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España, sus autonomías y buena parte de los ayuntamientos, han quedado, tras los siete años de socialismo al borde del colapso, hasta la Seguridad Social ha entrado en déficit y por tanto las pensiones futuras vuelven a estar en situación de riesgo. Para entender la entidad del problema, pondré solo un ejemplo numérico; cuando el gobierno anterior equivoca su déficit y este en lugar de ser del 6%, comprometido con la Unión Europea para que nos financiase, es del 8% del PIB, significa que el agujero anual crece en 20.000 millones de euros, o lo que es igual, en lugar de que el gobierno de Rubalcaba y Chacón gastasen 60.000 millones de euros de más en 2011, se les ha ido la mano en 80.000 millones de euros. ¿Y como corrige Rajoy ese “desliz” adicional heredado de 20.000 millones? Pues reduciendo los gastos en 9.000 millones y aumentando los ingresos –IRPF e IBI- en 6.000 millones, y como verán con ello aun faltan 5.000 millones para cerrar el último agujero zapatero. Quienes han protestado por la subida impositiva deben saber que esta solo cubre la treceava parte del desajuste de las cuentas de 2011, o que si Rajoy hubiese querido cubrir el agujero fiscal solo subiendo impuestos estos se tenían que haber subido ¡¡¡¡13 veces más!!!. En la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra tiene un problema adicional, que es que nuestra autonomía ha venido siendo la penúltima financiada en los diez últimos años, lo que representa que cada año hemos estado percibiendo mil millones menos que la media nacional y dos mil millones menos que las regiones mejor financiadas. Por ello las medidas de ambas administraciones, antes la Diputación que preside Moliner había ya reducido su presupuesto en un 10%, que tienen carácter excepcional y transitorio, son indispensables, primero para llegar a fin de mes y, segundo, son el principio de la revisión de un sector público desmedido. En ese objetivo de redimensionar el sector público para cooperar a la mayor productividad nacional, que junto al endeudamiento es el otro gran problema de España, me parece destacable la iniciativa del Gobierno Valenciano de vincular sueldos de cargos políticos al déficit, la supresión de las 23 embajadas en el exterior y la reducción de los entes públicos de 46 a 6. Es el principio. Tan solo reduciendo dimensión y gasto corriente en nuestro sector público se podrá devolver la iniciativa al ámbito privado sin cuya generación de empleo es posible mantener la calidad de los servicios educativos y sanitarios actuales.
Los efectos de las medidas ni son inmediatos, ni todos ellos son positivos en el corto plazo, devolver la iniciativa al ámbito privado supone encoger el sector público, de hecho, tan solo va a crecer el gasto en pensiones, y ello supone temporales crecimientos del desempleo. Los indispensables anuncios de reducción de gasto y endeudamiento públicos, para que los préstamos lleguen a familias y empresas y pueda detenerse la escalada impositiva de los últimos dos años, tienen un efecto diferido, y, aunque probablemente solo se trate de meses, la economía se contrae y crece el desempleo. La cirugía sanadora que requiere el gravemente dañado cuerpo nacional, supone, como en cualquier intervención quirúrgica, algunos días de convalecencia para conseguir una completa sanación. Que los días de estancia en el hospital se correspondan con semanas, meses o un año ya no depende solo del gobierno sino del resto de actores económicos. Todas las medidas presidenciales han sido correctas. La congelación salarial, la reducción de plantillas públicas, la supresión de organismos públicos, la desaparición de dos ministerios, la eliminación de veinticinco altos cargos o la estabilidad presupuestaria, son indispensables, pero tanto estas como el previsible aplazamiento de las inversiones públicas reducen la actividad y el empleo mientras dura el rearme del sector privado. El tiempo que dure ese ajuste empresarial a la nueva situación será un tiempo difícil. Particularmente estimo que los tres meses que ha dado Rajoy de plazo para culminar la reforma del mercado financiero y de las administraciones públicas, y conociendo que los agentes sociales deberán alcanzar acuerdo de reforma laboral antes de Reyes, es probable que España vuelva a ver crecer su empleo durante el segundo semestre. Que en el mes de enero sea hábil a efectos de tramitación parlamentaria, es también muestra de que la totalidad de las reformas no solo van en serio sino que se van a tramitar con urgencia, es exactamente lo que necesitábamos, concentrar las reformas que no se han hecho en las dos pasadas legislaturas en los próximos tres meses.
Ante la situación imperante en nuestras administraciones, singularmente en la central, de gastar ilimitadamente y de endeudarnos irresponsablemente, debe apostarse por la responsabilidad, el equilibrio presupuestario y la ortodoxia económica. El modelo actual tiene las consecuencias conocidas de elevación de impuestos, expulsión de la iniciativa privada de los bancos y masivo desempleo, que hemos padecido con las dos etapas de gobierno socialista. ¿Qué supone para las administraciones un modelo más liberal? Tan solo el traslado de las virtudes privadas del ahorro, la austeridad, y el esfuerzo al sector público. Solo mediante este viraje, del que se están dando los primeros pasos, se logrará que las previsiones, tanto públicas como privadas, de honda recesión, en 2012 y 2013 para España, no tengan lugar. Da igual que sea el banco Citigroup, la OCDE o Merrill Lynch, todos anuncian estos días que a España nos espera para los dos años próximos una crisis mucho peor que la de de 2008 y 2009, de la que aun no hemos salido, y que si nada cambia en dos años estaremos en los seis millones de parados. Esto supone que todo debe cambiar, y el camino es el mismo que estamos transitando en la Diputación de Castellón con Javier Moliner, con la reducción en solo 18 meses del endeudamiento en 20 millones de euros, con un presupuesto para 2012 con 11 millones menos que el anterior y una reducción en la plantilla de 17 personas. Es esta la única vía para un arreglo económico en el ya están las comunidades autónomas, de hecho, con los nuevos gobierno populares, en el último trimestre, sus cuentas han dado ya superávit. Que Mariano Rajoy pida a los representantes de sindicatos y empresarios que durante las navidades lleguen a un acuerdo, forma parte de este deseo inaplazable de cambiarlo todo con premura para evitar que se cumplan los pésimos augurios. Tiene arreglo, pero el tránsito hacia una mentalidad económica mas responsable, emprendedora y liberal resulta indispensable.
Y sobretodo mostraron su confianza en que hay otra España posible, que el actual gobierno fuese derrotado en 17 de las 17 comunidades autónomas y en 48 de las 50 provincias denota un mayúsculo deseo de cambio. Especialmente intenso es ese deseo de giro radical cuando Mariano Rajoy ha conseguido la mayoría en 15 de las 17 comunidades autónomas y en 43 provincias, el socialismo ha vencido en menos provincias que CIU, estos en tres y aquellos en dos. Apabullante resultado. Cuando Rodríguez Zapatero llegó al gobierno, en un alarde de sinceridad, reconoció que era el presidente de España que mejor herencia recibía, ahora él, Rubalcaba, Chacón, Leire Pajín, José Blanco y tantos otros corresponsables políticos, entregan el peor legado imaginable. Recibieron la caja llena, y ya ni esta llena ni tampoco hay caja. La caja junto con el resto de mobiliario de nuestra hipotecada vivienda nacional se la ha llevado el banco por impago. El Ministerio de Economía reconoce que nuestro crecimiento es cero y con tendencia a empeorar. Entonces, como hoy, un gran pueblo padeció unos pésimos gobernantes, en aquella época, hace casi dos siglos, el propio Napoleón se deshizo en elogios sobre el pueblo español que “actuó como un hombre de honor” derrotando a su ejército, mientras nuestros monarcas abdicaban en Bayona. Hoy también nuestros gestores socialistas abdicaron de su responsabilidad de gobierno y entregan una Nación en la Unidad de Cuidado Intensivos, con las constantes vitales por los suelos y el desempleo creciendo, a punto de hacer metástasis. Entonces, como hoy, un país de ciudadanos admirables saldrá adelante a pesar de los desastrosos gestores que nos han liderado. No tenemos porqué ser lo últimos en empleo y en crecimiento cuando somos los primeros en tantas cosas, allá donde el gobierno no metió su mano –futbol, baloncesto, tenis, motociclismo o formula uno- los nuestros se cuentan entre los mejores. No es posible que el país de Cervantes, Quevedo, Goya, Velázquez, Gaudí o Soroya, sea el de mayor fracaso escolar de Europa. Esto tiene arreglo. Los malos gobernantes nos vienen de lejos; “¡Oh Dios, qué buen vasallo si tuviese buen Señor! " se lamentaban los burgaleses al paso del Cid injustamente desterrado 1.079 por otro mal rey como Alfonso Vl. Entonces, como hoy, saldremos adelante, sobretodo ahora que el sentido común, la sensatez, y la eficacia de Mariano Rajoy ya lideran España.
Los socialistas griegos se van a pensar ahora si aceptan los miles de millones de euros que sus socios europeos le envían y que a cambio le piden, obviamente, que se apriete el cinturón. Y claro sus dudas, sobre si se mantenía o no en el euro y si se disolvía o no la Unión Económica y Monetaria pues nos afectaba a todos. Segundo, España esta a cero, nuestro crecimiento según el Banco de España es cero, y la previsión es a empeorar.
Lo de menos es el porcentaje, lo que cuenta es que desde ese mismo momento se nos considera incapaces de gobernarnos, igual que cuando una empresa pide entrar en concurso de acreedores y solicita la tradicional suspensión de pagos privada. A quién tenga deuda pública, letras o pagarés del Tesoro, que es donde se invierte la tradicional renta fija, no se le podrá devolver lo invertido, y obviamente se sentirá engañado, estafado, y ¿quién se vuelve a fiarse nuevamente de un estafador? Nadie, o mejor dicho algunos sí, pero a un precio mucho más alto. Rubalcaba y Zapatero ya ha abdicado, como en la etapa de González, que se asumió que no entraríamos en el euro y que habría una Europa de dos velocidades, ahora también el ejecutivo socialista se resigna a estar en la tercera división europea. Nos jugamos una década de crecimiento, no menos tiempo tardará en restablecerse la confianza en nosotros sino devolvemos todos nuestros préstamos. El hecho de que técnicos en Bruselas hayan planteado, y Rubalcaba y Zapatero asumido, esta quita nos hace un gran daño: Nadie querría prestar ni al ejecutivo central, ni tampoco a ayuntamientos o comunidad autónoma, y quién ose prestarnos, ya que el ejecutivo de Zapatero emite 22 millones de euros de deuda cada hora, lo hará a un precio, o tipo de interés, altísimo. 3. Los particulares verán también reducido el crédito por tres motivos; las entidades financieras tendrían que usar su dinero para hacer frente a las perdida citadas, desde el exterior nadie querrá prestar en España, y finalmente si les prestan será a un precio mucho mayor dado que al Estado también se le exigirán mayores tipos de interés para cubrir el riesgo de futuras quitas. Creo honestamente que España no necesita que nos perdonen las deudas y que con nuevas políticas de menor gasto corriente y las adecuadas reformas; financiera, tributaria y laboral, en 2012 ya podemos estar creciendo. Lo malo es que estamos en el lugar al que han conducido los actos de un gobierno desnortado, primero suprimió las barreras al endeudamiento que puso el gobierno del que formaba parte Mariano Rajoy, después hizo apología del préstamo y finalmente muchos creen que no podemos pagar. Aún así, esto tiene arreglo, y consiste en hacer prácticamente lo mismo, pero al revés.
Pudo haberse hecho por convicción, en tiempo de mayor bondad económica, pero quienes desde el Partido Popular y el ámbito académico lo propusieron fueron tachados de centralistas, “antiautonomistas” y reaccionarios, por parte de los mismos inmovilistas que han arruinado el país. Ahora habrá que hacerlo tardíamente y no por convencimiento sino por necesidad, por el colapso administrativo en el que vivimos. La pasada semana en este mismo medio escribí “Reinventar la Administración”, afirmando que los gobiernos que conocíamos hace tan solo un año ya no existen y son no solo el pasado, sino la prehistoria. La revisión a favor de una administración única, con el menor número posible de solapamientos, ya está en marcha y va a afectar a la totalidad de entes públicos. Afectará a las diputaciones, como a las restantes administraciones, pero no supondrá su desaparición. La única reforma viable es aquella en la que, sin eliminar a nadie, todos presten, con menor gasto, servicios más eficientes. Lo ineficaz no es la institución sino el uso que se haga de ella. La reforma ya ha comenzado, este mismo año, con dos hechos; la reforma constitucional, que fue propuesta por Mariano Rajoy hace dos años, y que finalmente ha tenido que ser impuesta por el Banco Central Europeo para prohibir el derroche público, y en segundo lugar, por las propuestas de los nuevos gobiernos autonómicos de supresión de organismos, devolución de competencias y drástico recorte del gasto. E indudablemente, en esta reinvención de lo público para devolver protagonismo a lo privado, ayuntamientos y diputaciones tendrán que prestar mejores servicios y de forma más eficaz. No obstante, si las diputaciones provinciales, como entes cooperadores en la prestación de servicios esenciales de los municipios, no existiesen habría que inventarlas. Las diputaciones son indispensables para los pequeños municipios, en Castellón a más de 100 ayuntamientos se les recauda los impuestos, a 35 se les presta el servicio de secretaría e intervención, a 83 se les depura el agua, de 70 se tiene la encomienda en la recogida de residuos, la totalidad recibe planes provinciales que van desde el abastecimiento de agua potable a la mejora de instalaciones deportivas, y el próximo año se les redactarán los proyectos técnicos y funcionará una central de contratación para la adquisición conjunta de bienes y servicios. La única manera de suprimir las diputaciones, que tienen un asidero constitucional superior al de las autonomías, sería al nefasto modo catalán de reinventar entes comarcales o veguerías, que ya han costado más 500 millones de euros –el presupuesto total de la Diputación de Castellón es de 127- y conviven con los entes provinciales.
El modelo administrativo que todos hemos conocido, el de hace solo un año, el “estado del bienestar” de inspiración socialdemócrata ha fallecido por colapso. Aquello de ayudas para todos con cargo a deuda, y la concepción del actual gobierno socialista de que “el dinero público no es de nadie” y se puede derrochar ya es história. Sencillamente ha colapsado por falta de ingresos y exceso de gasto público. Se pudo evitar tan solo respetando las normas de déficit cero de 1997 del gobierno popular, pero desgraciadamente, Rubalcaba y Zapatero, derogaron aquella normativa restrictiva en favor de la barra libre y el sobrenedeudamiento. Y los prestamos que pide el gobierno central, titular de casi el 80% de la deuda pública o nuestras diputaciones, cuyas deudas suman tan solo el 0.5% del total, son los que después se han de negar a los particulares porque el sector público se lo ha llevado antes. En economía lo llaman crowding out, o efecto expulsión; al sector privado no se le presta porque el público lo necesita todo. Por eso ahora toca reinventarnos y reducir gasto sin necesidad de recortar prestaciones básicas. De hecho en ello están la mayoría de gobiernos autonómicos y municipales desde las pasadas elecciones en mayo.
La generosidad de mi grupo parlamentario, del que me despido, quiso que yo interpelara a la Vicepresidenta Primera, tras las intervenciones de Mariano Rajoy, Soraya y Cristóbal Montoro, y en las respuestas gubernamentales de esa mañana se pusieron de manifiesto algunos vectores que condicionarán extraordinariamente al próximo gobierno. Si los españoles deciden confirmar las encuestas y se produce el indispensable giro político nacional, el gobierno de Rajoy se encontrará con una envenenada herencia en tres niveles distintos. El primero el económico, que al ser padecido la totalidad de los ciudadanos requiere pocas explicaciones. Cinco millones de parados, cortes de luz en nuestros ayuntamientos, nacionalización de cajas de ahorro, más de 700.000 millones de euros de deuda pública, y un país intervenido desde la Unión Europea son resumen suficiente. El segundo ámbito de esta herencia envenenada, es el territorial, donde en esta legislatura los amigos de ETA, tras ser esta blanqueada por unas ignominiosas conversaciones entre gobierno y terroristas, han regresado a las instituciones, y además el socialismo ha culminado su deriva nacionalista instando al desacato de las sentencias que exigen respeto al derecho de la mayoría de niños catalanes, de lengua materna castellana a ser educados en ella. Pero quizás la más inquietante contaminación que recibirá Rajoy en la maltrecha herencia será, por pasar desapercibida, la institucional, aquella en la que perdida de respeto y prestigio de nuestras instituciones sacaba los cimientos de nuestro estado de derecho. Así a la politizada de la Justicia, y al manifiesto desacato gubernamental de sus sentencias, hay que añadir la ocupación política de organismos teóricamente independientes, de derecho, en el último Pleno de la legislatura le reproché a la Vicepresidenta Salgado que nombrase a su jefe de gabinete como consejero de la Comisión Nacional de la Competencia para los próximos 6 años, y lo mismo ha ocurrido con las designaciones del jefe de gabinete del Ministro de Justicia como director de la Agencia Española de Protección de Datos, o con Alberto Lafuente, también socialista, en la Presidencia de la Comisión Nacional de la Energía, o con Bernardo Lorenzo, ex secretario de Estado, como Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Esta larga cadena de recolocaciones en los minutos finales de la legislatura, sin consenso, suponen una inquietante rémora para el futuro ejecutivo, especialmente si quién va a dirigir la oposición, es Rubalcaba, jefe de los nombrados.
Por sorprendente que pueda parecer en 1996 nuestra prima de riesgo, nuestro nivel de endeudamiento y los tipos de interés eran superiores a los actuales, y la tasa de paro del 21%, idéntica a la de hoy; solo dos años de austeridad y reformas liberalizadoras permitieron a España aprobar los cinco exámenes de Maastrich y generar el 40% del empleo creado en la Unión Europea. Este lunes la bolsa cayó un 4.69% y la prima de riesgo se situó en 341 puntos básicos. La justificación es diversa. Esta última, la prima de riesgo, mide la falta de fiabilidad del gobierno de España respecto del alemán a la hora de devolver la deuda que tiene emitida. Cuando Mariano Rajoy vicepresidía el gobierno de España, nuestra prima era de cero puntos, todos los prestamistas, esos que llaman tiburones pero que realmente son nuestros abuelitos ahorradores, elegían nuestra Nación como la más segura del mundo. Ahora la cosa ha cambiado y no somos de fiar, básicamente por dos motivos; el desaforado crecimiento de la deuda pública –el gobierno de Zapatero es titular del 77%, el 18% de las autonomías y un 5% de corporaciones locales-, por el cual tan solo el ejecutivo central precisa de 22 millones euros de préstamo cada hora. Y, en segundo lugar, por la falta de garantías jurídicas para cobrar tras la derogación rubalcabiana de la ley de estabilidad presupuestaria, de ahí que sea un gran acierto, aunque tardío, la modificación de la Constitución para limitar el endeudamiento público, que es una garantía para todos los ciudadanos frente a los políticos derrochadores. Esta reforma, cuyo vigor pleno se alcanzará en 2020, era necesaria aunque no suficiente, hay que hacer múltiples cambios adicionales en el mercado de trabajo, en el energético y en el financiero, y dar estabilidad tributaria, preferentemente a la baja, a empresarios y trabajadores. Así no solo se corregirá nuestra prima de riesgo sino que se atemperarán los sobresaltos bursátiles, y se comenzará a ver luz al final del tunel.
Es un mal común, preferir escuchar buenas a malas noticias, aunque aquellas sean falsas y estas ciertas. En el debate Pizarro-Solbes sucedió como en el de la crisis de 1929, entre Ludwig Von Mises y J.M. Keynes, ganó el segundo pero tenía razón el primero. En ambos casos se prefirió el narcotizante discurso socialdemócrata, de derechos para todos, al realista análisis liberal que exigía rigor y sacrificio. Cuantos millones de dramas humanos, en forma de paro, desahucios y comedores sociales se podría haber ahorrado España, si el discurso austero que hoy tratan de imponernos desde el exterior hubiese calado cuando Mariano Rajoy, Pizarro y Montoro clamaban en el desierto. Podíamos ser la “Alemania del Sur” como nos denominaban cuando teníamos prima de riesgo cero, pero optamos por Zapatero y por ser la Grecia del Oeste. Vivimos en una Nación incomprensible, el gobierno socialista anuncia la enésima reforma tributaria y laboral, y nuestros progresistas se indignan y le hacen una huelga…¡al Papa!. Lo dicho, un país incomprensible, pudimos ser Rajoy y Pizarro y preferimos a Solbes, Rubalcaba y Zapatero.
María José, la brillante profesora de mi hijo, en segundo de primaria, dice que en nuestra comarca del Alto Palancia –como en la Vega Baja, el Alto Mijares, el Rincón de Ademuz y todas las castellanohablantes- existe rechazo a la asignatura de valenciano. Es cierto, pero felizmente el rechazo ya es mínimo, menguante, y pronto inexistente. Nada que ver con lo que sucedió en 1986, andaba yo en tercero de bachillerato, cuando el establecimiento por primera vez de la asignatura de valenciano dio lugar a huelgas estudiantiles, unánimes acuerdos municipales contrarios y toda clase de protestas. El valenciano no es la lengua habitual de nuestros municipios pero es la de nuestros vecinos y hermanos, y todos hemos aprendido a tratarla como algo progresivamente nuestro. Siendo esta la realidad territorial que algunos vivimos, he tenido que soportar como Esquerra Republicana de Cataluña desde el Congreso de los Diputados afirmaba que los gobiernos populares en Baleares y en nuestra Comunitat ponían en práctica “el genocidio de la lengua catalana”. Asombroso, aseveración propia de extraterrestres, visceralidad en estado puro. Recientemente, en la misma línea pero con menos ardor, leía en El País un artículo de Joan F. Mira “Una llengua nacional” que venía a incidir en la defensa del valenciano como elemento definitorio de “si som o no som un pais digne de ser-ho”. No puedo estar en mayor desacuerdo, hablar una lengua no significa pertenecer a una nación u otra, aunque errónea y catastróficamente los alemanes lo creyeran al invadir Austria en la ll Guerra Mundial. Esta pasión lingüística es la que dificulta la razonable pretensión del gobierno valenciano de que nuestros hijos tengan un tercio de asignaturas en inglés. Mi bisabuelo Miguel, era de Alcudia de Veo, donde en Alcudia se habla en castellano y en Veo en valenciano, y no solo son el mismo país, sino también idéntica comunidad, provincia y ayuntamiento, con dos lenguas diferentes. Esa es la complejidad de cualquier reforma educativa que afecte a la lengua, que hay personas empeñadas en conformar naciones donde nunca las hubo, y para quienes las razones ceden ante las pasiones identitarias, una pena.
La credibilidad de un gobierno cotiza todos los días, se llama prima de riesgo, indicador que hoy está en 275 puntos, y que, rudimentariamente, supone que a España se le presta desde el exterior un 2.75% más caro que a Alemania, que es el país referencia. Nuestro gobierno ha perdido toda la credibilidad atesorada en los ocho años de ejecutivo popular, y esta no es una afirmación partidista, sino que, objetivamente, puede observarse como se ha transitado de la fiabilidad máxima del gobierno de Aznar, que concluyó su legislatura en marzo de 2004 con prima de riesgo cero, a bordear la intervención internacional como el propio Zapatero ha confesado. Incluso llegamos a tener momentáneamente prima de riesgo negativa, que suponía ser el país más fiable de toda la Unión Europea, no en vano, fuimos, no solo, quién más empleo creó, con cinco millones, sino también quien más redujo su volumen de deuda pública. Hoy, con casi cinco millones de parados, millón y medio de hogares con todos sus miembros desempleados, un crecimiento económico próximo al 0% y emitiendo 500 millones de euros diarios de deuda pública, España tiene arreglo. La nuestra es la misma Nación que, viniendo en 1996, con el anterior gobierno socialista, de una prima de riesgo de 500 puntos y tasa de paro del 23% y se situó en los más altos niveles de prosperidad, con prima de riesgo cero y desempleo en el 10%. Es cierto que se ha retrocedido mucho, y ya tenemos a dos millones de parados que no reciben prestación alguna, pero Rajoy ya formó parte del gobierno que facilitó la creación de 500.000 nuevas empresas, y está en óptimas condiciones para resolver nuestros problemas económicos. En esta legislatura han desaparecido 150.000 empresas, la deuda del Estado ha crecido un 70% y, en sólo un año, nuestra competitividad ha caído del puesto 33 al 42, pero todo lo económico de la misma forma que se estropea se puede arreglar. Sin embargo la crisis institucional en la que España esta inmersa, con los amigos de ETA en las instituciones, los miembros del Tribunal Constitucional dimitiendo a trío, y el gobierno desguazando competencialmente a España a cambio de una semana más en el sillón, tiene mucha más difícil solución, para esto hará falta más de una legislatura.
Entonces, la mayoría socialista hurtó a jueces y magistrados la facultad de elegir los miembros que conforman el órgano rector de la judicatura, el Consejo General del Poder Judicial, que desgraciadamente ahora es elegido por los políticos, con la merma en la independencia judicial que de ello se deriva. El BBVA cifra en 160.000 los empleos destruidos por cada 100 puntos básicos, una prima de riesgo, que, con Felipe González superó los 500 puntos, con Aznar llegó a ser negativa, lo que supone que fuimos más fiables que los propios alemanes, y ello permitía disponer de todo el crédito necesario y a precio bajo.
Esta situación que se repite en cada municipio es nueva, los derechos sociales habían sustituido a la beneficencia, a vivir de la caridad, ya en los años sesenta pero, desgraciadamente, hemos regresado ella. Más de 1.600.000 familias españolas tienen a todos sus miembros en paro, y son ya casi dos millones de parados los que carecen de prestación pública alguna. Al menos en mi experiencia personal, y por lo que cuentan amigos y familiares de más edad, tan solo la cola de desempleados se conoció en los peores momentos del socialismo de Felipe González, las otras dos, la de Caritas y la de los contenedores, son nuevas, o al menos, no se recuerdan en los últimos cincuenta años. Socialismo es pobreza, siempre y en todo lugar, y cuanto más socialismo más pobreza, da igual que hablemos de las antiguas repúblicas soviéticas, que de Cuba que de España. Y si en algún momento los gobiernos socialdemócratas no generan pobreza es porque felizmente se han alejado del marxismo. En nuestro país, tanto con Zapatero como con González, el círculo vicioso comenzó por el exceso de gasto público, aquel afirmó orgulloso que las 30.000 obras públicas del Plan E nos sacarían de la crisis, tras haber derogado los límites del endeudamiento público de ayuntamientos y comunidades autónomas. Era tarde cuando observó que el gasto público y el endeudamiento galopante de las administraciones, especialmente de la central que acumula el 78% de la deuda pública nacional, había vaciado bancos y cajas que ya no podían prestar a los particulares, en un claro efecto expulsión de la inversión privada por parte de la pública. Y las medidas de aumento generalizado de los impuestos para paliar esta situación multiplicaron el cierre de empresas y elevó el número de parados hasta casi los cinco millones. No es de extrañar que en este momento de colapso de algunas administraciones, hasta la propia Cáritas, que hace labores hasta ahora públicas, denuncie que Castilla La Mancha le debe 4.5 millones de euros de los programas sociales con los que palia el hambre que deja el socialismo.
No sabe de economía, no sabe de derecho, no respeta las leyes ni lo pretende, le gustan los faisanes, lo ve y oye todo, y siendo esto así ¿por qué lo han designado candidato? Porque es malo sin límite, y lo que en circunstancias normales sería una desventaja, en la situación desesperada que sufre el PSOE se convierte en virtud. Los socialistas saben que solo Rubalcaba, en su condición de malo, está dispuesto a todo para alcanzar el poder, y cuando digo todo es todo. Primero exterminará a cualquier adversario interno como ha hecho con Chacón y estuvo a punto de hacer con Zapatero si este no humilla y le rinde pleitesía como finalmente ocurrió. En el PSOE lo saben y por ello no habrá rival que tenga algo que perder que se le enfrente. Segundo, el mes que viene nuestro ilustre químico cumple 60 años, que es una magnífica edad para casi todo pero no para empezar a liderar la oposición al presidente Rajoy que es más joven. Así que él es plenamente consciente, y sus compañeros también de que su revolver tiene un único cartucho, el de las elecciones generales próximas. Si resulta derrotado, que lo será por amplísimo margen, dimitirá y dejará paso. Por ello a la maldad une la urgencia, que son las dos condiciones que han determinado su elección. Solo recuerdo haberle hecho una pregunta oral en el Congreso y tuve la certeza de que eran mucho más creíbles sus invenciones que las verdades del resto de los mortales, entre los que me incluyo. Sin embargo todo ello no resultará, el PSOE sufrirá el cataclismo electoral que sus resultados reclaman, ya que en este momento el vector que impulsa electoralmente a los españoles es el económico, y Rajoy tiene el crédito necesario del que aquel carece por haber formado parte de los dos únicos gobiernos en la historia de España que nos han llevado más allá del 20% en tasa de paro. ¿Es más creíble Rubalcaba cuando afirma, tras cinco en el gobierno; “tengo las soluciones”, o Rajoy cuando anuncia que fijará techos de gasto a las administraciones, como ya hizo junto a Aznar? En la respuesta está el ganador de las elecciones, y será gallego.
Luego, es posible un anticipo electoral, cuando Rubalcaba, que ya lidera el PSOE, se lo ordene a Rodríguez Zapatero. En Cataluña, donde el socialismo casi nos multiplicaba por cuatro, la diferencia es menor que nunca, ganando 189 concejales e incluso en Badalona, tercera ciudad de la comunidad, el PP ha vencido con claridad. Finalmente en el País Vasco el triunfo popular en la provincia de Álava y en su capital, Vitoria, indica, que ya no queda ningún granero de voto socialista en España. Lo que le queda al gobierno socialista es una cuenta atrás.
Se acaba de conocer que la deuda pública ha alcanzado los 814.000 millones de euros, con un aumento de más de 300.000 millones en la actual legislatura, esto supone que cada español tiene una deuda personal de 17.319 euros, de las cuales las tres cuartas partes corresponden al gobierno central y el resto se reparte entre las administraciones autonómicas y locales. Una familia de tres miembros deberá pagar casi nueve millones de pesetas en impuestos a las administraciones solo para que estas sufraguen sus deudas, es decir, a cambio de nada, y además, obviamente, el resto de tributos con los que merecidamente hay que pagar los salarios de médicos, maestros y policías. Todo indica que a pesar de que el ejecutivo socialista tiene competencia exclusiva sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” ha perdido el control del gasto. El sobreendeudamiento público ha provocado, primero, un efecto expulsión de la iniciativa privada, que se ha quedado sin los prestamos que ahora se dirigen a las administraciones, y en segundo lugar, una elevación de todos los impuestos para devolver los prestamos que la administración pidió. La falta de créditos y las subidas de impuestos provocados por el exceso de deuda pública, además de convertirnos en mendigos internacionales de crédito, hacen que la propia vicepresidenta Salgado acabe de anunciar un incremento en su previsión de paro. Las medidas adoptadas por el actual ejecutivo no han alcanzado los resultados previstos y sirva como dato que mientras las inversiones reales se han visto reducidas en un 24% respecto al último presupuesto del PP, el gasto de personal del sector público se ha incrementado más un 38% en el mismo periodo. Por ello se hace urgente una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para restituir los límites al gasto público de todas las administraciones, la supresión de buena parte de los 477 entes dependientes del Estado, la mengua del número de altos cargos, crear centrales de compras para rebajar el coste de los suministros, simplificar la normativa que nos permita ganar en simplicidad burocrática y restituir la unidad de mercado, armonizando normas para evitar las disfunciones que produce para el crecimiento económico la existencia de 17 ordenamientos diferentes y disuasorios de la actividad económica.
Se va antes de que los ciudadanos lo echen, y deja en nuestra nación una obra que será largamente recordada, en lo económico-social, lo territorial y lo institucional. En el primer ámbito el de la ceja abandona el barco con la peor cifra europea de paro, record histórico de desempleo en un país en el que el anterior presidente socialista decía, desde la oposición eso sí, que “nunca seré presidente con un millón de parados” y ya estamos en los cinco sin maquillaje. Tras seis años de abandono de la economía, llegaron las reformas impuestas en el séptimo ejercicio, la intervención americana y europea y los grandes recortes sociales por una deuda desbordada, que hace que cada día el ejecutivo socialista precise 250 millones de euros prestados por el exterior y que nos convierte en mendigos internacionales. Quién alardeaba de dirigir a la octava potencia industrial mundial, despreció siempre a la economía, no recibió las dos tardes necesarias de lecciones y por eso, es la misma economía la que en justa venganza lo hunde, pero junto a él a todo un país cuyo único error fue votarle confiando en su falsa palabra. Se va Zapatero provocando los mayores índices de miseria y los más grandes recortes en las rentas de funcionarios, jubilados, madres y dependientes. Será largamente recordado porque elevó la edad de jubilación establecida en 1919, y ahora quiere transferir la Inspección de Trabajo y Seguridad constituida en 1906, eso es hacer historia. Pero aún más dañina es la herencia territorial que deja, justo cuando el presidente de la comunidad autónoma catalana vota a favor de la independencia tras pactar en Moncloa con el propio Zapatero los términos del Estatut. Todo ello favorecido y precedido por el giro nacionalista del socialismo catalán que acabó encabezando una manifestación contra el Tribunal Constitucional al grito –con acento cordobés- de “¡Som una naciò!”. En lo institucional, su empeño en sacar adelante reformas contrarias a la Constitución tuvieron enfangado al más alto tribunal durante interminables años, y el deseo pacificador, del presidente más belicoso de la democracia, ha llevado a nuestro gobierno a mentirnos con reiteración sobre la negociación con los terroristas y hasta prostituir a nuestros policías convirtiéndoles en chivatos. Rodríguez Zapatero será largamente recordado, lo merece.
Mientras se baja el sueldo a médicos, profesores, guardias y empleados públicos que alcanzaron su plaza por oposición, aquellos que la lograron sin tanto mérito conservan insultantes privilegios. El submundo administrativo creado por el gobierno de Rodríguez Zapatero, tiene entes como el Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (Caiber), financiado íntegramente con fondos ministeriales, y que cuenta con un director, que en 2010, el año del decretazo, tuvo un salario de 131.000 euros, casi un 70% más que el presidente del gobierno de la nación, que percibe 78.000. La exigente responsabilidad de este director, elegido en un proceso al que al parecer solo concurrió él, le ha llevado a disfrutar de un contrato indefinido, o sea, vitalicio, a pesar de que el consorcio Caiber tiene un plazo de vida de cuatro años. Con lo dicho, a nadie sorprenderá que, cuando la ministra Cristina Garmendia el pasado octubre anunció el nacimiento de Caiber, este había recibido ya 20 millones de euros desde 2009. Y aunque solo ejecutaron el 60% del presupuesto se auto premiaron con un 10% de sueldo adicional “por consecución de objetivos”. Todo en el año del recorte, ejercicio en el cual tuvieron tiempo de visitar varios paradores nacionales con cargo, como siempre, al erario público. El gerente y la subdirectora, también con sueldos superior al de ministro, forman parte de la docena de empleados existente en Caiber, esta última, que “casualmente” trabajaba en la misma empresa privada que el director, fue elegida en un rocambolesco proceso en el cual el mérito era “no haber sido elegida para la plaza de gerente” que se cubrió con anterioridad. Ciertamente asombroso. En ese mismo año, cuando todas las administraciones debían reducir sus plantillas con una tasa de reposición del 10%, un contrato por cada 10 jubilaciones, el ente Caiber multiplicó por dos su plantilla. Mientras sigan floreciendo entes de este estilo, que dañan sobremanera a la función pública, a nadie puede extrañar que en el mes de enero la desviación del ejecutivo socialista en gasto de personal fuera de 343 millones de euros, casi un 20% por encima de la previsión presupuestaria, pensaban reducirlo un 2.1% por la bajada salarial y el resultado real es de un aumento del 17.2%.
Y lo va a conseguir. Primero elevó la edad de jubilación que se había establecido en 1919, en la época de Alfonso XIII, a los 67 años y ahora quiere eliminar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España, que es una institución creada en 1906 y que viene actuando con eficacia, independencia y profesionalidad. Así el ejecutivo socialista pretende cambiar la actual ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo borrador de Proyecto de Ley fracciona en 17 la actual Inspección, y supone de facto la disolución de la unidad inspectora. En la práctica supondría, entre otras cosas, hacer depender la Inspección de Trabajo de los consejeros autonómicos que aprueban los expedientes de regulación de empleo –EREs-.
El Estado no solo no ahorra sino que pierde dinero con la medida. Dado que de cada litro de gasolina que se consume, con las últimas subidas del Impuesto de Hidrocarburos, el 52% son impuestos, estos dejarán de ser ingresados en las arcas públicas si realmente al ir a 110 se consume menos. La única posibilidad de ingresar más dinero es a través de las multas, que efectivamente se van a encarecer notablemente, pero esta, la parte coactiva y sancionadora, ha sido deliberadamente omitida por Zapatero. La referencia gubernamental a que esta medida “salva vidas”, es una estupidez, si realmente salva vidas, ¿por qué hemos estado siete años de legislatura con muertes evitables?, ¿por qué esta medida es temporal? y, Zapatero confía en que “ojala, la limitación pueda levantarse cuanto antes” ¿para provocar muertes?. Y si la motivación fuera realmente “salvar vidas” ¿cómo se incluye entre las medidas apagar las luces en las carreteras? Lo cierto es que, tal y como confesaba Rubalcaba “He tenido que improvisar mientras venía para acá las medidas”, se trata de otra ocurrencia que será a su vez rectificada en breve. Pero no deja de resultar preocupante el nivel de intromisión en nuestras vidas y de intervencionismo creciente que padecemos, con la velocidad, el tabaco, las chucherías, la prohibición de los toros, las constantes subidas de impuestos, el adoctrinamiento en las aulas y tantas otras. Felizmente han resultado fallidos los intentos de imponernos la temperatura por ley “en bares, tiendas, estaciones o cines, no podrá superar los 21 grados en invierno ni bajar de 26 grados en verano”, de limitar el consumo de hamburguesas y de aprobar la penalizadota ley del vino. Lo único que justifica la nueva medida es que, efectivamente, tenemos un problema de posible desabastecimiento energético, como ya hubo en el final del franquismo. La errática política del gobierno con las energías renovables y la nuclear tiene mucho que ver con ello.
Es reprochable que en materia de pensiones el mismo gobierno que le dice a un albañil que deberá subir al andamio hasta los 67 años, favorezca la jubilación anticipada a partir de los 55 años a los empleados de bancos y cajas, pero es sencillamente repugnante que se regalen pensiones a amigos que no han trabajado y todavía no haya ningún responsable político en su casa o en prisión. El gobierno de Rodríguez Zapatero ha desmontado el armazón legal de España, que era un país serio, no solo abriendo el melón estatutario a nuevas naciones inconstitucionales, sino derogando normas tan necesarias como la que impedía a las administraciones endeudarse irresponsablemente o la que garantizaba a nuestros jubilados la actualización de sus merecidas pensiones. Que toda esta desmembración normativa se haya hecho en los mismos años en los que el “fondo de reptiles”, encargado de inventar prejubilados, alcanzaba los 410 millones de euros, el déficit del Sistema Nacional de Salud arriba a los 15.000 millones, y el gobierno central debe a los autónomos más de 7.500 millones de euros, nos descubre, con toda la crudeza, el nivel de ineptitud alcanzada por el actual ejecutivo, propio de reptiles, según ellos.
La anunciada esta semana sobre nuestro sistema bancario es tan profunda, como imprecisa. Se amenaza con la desaparición de aquellas cajas de ahorros que incumplan un requisito, y este no se determina. Pero, por encima de la imprevisión gubernamental, y de si las reformas son sinceras rectificaciones o imposiciones externas, hay que reconocer que España padece un grave problema de sobreendeudamiento, cuya responsabilidad es compartida, entre quienes pedían prestado, particulares y sector público, y quienes prestaban, bancos, cajas y cooperativas de crédito. “Ante el vicio de pedir la virtud no dar”. El famoso dicho no ha estado vigente en España en los últimos años, tampoco en el sector financiero. Hoy pagamos las consecuencias. En la actual crisis bancaria, tanto por la falta de crédito de nuestra deuda pública en el exterior como por la delicada situación de nuestras entidades financieras, hay una superposición de responsables. Por su orden, el primer responsable es el gobierno socialista, en su doble condición de demandante de préstamos, que acumula el 80% del endeudamiento público, y de vigilante, ya que no ejerció de manera eficaz el control que, el artículo 149.1.11 de la Constitución le otorga sobre la ordenación del crédito. Difícilmente el ejecutivo de Zapatero iba a poner algún límite a la ligereza bancaria cuando exhibía como mérito propio tener “el sistema financiero más sólido” del mundo hace tan solo dos años. El gobierno central, por tener competencia exclusiva, es también responsable de haber derogado la ley de estabilidad presupuestaria para facilitar el endeudamiento galopante del resto de las administraciones, y solo para él mismo ya precisa de 21 millones de euros de créditos cada hora. En segundo lugar, las entidades financieras son también responsables ya que han prestado en exceso, con menores garantías de las debidas y con una desmedida concentración de riesgo. En general, se ha llevado a cabo una política innecesariamente agresiva en la captación de su activo. Finalmente, también los particulares somos responsables de haber hecho un uso exagerado de la petición de créditos; encadenando hipotecas inmobiliarios, saliendo de vacaciones de prestado y pidiendo créditos al consumo. Esta superposición de errores de los diferentes agentes que participan en el mercado financiero es el que nos ha traído donde estamos. Hemos pasado en tiempo record, de alardear del mejor sistema financiero del mundo a que el gobierno pida la nacionalización de parte de él por riesgo de colapso.
¿Cómo se concreta esa necesidad nacional de trabajar más y reducir el gasto en pensiones, para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones? Pues con algunas decisiones más imaginativas que la elevación obligatoria de la edad de jubilación a 67 años. En 1996, cuando el Partido Popular alcanzó el gobierno la situación en la Seguridad Social era peor que la actual; menor número de cotizantes, déficit permanente, y un pequeño agujero, superior al medio billón de las antiguas pesetas al que hubo que hacer frente de inmediato para que nuestros jubilados pudieran acabar el año cobrando. Ni entonces se propuso, ni ahora es indispensable, la elevación de la edad de la jubilación obligatoria. Se precisan otras cosas, la mayoría de las soluciones están reflejadas en los veintiún puntos que conforman el acuerdo de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que solo tuvo un elemento de discrepancia, el de la edad obligatoria de jubilación. La primera es que el gobierno que administre la hucha de la Seguridad Social lo haga sin trampas. Hasta de tres tipos las ha hecho Zapatero, y llamativamente el acuerdo del Pacto de Toledo -refrendado por PSOE, PP, CIU, PNV…-así lo reconoce. No se ha ingresado el superávit de 2008, 2009 y 2010 en el Fondo de Reserva, se ha gastado de él para fines distintos de las pensiones contributivas, y ahora el gobierno de los funcionarios de nuevo ingreso solo aportará un 25% de lo que debería. Por ello hoy hay menos dinero en la hucha del que debiera porque indebidamente se ha ingresado de menos y también se ha gastado de más. El segundo elemento de la frase inicial, el referido a trabajar más, debe lograrse de dos formas. Con el alargamiento voluntario de la vida laboral, hoy son más de 130.000 trabajadores mayores de 65 años que lo hacen, merced a la reforma de Aznar 1997, y hay que mejorar este camino. Y finalmente reduciendo las prejubilaciones, no es posible que en el último año el 44% de los jubilados lo hiciera antes de la edad prevista. Todo ello a de hacerse antes que la simplista solución prevista de generalizar obligatoriamente los 67 años.
Pues bien, esas condiciones, esas garantías ante nuestro deudor, que nosotros prudentemente le exigiríamos, son las que establecen quienes nos prestan a nosotros a través de lo que se llama “prima de riesgo”, que es un pequeño seguro contra la morosidad, y esta sube o baja diariamente en función de si las decisiones del potencial moroso garantizan la devolución del préstamo o no. España está en esa situación, y además de pedir prestado durante 2011 cada hora 22 millones su comportamiento ha sido negligente, derrochador y faltón con quién nos presta diariamente lo que necesitamos para comer. ¿Es el mercado quién nos gobierna? El mercado solo puede gobernar al irresponsablemente endeudado. El mercado solo gobierna a quién se deja gobernar, a quién, por desconocimiento o desidia, no sabe administrarse. El mercado no toma ninguna decisión por nosotros o por nuestro Consejo de Ministros, pero evidentemente censura o aplaude las medidas que cree perjudican o benefician a la economía de una nación a la que le tienen prestado su dinero o el de los fondos de pensiones de lo jubilados de su país. El indicador fundamental para conocer si somos más o menos vulnerables a las decisiones del mercado es nuestro endeudamiento y la dependencia que tenemos de préstamos externos. ¿Está España siendo administrada por el mercado? Ni más ni menos que lo estaríamos nosotros si para acabar el día nos hiciese falta durante toda nuestra vida que nos prestaran constantemente. El socialismo cree que se puede gastar ilimitadamente y que, a quién ahorra para prestarnos, le podemos imponer nuestras condiciones. Pues no, es al revés, es lo lógico, las condiciones las pone el mercado, el punto de equilibrio entre los que nos prestan de diferentes países –en nuestra nación no hay suficiente ahorro privado-, y quienes en España demandan su crédito, y si no aceptamos esas condiciones sencillamente no nos prestan. El mercado es idéntico a nosotros pero lo bestia, es más, sencillamente somos nosotros agregadamente. Culpar al mercado, a la especulación, a la avaricia, es sencillamente no asumir nuestra total responsabilidad, y en ello estamos lamentablemente.
En este modelo rudimentario para analizar la renta (Y), observaremos la producción, ya que todo lo producido, fabricado o servido, al final acaba siendo renta salarial, empresarial o de alquiler. Esta renta (Y) o producción nacional tendría cuatro elementos; el consumo (C), la inversión (I), el gasto público (G) y las exportaciones netas (X-M), lo que supone que Y=C+I+G+(X-M). Observando estos cuatro componentes vemos que solo uno, el último, las exportaciones netas, (X-M), puede tener un comportamiento futuro positivo, ya que no depende de nosotros sino de la creciente renta exterior, que hará que la venta de nuestros productos fuera de España (X) crezca y que nuestras importaciones (M) lo hagan en menor medida producto de la escasa capacidad económica del consumo interno. El consumo (C), se mantendrá en niveles bajísimos ya que depende básicamente del nivel de riqueza personal y de la renta presente o futura. Ambas andan por el suelo, los españoles se sienten pobres, en el último año la bolsa ha caído un 16% mientras la de Méjico o Alemania crecía un 18%, nuestras viviendas han perdido un 20% de su valor y las expectativas del consumidor son muy negativas en un 75% de los casos. Ni la inversión (I) en vivienda, ni la estrictamente empresarial, o de bienes de equipo, encuentran el suelo en una caída en que, las subidas de impuestos –IVA, e IRPF- y de los costes energéticos –luz y gas crecen ya un 60%-, solo hacen que agravar. Finalmente el último componente, el gasto público (G) de 2011, ya tiene una anunciada caída en todos los niveles administrativos, lo cual es correcto en el largo plazo pero acentúa el empobrecimiento presente. Son medidas de ahorro que debieron tomarse hace cuatro años. Cada cual que ponga el resultado que quiera a la ecuación de nuestro futuro, Y=C+I+G+(X-M), yo como responsable público, solo puedo advertir que 2011 no llega sino que acecha.
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