oposición, resistiendo los golpes más bajos, aceptando de buen grado la tergiversación de su imagen y de sus palabras, cargando, en definitiva, con uno de los sobrenombres más ruines que la propaganda periodística del PSOE dio en crear: “la cara del 11-M”. Hoy afirma que su decisión es favorable al “momento político”, aunque esa su manera elegante no nos oculte que su marcha obedece a una nueva forma de hacer oposición que consiste en “mirar al futuro”, como si esto fuera posible sin apoyarse en el pasado. Un pasado, por ejemplo, como el de hace apenas unos meses, tras la famosa sentencia que hemos de acatar so pena de ser declarados enemigos de la democracia, en el que el PSOE continuó con la manipulación de aquellos terribles atentados; o un pasado, no lo olvidemos, en el que la plataforma PAZ de los “intelectuales” abonados al canon nos seguía recordando aún la Guerra, la misma, la de Aznar . Desde La Fundación DENAES para la Defensa de la Nación española sirva este editorial como homenaje al político que tras dieciocho años de carrera ha decidido abandonar una profesión tan difícil como ingrata. Nosotros lo vimos, Sr. Zaplana.
A quienes criticaron su nombramiento al frente del Ministerio de Defensa, en un Ejecutivo pensado por ZP para pasar a la historia, se les atribuyeron todo tipo de intenciones machistas con la clara intención, muy propia del PSOE, de desviar la atención de lo fundamental: a la nueva ministra de Defensa no le reprochamos que sea mujer, o que esté en su noveno mes de preñez, sino que sea una declarada catalanista y, para más inri, pacifista (al menos de boquilla y hasta ahora). Nuestra ministra no valora en el ejército su labor para la Defensa de España respecto de sus enemigos externos e internos, sino su “calidad humana”, sus sacrificios en defensa de la Humanidad. No en vano ha declarado: “Me siento tan catalana como española, igual que la inmensa mayoría de catalanes. Hablo catalán con mi madre, castellano con mi padre, las dos lenguas con mi marido. Me siento hija del mundo y universal”. Lo malo es que tales sentimientos son completamente infundados, semejantes a los que pueda tener un piloto de avión que se sienta como un ángel. Poesía barata. Carmen Chacón hablará español y catalán, pero no puede hablar dichos idiomas con todo el mundo (de hecho dentro de poco no podrá hablar español ni siquiera con muchos españoles, todavía, afincados en Cataluña). Y el hecho de sentirse española es incompatible políticamente (por mucho que lo desee con todo su fervor ético) con una supuesta “nacionalidad política catalana” o con ser ciudadana de cualquier otro país en los que está distribuida “la Humanidad” (salvo casos puntuales de doble nacionalidad o pertenencia a dos estados nacionales). Esta señora, que dice “conocer el horror de la guerra” y, por ello, cree conocer “el valor de la paz” no se ha enterado aún de que “la paz”, que no es universal ni perpetua, sino el resultado del orden impuesto por el vencedor de una determinada guerra (así como otros órdenes son resultado de diversas dialécticas). Esta mujer, por lo tanto, parece que, al menos en el plano representativo (de lo que dice), es ministra de Defensa de la Humanidad, de “la vida humana”, pero en la práctica -pues tal función es imposible de llevar a cabo, porque la Humanidad no existe como entidad política- defiende a una parte de la humanidad frente a otras (recientemente ha defendido los intereses de los secuestradores del atunero español más que a España en su conjunto, tal como vimos en el Editorial de ayer). Se suele dar la paradoja de que quienes actúan por motivaciones éticas para salvar a determinados sujetos en peligro de muerte (movidos por la apariencia falaz de que lo único real e importante son los “individuos” humanos) en la práctica acaban provocando mayores males, no sólo morales o políticos (al cuestionar la independencia y soberanía de una nación), sino también éticos, pues el número de muertes que pueden causar los chantajistas aumenta en la misma proporción que su poder, favorecido por quienes ceden a su chantaje. Es decir, el mismo hecho de pagar un determinado rescate (para salvar a sujetos amenazados de muerte) resulta ser reforzador de su capacidad de matar, que sólo se verá colmada con el control completo de la situación, con la imposición de “su paz”. Sólo para quienes renieguen de su propio poder para imponer un determinado orden (paz) cabe ser pacifista radical, pero a costa de permitir que se imponga cualquier otro orden, por injusto o perjudicial que sea para otros grupos o naciones. Pero, además, dudamos mucho de que, más allá de irenistas deseos, Carmen Chacón sea pacifista (sumisa) en la defensa de Cataluña. De lo que sí estamos seguros es de que su pacifismo ha sido muy perjudicial para la existencia e intereses de España, al menos por omisión de sus obligaciones como española, más allá de lo que sienta. |
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